Sorpresivo espaldarazo para Colapinto: el elogio de The Race

 

Un joven de 20 años de Comodoro Rivadavia cayó a un río en Chile y es buscado desesperadamente desde hace 48 horas. La conmoción por lo que pudo haber sucedido con Gonzalo Abraham Carrillo, futbolista oriundo de Chubut, se generó en la provincia patagónica, mientras se multiplican los operativos en el río Bueno.

Se indicó que el pasado domingo por la tarde, el joven se encontraba nadando en el río ubicado en la Región de Los Ríos, que nace en el Lago Ranco y desemboca en el Océano Pacífico, con una longitud de más de 130 km. Es uno de los ríos más caudalosos y biodiversos del sur de Chile, ideal para deportes acuáticos como el rafting y la pesca, además de ofrecer paisajes con bosques nativos y campos verdes.

De la intensa búsqueda participan efectivos de Carabineros, Bomberos, el GOPE, detectives de la PDI y la Fiscalía y comenzaron en la intersección de ese río con la Ruta 5, en inmediaciones de la comuna de Río Bueno.

Qué pudo suceder

El domingo 14, alrededor de media tarde, la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno recibió una llamada de emergencia reportando que una persona se encontraba nadando en el río Bueno y estaba siendo arrastrada por la fuerte corriente.

Según el relato oficial, Gonzalo Carrillo se encontraba junto a otras personas en la orilla del río cuando decidió entrar al agua, momento en que fue sorprendido por la intensidad del cauce, dificultando su regreso.

Las condiciones de la corriente impidieron que Bomberos realizara un rescate inmediato, debido a la seguridad del personal y las complicaciones de maniobra en el sector. Esta situación provocó la solicitud de apoyo inmediato del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valdivia, expertos en rescates acuáticos y trabajos en terreno complejo.

Este pasado lunes 15, la búsqueda continuó con mayor despliegue. A las tareas ya iniciadas por Carabineros y Bomberos se sumaron detectives de la Brigada de Homicidios, quienes comenzaron a investigar las circunstancias de la desaparición junto al Ministerio Público, que instruyó diligencias para esclarecer los hechos.

Asimismo, la Sección Aeropolicial de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó a realizar sobrevuelos en la zona sobre el río Bueno para ampliar el radio de búsqueda y reforzar las labores en tierra con imágenes aéreas, permitiendo registrar distintos tramos del río y sus márgenes.

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Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más utilizadas en Argentina, anunció nuevas medidas para sancionar a los usuarios que realicen compras de productos o servicios prohibidos por sus políticas internas o la legislación vigente.

La fintech podrá bloquear temporalmente las cuentas o suspenderlas de manera definitiva cuando detecte transacciones que violen sus normas, alertando a miles de usuarios sobre la necesidad de conocer qué artículos están prohibidos para evitar perder acceso a sus fondos.

Las sanciones se aplicarán de inmediato al detectarse operaciones indebidas dentro de la plataforma digital en Argentina. Los usuarios deberán cumplir con los términos y condiciones, que incluyen la prohibición de comprar desde estupefacientes hasta artículos que vulneren derechos de propiedad intelectual, y actuar conforme a los procedimientos de Mercado Pago para intentar revertir bloqueos o suspensiones, contactando a la empresa y presentando la documentación requerida.

Cuáles son los productos prohibidos en Mercado Pago

De acuerdo con los términos y condiciones publicados en la página oficial de Mercado Pago, hay una lista explícita de artículos que no pueden comprarse mediante esta plataforma digital. La prohibición responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley argentina y proteger la seguridad y la ética del ecosistema digital.

• Productos que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, como software, música, películas, marcas o patentes falsificadas.
• Contenidos y servicios relacionados con la pedofilia, prostitución y actividades vinculadas a la explotación sexual.
• Aparatos decodificadores para televisión por cable, antena o satélite, cuyo comercio está regulado en Argentina.
• Estupefacientes, sustancias prohibidas o parafernalia vinculada al consumo de drogas ilegales.
• Flora, fauna y productos derivados, incluidas especies protegidas, en peligro de extinción, taxidermia, medicamentos veterinarios o relacionados.
• Huesos, órganos, tejidos humanos y servicios derivados, como el vientre de alquiler, que están sujetos a regulaciones estrictas.
• Productos que promuevan la violencia, el odio o cualquier forma de discriminación.
• Otros artículos que violen la ley o las políticas específicas marcadas por Mercado Pago.

