Río Negro celebró la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

 

Julieta Makintach manifestó sentirse “desilusionada” tras la destitución dictaminada por el Jurado de Enjuiciamiento y remarcó: “Esperaba una absolución”.

La ex magistrada dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que apelará el fallo ante la Corte Suprema.

La ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de San Isidro y subrogante del TOC 3 expresó su «desilusión» luego de la resolución por unanimidad de los 12 jurados.

En este sentido, Makintach, quien se encuentra acompañada por su familia, resaltó que «esperaba una absolución» en la audiencia realizada en el Anexo del Senado bonaerense.

«Había quedado demostrado que no había nada irregular. No tenía interés ni participación ni injerencia en una idea creativa de terceros», subrayó respecto al documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Según la imputada en la causa penal, «yo todavía no sé cómo estuvo afectada mi imparcialidad, nadie me lo supo explicar».

La mujer, que también fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos, se ausentó de la jornada porque «su hijo tenía vómitos», había anticipado a NA por la mañana antes de que comience la citación.

El escándalo por Justicia Divina estalló a fines de mayo cuando se conocieron imágenes de Makintach que manejó su auto hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340 y mientras caminaba por los pasillos y subía las escaleras del edificio.qMQYIA

A su vez, ofreció una entrevista en su despacho sobre el caso y fue filmada en el recinto donde se llevaban a cabo las audiencias, en las que votó a favor de la expulsión del abogado Rodolfo Baqué y la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria.

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Gimena Sosa denunció que su hija Anel, de solo cuatro años, falleció tras ser atendida en el Hospital de Pinamar. Asegura que hubo demoras en el diagnóstico y en la atención médica. Tras radicar la denuncia en Fiscalía, reclama justicia para que se investigue el accionar del centro de salud. El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y la precarización del área que maneja Sonia Coll, Secretaria de Salud del Municipio de Pinamar. Por ANRed.

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“Anel tenía 4 años, era sana, llena de vida”, dice Gimena Sosa (25), su madre, con la voz quebrada. La niña falleció el pasado 22 de mayo en el Hospital comunitario de Pinamar, Dr. Dionisio José Olaechea, tras varias idas y vueltas en la atención medica: “No había pediatra. Me dijeron que fuera a Ostende al mediodía, pero ya no tomaban más turnos. Me mandaron a la guardia del hospital.” El diagnóstico final fue gripe A. Gimena denuncia que la atención médica fue “deficiente” y que hubo demoras críticas tanto en el diagnóstico como en la llegada de la ambulancia, que “tardó 20 minutos” en arribar al lugar. Ahora reclama justicia y una investigación que determine si hubo negligencia por parte del personal del centro de salud.

“La traje el miércoles al hospital me la atendieron y me la mandaron a casa… según ellos por una gripe” Su relato no deja de ser desgarrador. Gimena se emociona, y entre lágrimas explica con detalle la secuencia de aquel fatídico día: “empezó el día martes a sentirte incomoda, el miércoles la llevé a la salita de Valeria y pregunté por alguna pediatra porque tengo dos nenas, Me dijeron que en la salita de Valeria no había nada, que me podía llegar hasta la salita de Ostende a las 13 horas que había una pediatra. Me dirijo a las 12 del medio día con las dos nenas y cuando llego ya había 30 nenes esperando para atenderse. Todos estaban con los mismos síntomas. Consulto en mesa de entrada y me dice que no había pediatra que solamente atendía 12 números y que tenía que llevarla por guardia del hospital, que ahí no podían hacer nada”

Entonces Gimena se dirigió al Hospital. Al llegar al lugar explica, a la persona que la recibe, que la pequeña no quería comer nada, que solamente quería tomar líquido, “le hicieron una placa, y en la placa sale que ella no tenía nada… pero ella no tenía ganas de nada, no quería estar ni sentada, nada…Anel no tenía ni tos ni moco” y prosiguió su relato “me dijeron que la beba no quería comer porque estaba por resfriarse, que estaba incubando un virus y que era normal que ella no quisiera comer… y me mandaron a la casa con la nena. Así como fui, volví, con la única diferencia que me dieron una receta”.

