Río Negro celebró la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

Foto: Nico Ramos

En el marco de la masiva movilización que concentró a numerosos sectores frente al Congreso para sumarse al reclamo de Jubiladas y jubilados, junto a Agrupaciones feministas, antipatriarcales y antirracistas, trabajadores de la salud pública y de otros gremios, desde la Asamblea Discas en Lucha se sumaron a la marcha el pasado miércoles. «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto» dijo Laura Alcaide en respuesta a los reiterados agravios que vienen de parte del gobierno además de las medidas de ajuste y vaciamiento de instituciones. Por ANRed. 

El pasado miércoles durante la cobertura nos acercamos a la Universidad de las Madres. Allí estaba la Asamblea discas en lucha llevando su «ranchada» que le permita tener protección en caso de represión o situaciones complejas. Al rato salieron y pudimos conversar un rato con Laura Alcaide, una de las referentes de la asamblea antes de que se sumen a la columna de Jubilados para acompañarles en una ronda.

«Lo interesante de hoy es que estamos muchos sectores en lucha porque los sectores solos no podemos hacer nada, y uniéndonos logramos visibilidad y fuerza en lo que estamos pidiendo. En Discapacidad lo que estamos exigiendo es que se trate el proyecto de Emergencia en Discapacidad, pero con un proyecto de ley no hacemos nada. Lo que exigimos es una vida digna y salir de la crisis en la que estamos», comenta Laura.

Foto: Nico Ramos

Algunas de las denuncias que ya expresaron la semana pasada son la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad y su confinamiento a la órbita del Ministerio de Salud, su vaciamiento, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan Derechos por asistencialismo; la quita de Pensiones No Contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de “auditorías”: en la que les citan con muy poco margen de anticipación impidiendo que realicen las gestiones necesarias en el arrasado sistema público de salud, las direcciones falsas e inexactas a las que les dirigen y las eternas filas inhumanas a la intemperie; el deterioro planificado de Incluir Salud que se expresa en la falta de cobertura prestacional y de medicamentos; el incumplimiento del cupo laboral del 4%; la precarización laboral de les trabajadores de “talleres protegidos” que llevan varios meses sin cobrar y por el que perciben un salario de apenas 28.000 pesos al mes; la falta de adaptaciones en los puestos laborales públicos y privados de les trabajadores con discapacidad, entre otras demandas.

«Este gobierno logró juntarnos a todos los sectores: prestadores, instituciones, familias… pero sobre todo personas con discapacidad», agrega.

«Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto. Nos vienen pisoteando y nos vienen insultando desde todos los ángulos. Ya habían usado la imagen de una persona con síndrome de Down para insultar a un gobernador y todo el tiempo están usando nuestra imagen como un insulto. Nuestras identidades no son un insulto y exigimos participación política de personas con discapacidad para tener garantías en nuestro sector», concluyó.

Foto: NA / Damián Dopacio.

La decisión la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Tramitará la acción de amparo presentada por más de 20 organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aseguran que las normas implican la “criminalización del ejercicio del derecho a huelga”. Por InfoGremiales.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este martes el rechazo inicial de una acción que denuncia la criminalización de la protesta gremial y la injerencia ilegítima del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, en asuntos laborales.

En una resolución clave para la defensa de los derechos sindicales, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó tramitar la acción de amparo presentada por organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La demanda, promovida por más de 20 organizaciones sindicales, denuncia que las mencionadas resoluciones instauran un protocolo que permite la intervención de fuerzas de seguridad, la identificación de manifestantes y hasta la remisión de sus datos a la justicia penal, configurando un mecanismo de represión y criminalización del ejercicio del derecho a huelga.

Según los actores, las normas atacadas constituyen una avanzada inconstitucional sobre la libertad sindical, permitiendo que una autoridad administrativa defina, sin control judicial, si una medida gremial constituye un “bloqueo” pasible de intervención policial, despido laboral o persecución penal. Todo ello, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, los convenios de la OIT y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La Cámara, al revocar el fallo de primera instancia que había rechazado “in limine” la acción, sostuvo que el amparo sindical previsto en el artículo 47 de la Ley 23.551 es una herramienta procesal adecuada para cuestionar actos estatales que puedan interferir con el ejercicio regular de los derechos colectivos.

Asimismo, destacó que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad, en tanto podrían incidir sobre la actividad gremial en los ámbitos de representación de las entidades actoras, configuran un escenario que justifica la apertura del proceso y la revisión judicial, ante el riesgo cierto de afectación a garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical.

Ahora queda por resolver la medida cautelar solicitada por el juzgado de origen, dónde se solicito la suspensión de las resoluciones ministeriales mientras se tramite el fondo de la cuestión.