Esta lista busca orientar a los usuarios y evitar que la plataforma sea utilizada para actividades ilegales o poco éticas. Las compras que integren estos productos serán detectadas por los sistemas de control, que actuarán con medidas de sanción.

Sanciones y consecuencias para los usuarios que violen las reglas

El artículo 8.1 de los términos y condiciones de Mercado Pago detalló las medidas que la empresa puede tomar ante incumplimientos, sospechas o confirmaciones de violaciones a sus políticas. Entre ellas destacan:

• Bloqueo temporal del acceso y uso de la cuenta, limitando la posibilidad de operar.
• Cancelación definitiva de la cuenta, lo que implica la pérdida total del usuario en la plataforma.
• Rechazo, cancelación o suspensión de solicitudes relacionadas con el procesamiento de pagos.
• Restricción en la disponibilidad de funcionalidades específicas dentro de la billetera.

Estas sanciones se aplican para garantizar el correcto uso de Mercado Pago y evitar que la plataforma se convierta en vehículo para transacciones ilícitas o perjudiciales.

Qué ocurre si suspenden tu cuenta en Mercado Pago

La suspensión o cancelación de una cuenta en Mercado Pago puede tener consecuencias serias para el usuario. Según el artículo 1.3 de los términos y condiciones, quienes sean suspendidos no podrán crear un nuevo usuario ni volver a aceptar los términos de la plataforma.

Además, la fintech se reserva el derecho de cerrar una cuenta sin aviso previo y, en caso de daños o perjuicios causados por el usuario, puede iniciar acciones legales para reclamar indemnizaciones. Esto significa que la suspensión no solo limita el acceso a la cuenta, sino que también podría derivar en procesos judiciales.

Cómo actuar si tu cuenta es suspendida

Ante una suspensión, es importante actuar con rapidez y claridad:

1. Revisar el correo electrónico asociado o intentar ingresar a la cuenta para identificar el motivo del bloqueo.
2. Contactar a Mercado Pago a través de la sección “Ayuda” en su página web oficial para iniciar la revisión del caso.
3. Enviar la documentación solicitada de forma completa y transparente.
4. Esperar la respuesta de la empresa, que comunicará su decisión por correo electrónico o mediante mensajes dentro de la plataforma.

Seguir este procedimiento es clave para intentar revertir la suspensión o aclarar cualquier malentendido.

El endurecimiento de las normas por parte de Mercado Pago refleja una tendencia de las plataformas digitales a controlar y regular el comercio electrónico, en un contexto donde las fintech juegan un papel central en la economía argentina. Por ello, los usuarios deben respetar los términos, mantenerse informados sobre qué transacciones son legales y consultar directamente a la plataforma ante cualquier duda para evitar sanciones.

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Los semaforazos de los viernes, frente a la plaza principal de Remedios de Escalada, desde hace tres meses se convirtieron en una constante. Ayer, aprovechando el feriado, se armaron varias carpas y actividades. Estuvieron presentes el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús con posta de salud; hubo muestra de fotos de Romina Vermelha (Enfoque Rojo) y del Polaco; un puesto de serigrafía; variadas activaciones de arte y activismo; y la banda de música del hijo del médico que atendió a Pablo Grillo en el Ramos Mejía. Un festival versátil. Con la presencia inagotable de los jubilados, ejemplo de lucha de todas las causas. Otra de las tantas manifestaciones del amor que la sociedad demuestra ante la deshumanización del poder: ante la absoluta falta de amor. Si el odio alimenta a nuestro enemigo, el amor habrá de debilitarlo. Por ANRed.