Sin embargo, Anel no mostraba mejoría y al día siguiente su mamá la notó más pálida aún: “se despertó a las 7 de la mañana. Sólo quería agua. La dejé acostada un ratito más porque hacía frío. Después iba a bañarla y a llevarla nuevamente al hospital… comienzo a preparar todo para bañarla, le hablo dos veces y no me contestó, lo único que escucho que ella me dice mamá y se desvaneció…” ahí la agarre y salí corriendo a la salita de Valeria porque vivo cerca. La ambulancia tardo 20 minutos en llegar. Recién cuando llegó empezaron a bajar los tubos de oxígenos y ahí nos trasladan al hospital… habrán pasado 30 minutos, sale la pediatra y me dice que no pudieron hacer nada”.

Gimena recuerda que al momento del fallecimiento de su pequeña “nadie salió a dar explicaciones” de lo sucedido y que se enteró en la comisaria que la causa de muerte habría sido por “gripe A”. Durante los días siguiente al fallecimiento de ANEL, los medios de comunicación dieron cuenta del faltante de vacunas en la menor. Sin embargos, Gimena desmintió esta versión “el año pasado se le completó el calendario de vacunas” y manifestó “ellos hicieron abandono de persona, si ellos se hubieran tomado su trabajo y su tiempo en hacer lo que tenían que hacer, no tenían por qué mandarla a la casa… ¿Qué pasaba si yo no la llevaba al hospital ese día?”.

Minutos después de que se conociera el diagnóstico de la causa del fallecimiento de la menor, la secretaria de salud, Sonia Coll, habría tenido un desafortunado comentario para los medios locales y es que, en su explicación por los hechos acaecidos habría endilgado la responsabilidad por el fallecimiento de la menor a la familia al expresar que: “le realizaron una radiografía de tórax que no arrojaba muchos datos… en este tipo… el germen no es el único determinante de la evolución del paciente. Era una niña que no tenia una esquema de vacunación al día, una situación social complicada y evidentemente su sistema inmunológico estaba alterado y post morten se le hizo un hisopado que dio positivo para gripe “A”. Interpretamos que el resultado final tiene que ver con su sistema inmunológico que estaba alterado…” lo que provocó gran conmoción en la comunidad pinamarense.

Consultada por este medio a Sonia Coll si quería aclarar los dichos esbozados en el Canal 4 de Pinamar a las pocas horas del deceso de Anel, remitió la palabra a la secretaria de prensa del municipio: Anabel Acacio, quien nunca respondió los reiterados llamados y mensajes para poder escuchar así una voz oficial que explicara “el mal desempeño en el diagnóstico” de la niña.

El reclamo de Gimena Sosa por la muerte de su hija Anel, ocurrida en el Hospital de Pinamar, se inscribe en una realidad sanitaria que preocupa a muchas familias argentinas. Aunque no se han registrado públicamente otros fallecimientos recientes de menores, en ese nosocomio, denunciados como negligencia médica, el caso pone en evidencia las tensiones del sistema de salud en contextos de alta demanda y recursos limitados. La denuncia por la muerte de Anel fue radicada en la UFIJ de Pinamar a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón.

Quién era Anel: una infancia luminosa, interrumpida demasiado pronto

Anel cumpliría 5 años el próximo 7 de octubre. Era una nena alegre, llena de energía, de esas que parecen inventarse el mundo a su manera. No necesitaba cuentos, los creaba sola, como hacía con sus juegos y sus historias. Amaba los peluches, jugaba sin cansarse y disfrutaba cada día en el jardín 903 de Valeria del Mar, donde sus maestras y profesores la adoraban. También asistía por las mañanas al Espacio de las Infancias, donde se movía como en casa. Tenía muchos amigos, una sonrisa contagiosa y un plato preferido que la hacía feliz: fideos con ketchup, que podría haber comido todos los días sin aburrirse. Así la recuerdan quienes la conocieron: como una pequeña llena de vida, con una imaginación desbordante y un corazón inmenso.

