Personas con discapacidad: salidas breves, programadas según DNI y a no más de 500 metros
Así lo fija la reglamentación que publicó el Gobierno para atender a la necesidad de las personas con esa condición de salud. Para salir, deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad en soporte papel o foto digital.
El gobierno nacional reglamentó la excepción del cumplimiento del «aislamiento social, preventivo y obligatorio» por coronavirus a las personas con discapacidad y a quienes las atiendan mediante la resolución 77/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, que permite «salidas breves» y «a no más de 500 metros» y asigna días de acuerdo con la terminación del número del documento.
En el artículo 2 de la norma se explica que las personas con discapacidad solo podrán realizar salidas breves «cuando no tengan síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, tos y/o dificultad respiratoria)».
También se establece, en el artículo 3, que podrán salir a la vía pública «con un único acompañante, familiar o conviviente, si lo necesitaren, para realizar paseos breves, a no más de 500 metros de su residencia».
El cronograma de salida que se fija es los días lunes, miércoles y viernes a aquellas personas con discapacidad cuyo último número de documento sea 1, 2, 3, 4 y 5, y los martes, jueves y sábados a aquellas cuyo último número de documento sea 6, 7, 8, 9 y 0.
Para salir, las personas deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en soporte papel o foto digital, o el turno de actualización del mismo si está vencido, además de «el o los Documentos Nacionales de Identidad».
Asimismo, regula que durante las salidas deberá respetarse, «respecto del resto de los transeúntes, el distanciamiento social de un metro y medio (1,5 m) como mínimo».
La normativa aclara que no podrán hacer uso de esta excepción quienes sean mayores de 60 años; tengan enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo; tengan enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas; o inmunodeficiencias.
Tampoco aquellos que tengan diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; embarazadas; y «toda otra circunstancia que la autoridad sanitaria defina en el futuro».
En cuanto a las «prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad», el artículo 6 de la resolución indica que solo se realizarán en forma presencial aquellas «de estricta necesidad, impostergables, y que no admitan su realización en modo virtual».
Tampoco se podrá hacer uso de este tipo de prestaciones «si la persona que recibirá la misma, alguno o alguna de sus convivientes, o el profesional respectivo, posee síntomas de Covid-19 o se encuentra alcanzado por alguna de las circunstancias descriptas» para las personas con discapacidad.
La misma limitación existe «si algún conviviente con el paciente presentara los síntomas».
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La inflación se desacelera al 1,8%, pero el consumo minorista se derrumbó 22% interanual en Córdoba y la rentabilidad de los comercios cayó 26%. Apenas el 10% de los comerciantes cumplió sus expectativas y ya hay 458 mil cordobeses en mora. El 88,7% de los hogares tuvo que financiar alimentos.
Los comercios venden menos, ganan menos, los consumidores compran menos y una porción cada vez mayor de los hogares necesita recurrir al crédito, al fiado o al préstamo para sostener los gastos cotidianos.
Esos son los datos de la economía doméstica de Córdoba, una foto que incomoda a los libertarios en su bastión. Los números de agosto de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) son contundentes. Las ventas minoristas medidas en unidades cayeron 22% interanual, mientras que la rentabilidad se desplomó 26% respecto de agosto de 2025.
No hay recuperación a la vista: el deterioro se aceleró incluso dentro del propio año. En comparación con julio, las ventas bajaron otro 11% y la rentabilidad se hundió 19%.La secuencia es significativa. En julio, la caída interanual había sido del 14% en unidades y del 12% en rentabilidad. En agosto, ambas variables prácticamente duplicaron su retroceso.
El dato más elocuente sobre el ánimo empresario es que sólo el 10% de los comerciantes consultados logró cumplir las expectativas que tenía para el mes.El ticket promedio, mientras tanto, subió de $135.120 en julio a $173.200 en agosto.
Pero el aumento del monto gastado por operación no representa una recuperación del consumo. Por el contrario, convive con una fuerte caída en la cantidad de unidades vendidas y refleja, en buena medida, el efecto de los precios sobre una canasta de compras cada vez más restringida.
El escenario resulta particularmente llamativo porque la inflación no está acelerándose. El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), del Centro de Almaceneros de Córdoba, registró una inflación del 1,8% en agosto, por debajo del 2,1% de julio. En los primeros ocho meses del año acumuló 21,4% y la inflación interanual llegó al 33,3%. Para todo 2026, el instituto mantiene una proyección del 31,5%.
