Septiembre crítico: el Gobierno argentino enfrenta una tormenta económica con inflación, dólar y desconfianza

Septiembre crítico: el Gobierno argentino enfrenta una tormenta económica con inflación, dólar y desconfianza

 

El inicio de septiembre encuentra al Gobierno argentino navegando una de las semanas más complicadas desde el inicio de su gestión, según el análisis del economista Javier Gutiérrez, profesor de la Universidad de Río Negro, en una entrevista con AM Cumbre 1400.

El Gobierno ha centrado su estrategia en mantener la inflación bajo control, utilizando al dólar como ancla. Según Gutiérrez, “la bandera de este gobierno es mantener la inflación a raya lo más bajo posible, aferrándose a una política de estabilización del dólar”. Sin embargo, esta táctica enfrenta serios desafíos. La suba de la tasa de interés y el incremento de los encajes bancarios al 53% buscan reducir la cantidad de dinero circulante, pero afectan el acceso al crédito para empresas y consumidores. “Esto implica menos dinero para financiar consumo e inversión”, explicó el economista.

El viernes pasado, el Banco Central intervino en el mercado cambiario ofreciendo 50 millones de dólares para evitar un aumento en el tipo de cambio oficial. Esta acción, según Gutiérrez, contradice las restricciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prohíbe al Gobierno vender dólares del último crédito otorgado. “Varios analistas señalaron que una de las cláusulas firmadas por los negociadores del Ministerio de Economía era no intervenir en la plaza”, comentó el experto, subrayando la gravedad de esta decisión.

La confianza, un pilar clave para la economía, se ve amenazada por recientes escándalos. Filtraciones de audios y denuncias sobre el manejo de fondos vinculados a la discapacidad han generado ruido político. “La confianza es uno de los indicadores fundamentales para la economía, y estas noticias afectan la construcción de ese activo”, afirmó Gutiérrez. Además, la actividad económica no repunta: suspensiones como la de una planta de Acindar y la caída de indicadores industriales reflejan un estancamiento preocupante.

La elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, aunque centrada en cargos legislativos locales, se ha transformado en una prueba crucial para el Gobierno. “Se ha convertido en un auténtico test de la adhesión de la comunidad hacia el gobierno”, señaló Gutiérrez. El control de la inflación es el principal argumento del oficialismo para mantener el apoyo popular, pero las contradicciones internas y los problemas económicos podrían complicar el escenario postelectoral.

En términos cotidianos, las medidas económicas impactan directamente en el poder adquisitivo. Gutiérrez estima que la inflación de agosto rondará el 4%, con una tendencia similar para los próximos meses. Sin embargo, advirtió que “la aguja del tablero que no arranca es la actividad económica”. La falta de dinamismo, sumada a despidos y suspensiones, genera incertidumbre sobre la capacidad de recuperación a corto plazo.

A pesar de los indicadores negativos, Gutiérrez destacó que el Gobierno mantiene cierta expectativa gracias al sentimiento antiperonista. “El principal activo del gobierno hoy es el antiperonismo, porque los indicadores de actividad económica, despidos y caída son tremendo”, afirmó. Sin embargo, las contradicciones internas y la presión de los frentes económicos podrían erosionar este respaldo, dejando al Gobierno en una posición cada vez más vulnerable.

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  • La burocracia sindical cegetista banca a Milei y asiste al Consejo de Mayo: mientras, más de 70 organizaciones marchan contra el gobierno

     

    Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.


    A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

    El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

    En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

    Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento y CATT), Hugo Cachorro Godoy (CTA Autónoma) y Abel Furlán (UOM) fueron algunos de los dirigentes que participaron de la conferencia de prensa donde se lanzó la primera acción de lucha del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. Foto: combinado en base a imágenes de prensa CTA-A e Indymedia Argentina.

    Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

    La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

    El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

    El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

    Imagen: La Voz 90.1

    Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

    • Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
    • Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
    • Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

    Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

    Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

    La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

    La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

    Foto: Somos Télam.

    El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

    Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

    Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

    De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

    El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

    Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

    Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis LingeriJulio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

    Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

    Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

    El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

    El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

    Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

    A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

    Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

    Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

    ¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

    Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

    El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

    El amparo de la CGT

    Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

    *»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

    Foto: Indymedia Trabajadoras/es.