El fallo:

Revoca Sentencia Interlocutoria Ordena

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-laboral-revoco-el-rechazo-inicial-y-acepto-un-amparo-de-mas-de-20-gremios-contra-las-resoluciones-de-bullrich-que-atacan-el-derecho-a-huelga/

Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .

l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

El juez de Bariloche Ezequiel Andreani dictó la prisión preventiva por 90 días al referente y lonko mapuche, Facundo Jones Huala. Alrededor de las 17 horas será trasladado a la Unidad 6 de Rawson, a más de mil kilómetros. La acusación está centrada en el contenido de un libro de poesía escrito por su autoría y también por algunas palabras que habría dicho en una presentación. Tanto el lonko como la familia Jones Huala tiene un largo historial de persecusión por su encendido discurso contra el Estado argentino y contra las multinacionales y empresarios que explotan la Patagonia. Como explicó el medio alternativo Prosa Urgente “esta decisión de neto corte fascista se da a pocas horas de conocerse el fallo proscriptivo a Cristina Fernández de Kirchner”. Por ANRed

Facundo Jones Huala había sido detenido de forma irregular el pasado domingo. Los efectivos que lo arrestaron no presentaron orden judicial. La denuncia fue realiaza por el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich y se basaba la acusación por «incitación a la violencia» en palabras que el lonko había expresado durante una presentación de un libro de poesía que el propio Facundo escrito el pasado verano.

La Gremial de abogados que lleva adelante su defensa judicial ya había emitido un comunicado alertando sobre la audiencia que se realizó esta mañana y las irregularidades del proceso que hoy dicto prisión preventiva:

EN UN MARCO DE INNUMERABLES Y GRAVES IRREGULARIDADES AVANZA EL PROCESO A FACUNDO JONES HUALA, FINALMENTE, LOS ABOGADOS DEFENSORES DE LA GREMIAL PUDIMOS ACCEDER A ALGUNA INFORMACIÓN (INSUFICIENTE) SOBRE LA AUDIENCIA FIJADA PARA MAÑANALA GRAVEDAD DE LA PRETENSIÓN FISCAL EN BASE A UN CÓDIGO “MODERNO”

Para que quede claro: Facundo fue detenido irregular e ilegalmente, sin orden judicial.

No se nos permitió hablar con él cuando nos llamó el oficial “de inteligencia de la Policía Federal” (sic) que era parte del grupo que lo detuvo y que nos informó de un número de causa hasta ahora inexistente y de una intervención del juez federal Andreani y la fiscal Pagano Mata.

Más de 6 horas después “apareció” una orden y más de 40 horas después, finalmente, los defensores fuimos notificados por la autoridad judicial, y en forma confusa, de los delitos que se le imputan.

También ahora nos enteramos de las cuestiones que la Fiscalía pretende tratar en esta audiencia “multipropósito”.

Mientras tanto, todas las conversaciones que Facundo tuvo con sus defensores fueron con teléfonos en altavoz y en presencia (y atenta escucha) de personal de la Policía Federal.Con lo cual afectan el derecho de privacidad entre Defensor e Imputado.

Ahora se nos informa que no está previsto el acceso por medio de videoconferencia (zoom, youtube, etc.) a todo aquel interesado en presenciar la audiencia, violando el principio de publicidad que supuestamente es uno de los ejes del Código de procedimientos vigente.

Nosotros, en cumplimiento de lo que la norma mencionada manda informamos los datos de acceso a la plataforma zoom que se nos han enviado: ID. de reunión: 833 7803 0426 / Clave de acceso: 4607.

La audiencia tiene hora de inicio prevista a las 9:00 de mañana 11 de junio.

Por último queremos destacar algo que creemos de máxima gravedad (dentro de un panorama de hechos de por sí graves): nos acabamos de enterar, como dijimos, que la Fiscalía pedirá en la audiencia de mañana que el proceso contra Facundo se desarrolla según lo previsto en el Título IV del Libro Segundo (arts. 334 a 336) del Código Procesal Penal Federal vigente.A él nos remitimos y cualquiera que lo lea podrá apreciar la gravedad de esa pretensión.

Somos conscientes que a muchos ni les interesará la suerte de Jones Huala.Algunos aplaudirán su detención.

Sepan siempre que estas barbaridades que hacen con Facundo les puede tocar a cualquiera.

Nadie se salva sólo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, en la que solicitó el levantamiento de los aranceles del 50% impuestos a los productos brasileños y la suspensión de sanciones contra funcionarios de su país.

El encuentro fue calificado por Lula como una “óptima reunión”, mientras que Trump destacó la posibilidad de fortalecer los vínculos bilaterales y alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas naciones.

La reunión tuvo lugar este domingo en Malasia, en el marco de la gira asiática del mandatario estadounidense, quien busca cerrar un acuerdo comercial con China. El diálogo se desarrolló en un contexto de tensiones comerciales y diplomáticas, marcado por la aplicación de la ley Magnitsky a funcionarios brasileños y por la reciente condena del expresidente Jair Bolsonaro.