No hay recuperación a la vista: el deterioro se aceleró incluso dentro del propio año. En comparación con julio, las ventas bajaron otro 11% y la rentabilidad se hundió 19%.La secuencia es significativa. En julio, la caída interanual había sido del 14% en unidades y del 12% en rentabilidad. En agosto, ambas variables prácticamente duplicaron su retroceso.
Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros de mayor peso en el consumo familiar, aumentaron 1,6% durante agosto. Pero la desaceleración de los precios todavía no alcanza para recomponer el bolsillo.
La Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 22,6% en ocho meses y del 36,4% interanual.Una familia tipo necesitó en agosto $2.034.194 para no caer por debajo de la línea de pobreza y $1.108.074 para cubrir los alimentos básicos y superar la línea de indigencia.
Es allí donde aparece el segundo problema: cuando el ingreso no alcanza, el consumo no desaparece. Se financia. De hecho, los últimos datos de la Central de Deudores del Banco Central procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) muestran que 458.148 cordobeses se encuentran actualmente en mora con bancos y otras entidades. La cifra equivale al 16% de la población adulta de la provincia y viene creciendo de manera sostenida desde abril. En ese mes había 435.427 personas en mora.
Los últimos datos de la Central de Deudores del Banco Central procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) muestran que 458.148 cordobeses se encuentran actualmente en mora con bancos y otras entidades. La cifra equivale al 16% de la población adulta de la provincia y viene creciendo de manera sostenida desde abril. En ese mes había 435.427 personas en mora
En mayo fueron 441.145, en junio 450.431 y en julio llegaron a 458.148. Más de 22.700 deudores adicionales en apenas cuatro meses.La deuda promedio en mora alcanza los $590.000 por persona, mientras que el pasivo total supera los $42.839 millones.Dentro de ese universo hay 71.871 personas cuyas deudas fueron derivadas al denominado mercado secundario: créditos con atrasos superiores al año que las entidades originales consideran incobrables y venden a estudios jurídicos, empresas de cobranzas o fideicomisos para intentar recuperar parte del dinero.
El fenómeno no es exclusivamente cordobés. A nivel nacional, la mora de los créditos destinados a los hogares pasó del 12,77% al 12,94% entre junio y julio.La explicación tiene además una segunda pata: el crédito dejó de expandirse este año. Es decir, mientras crece la cantidad de personas con dificultades para pagar sus obligaciones, también se achica el financiamiento disponible.Los datos sociales del Centro de Almaceneros terminan de cerrar el círculo.
Durante agosto, el 88,7% de los hogares declaró haber tenido que financiar alimentos. El 38,7% recurrió al fiado en comercios cercanos y el 37,3% utilizó tarjeta de crédito. Otro 12,7% tuvo que comprar alimentos con dinero prestado. Sólo el 9,3% de los hogares dijo no haber necesitado financiar su alimentación.
La consecuencia es que el endeudamiento dejó de ser una herramienta asociada exclusivamente a la compra de bienes durables. La deuda empieza a funcionar como sustituto del ingreso. El 28% de los hogares pidió dinero prestado durante agosto para afrontar gastos básicos.
El principal destino fue la compra de alimentos.Y la fragilidad financiera es todavía más evidente frente a un imprevisto: el 51% de los hogares no podría afrontar un gasto extraordinario de $150.000. Otro 40% tendría que pedir dinero prestado. El 61% asegura, además, que si perdiera repentinamente sus ingresos podría sostener sus gastos durante menos de una semana.
La foto de la economía cordobesa empieza así a componerse de varios indicadores que apuntan en la misma dirección: 22% menos de unidades vendidas, 26% menos de rentabilidad, 19% menos de rentabilidad en apenas un mes, apenas 10% de comerciantes cumpliendo sus expectativas, 458 mil personas en mora y casi nueve de cada diez hogares financiando la comida. La inflación baja, pero el consumo no despega. El crédito no se expande, pero la deuda crece. Los tickets aumentan, pero se venden menos unidades.