Para Gimena Sosa, el duelo por la pérdida de su hija se transformó en un motor para visibilizar lo que, asegura, no debe volver a ocurrir. “Mi hija no murió, la dejaron morir. Si la hubieran atendido a tiempo, hoy estaría conmigo”, repite con dolor, pero también con determinación. Su pedido no es solo por justicia, sino también por cambios urgentes en el sistema de salud.

En redes sociales y frente al hospital, Gimena ha convocado movilizaciones pacíficas junto a otros vecinos que comparten sus reclamos. «No quiero que otra madre tenga que vivir lo que estoy viviendo. Que las autoridades escuchen y actúen. Porque no se trata solo de Anel. Se trata de todas las Aneles que pueden evitarse», concluye.

El caso, aún sin una respuesta oficial, expone una herida abierta: la del acceso a una atención médica oportuna y segura, especialmente para los más vulnerables. Mientras tanto, Pinamar —y con él, muchas otras ciudades— se enfrenta al desafío de revisar sus prioridades sanitarias.

Tensión en el sistema sanitario local

El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Durante la pandemia, hubo fallecimientos por COVID-19 que generaron alarma entre los vecinos. A esto se sumaron temporadas de verano con colapsos por accidentes en cuatriciclos, así como hechos de violencia, como el ocurrido en agosto de 2024, cuando un hombre destrozó parte del hospital tras la muerte de un familiar.

Además, se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y “la precarización del área que maneja Sonia Coll -secretaria del área de salud-”

Reclamo en las redes sociales

A raíz de lo sucedido con la Anel, las redes sociales se llenaron de mensajes que relataban diferentes experiencias en la atención sanitaria en Pinamar:

Casos similares en el país

Aunque no se han registrado denuncias públicas recientes por muerte de menores en el hospital de Pinamar, sí existen antecedentes en otras regiones del país. En 2020, en el Hospital Municipal San Cayetano, una niña de 11 años murió por peritonitis tras ser diagnosticada erróneamente. Ese mismo año, en Neuquén, una pareja denunció que el cuerpo de su bebé fue descartado como residuo patológico sin autopsia previa.

Estos episodios expusieron fallas en la atención pediátrica y provocaron manifestaciones sociales y judiciales.

La muerte de una niña en un hospital debería ser, siempre, un hecho excepcional. Pero cuando esas muertes se repiten, cuando hay patrones de desatención, demoras o diagnósticos errados, la excepción se transforma en síntoma. En los últimos años, los reclamos por presunta mala praxis en la atención de menores se han multiplicado en distintas provincias del país, dejando a las familias frente al dolor irreparable de una pérdida y al desafío de enfrentar sistemas que muchas veces responden con silencio o impunidad. Cada uno de estos casos no sólo exige justicia, sino una respuesta estructural: protocolos claros, recursos adecuados, profesionales capacitados y un compromiso real con la salud pública. Porque detrás de cada nombre —Anel, Valentina, y tantas otras infancias truncas— hay historias que merecían un final distinto.

 

 

Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales. Por Agencia ACTA/CTA-A.

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Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales.

La decisión fue adoptada luego de dos días de debates y resistencia por parte de varios gobiernos y del grupo de empleadores, representado en esta instancia por una delegada de Uber (Estados Unidos). Sin embargo, la postura firme de países como Uruguay, México, Indonesia y la mayoría de los gobiernos africanos resultó determinante para respaldar la propuesta de los trabajadores.

El nuevo convenio —cuya redacción será elaborada en los próximos meses— establecerá que las relaciones laborales entre las plataformas digitales y sus trabajadores queden sujetas a normas laborales internacionales. Esto supone un cambio trascendental en la lucha contra la precarización laboral que afecta a repartidores (como los de Rappi) y conductores (como los de Uber), muchas veces excluidos de derechos básicos como salarios justos, protección social y condiciones seguras de trabajo.

Jorge Castro, secretario general de Uettel y dirigente de la Conducción Ejecutiva de la Central, participó de esta comisión. “El trabajo no es una mercancía”, reza la Declaración de Filadelfia, principio fundacional de la OIT que los representantes sindicales destacaron como guía para este logro.