Además, el encuentro se dio en paralelo a negociaciones entre Estados Unidos y China en Kuala Lumpur, en las que se avanzó hacia un posible acuerdo económico. La gira de Trump continuará en Tokio, Corea del Sur y podría incluir una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Ley Magnitsky y el caso Bolsonaro

Además del reclamo por los aranceles, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitó a su par estadounidense, Donald Trump, levantar las sanciones aplicadas bajo la Ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, su esposa y otros ciudadanos brasileños. Dicha norma permite a Estados Unidos sancionar a personas acusadas de violaciones de derechos humanos o corrupción.

Moraes fue una figura clave en el proceso que culminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. La sentencia, que afectó a un aliado personal de Trump, motivó al mandatario estadounidense a imponer aranceles sobre productos brasileños, una medida que el canciller Mauro Vieira calificó como “injusta”, al remarcar que Brasil mantiene un déficit comercial con Washington.

Gira asiática y negociaciones con China

El encuentro entre Lula y Trump tuvo lugar en la primera escala de la gira asiática del mandatario norteamericano, que busca concretar un acuerdo comercial con el presidente chino, Xi Jinping.

Paralelamente, equipos negociadores de ambos países concluyeron en Kuala Lumpur dos jornadas de diálogo “constructivo”, según el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien consideró que las conversaciones sientan “las condiciones para una reunión de líderes en un contexto positivo”.

En su paso por el sudeste asiático, Trump también participó como mediador en un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya. La gira continuará el lunes en Tokio y el miércoles en Corea del Sur, donde el mandatario prevé reunirse con Xi Jinping y, eventualmente, con el líder norcoreano Kim Jong Un.

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El Directorio de GeoPark Limited (NYSE: GPRK) rechazó por unanimidad una oferta no solicitada de adquisición presentada por Parex Resources Inc., que proponía la compra de la compañía mediante una transacción totalmente en efectivo por US$ 9 por acción. La propuesta fue recibida el 4 de septiembre de 2025, antes del anuncio de la adquisición de activos estratégicos en Vaca Muerta, y se mantuvo bajo estricta confidencialidad hasta su evaluación final.

Tras un proceso de análisis con asesores financieros y legales independientes, el Directorio concluyó que la oferta subvaloraba significativamente a la compañía, no reflejaba su potencial de crecimiento ni reconocía el valor de su portafolio diversificado en América Latina.

Expansión y solidez operativa

GeoPark reafirmó su compromiso con su plan estratégico de expansión basado en una estructura operativa y financiera sólida. La compañía recordó su historial de éxito en el bloque Llanos 34 de Colombia, donde ha descubierto más de 200 millones de barriles y consolidado una plataforma de generación de flujo de caja estable.

De acuerdo con las proyecciones presentadas durante el Investor Day 2025, GeoPark prevé un incremento del 46% en su producción y un aumento del 70% en su EBITDA ajustado hacia 2028, impulsado por su presencia creciente en la Cuenca Neuquina.

El valor estratégico de Vaca Muerta

El Directorio subrayó que la oferta de Parex no valoraba adecuadamente los activos recientemente incorporados en la formación Vaca Muerta, que aportan 60 millones de barriles de recursos recuperables y amplían la vida útil de las reservas de la empresa a casi una década.

La operación en Argentina contempla el desarrollo de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, con una proyección de 20.000 barriles equivalentes diarios de nueva producción durante los próximos tres años. Este crecimiento posiciona a GeoPark como un nuevo jugador relevante dentro del sector no convencional argentino, con sinergias operativas y tecnológicas entre sus operaciones en Colombia y la Patagonia.

Confianza en la estrategia de largo plazo

El CEO de la compañía, Felipe Bayón, expresó que GeoPark mantiene plena confianza en su equipo, su estrategia de crecimiento disciplinado y su capacidad para generar valor sostenible a largo plazo. “Continuaremos ejecutando nuestro plan de expansión sobre una base sólida en Colombia y una nueva plataforma en Argentina”, aseguró.

La empresa confirmó que seguirá evaluando oportunidades estratégicas que reflejen de manera justa su valor y su potencial futuro, siempre dentro de un marco de disciplina financiera y responsabilidad con los accionistas.

GeoPark informó además que Goldman Sachs actúa como asesor financiero de la compañía, mientras que Davis Polk & Wardwell LLP y Conyers se desempeñan como asesores legales en el proceso.

Con esta decisión, la compañía reafirma su independencia, su confianza en los activos adquiridos en Vaca Muerta y su compromiso de fortalecer su posición como una de las principales productoras independientes de petróleo y gas de América Latina.

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