La evolución del salario docente argentino en 20 años: fuerte crecimiento hasta 2015, caída durante Cambiemos, recuperación parcial y nuevo derrumbe durante Milei.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Durante dos décadas, el salario docente argentino atravesó un recorrido que permite leer, casi como un espejo, los distintos modelos económicos que gobernaron el país. Creció con fuerza durante el ciclo de recuperación iniciado después de la crisis de 2001, alcanzó su máximo poder adquisitivo en 2015 y comenzó luego una larga etapa de retroceso que tuvo distintos ritmos y características hasta desembocar en un nuevo derrumbe durante el gobierno de Javier Milei. El resultado actual ayuda a explicar por qué cada vez menos jóvenes consideran la docencia una profesión capaz de ofrecerles una vida económicamente estable.
El dato que disparó nuevamente la discusión es contundente: según el relevamiento, la cantidad de jóvenes que se inscriben en carreras docentes cayó 23% desde 2017, mientras que el 55% abandona durante el primer año. La pérdida de atractivo de la profesión no puede explicarse solamente por las condiciones dentro del aula. Hay detrás una cuestión material elemental: cuánto se paga por enseñar, cómo evolucionó ese ingreso frente a los precios y qué lugar ocupa el docente dentro de la estructura social argentina.
De 2005 a 2015: la década en que el salario docente recuperó terreno
Para analizar la evolución sin caer en la trampa de comparar pesos de distintos años, hay que mirar el salario real, es decir, el poder de compra del sueldo una vez descontada la inflación. Una investigación de CIPPEC reconstruyó una serie para el salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad, tomando 2005 como base 100. El resultado muestra con enorme claridad el cambio de época.
En 2005 el índice era 100. En 2006 pasó a 110,5; en 2007 llegó a 115,4; en 2008 a 122,2 y en 2009 a 124,2. Después de algunas oscilaciones, volvió a avanzar hasta alcanzar 131,8 en 2011, permaneció en niveles elevados durante los años siguientes y finalmente llegó a 135,8 en 2015, el máximo de toda la serie. Dicho de manera sencilla: el salario docente de 2015 tenía un poder adquisitivo aproximadamente 36% superior al de 2005.
Gentileza C5N
El fenómeno tampoco fue exclusivamente docente. Formó parte de una recuperación más amplia de los ingresos laborales posteriores a la crisis de 2001-2002, acompañada por una expansión del gasto educativo, la Ley de Financiamiento Educativo y una política nacional que buscó recomponer salarios y ampliar la inversión pública. CIPPEC había estimado que, entre 2003 y 2017, el salario docente había ganado en promedio 72% de poder adquisitivo, aunque esa medición incluía toda la recuperación que comenzó después del derrumbe de la convertibilidad.
Hay otro dato que ayuda a poner en perspectiva aquel proceso. Un estudio de CIPPEC sobre financiamiento educativo señaló que entre 2002 y 2008 el salario docente real creció 84%, la mayor recuperación registrada desde los años noventa. Entre 2008 y 2015 el comportamiento fue bastante más irregular, pero entre puntas todavía hubo crecimiento.
Por eso, cuando se habla de los salarios docentes de las últimas dos décadas, es necesario distinguir dos períodos muy diferentes. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produjo la gran recuperación salarial que llevó al ingreso docente hasta su máximo real de 2015. No significa que todos los años hayan sido de aumento ni que todas las provincias hayan evolucionado de igual manera, pero sí que el ciclo completo terminó con un salario sustancialmente superior al de 2005.
El quiebre de 2016: cuando comenzó la pérdida sostenida
El cambio aparece inmediatamente después del máximo de 2015. En 2016 el índice cayó de 135,8 a 130,3; en 2017 tuvo una pequeña recuperación hasta 132,1, pero en 2018 se desplomó a 123,4 y en 2019 terminó en 114,5.
La comparación resulta especialmente significativa porque permite identificar el período de mayor deterioro durante la gestión de Mauricio Macri. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, CIPPEC calculó una pérdida del 14% del poder adquisitivo, que llevó al salario docente a niveles reales similares a los de 2006.
Los datos oficiales utilizados por el propio Estado argentino para analizar retrospectivamente ese período son todavía más contundentes: entre 2017 y 2019, el salario docente perdió aproximadamente 20% de poder adquisitivo en el nivel secundario y 26% en el nivel primario.