    *»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

    *»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

    * «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

    La cautelar

    La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

    Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

    Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

    Monedas de canje 

    El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

    «Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

    El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

    Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

    «En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

    En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

    «La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

    120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

    El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

    Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

    Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.

     

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  • Qué dijo Marcelo Moretti en su regreso a San Lorenzo

     

    El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, rompió el silencio y confirmó que, aun durante su licencia, continuó al frente de la gestión del fútbol profesional de la institución. El dirigente explicó en una entrevista para Infobae que participó en decisiones clave como la confirmación de Damián Ayude tras la salida de Miguel Ángel Russo y la venta de Malcom Braida a Boca.

    Además, oficializó su intención de retomar la presidencia, cargo para el que fue electo en diciembre de 2023, pese al fuerte rechazo de sectores opositores y de un amplio sector de la hinchada.

    Moretti, envuelto en un escándalo por un video donde se lo ve recibiendo 25.000 dólares en las oficinas del club, aseguró que esos fondos fueron una donación a título personal y no un ingreso institucional.

    “Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa”, admitió. Según su versión, intervino en ventas de jugadores, en la salida de Russo y en la continuidad de Ayude.

    En ese sentido, recordó: “A Damián lo puse yo el año pasado, le hice el contrato de Reserva y le prometí que si Miguel se iba iba a tener su chance. Se lo cumplí”.

    Moretti también se refirió a su decisión de regresar formalmente a la presidencia luego de cuatro meses de licencia. Dos días atrás envió un correo electrónico al club notificando su vuelta y convocando a una reunión de Comisión Directiva para el lunes.

    “San Lorenzo tiene un presidente elegido democráticamente. Ganamos las elecciones de manera abultada y no estoy procesado. No hay impedimento administrativo ni jurídico para que no esté en funciones”, señaló.

    En relación al video que motivó su apartamiento, Moretti insistió en que se trató de una maniobra para perjudicarlo: “Ese video fue armado para hacerme una cama. El dinero fue entregado como donación personal. Yo puse 180.000 dólares en préstamos al club, todos registrados y aprobados por la Comisión Fiscalizadora”.

    El mandatario también aseguró que no existe prueba penal en su contra y que la competencia judicial está trabada entre Ciudad y Nación.

    El dirigente se mostró crítico con quienes, dentro y fuera del club, plantean una posible acefalía: “Sí hay presiones, hay gente que quiere hacer un golpe de Estado, elecciones anticipadas que no sean democráticas. Pero miedo no tengo”, afirmó.

    A su vez, Moretti pidió disculpas a los socios: “Les pido perdón por este momento. A nadie le gusta lo que pasó con el video. A mí me hicieron una cama, pero pido perdón porque ningún hincha se merece esto”.

    Respecto a la crisis económica, Moretti sostuvo que su gestión redujo el pasivo en 10 millones de dólares y que el club logró vender por 25 millones en jugadores: “El patrimonio de San Lorenzo ha crecido un montón, aunque el hincha no siempre lo ve. El dato mata relato”, afirmó. Y adelantó que está en negociaciones con el fondo suizo AIS Group por el levantamiento del pedido de quiebra.

    Sobre el futuro inmediato, confirmó que busca reforzar el área de inferiores con Walter Perazzo y descartó debilidades estructurales en la pensión de juveniles, tras un video viral sobre la alimentación de los chicos. Además, dejó abierta la posibilidad de presentarse en el Nuevo Gasómetro este sábado para el partido ante Instituto.

    “Mi idea es unir a las partes. La oposición, si quiere el poder, debe ir a las urnas y ganarme. Esa es la democracia”, sentenció Moretti, decidido a retomar el mando en medio de la resistencia interna y las manifestaciones previstas en contra de su regreso.

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  • Masiva movilización en apoyo a la Marcha Global a Gaza

     

    En el marco de la Marcha Global a Gaza y en repudio a los ataques sistemáticos por parte del ente sionista Israel, el pasado domingo se realizó la concentración en CABA, en la intersección de Corrientes y Callao. Convocada en un principio por Autoconvocados por Palestina, están presentes el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, Judíes por Palestina, Sandía, Fuera Mekorot y varias agrupaciones de Izquierda e independientes. Fue la mas masiva movilización desde octubre de 2023, lo que marca un principio de ruptura en el cerco mediático y político. Además de la masiva movilización en Buenos Aires, se desarrollaron otras a lo largo y ancho del país. Por ANRed.


