Santilli no podrá encabezar la lista libertaria: qué dijo la Justicia

Santilli no podrá encabezar la lista libertaria: qué dijo la Justicia

 

La Justicia electoral resolvió no autorizar a Diego Santilli para que encabece la lista de diputados nacionales por el partido La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert.

El fallo, emitido por el juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, implica un revés para el oficialismo, que buscaba posicionar al dirigente del PRO como nuevo primer candidato de la nómina bonaerense del espacio liderado por Javier Milei.

La propuesta fue presentada por la propia alianza LLA, luego de que Espert decidiera bajarse de la contienda legislativa. En su lugar, el oficialismo pretendía instalar a Santilli, quien recientemente se alineo con el gobierno nacional, al frente de la boleta, lo cual requería una reestructuración de la lista original. Sin embargo, la Justicia consideró que ese corrimiento no estaba justificado dentro del marco legal ni en los plazos establecidos.

Quién asumirá el primer lugar en la lista

De este modo, Karen Reichardt, actriz y dirigente cercana al espacio, será quien finalmente encabece la lista de diputados por la provincia. Reichardt figuraba en segundo lugar detrás de Espert, y ahora pasará automáticamente al primer puesto, respetando el orden original de la boleta oficializada.

El fallo también complica los tiempos para una eventual reimpresión de boletas con la nueva fórmula, algo que había solicitado el oficialismo junto con el pedido de reemplazo. Por ahora, La Libertad Avanza deberá competir en territorio bonaerense con una lista distinta a la que pretendía instalar en esta etapa final de la campaña.

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  • Una mujer hizo compras por más de $13 millones con tarjetas robadas

     

    Una mujer de 36 años fue acusada de haber realizado una serie de compras por más de 13 millones de pesos utilizando tarjetas de crédito que no le pertenecían. Según la investigación, las maniobras ocurrieron en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti entre septiembre de 2023 y junio de 2025.

    Durante una audiencia realizada el sábado, la fiscal Valeria Panozzo detalló que la acusada, identificada como R.E.M., realizó 13 compras en apenas 24 horas —entre el 24 y 25 de septiembre de este año— en locales de indumentaria, electrodomésticos, farmacias, supermercados y hasta una tienda de porcelanatos. En total, las operaciones alcanzaron los $13.260.000.

    Pero no fue la primera vez que la mujer utilizó este tipo de maniobras. De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, ya había sido condenada por delitos similares y está siendo investigada en otras causas. En una de ellas, compró ropa por $184.600 con una tarjeta adicional a nombre de otra persona; en otra, defraudó a un comercio neuquino por $803.800 usando el mismo método.

    Ante estos antecedentes, la fiscal pidió que se le imponga prisión domiciliaria por dos meses, con custodia policial hasta la colocación de una tobillera electrónica. Luego, el control pasará a realizarse mediante rondines. La solicitud fue aceptada por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien además otorgó cuatro meses de plazo para finalizar la investigación.

    La mujer enfrenta tres causas activas por estafas con tarjetas, y la Justicia analiza su posible participación en otros hechos similares ocurridos en la región. Por ahora, permanecerá en su domicilio mientras avanza la investigación que busca determinar el alcance total del fraude.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • Ortiz Luna pidió a la Legislatura aprobar la ley de manejo del fuego en Neuquén

     

    El Gobierno del Neuquén envió a la Legislatura un proyecto de ley integral de manejo del fuego, pero su tratamiento se dilata. En medio de esta situación, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, expresó su preocupación y pidió que los legisladores den un paso adelante para ordenar un marco normativo que hoy considera desactualizado.

    En diálogo con AM Cumbre 1400, Ortiz Luna advirtió que la provincia se prepara para un verano de sequía y altas temperaturas, condiciones que aumentan el riesgo de incendios forestales. “No podemos evitar que ocurran, pero sí mitigar el riesgo y estar preparados para el ataque rápido”, señaló.

