Personas con discapacidad: salidas breves, programadas según DNI y a no más de 500 metros
Así lo fija la reglamentación que publicó el Gobierno para atender a la necesidad de las personas con esa condición de salud. Para salir, deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad en soporte papel o foto digital.
El gobierno nacional reglamentó la excepción del cumplimiento del «aislamiento social, preventivo y obligatorio» por coronavirus a las personas con discapacidad y a quienes las atiendan mediante la resolución 77/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, que permite «salidas breves» y «a no más de 500 metros» y asigna días de acuerdo con la terminación del número del documento.
En el artículo 2 de la norma se explica que las personas con discapacidad solo podrán realizar salidas breves «cuando no tengan síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, tos y/o dificultad respiratoria)».
También se establece, en el artículo 3, que podrán salir a la vía pública «con un único acompañante, familiar o conviviente, si lo necesitaren, para realizar paseos breves, a no más de 500 metros de su residencia».
El cronograma de salida que se fija es los días lunes, miércoles y viernes a aquellas personas con discapacidad cuyo último número de documento sea 1, 2, 3, 4 y 5, y los martes, jueves y sábados a aquellas cuyo último número de documento sea 6, 7, 8, 9 y 0.
Para salir, las personas deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en soporte papel o foto digital, o el turno de actualización del mismo si está vencido, además de «el o los Documentos Nacionales de Identidad».
Asimismo, regula que durante las salidas deberá respetarse, «respecto del resto de los transeúntes, el distanciamiento social de un metro y medio (1,5 m) como mínimo».
La normativa aclara que no podrán hacer uso de esta excepción quienes sean mayores de 60 años; tengan enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo; tengan enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas; o inmunodeficiencias.
Tampoco aquellos que tengan diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; embarazadas; y «toda otra circunstancia que la autoridad sanitaria defina en el futuro».
En cuanto a las «prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad», el artículo 6 de la resolución indica que solo se realizarán en forma presencial aquellas «de estricta necesidad, impostergables, y que no admitan su realización en modo virtual».
Tampoco se podrá hacer uso de este tipo de prestaciones «si la persona que recibirá la misma, alguno o alguna de sus convivientes, o el profesional respectivo, posee síntomas de Covid-19 o se encuentra alcanzado por alguna de las circunstancias descriptas» para las personas con discapacidad.
La misma limitación existe «si algún conviviente con el paciente presentara los síntomas».
Por momentos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con una narrativa que suena irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, con más de 110 millones de toneladas entre soja y maíz.
En la Casa Rosada repiten el número como si fuera un salvoconducto hacia la reelección presidencial. Pero debajo de ese volumen impactante asoma una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa cosecha récord se traduce realmente en rentabilidad?
El dato no surge de un paper opositor ni de una entidad rural en pie de guerra. Al contrario. Proviene de un informe de la Fundación Mediterránea, con la firma de Juan Manuel Garzón -exfuncionario del propio Milei- y Franco Artusso. Es decir, números incómodos que nacen dentro del propio ecosistema técnico que suele orbitar el círculo rojo cordobés.
Los datos -plasmados en el informe «Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja»- dibujan un escenario de contrastes. El maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro vuelve a ser la locomotora. Pero cuando se mira la rentabilidad por hectárea, el cuadro cambia drásticamente.
El problema no es la producción, sino el margen. En el primer trimestre de 2026, los números empezaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, empujados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos -especialmente el gasoil y los fertilizantes- subieron entre 6% y 8%. El resultado: «márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025».
El dato más sensible es que, incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos, aunque lejos de los niveles de años anteriores.
Incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos.
Es un escenario que relativiza el optimismo oficial. Porque la «cosecha récord» convive con una ecuación económica cada vez más ajustada. Y en Córdoba, la rentabilidad derrama en la dinámica política, particularmente en el interior, bastiones de Milei en las últimas tres elecciones. El factor que termina de tensar el cuadro es la estructura impositiva.
En los últimos doce meses, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.
Y ahí aparece otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno despliega el «cotillón» de la baja de algunos impuestos nacionales -con anuncios segmentados y reducción de alícuotas en tributos puntuales-, el corazón de la presión fiscal sobre el agro sigue prácticamente intacto.
Las retenciones, el impuesto más distorsivo según el propio Milei en campaña, continúan explicando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.
El informe de la Mediterránea también explica que el peso de los Derechos de Exportación es clave para entender la distorsión. A diferencia de otros impuestos, no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Eso genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva sube.