Aprobado el inicio del proceso, el foco ahora se traslada al contenido del futuro convenio. Entre los temas prioritarios estarán la remuneración del tiempo de espera, el acceso a salud y seguridad laboral, la protección social y una regulación clara de las condiciones de empleo en el sector digital.

El resultado marca un precedente histórico en la regulación global del trabajo digital, y representa un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos laborales en la economía de plataformas.

Fuente: https://ctaa.org.ar/historico-avance-en-la-oit-se-aprueba-convenio-vinculante-sobre-trabajo-en-plataformas/

 

 

El hecho ocurrió el domingo por la noche, en la esquina de Gobernador Rodríguez y Cacique Purrán, en el centro de Loncopué. Según los primeros datos de la investigación, la pelea entre dos hombres comenzó por viejas diferencias personales.

Durante la discusión, Franco Arón Morel recibió una puñalada en la zona de la ingle, herida que resultó mortal. A pesar de los intentos de auxilio, murió poco después.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal del caso, Marcelo Jofré, ordenó realizar una autopsia en el Cuerpo Médico Forense de Neuquén para determinar con precisión las causas y circunstancias de la muerte.

El presunto autor, internado y bajo custodia policial

El otro involucrado en la pelea también sufrió heridas cortantes y fue trasladado al hospital de Zapala, donde permanece internado con custodia policial. Para la Fiscalía, se trata del presunto agresor, quien será imputado por homicidio una vez que reciba el alta médica.

Los investigadores secuestraron el cuchillo utilizado en el crimen y tomaron declaración a un testigo presencial, lo que permitirá esclarecer el desarrollo de los hechos y definir la calificación penal.

La comunidad de Loncopué amaneció en estado de conmoción tras el asesinato de Morel. El hecho ocurrió justo en la noche de las elecciones legislativas, lo que amplificó el impacto en la pequeña localidad del norte neuquino.

El intendente Daniel Soto y su equipo expresaron su acompañamiento a la familia de la víctima. En un comunicado, manifestaron: “Acompañamos a toda la familia Zúñiga Morel en este difícil momento. A nuestra compañera municipal, su madre Edith, y a sus amigos, que elevan una oración por el eterno descanso de quien en vida fue Franco ‘Caco’ Morel. Que su luz ilumine eternamente en el corazón de quienes lo conocieron”.

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En medio de tantas pálidas para lxs trabajadorxs, y en un contexto social y político donde el sueño de tener la casa propia —o incluso poder alquilar— se vuelve un espejismo cada vez más etéreo, ilusorio e inalcanzable, el pasado domingo familias y vecinxs del Barrio Comunitario Norita Cortiñas se reunieron para conmemorar dos años desde que un largo proceso de lucha y organización les llevó a conseguir su propio barrio.  Por Franco Tabares para ANRed

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El proceso de buscar un nuevo lugar comenzó en la oscura mañana del 28 de octubre de 2020, cuando fueron desalojadxs violentamente por Berni y Kicillof de las tierras ociosas que habían recuperado como tierra para vivir. Desde entonces, y con mucho esfuerzo, han ido levantando un espacio donde refugiarse de un mundo cada vez más hostil. Un barrio con viviendas de material, agua, electricidad, donde buscan retomar eso que el capitalismo insiste en dejar atrás: lo comunitario, los lazos solidarios entre familias que comparten un territorio y la coordinación multisectorial para fortalecer la lucha, la organización y la posibilidad de una planificación urbana desde abajo.

En una tarde que no acompañó del todo, con un cielo que pasó de estar despejado al mediodía a parcial y totalmente nublado para las primeras horas de la siesta y con un frío ya invernal, intenso, que calaba los huesos y que no dio tregua, los vecinos igualmente se juntaron a festejar.

Todo comenzó con una muy acorde ambientación musical (en los parlantes del escenario sonaban las oportunas letras de las canciones de “Les Ñeris”), siguió con bandas como la local “Feliz entierro”, y después “Oye Changx”, tocando temas en vivo, muy aplaudidos y por momentos incitando al baile bajo los árboles de la plaza central del barrio. Entre banda y banda, se anunció que la rifa solidaria con una vecina había cumplido su objetivo de ventas y se procedió a hacer el sorteo en el que alguien ganó el primer premio del tatuaje gratuito, alguien ganó dieciocho fotos Polaroid y otros se llevaron el tercer premio, el más codiciado: 2 kilos de patys caseros.