    Convocada no en el Congreso sino en Callao con la intención de movilizar por Avenida Corrientes donde el esparcimiento se desarrolla en muchas ocasiones con desconocimiento de lo que sucede muchas veces en el Congreso, buscando que la misma tenga mas visibilidad. La movilización atravesó bares y teatros.

    «Esta movilización es la expresión de muchos pueblos que en todo el mundo lograron vencer la narrativa sionista y poner en el centro de la agenda política el reclamo en contra del genocidio del pueblo palestino. Estas han sido las acciones porque en todo el mundo los gobiernos han sido cómplices de Israel. Es importante marcarlo: en América Latina, en el mundo entero, los pueblos de Alemania, Francia, Inglaterra, que se han movilizado masivamente cuando es delito portar una bandera palestina en esos países, y los pueblos árabes también en contra de las dirigencias árabes que fueron cómplices de este genocidio. Y hoy hay que decir con claridad que esta guerra (contra Irán) la comenzó Israel y que hay que repudiar firmemente el bombardeo al pueblo iraní (…) tenemos que marcar también que el imperialismo norteamericano lejos de las versiones que quieren mostrar de diferenciarse de este ataque, están con Israel, cambiaron el gobierno de Siria y pusieron a un Yihadista y esto es lo que quieren hacer en Irán», comentó Vanina Biasi en entrevista con ANRed durante una transmisión en vivo.

    «Es la solidaridad que estamos dando en Argentina en la Marcha Global para que se rompa el cerco en Rafah en Egipto. Repudiar al gobierno de Egipto que está impidiendo que la marcha llegue. Repudiar también al siniestro de Milei que se fue a alinear con el ultraderechista y genocida de Netanyahu. Estamos diciendo no en nuestro nombre», comentó Juan Carlos Giordano.

    «La verdad que es muy emocionante todo lo que veo: la cantidad de gente acá. Muy emocionante, muy lindo volver a ver al mundo y al pueblo argentino levantando su voz contra el genocidio que está pasando en Gaza. No solo lo que está pasando en Gaza sino en toda Palestina, en Líbano en Siria y en los últimos días también en Irán. Muchas gracias a todos el pueblo argentino que sale a la calle levantando la voz, luchando por nuestro país, muchas gracias y viva Palestina libre», expresó Abdallah El Tibi, el joven gazatí que actualmente vive en Argentina y que tiene a su familia sufriendo el genocidio. Luego Abdallah subió al camión que encabezaba la movilización y una vez concluida la movilización compartió sus palabras en el final de la misma.

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    «Mientras el sionismo sigue bombardeando en el mundo y sigue masacrando al pueblo palestino, sobre todo en gaza, los pueblos se levantan. Eso importante, hasta que los gobiernos también digan «no al genocidio». Lamentablemente tenemos un gobierno proclive al sionismo, pero vamos a vencer. Esto es pueblo, esto es lucha», agrego Tilda Rabi.

    «Estamos acá mostrando primero solidaridad con el pueblo palestino. Pero no solo por Palestina sino por toda la humanidad», comentó Franco Ferrari, integrante de Autoconvocados por Palestina.

    La movilización avanzó por Avenida Corrientes hasta llegar al obelisco. Luego continuó por Diagonal Norte hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se desarrolló un acto y se volvió a leer el documento redactado por las organizaciones integrantes del Comité en repudio al viaje de Milei al territorio ocupado por Israel, donde se reunión con Netanyahu, quien tiene un pedido de captura internacional por crímenes de guerra y genocidio.

    La jornada concluyó con la presentación de Malena Dalesio, quien además grabó parte de un nuevo clip durante la misma.