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En nuestro país la historia no parece repetirse nunca como una farsa. Ni a través del genio de Marx podemos entenderla. Y mucho menos cuando el afectado es alguien que está cerca: un vecino, un amigo, un hijo, un hermano, un colega. La historia contemporánea se mastica a sí misma en una tragedia que no termina de cerrar. El poder ciega. Se devora la vida. La infamia del poder es directamente proporcional a su grado de ceguera. Con la batuta deshace lo que tarde o temprano va a padecer. Y esto que suena a deseo no es una premonición: es el pronóstico del lugar donde la historia pone a quien se crea blindado, impune, o incluso ungido por alguna clase de inmunidad metafísica. Todo pasa, pero los registros existen. Y siempre quedarán sectores más o menos amplios de la población con algo de memoria respaldada por documentos probatorios irrefutables.

Nada de lo que combate la actual gestión de gobierno nacional es casualidad: cultura, salud y educación tienen la memoria en común. Cualquiera de las tres que se perturbe afecta, de una manera u otra, a la memoria.

El caso de Pablo Grillo es paradigmático

La Gendarmería no le dispara a cualquiera. Al riesgo de vida de Pablo no lo causó tampoco la crisis o la mala suerte. No se trata de un efecto colateral. El poder censura la mirada. Rompe con todo lo que pueda registrar. Menoscaba el archivo, complota contra el memorioso historiador. Invierte en armas de destrucción y control. Modifica leyes a golpe de decreto. Se lleva por delante  garantías constitucionales, deroga derechos. Apunta a los ojos. A los oídos. Aturde. Soborna decires y promueve discursos unívocos, totalizantes. Cuanto más miedo, más violencia.

Contra todo esto, las armas de creación masiva

Y parte de la construcción de esta memoria la viene llevando a cabo el barrio de Escalada, localidad donde vive Pablo. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos la vienen rehaciendo: con cada declaración, con el modo que tiene de agradecer Fabian Grillo, el papá de Pablo, a la salud pública cada vez que puede. En las formas en que viene manifestándose la militancia independiente u organizada después del hecho. En la proliferación de fotoperiodistas, fotógrafos independientes, ciudadanos comunes que se han asomado con sus dispositivos más o menos profesionales a la calle, o que se van sumando a diversos movimientos por primera vez. En la convocatoria de cada semaforazo, en los festivales como el de ayer o como el que se organizó para el primer mes de internación. Es cierto que lxs jubiladxs tienen mucho que ver con esto. Pero también esto los excede.

La proliferación de las luchas es un reguero de pólvora. Ante esto, el poder tiembla. ¿Sus síntomas? Mayor inversión en armas; aumento de los sueldos de todas las fuerzas; aumento de efectivos y movilización de tropas como brigadas de apoyo antidisturbio; renovación de patrulleros, de carros hidrantes, de motos, de armas. Prebendas y entrega a policías de más de 130 viviendas que ya estaban asignadas a personas de la sociedad civil. Y por eso los decretos de emergencia, y por todo esto tanta violencia.

El pueblo soporta mucho, quizás demasiado, hasta que un día se levanta.

El día del hecho: la evidencia pormenorizada que Bullrich niega

En la manifestación de jubilados del 12 de marzo de este año, Héctor Jesús Guerrero, integrante de la Sección de Empleo Inmediato de la Gendarmería Nacional, junto a otro soldado en funciones, se apostaron delante de los escudos de la gendarmería. Guerrero apoyó una rodilla en el asfalto y apuntó con su escopeta lanza gases hacia la línea de horizonte, luego de que el militar que se quedó a su lado parado señalaba hacia adelante. El cabo de rodillas apretó el gatillo y detonó la explosión que propulsó con una potencia no menor a 75 metros por segundo, el cartucho que puso en peligro la vida de un joven desarmado. Después, el gendarme se puso en pie, dio un paso hacia el costado, y el que había señalado a las personas que estaban a más de 60 metros, le dio un pequeño golpe en el hombro como quien felicita el procedimiento.

Contra todas las normas nacionales e internacionales que refieren rigurosamente cómo deben usarse las mal llamadas armas de fuego “menos letales” (pregúntenle a algún familiar de Fuentealba, el docente fusilado por una de estas escopetas); y contra los protocolos de Gendarmería, el Cabo apuntó con la mira paralela al suelo.