Mientras tanto se iban fritando chicarrones, tortas fritas, se asaban choris y se calentaban las hamburguesas de lenteja para los que preferían opción sin carne. Circulaban algunas latas de cerveza y botellas de vino, aunque el clima se prestara más para el mate. Al final se cerró el festejo con la tradicional torta de cumpleaños que se repartió entre los asistentes. Todo frente al SUM que de a poco van construyendo tanto quienes viven ahí como quienes se acercan a colaborar. Al fondo de la plaza, en la escuela de ajedrez Nona Gaprindashvili, organizada por la CNJ (Casa de la Niñez y la Juventud), lxs más peques y algúnx que otrx adultx jugaron al ajedrez como todos los domingos.

El barrio, que todavía está en construcción, no sólo es fruto de la lucha y la organización de los vecinos del barrio si no también del trabajo solidario y coordinado de distintas organizaciones sociales, cooperativas locales y docentes y activistas sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Específicamente acá coexisten organizaciones como el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el mencionado Centro de Niñez y Juventud, cooperativas locales como la Co.P.A. (Cooperativa de Producción Agroecológica de Guernica), la cooperativa de vivienda del barrio, Tierra y Vivienda Zona Sur, y docentes de cátedras de la UBA de Arquitectura y Geografía (algunos de los cuales integran el G.E.G.U., Grupo de Estudios de Geografía Urbana). Y como dice Yamila Rodriguez (30), vecina y militante del FOL, se apunta a la multisectorialidad: “que no solamente seamos compañeros de organizaciones sociales piqueteras, sino más bien que se promueva (la participación de) otros compañeros que son activistas en este sentido, que son militantes, pero que quizá militan otros espacios, quizás sindicales, que son docentes, compañeros que son abogados, compañeros que somos trabajadores sociales, arquitectos y demás”. Además no se trata de construir casas individuales: como dice Vanesa (47), vecina del barrio, “con los arquitectos que están acompañando el proyecto se pudo hacer la división y el lugar de la plaza, y pensar todos los lugares estratégicos también como para estar, (…) se pensó en el espacio de atrás como el espacio educativo y recreativo. Ahí justo estaba charlando con unas compañeras que son profes de fútbol y demás, como también para ir… Que sean parte también de esto con las tareas que ellas van haciendo en otros lados, que las puedan traer también acá.”

 

Para dar un poco de contexto a la situación habitacional en la zona, podemos citar a Juan Pablo Venturini (35), doctor en geografía, especializado en estudios urbanos que asesora y colabora con el barrio, cuando dice que “(en) las zonas de expansión del municipio de la zona sur, San Vicente, Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón y Ezeiza, de los últimos 20 años, el 60% de la nueva superficie residencial de vivienda es de barrios cerrados. (…) Y después una superficie mucho menor, que no llega al 20% de esa nueva superficie, es para urbanización popular, y en muchos casos en forma precaria, (generada) mediante tomas o loteos truchos, o sea: no es parte de la política, sino parte simplemente de la necesidad de la gente.”

En medio de los festejos por estos dos años del barrio Norita Cortiñas, y mientras las bandas tocaban, tuvimos la impertinencia de sacar a un costado a 3 de los numerosos protagonistas de todo este proceso de lucha y recuperación, y pedirles que nos hablen sobre lo que es y lo que rodea la historia de este emblemático barrio comunitario.  A continuación les compartimos sus palabras:

Entrevista completa 

También les dejamos las redes sociales y datos de contacto del barrio, para quienes quieran contactarse y acercar alguna ayuda o proponer algún tipo de colaboración:

Instagram: https://www.instagram.com/barriocomunitarioc

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.phpid=100080052091846

Mail: [email protected]

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/YQT1yEYUzuxZ9PRD7

 

 

Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»