     

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  • La impunidad de los asesinos: escrache en Banfield

     

     

    Bajo la  consigna “Si no hay justicia, hay escrache”, el pasado  viernes organizaciones sociales y políticas movilizaron desde la estación de Banfield hasta la casa de Julio Yessi, en la av. Yrigoyen Y Larroque. Julio Yessi, uno de los responsables directos del accionar de la banda fascista  AAA que entre 1973 y 1976 cometiera numerosos atentados, asesinatos a militantes políticos y sociales.  Fue llevado a juicio por partícipe comprobado de la llamada Masacre de Pacheco donde fueran asesinados tres militantes del PST. Luego, el tribunal integrado por los jueces Bertuzzi, Llorens y Bruglia lo liberaron gozando de total impunidad en su casa de Banfield y participando en eventos políticos de zona sur.  Por Patricia Rodríguez para ANRed.


     

    La triple A, una banda paraestatal de extrema derecha,  responsable de innumerables crímenes de lesa humanidad como el asesinato de Pablo Hansen militante peronista de la Universidad de Lomas de Zamora, Mario Bilote militante peronista de Temperley, Ignacio Rodríguez, militante ferroviario , Guillermo Savloff, el primer director del turno noche del Instituto Lomas, pedagogo y profesor de la UNLP cuyo cuerpo fue encontrado acribillado en un descampado. Según el ex-concejal Infantino por el partido Federal: “Cada dos por tres aparecía un muerto en el Camino Negro, nadie sabía nada. Todo era producto de la guerra interna entre el lopezreguismo y otros sectores del peronismo. Lomas era el nudo más fuerte en donde ocurrían estos hechos”.

     

     

     

     

     

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  • «Mi hija no murió, la dejaron morir»: el desgarrador pedido de justicia por una nena de cuatro años

     

    Gimena Sosa denunció que su hija Anel, de solo cuatro años, falleció tras ser atendida en el Hospital de Pinamar. Asegura que hubo demoras en el diagnóstico y en la atención médica. Tras radicar la denuncia en Fiscalía, reclama justicia para que se investigue el accionar del centro de salud. El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y la precarización del área que maneja Sonia Coll, Secretaria de Salud del Municipio de Pinamar. Por ANRed.


    Anel tenía 4 años, era sana, llena de vida”, dice Gimena Sosa (25), su madre, con la voz quebrada. La niña falleció el pasado 22 de mayo en el Hospital comunitario de Pinamar, Dr. Dionisio José Olaechea, tras varias idas y vueltas en la atención medica: “No había pediatra. Me dijeron que fuera a Ostende al mediodía, pero ya no tomaban más turnos. Me mandaron a la guardia del hospital.” El diagnóstico final fue gripe A. Gimena denuncia que la atención médica fue “deficiente” y que hubo demoras críticas tanto en el diagnóstico como en la llegada de la ambulancia, que “tardó 20 minutos” en arribar al lugar. Ahora reclama justicia y una investigación que determine si hubo negligencia por parte del personal del centro de salud.

    “La traje el miércoles al hospital me la atendieron y me la mandaron a casa… según ellos por una gripe” Su relato no deja de ser desgarrador. Gimena se emociona, y entre lágrimas explica con detalle la secuencia de aquel fatídico día: “empezó el día martes a sentirte incomoda, el miércoles la llevé a la salita de Valeria y pregunté por alguna pediatra porque tengo dos nenas, Me dijeron que en la salita de Valeria no había nada, que me podía llegar hasta la salita de Ostende a las 13 horas que había una pediatra. Me dirijo a las 12 del medio día con las dos nenas y cuando llego ya había 30 nenes esperando para atenderse. Todos estaban con los mismos síntomas. Consulto en mesa de entrada y me dice que no había pediatra que solamente atendía 12 números y que tenía que llevarla por guardia del hospital, que ahí no podían hacer nada”

    Entonces Gimena se dirigió al Hospital. Al llegar al lugar explica, a la persona que la recibe, que la pequeña no quería comer nada, que solamente quería tomar líquido, “le hicieron una placa, y en la placa sale que ella no tenía nada… pero ella no tenía ganas de nada, no quería estar ni sentada, nada…Anel no tenía ni tos ni moco” y prosiguió su relato “me dijeron que la beba no quería comer porque estaba por resfriarse, que estaba incubando un virus y que era normal que ella no quisiera comer… y me mandaron a la casa con la nena. Así como fui, volví, con la única diferencia que me dieron una receta”.

