Salidas habilitadas para personas con discapcidad

Pese a estar bajo investigación judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntos retornos ilegales, el Gobierno volvió a habilitar a la droguería Suizo-Argentina para hacer negocios con el Estado. La empresa está en el centro del escándalo de la ANDIS y es señalada por un esquema de coimas que salpica de lleno al entorno más íntimo de Milei.

Por Tomás Palazzo para NLI

Mientras Milei repite su discurso contra “la casta” y promete transparencia, la realidad vuelve a mostrar otra cosa. El Estado nacional reactivó contrataciones con la droguería Suizo-Argentina S.A., una de las firmas más beneficiadas durante el actual gobierno y que se encuentra bajo investigación por una trama de sobreprecios, contratos amañados y presuntos retornos del 3% en el marco de las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La decisión de volver a contratar a la empresa se tomó cuando la causa judicial sigue abierta, los audios que dieron origen al escándalo no fueron desmentidos y las sospechas de corrupción alcanzan directamente a Karina Milei, hermana del Presidente y figura central del armado libertario.

El escándalo de la ANDIS y el circuito del “3%”

La investigación judicial se inició a partir de audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describe con crudeza un esquema de contratación irregular con Suizo-Argentina. En esas grabaciones se habla de licitaciones armadas, sobreprecios sistemáticos y un retorno del 3% del monto de los contratos.

Según la denuncia, ese dinero habría sido canalizado hacia funcionarios y operadores políticos del oficialismo. El nombre de Karina Milei aparece mencionado como destinataria final de esos retornos, junto a otros integrantes del círculo de poder que rodea al Presidente.

Lejos de aclarar la situación, el Gobierno optó por no dar explicaciones públicas, desplazar silenciosamente a algunos funcionarios y, ahora, volver a habilitar a la empresa sospechada para seguir contratando con el Estado.

Contratos millonarios que continúan pese a la causa judicial

Los números son elocuentes. Más de 600 contratos firmados entre la ANDIS y Suizo-Argentina, por montos que superan los 55 mil millones de pesos, se encuentran bajo la lupa judicial. A eso se suman compras realizadas por otros organismos nacionales, como el Ministerio de Salud, el PAMI y obras sociales estatales.

Pese a este escenario, la droguería volvió a presentar ofertas en nuevas licitaciones, incluyendo provisión de insumos médicos de alta complejidad para hospitales públicos. En algunos casos, los procesos administrativos ya quedaron listos para adjudicar, como si la investigación en curso no existiera.

No hubo suspensión preventiva, ni inhabilitación, ni siquiera un gesto mínimo de prudencia institucional.

Un crecimiento explosivo bajo el gobierno de Milei

Otro dato que refuerza las sospechas es el crecimiento exponencial de los contratos de Suizo-Argentina desde la llegada de Milei al poder. En apenas un año, la facturación de la empresa con el Estado se multiplicó de manera abrupta, alcanzando cifras superiores a los 100 mil millones de pesos.

Este salto contrasta brutalmente con el ajuste que el propio Gobierno aplica sobre jubilaciones, prestaciones por discapacidad, salarios estatales y el sistema de salud pública. Mientras se recortan derechos, los negocios amigos siguen intactos.

El relato anticasta que se derrumba

La reapertura de las contrataciones con una empresa bajo investigación judicial deja en evidencia una doble vara escandalosa. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción, pero cuando las sospechas tocan a su propia familia, el discurso se desvanece.

No hay transparencia, no hay explicaciones y no hay sanciones. Hay continuidad de negocios, encubrimiento político y una sensación de impunidad que se profundiza.

Mientras la Justicia avanza a paso lento y el Gobierno hace equilibrio para despegarse del escándalo, los contratos siguen firmándose y el dinero público sigue fluyendo, incluso cuando las denuncias ya no son versiones periodísticas sino una causa judicial en marcha.

El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.

Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores

Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.

La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.

El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.

El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste

Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.

Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.

No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.

Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria

La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.

No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.

La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.

Un mensaje claro: incumplir paga

Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.

Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.