Es el tipo de inconsistencia que el propio Milei había prometido eliminar durante la campaña, cuando hablaba de «dinamitar» el sistema impositivo y terminar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa convive con una realidad más pragmática: la necesidad de sostener la recaudación.
En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.
El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa, más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy ocurre lo contrario: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.
El informe lo precisa así: «En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos». No son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
A eso se suma otro elemento que empieza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se paga con crédito -un escenario cada vez más frecuente-, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo entrarían en terreno negativo.
La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y eso tiene implicancias políticas y económicas.
Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Pero si los márgenes siguen comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, y con ella, el potencial de crecimiento futuro.
En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer lado.La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el «veranito» de la cosecha récord alcanzará para tapar ese desequilibrio. O si, por el contrario, terminará exponiéndolo con más crudeza.
Las Direcciones de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Regina invitan a los interesados a participar con un stand o espacio en el patio gastronómico durante el festival ‘Tinta Urbana’ que se desarrollará los días 8 y 9 de octubre. Los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Turismo y recibir las…
Levantarse de madrugada para hornear el pan y las facturas se estaba convirtiendo en un verdadero placer. ¿Verdadero placer? Quizás el apretujar y acariciar las masas era eso que la mano iba sintiendo, y que la acercaba a los bordes de una difusa verdad escondida debajo de sus uñas.Llueve. Llueve lento. Llueve a veces. Llueve…
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a apuntar con dureza contra el rumbo del gobierno nacional y dejó una definición que resume el clima político actual: “en cada fracaso dicen que entramos en una nueva etapa”, en referencia directa a la gestión de Milei.
La crítica no fue aislada ni casual. Desde España, donde participa de la Movilización Progresista Mundial convocada por el presidente Pedro Sánchez, Kicillof trazó un diagnóstico demoledor sobre el modelo libertario, al que acusó de cambiar de rumbo permanentemente para justificar sus propios errores.
Un modelo que se contradice
Durante una entrevista radial, el mandatario bonaerense profundizó su cuestionamiento y aseguró que Milei “cambia de teoría como de campera”, en una frase que apunta a la falta de coherencia del programa económico oficial.
El ejemplo que utilizó no es menor: recordó que el propio Milei sostenía que los precios no debían moverse ante shocks externos, pero ahora el Gobierno atribuye la inflación a factores internacionales como conflictos bélicos. Un giro discursivo que expone la fragilidad del relato libertario.
En ese marco, Kicillof dejó en evidencia una de las principales tensiones del presente económico: la distancia entre lo que el Gobierno prometía y lo que efectivamente está ocurriendo.
Sin consumo, sin inversión y con salarios planchados
El gobernador fue más allá del plano discursivo y puso el foco en los efectos concretos del ajuste. Señaló que el modelo actual se caracteriza por la caída del consumo, la retracción de la producción y la ausencia total de inversión pública, un combo que, según su mirada, va a contramano de cualquier estrategia de crecimiento.
Incluso reveló que en el exterior le consultan cómo puede funcionar una economía en esas condiciones: “cómo puede crecer un país sin consumo, con salarios que no suben y sin obra pública”, sintetizó, dejando al descubierto el desconcierto que genera el experimento libertario.
La disputa política que se viene
Las declaraciones de Kicillof no sólo apuntan a marcar errores de gestión: también consolidan su posicionamiento como uno de los principales referentes opositores al gobierno de Milei.
En un contexto de ajuste, recesión y tensiones internas dentro del oficialismo, el mensaje del gobernador bonaerense busca instalar una idea clara: no hay “nueva etapa”, hay un modelo que no funciona y que intenta reinventarse para sobrevivir políticamente.
Y en esa disputa, el peronismo empieza a ordenar su discurso alrededor de una crítica que gana fuerza: el problema no es la etapa, es el rumbo.
Cada vez que nos encontramos hurgando las estanterías de una librería o las de una biblioteca, los elementos paratextuales de un libro como la tapa y la breve reseña de la contratapa pueden acercarnos o alejarnos de una nueva lectura. Ahora bien, cuando un libro ya está en nuestras manos la seducción puede despertarse de…
El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y
logró el gobierno nacional habilite el vapeo.
Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.
Devitt era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.
Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.
La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.
El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. «La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos», deslizaron desde Salud.
Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.
Una pelea por definir es el impuesto que se cobrará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate por la ley Bases, el proyecto de las tabacaleras incluía un impuesto del 20 por ciento a estos productos, una cifra muy por debajo de lo que tributan las empresas productoras de cigarrillos comunes, el 73 por ciento.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