    Sin embargo, Anel no mostraba mejoría y al día siguiente su mamá la notó más pálida aún: “se despertó a las 7 de la mañana. Sólo quería agua. La dejé acostada un ratito más porque hacía frío. Después iba a bañarla y a llevarla nuevamente al hospital… comienzo a preparar todo para bañarla, le hablo dos veces y no me contestó, lo único que escucho que ella me dice mamá y se desvaneció…” ahí la agarre y salí corriendo a la salita de Valeria porque vivo cerca. La ambulancia tardo 20 minutos en llegar. Recién cuando llegó empezaron a bajar los tubos de oxígenos y ahí nos trasladan al hospital… habrán pasado 30 minutos, sale la pediatra y me dice que no pudieron hacer nada”.

    Gimena recuerda que al momento del fallecimiento de su pequeña “nadie salió a dar explicaciones” de lo sucedido y que se enteró en la comisaria que la causa de muerte habría sido por “gripe A”. Durante los días siguiente al fallecimiento de ANEL, los medios de comunicación dieron cuenta del faltante de vacunas en la menor. Sin embargos, Gimena desmintió esta versión “el año pasado se le completó el calendario de vacunas” y manifestó “ellos hicieron abandono de persona, si ellos se hubieran tomado su trabajo y su tiempo en hacer lo que tenían que hacer, no tenían por qué mandarla a la casa… ¿Qué pasaba si yo no la llevaba al hospital ese día?”.

    Minutos después de que se conociera el diagnóstico de la causa del fallecimiento de la menor, la secretaria de salud, Sonia Coll, habría tenido un desafortunado comentario para los medios locales y es que, en su explicación por los hechos acaecidos habría endilgado la responsabilidad por el fallecimiento de la menor a la familia al expresar que: “le realizaron una radiografía de tórax que no arrojaba muchos datos… en este tipo… el germen no es el único determinante de la evolución del paciente. Era una niña que no tenia una esquema de vacunación al día, una situación social complicada y evidentemente su sistema inmunológico estaba alterado y post morten se le hizo un hisopado que dio positivo para gripe “A”. Interpretamos que el resultado final tiene que ver con su sistema inmunológico que estaba alterado…” lo que provocó gran conmoción en la comunidad pinamarense.

    Consultada por este medio a Sonia Coll si quería aclarar los dichos esbozados en el Canal 4 de Pinamar a las pocas horas del deceso de Anel, remitió la palabra a la secretaria de prensa del municipio: Anabel Acacio, quien nunca respondió los reiterados llamados y mensajes para poder escuchar así una voz oficial que explicara “el mal desempeño en el diagnóstico” de la niña.

    El reclamo de Gimena Sosa por la muerte de su hija Anel, ocurrida en el Hospital de Pinamar, se inscribe en una realidad sanitaria que preocupa a muchas familias argentinas. Aunque no se han registrado públicamente otros fallecimientos recientes de menores, en ese nosocomio, denunciados como negligencia médica, el caso pone en evidencia las tensiones del sistema de salud en contextos de alta demanda y recursos limitados. La denuncia por la muerte de Anel fue radicada en la UFIJ de Pinamar a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón.

    Quién era Anel: una infancia luminosa, interrumpida demasiado pronto

    Anel cumpliría 5 años el próximo 7 de octubre. Era una nena alegre, llena de energía, de esas que parecen inventarse el mundo a su manera. No necesitaba cuentos, los creaba sola, como hacía con sus juegos y sus historias. Amaba los peluches, jugaba sin cansarse y disfrutaba cada día en el jardín 903 de Valeria del Mar, donde sus maestras y profesores la adoraban. También asistía por las mañanas al Espacio de las Infancias, donde se movía como en casa. Tenía muchos amigos, una sonrisa contagiosa y un plato preferido que la hacía feliz: fideos con ketchup, que podría haber comido todos los días sin aburrirse. Así la recuerdan quienes la conocieron: como una pequeña llena de vida, con una imaginación desbordante y un corazón inmenso.

    Para Gimena Sosa, el duelo por la pérdida de su hija se transformó en un motor para visibilizar lo que, asegura, no debe volver a ocurrir. “Mi hija no murió, la dejaron morir. Si la hubieran atendido a tiempo, hoy estaría conmigo”, repite con dolor, pero también con determinación. Su pedido no es solo por justicia, sino también por cambios urgentes en el sistema de salud.