Ese día, un fotoperiodista independiente se había puesto en cuclillas detrás del esqueleto en llamas de un mueble para encuadrar la línea de las fuerzas policiales. A las 17.18, el cartucho de gas que Guerrero había disparado, contra toda norma, le dio a Pablo Grillo en la zona frontal de la cabeza. El fotógrafo quedó boca arriba y los manifestantes a su alrededor lo asistieron. Alguien llamó a la ambulancia, el SAME llegó rápidamente. Y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. Tenía un agujero en el cráneo, con pérdida de masa encefálica.

Con la vida pendiendo de un delgadísimo hilo, el miércoles 04 de junio, luego de 83 días de terapia intensiva, Pablo Grillo salió de la terapia.  Desde entonces, está internado en una clínica de rehabilitación. Desde el día cero la familia y la comunidad lo acompañan. Su imagen recorrió el país y se lo espera en cada marcha, en cada manifestación, con carteles de toda índole que lo apoyan. Las cámaras de fotos se han convertido en armas de creación masiva.

Los videos que fueron recolectándose a lo largo de los días, desde todos los ángulos, muestran los hechos. No hay manera de negar las evidencias o de taparlas, a menos que se tenga la intención expresa de mentir. No hay lectura ni interpretación válida. De un lado estaban las fuerzas del Estado con todo el aval institucional. Del otro, el ciudadano que movido por lo que está pasando precisa registrarlo con fotos, o quiere estar porque siente que allí puede aportarle algo a la sociedad.

Durante las horas posteriores al siniestro (entendido también desde aquello que de su dócil naturaleza despliega su ominosa monstruosidad), e incluso varios días después, el país fue testigo de las mentiras sistemáticas de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad Nacional. Del modo en que contradijo las imágenes del hecho, que corrían en los noticieros, incluso a sus espaldas. Negó el material que se recabó mediante aportes de diversos periodistas, sobre el proceder abusivo de las fuerzas represivas que tenían órdenes de reprimir y cumplieron. Y justificó el despliegue de recursos y efectivos militares y policiales desmesurado cada miércoles de marcha, donde un grupo muy pequeño de jubiladxs los hace correr de una esquina a la otra, al grito de hop-hop-hop-hop, mientras se mantiene perimetrado todo el Congreso de la Nación con una vallada descomunal.

El 12 de marzo Héctor Jesús Guerrero le puso cuerpo al gatillo que apretó toda una línea de mando. Un mando que no lo ha llamado aún a declarar. Y que sigue negando todo. El cartucho que le rompió el cráneo al fotógrafo fue enviado directamente desde lo más alto del poder Ejecutivo. Sí, Javier Milei es primer responsable de este crimen. A quien le siguen, de muy cerca, Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad Nacional; el director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; Héctor Ferreira, que es jefe del Destacamento Móvil 6, y el jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, todas autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas desplegadas esa jornada contra los manifestantes. Aún no ha sido llamado a declarar y la institución le ha asignado ya los abogados defensores.

No hay reglas que midan al poder cuando, desbocado, actúa en contra de la organización. Pero tampoco existe el poder que se sostenga a base de decretos ni, mucho menos, de violencia. La legitimidad se construye de manera lenta y sistemáticamente, con mucha cintura y capacidad. Condiciones ausentes para esta gestión. La coacción se derrumba bajo el peso de su propia intolerancia. Pablo Grillo es un mojón que la Argentina tiene ahora como ejemplo de entrega, por la necesidad de mostrar.

Porque tal como reza el cartel de un jubilado insurgente: «No es fácil hacer callar a un grillo».

 

 

Sin precisar horarios ni lugares, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones en 17 provincias. Puntualmente, reclaman por aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil; ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares. También, señalan que «migrar no es delito» y reclaman «basta de persecución a los que luchan». «A casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones. El trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía», denuncian. Por ANRed.

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Sin precisar horarios ni lugares, para mantener el factor sorpresa dado la agudización de las políticas represivas del gobierno nacional, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones conjuntas en 17 provincias.

Los reclamos principales de la jornada de lucha serán:

Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.

Ampliación del programa.

Continuidad del Monotributo Social.

Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

Migrar no es delito.

Basta de persecusión a los que luchan.

También, reclamarán, una vez más, a las centrales sindicales «una huelga general que una todas las luchas qué se están llevando a cabo contra el ajuste de Milei y la represión de Patricia Bullrrich».