    Preparativos ante la temporada de incendios

    La funcionaria detalló que el sistema provincial de manejo del fuego recibió nuevas camionetas, minibuses, motobombas, ropa técnica y equipos de ataque rápido para los brigadistas. Además, se incorporarán cuatro medios aéreos contratados, que se sumarán a los helicópteros de la provincia.

    En paralelo, Neuquén estableció acuerdos con Río Negro y Chubut para trabajar en conjunto, con un total de 600 brigadistas disponibles en la región patagónica.

    Según Ortiz Luna, la norma busca unificar más de 50 leyes vigentes, muchas de ellas antiguas, que regulan distintos aspectos vinculados al fuego. “Necesitamos ordenar responsabilidades: no siempre puede ser el Estado el que cargue con todo. Los dueños de campos y bosques también deben asumir su parte en la prevención”, sostuvo.

    La secretaria explicó que contar con una ley permitiría exigir mantenimiento de cortafuegos, fajas de acceso y manejo adecuado de la vegetación, reduciendo costos millonarios en combate de incendios. Recordó que en el incendio de Magdalena, vialidad provincial debió abrir 400 kilómetros de caminos en un perímetro de 120 km para que los equipos pudieran ingresar.

    Prevención comunitaria

    Más allá del debate legislativo, Ortiz Luna enfatizó en la necesidad de la detección temprana de focos y la responsabilidad individual de los vecinos. Recomendó limpiar patios, evitar la quema de basura y colaborar en la construcción de cortafuegos. “Cada propietario puede hacer mucho para evitar que el fuego llegue a las viviendas”, afirmó.

    La provincia también impulsa campañas educativas en escuelas y charlas en comunidades turísticas, con el objetivo de concientizar a residentes y visitantes.

    Ortiz Luna reconoció que el Gobierno provincial seguirá trabajando con o sin la ley, pero calificó de “frustrante” la demora legislativa. “No vamos a esperar que salga una ley para apagar un incendio, pero sería mucho más cómodo y eficiente tener un marco ordenado”, dijo.

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  • Cuarta edición del FAN: cine, inspiración y encuentros que no te podés perder

     

    Del 15 al 19 de octubre, la ciudad de Neuquén se llenará de pantallas, historias y creatividad con la cuarta edición del Festival Audiovisual Neuquén (FAN). Durante cinco jornadas, el público podrá disfrutar de más de 60 producciones de todo el país, que incluyen largometrajes, cortos, documentales, animaciones y videoclips, con acceso libre y gratuito en siete espacios culturales distribuidos por la capital.

    La apertura oficial será el miércoles 15 en el Museo Nacional de Bellas Artes, seguida de la proyección del documental Dinolandia, que narra los descubrimientos paleontológicos de Villa El Chocón. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que el festival es una política cultural que busca hacer accesible la cultura a toda la ciudadanía, fortaleciendo la identidad de la ciudad y su vínculo con las artes audiovisuales. Este año, el festival recibió más de 600 obras provenientes de las 24 provincias, consolidándose como un evento federal de gran repercusión.

    Las proyecciones tendrán lugar en sedes emblemáticas como el Museo Nacional de Bellas Artes, Cinépolis y el Cine Teatro Español, y se suman espacios como la Casa de las Leyes Centro Cultural, la Sala Emilio Saraco, la Escuela Superior de Bellas Artes y el Centro Cultural del Oeste. Todas las funciones son gratuitas y el ingreso se asegura llegando con anticipación a cada sala.

    Además de las competencias, el festival propone experiencias especiales para todos los gustos: habrá maratones de series locales de ciencia ficción, homenajes a artistas, funciones de cine de género como Buenos Aires Rojo Sangre y actividades educativas para escuelas. También se realizarán charlas con profesionales de la industria y un Laboratorio Patagónico de Proyectos en Desarrollo, donde tres proyectos seleccionados recibirán acompañamiento para crecer desde la etapa inicial.