No se trató únicamente de un problema de aumentos nominales insuficientes. La combinación de inflación, cambios en la política económica y reducción del gasto público produjo una erosión que convirtió las negociaciones salariales en una carrera permanente detrás de los precios. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, al analizar la situación bonaerense, calculó que en 2018 el poder adquisitivo promedio del salario docente había quedado casi 12% por debajo del promedio de 2015, mientras que diciembre de 2018 mostraba una pérdida superior al 20% respecto de aquel año.
Así, el modelo económico de Cambiemos marca el primer gran quiebre de la curva ascendente iniciada después de 2003.
Pandemia, recuperación parcial y nuevo retroceso
La llegada de Alberto Fernández no significó una recuperación inmediata. La pandemia produjo un shock particular sobre el sistema educativo y sobre las cuentas públicas. En la serie de salario real, el índice pasó de 114,5 en 2019 a 111,7 en 2020 y luego descendió hasta 109,6 en 2021.
A partir de allí apareció una recuperación parcial: el índice subió a 111,4 en 2022, aunque volvió a bajar ligeramente a 110,8 en 2023. Es decir, el período 2020-2023 no logró recuperar el poder adquisitivo que los docentes habían perdido durante la segunda mitad de la década anterior.
La fotografía completa es importante porque evita una simplificación política frecuente: el salario docente no recuperó durante el gobierno de Alberto Fernández el máximo alcanzado en 2015. Hubo recuperación en determinados años y provincias, particularmente durante 2022, pero el nivel nacional continuó muy por debajo de aquel pico.
Y entonces llegó 2024.
Milei y el derrumbe: de 110,8 a 92,6
El dato más fuerte de toda la serie aparece justamente en el primer año completo de Javier Milei. El índice de salario docente real pasó de 110,8 en 2023 a apenas 92,6 en 2024, tomando 2005 como base 100. Es decir, en un solo año el poder adquisitivo quedó 7,4% por debajo del nivel de 2005 y aproximadamente 32% por debajo del máximo alcanzado en 2015.
La magnitud del retroceso también aparece en los datos oficiales relevados durante 2024. En junio, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad había caído 4,8% en términos reales respecto de diciembre de 2023 y 25% respecto de junio del año anterior. La dispersión provincial fue enorme: algunas jurisdicciones consiguieron aumentos reales, mientras otras sufrieron pérdidas superiores al 20%.
Uno de los elementos centrales fue la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mecanismo mediante el cual la Nación transfería recursos a las provincias destinados a mejorar los salarios docentes. El fondo, creado en 1998, dejó de tener vigencia en enero de 2024 y el Gobierno de Milei decidió no renovarlo.
La consecuencia no fue idéntica en todas las provincias porque algunas administraciones locales absorbieron total o parcialmente esos recursos. Pero el impacto sobre el sistema federal fue evidente: la Nación redujo su participación en el financiamiento salarial justamente cuando la inflación provocaba una fuerte pérdida del poder adquisitivo.
En marzo de 2025, además, el Gobierno nacional fijó en $500.000 el salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado, jornada simple y sin antigüedad, mediante la Resolución 381/2025. Al mismo tiempo, un informe de CIPPEC consignó que en marzo de ese año el salario bruto de un maestro de grado con diez años de antigüedad era de $910.943, mientras que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes alcanzaba $1.100.266.
Los datos provinciales disponibles hasta junio de 2025 muestran alguna recuperación respecto de 2024 en 13 de las 24 jurisdicciones, pero el panorama de fondo continúa siendo preocupante: 21 provincias todavía tenían salarios docentes reales inferiores a los de 2023, y todas las provincias, salvo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro, estaban por debajo de sus niveles de 2014.
Veinte años después, el salario volvió al punto de partida
La curva completa cuenta una historia que excede una discusión coyuntural sobre paritarias. En 2005 el salario real docente tenía un índice de 100; en 2015 había alcanzado 135,8; en 2019 había retrocedido a 114,5; en 2023 todavía estaba en 110,8; y en 2024 cayó a 92,6.
La conclusión es difícil de esquivar: el mayor crecimiento real de los salarios docentes de estas dos décadas se produjo durante el ciclo económico iniciado después de la crisis de 2001 y extendido hasta 2015; la pérdida comenzó durante el modelo de Cambiemos, tuvo un deterioro adicional durante la pandemia y registró su caída más abrupta durante el programa de ajuste de Javier Milei.