En un comunicado conjunto, expresaron: «los trabajadores no aguantamos más las políticas de hambre, falta de trabajo, salarios y jubilaciones de miseria, represión, criminalización y persecución política La situación no puede ser peor en los barrios populares: a casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones», señalan.

En la misma línea, agregan: «el trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía. Necesitamos una gran acción unitaria de los trabajadores para frenar a Milei y su política criminal», finaliza el comunicado.

 

 

Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.

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A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

• Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
• Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
• Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri, Julio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

El amparo de la CGT

Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

*»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

*»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

*»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

* «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

La cautelar

La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

Monedas de canje 

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

«Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

«En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

«La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.

 

 

Meta presentó en su evento Connect 2025 tres nuevos modelos de anteojos inteligentes con una ambición clara: disputar el lugar que hoy ocupan los teléfonos móviles como el dispositivo central de la vida diaria.

Un teléfono en la cara

El producto más destacado es el Meta Ray-Ban Display, el primer wearable de la compañía con pantalla de realidad aumentada. A diferencia de las gafas previas, que funcionaban más como cámaras portátiles, este modelo pone información frente a los ojos del usuario en tiempo real.

Entre otras herramientas, muestra mapas peatonales sin tener que sacar el celular del bolsillo, permite ver subtítulos instantáneos durante una conversación y hace posible videollamadas sin sostener un dispositivo en la mano.

La experiencia es similar a lo que ofrece un smartphone, pero trasladada al campo visual. En otras palabras, lo que antes se consultaba en una pantalla táctil ahora aparece superpuesto sobre el mundo real.

Para manejar la interfaz, Meta incorpora una pulsera EMG (electromiografía), que capta los micro-movimientos de la mano y los traduce en comandos. Es un intento de reemplazar el toque en la pantalla por gestos discretos.

Competencia en prestaciones y en el precio

El lanzamiento no solo imita a los smartphones en sus prestaciones: también lo hace en el precio. El Meta Ray-Ban Display cuesta 799 dólares, el mismo rango que un iPhone o un Samsung Galaxy de alta gama. Esto revela la intención de competir de igual a igual por el presupuesto de los usuarios.

Meta no se limita a un único dispositivo, sino que abre un abanico: Ray-Ban Meta Gen 2: con cámara de 12MP, grabación en 3K, 32GB de memoria y hasta 8 horas de autonomía, cuestan 379 dólares. Son una evolución de la primera generación, que ya tuvo buena recepción en el mercado.

En tanto, Oakley Meta Vanguard apunta al deporte, tiene diseño envolvente, cámara central de 12MP y resistencia a condiciones extremas. Saldrán a la venta a 499 dólares.

El desafío: cambiar el hábito

El gran reto de Meta no está en la tecnología —que ya resulta sorprendente—, sino en modificar la costumbre arraigada de mirar una pantalla en la mano. Desde hace más de una década, el celular se volvió la herramienta universal: cámara, mensajería, GPS, billetera digital. La compañía quiere que todo eso se viva de otra manera: no con la cabeza baja sobre un teléfono, sino mirando hacia adelante, con la información integrada al entorno.

El proyecto recuerda inevitablemente a Google Glass, que en 2012 intentó sin éxito popularizar la realidad aumentada en forma de lentes. Aquella experiencia fracasó por limitaciones técnicas, alto costo y rechazo social.

Meta cree que ahora el escenario es distinto: el público ya se acostumbró a los wearables, como relojes y auriculares inteligentes, mientras que el hardware es más potente y discreto.

La empresa cuenta con un ecosistema propio de aplicaciones (WhatsApp, Instagram, Messenger) que se integrarían de forma nativa en los lentes.

¿Amenaza real para los smartphones?

Por ahora, los celulares siguen siendo insustituibles en muchas tareas. Pero el paso que da Meta es claro: sus lentes no son un accesorio, sino una plataforma que puede rivalizar con el teléfono.

Entre el potencial previsto, ofrecen cámara, pantalla, almacenamiento y conectividad, se venden en el mismo rango de precios y están diseñados para uso cotidiano y no solo como gadgets experimentales.

Si logran aceptación masiva, podrían iniciar una transición similar a la que vivió la industria cuando los celulares reemplazaron a las cámaras compactas o los reproductores de música.

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