    En redes sociales y frente al hospital, Gimena ha convocado movilizaciones pacíficas junto a otros vecinos que comparten sus reclamos. «No quiero que otra madre tenga que vivir lo que estoy viviendo. Que las autoridades escuchen y actúen. Porque no se trata solo de Anel. Se trata de todas las Aneles que pueden evitarse», concluye.

    El caso, aún sin una respuesta oficial, expone una herida abierta: la del acceso a una atención médica oportuna y segura, especialmente para los más vulnerables. Mientras tanto, Pinamar —y con él, muchas otras ciudades— se enfrenta al desafío de revisar sus prioridades sanitarias.

    Tensión en el sistema sanitario local

    El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Durante la pandemia, hubo fallecimientos por COVID-19 que generaron alarma entre los vecinos. A esto se sumaron temporadas de verano con colapsos por accidentes en cuatriciclos, así como hechos de violencia, como el ocurrido en agosto de 2024, cuando un hombre destrozó parte del hospital tras la muerte de un familiar.

    Además, se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y “la precarización del área que maneja Sonia Coll -secretaria del área de salud-”

    Reclamo en las redes sociales

    A raíz de lo sucedido con la Anel, las redes sociales se llenaron de mensajes que relataban diferentes experiencias en la atención sanitaria en Pinamar:

    Casos similares en el país

    Aunque no se han registrado denuncias públicas recientes por muerte de menores en el hospital de Pinamar, sí existen antecedentes en otras regiones del país. En 2020, en el Hospital Municipal San Cayetano, una niña de 11 años murió por peritonitis tras ser diagnosticada erróneamente. Ese mismo año, en Neuquén, una pareja denunció que el cuerpo de su bebé fue descartado como residuo patológico sin autopsia previa.

    Estos episodios expusieron fallas en la atención pediátrica y provocaron manifestaciones sociales y judiciales.

    La muerte de una niña en un hospital debería ser, siempre, un hecho excepcional. Pero cuando esas muertes se repiten, cuando hay patrones de desatención, demoras o diagnósticos errados, la excepción se transforma en síntoma. En los últimos años, los reclamos por presunta mala praxis en la atención de menores se han multiplicado en distintas provincias del país, dejando a las familias frente al dolor irreparable de una pérdida y al desafío de enfrentar sistemas que muchas veces responden con silencio o impunidad. Cada uno de estos casos no sólo exige justicia, sino una respuesta estructural: protocolos claros, recursos adecuados, profesionales capacitados y un compromiso real con la salud pública. Porque detrás de cada nombre —Anel, Valentina, y tantas otras infancias truncas— hay historias que merecían un final distinto.

     

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  • De la pelea en el aula al juzgado: el drama de dos familias por bullying

     

    La tensión comenzó en una escuela primaria de la costa rionegrina, donde dos niñas de 11 años empezaron a sufrir hostigamientos que se extendieron más allá del aula. Las discusiones entre sus madres escalaron hasta convertirse en enfrentamientos personales, con acusaciones de insultos y hasta agresiones físicas. Atendiendo a medidas de resguardo de identidades, no se da a conocer la escuela y la ciudad donde sucedieron los hechos.

    Ambas mujeres, que aseguran que sus hijas son víctimas de acoso escolar, llevaron el conflicto a la Justicia luego de denunciar episodios reiterados de violencia verbal y situaciones de maltrato. Una señaló que su hija quedó atrapada en disputas generadas por los adultos, mientras que la otra relató que incluso fue increpada en la vía pública y en su propio domicilio.

    El Juzgado de Paz local intervino y dictó medidas para evitar nuevos choques. Se estableció una prohibición de contacto en cualquier forma (ya sea en persona, por redes sociales o a través de terceros) y se fijó una distancia mínima de 200 metros entre ambas, tanto en sus casas como en sus lugares de trabajo o espacios comunes.

    La Justicia exigió a la escuela involucrada reforzar los protocolos contra el bullying y garantizar un ámbito seguro para todos los alumnos. Además, dispuso asistencia psicológica para las niñas y sus familias, y capacitaciones obligatorias para el personal docente. Las restricciones estarán vigentes durante 90 días, con control policial, y podrían renovarse si la situación no mejora.

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