Y aquí aparece la conexión directa con la pregunta que plantea C5N: ¿por qué cada vez menos jóvenes quieren ser docentes? La respuesta no puede reducirse a una supuesta pérdida de vocación. Una profesión universitaria o terciaria que exige años de formación, responsabilidad sobre cientos de alumnos, trabajo fuera del horario escolar y una enorme carga emocional pierde atractivo cuando su remuneración real termina siendo inferior a la que tenía veinte años atrás.
El problema, entonces, no es solamente que “nadie quiera ser maestro”. El problema es que la Argentina está dejando de ofrecer a sus maestros las condiciones materiales que alguna vez hicieron posible que la docencia fuera una vía relativamente segura de integración a las clases medias. El dato salarial explica buena parte de la crisis de las carreras docentes: cuando enseñar deja de garantizar un ingreso digno, el deterioro no queda encerrado en el recibo de sueldo del trabajador. Termina llegando al aula, a la formación de nuevos maestros y, finalmente, a la calidad y al futuro del sistema educativo público.
La Legislatura de Córdoba volvió a quedar en el centro de un escándalo por una denuncia vinculada con delitos contra la integridad sexual. El protagonista es Omar «Manotas» Ludueña, un empleado de planta permanente que tiene una extensa trayectoria de militancia junto a Rodrigo de Loredo.
Ludueña fue denunciado por una mujer que asegura haber sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. Según la denuncia difundida públicamente, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía entre 3 y 14 años. La causa tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2° Turno.
El caso adquiere una dimensión política por la trayectoria del empleado dentro de la Unicameral. Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR, como contratado bajo la modalidad de Asistente Legislativo. Posteriormente pasó a formar parte de la planta permanente.
Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.
La documentación administrativa de la Legislatura confirma, además, que Ludueña figura entre los empleados del cuerpo legislativo. Un listado oficial de personal de la Unicameral lo registra como Auxiliar Principal.
Pero hay otro dato que resulta relevante: el 1° de febrero de 2024, la dirección de Capital Humano de la Legislatura le confirmó a «Manotas» que su nuevo destino sería la oficina Alejandra Ferrero, una de las espadas de De Loredo, «cumpliendo funciones de apoyo a las actividades que se desarrollan en la misma».
El denunciado Omar «Manotas» Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR. Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.
La nota lleva la firma de la propia Ferrero como responsable de la oficina de destino. El 8 de septiembre pasado, luego de que se hiciera pública la acusación a Ludueña, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que «arbitre las medidas para el apartamiento de las funciones» de Ludueña.
El bloque de Hacemos Unidos, que viene de atravesar la crisis de «Cañito» Flores, presentó un pedido de informes en el que deja expuesto que Ludueña habría trabajado de manera ininterrumpida para legisladores de la UCR durante años y habría desarrollado también actividad política vinculada con ese espacio.
La diputada radical Alejandra Ferrero.
Efectivamente, «Manotas» es un reconocido militante de la seccional Cuarta de la ciudad de Córdoba. El pedido de informes del oficialismo dejará expuesto cuándo ingresó Ludueña, quién solicitó su contratación, cómo fue su pase a planta permanente y todos los cambios registrados posteriormente.
Es un dardo directo a De Loredo, puesto que el denunciado habría sido contratado por él en 2011. El planteo tiene un componente político adicional: el peronismo pretende que los distintos bloques fijen posición frente al caso y recuerda los antecedentes recientes de pedidos de exclusión y cuestiones de privilegio presentados por situaciones de gravedad similar.
En principio, el peronismo buscará que se aplique la «jurisprudencia ‘Cañito’ Flores»: arrinconar a la radical Ferrero para que se tome licencia por haber cobijado en su oficina al denunciado. Como se recordará, Flores solicitó licencia y a las pocas horas renunció luego de que su exasesor José Villarreal fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual de menores.
La concejala radical Elisa Caffaratti, que conoce a Ludueña por su trabajo territorial y que también está vinculada al espacio de De Loredo, dijo que tomó conocimiento de la denuncia a través de la propia denunciante y que realizó una presentación judicial para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
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