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  • La Plata: productores, emprendedores y artesanos resisten el cierre del Parque Saavedra

     

    Imagen: @todxs_x_el_parque

    Productores, emprendedores, artesanos y artistas que desarrollan sus tareas en el Parque Saavedra de La Plata denuncian y resisten el inminente cierre del parque dispuesto por el intendente Julio Alak. «El parque no es solo una feria. Aquí conviven la biblioteca ‘Del otro lado del árbol’, una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. El cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan», remarcan. Por ANRed.


    Así lo denuncian en la cuenta de Instagram todxs_x_el_parque: «ante el inminente cierre del Parque Saavedra de La Plata, quienes somos productores, emprendedores y artesanxs que lo habitamos, nos autoconvocamos para denunciar y resistir el atropello de la Municipalidad, encabezada por el intendente Julio Alak, que amenaza con destruir nuestra fuente de trabajo y de vida».

     

    «El parque no es solo una feria – agregan – Aquí conviven la biblioteca «Del otro lado del árbol», una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. Las mismas que ahora pretenden silenciar. Sabemos que, como ocurrió en Plaza Italia, Plaza San Martín y Plaza Rocha, el trasfondo es «limpiar» de pobres el espacio público, como si la pobreza fuera lo opuesto a la belleza. Como si la presencia de Ixs trabajadorxs informales empañara la estética de la ciudad», remarcan.

    Imágenes: @todxs_x_el_parque

    En la misma línea, agregan: «el cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es interrumpir la vida comunitaria, cortar con las actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalecen el tejido social. Es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan. Pero el parque es de todxs. Y quienes lo habitamos lo cuidamos, lo vivimos, lo defendemos».

    Imágenes: @todxs_x_el_parque

    «Por eso, llamamos a lxs vecinxs, organizaciones de derechos humanos, y a todxs quienes disfrutan del parque, a sumarse al reclamo. A estar atentxs, organizadxs y en estado de alerta. Defendamos el espacio público y nuestra fuente de trabajo», finaliza el comunicado de la Asamblea Autoconvocada de Productores, Artesanos, Emprendedores, Vecinos y Espacios Autogestivos del Parque Saavedra.

     

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  • Ruta 7: chocó contra un colectivo y dio positivo en el test de alcoholemia

     

    La madrugada del domingo 5 de octubre dejó dos siniestros viales casi consecutivos en la Ruta provincial N°7, a la altura del Picadero de Centenario. Ambos ocurrieron con una diferencia de apenas 15 minutos, lo que generó la rápida intervención de personal policial de la Comisaría Quinta y del área de Tránsito de Villa Obrera.

    El primero de los hechos se registró cerca de las 5:40, cuando un Ford Focus III, en el que viajaban cuatro jóvenes oriundos de Plottier, volcó sobre la calzada. Pese al fuerte impacto, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones, y el vehículo fue retirado poco después.

    El choque contra el colectivo

    Minutos más tarde, en el mismo sector, un Fiat Cronos protagonizó otro siniestro al colisionar en la parte trasera a un colectivo Mercedes Benz —interno 333— de la empresa Pehuenche, que circulaba en sentido Neuquén–Centenario.

    El impacto se produjo en el carril interno, aunque no hubo heridos entre los involucrados. El chofer del colectivo salió ileso, al igual que el joven conductor del Fiat, de 22 años, y su acompañante, una mujer de 28 años, ambos domiciliados en Centenario.

    El test de alcoholemia confirmó la infracción

    La situación cambió al momento de realizar los test de alcoholemia. El chofer del colectivo dio negativo, mientras que el conductor del Fiat Cronos arrojó un resultado positivo de 0,12 gramos de alcohol en sangre.

    Por este motivo, fue multado y se le retuvo la licencia de conducir, según confirmaron fuentes policiales.

    Aunque el valor detectado es bajo, la legislación provincial establece tolerancia cero para conductores particulares, por lo que cualquier presencia de alcohol constituye una infracción.

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