La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina presenta una gran propuesta para los amantes del ‘Flaco’ Spinetta: ‘Retrospectiva Spinetta’, este sábado 25 a las 21 horas en el Galpón de las Artes.
Los artistas que participan de esta producción son Rock FCP, integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarra y canto; Sebastián Mozzoni, bajo y canto; y Cristian Vallejos, batería y canto; los cantantes Pablo Aristimuño y Alfonsina Magariño y el pianista Diego Bascur.
El concierto hace un recorrido por los discos más reconocidos del compositor y músico argentino, comenzando por las últimas canciones que compuso y finalizando en las primeras épocas.
El programa está conformado por “Ya no mires atrás” (2020), “Tu vuelo al fin” (2008), “Dale luz al instante” (2005), “Halo lunar” (2003), “El enemigo” (2001), “Perdido en ti” (1999), “Dedos de mimbre” (1993), “Fina ropa blanca” (1989), “Lejísimo” (1988), “Rezo por vos” (1986), “No te alejes tanto de mi” (1983), “Maribel se durmió” (1983), “El anillo del Capitán Beto” (1976), “Las habladurías del mundo” (1973) y “Ana no duerme” (1970).
La capacidad es limitada: las reservas se realizan al 2984-650817.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que obtuvo media sanción en Diputados esconde entre los artículos destinados a garantizar su supuesta independencia, una modificación de enorme alcance: habilita expresamente al BCRA a poner las reservas como garantía para conseguir financiamiento en el exterior.
La nueva norma abre la puerta a respaldar préstamos, repos y otras operaciones financieras con oro, divisas y activos líquidos que forman parte de las reservas. El cambio está contenido en el artículo que sustituye el actual artículo 33 de la Carta Orgánica. «Metieron el artículo, entre otras cosas, para blanquear la operación con el oro que nunca aclararon», afirmó a LPO un experimentado operador del mercado.
Hasta ahora, la ley establecía que el Central puede mantener parte de sus activos externos en depósitos, operaciones a interés en bancos del exterior o papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o moneda extranjera. La reforma amplía de manera considerable ese menú y, sobre todo, agrega una facultad decisiva: esos activos podrán utilizarse como garantía en operaciones propias de banca central.
La modificación abarca un universo amplio. Incluye oro, divisas y activos financieros líquidos. Al mismo tiempo, incorpora dentro de la Carta Orgánica la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas, una protección que hasta ahora estaba contemplada en el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad.
Es decir, las reservas quedan protegidas frente a embargos de terceros, pero el propio Central queda habilitado para ofrecerlas voluntariamente como garantía de sus operaciones financieras.
Metieron el artículo, entre otras cosas, para blanquear la operación con el oro que nunca aclararon.
La reforma no se agota ahí. Otro artículo busca ampliar las fuentes de financiamiento a las que puede recurrir el BCRA e incorporar a bancos internacionales privados entre las contrapartes de las que puede tomar préstamos. Y también busca sacar del camino restricciones legales para los contratos financieros internacionales, de manera de permitir acuerdos bajo las condiciones habituales del mercado internacional.
El paquete encaja como las piezas de un rompecabezas: el Central puede endeudarse con más actores, puede firmar contratos bajo estándares internacionales de banca privada y puede garantizar esas operaciones con activos de sus reservas, sin requerir autorización del poder legislativo. Ese es el punto clave.
El punto tiene una derivación especialmente sensible. Una parte de las reservas brutas del Banco Central tiene como contrapartida los encajes correspondientes a depósitos en dólares del sistema financiero.Dentro de las reservas aparecen divisas originadas en los requisitos de efectivo mínimo que los bancos integran en el BCRA sobre depósitos de sus clientes.
El libertario Santiago Pauli.
La reforma no distingue en esa autorización entre reserva . En los hechos, habilita una arquitectura donde activos que respaldan obligaciones del BCRA pueden quedar afectados a operaciones de financiamiento externo.
La nueva norma también parece escrita a la medida de una operación que ya generó una fuerte controversia: el traslado del oro de las reservas al exterior. La historia del oro es una de las operaciones más opacas del Banco Central. Como reveló LPO, los lingotes comenzaron a salir del país en vuelos comerciales y en plena madrugada, en operativos que no fueron informados oficialmente.
La Bancaria detectó envíos realizados a través de la transportadora Loomis y British Airways. El Gobierno primero negó la maniobra y recién después Luis Caputo reconoció que el oro había sido trasladado al exterior para obtener un rendimiento.
Pero ni Caputo ni Santiago Bausili explicaron oficialmente cuánto oro salió, dónde quedó depositado, bajo qué contratos ni qué operación financiera respaldaba.
La historia del oro es una de las operaciones más opacas del Banco Central. Los lingotes salieron del país en plena madrugada, en operativos que no fueron informados. La Bancaria detectó envíos a través de Loomis y British Airways. El Gobierno primero negó la maniobra y después Luis Caputo reconoció que el oro había sido trasladado al exterior, pero nunca explicaron cuánto oro salió, dónde quedó depositado y bajo qué contratos.
Otra cuestión para nada menor, que se desprende del artículo 13, es que el Banco Central puede realizar operaciones de endeudamiento externo sin necesidad de pasar por el Congreso.
El artículo 13 de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue el que encendió la discusión en Diputados. La tensión explotó durante la votación en particular. El oficialista Santiago Pauli pidió votar el proyecto por títulos y no artículo por artículo. Germán Martínez reclamó que los puntos más sensibles se pudieran votarse de manera separada y chocó directamente con Martín Menem.
«No tenés palabra», le lanzó el jefe del bloque peronista al presidente de la Cámara. Menem respondió: «Conmigo no». Martínez redobló: «Bajá el dedito que no te da». La discusión escaló a los gritos. Tuvo que intervenir Cristian Ritondo para destrabar el conflicto.
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Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.
Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.
Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.
El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.
En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.
Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.
Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.
En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.
Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.
También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.
Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.
Alejandro Gentile, un empresario de Techint, asumió al frente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y pidió a Axel Kicillof eliminar Ingresos Brutos a los industriales, un impuesto que supone el 80% de la recaudación de la provincia.
Gentile es director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint y viene trabajando en la iniciativa de reducir a cero Ingresos Brutos desde hace un año. Además, contó que ya lo conversó con el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y con el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. En los próximos días le llevará la propuesta directamente al gobernador.
La presión tributaria efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado industrial alcanza el 4,7% en la Provincia de Buenos Aires, mientras que en Córdoba se ubica en el 3,5% y en Santa Fe en el 3,6%.
El argumento de la UIPBA es que la caída de empresas es menor en Córdoba y Santa Fe que decidieron dejar de cobrar ese tributo a las pymes.
«La idea es llevarlo a cero, como sucedía antes de 2008 cuando lo volvió a implementar Daniel Scioli. En lo inmediato es elevar el piso de $1.800 millones de facturación anual a partir del cual se cobra a $ 3.600 millones. Y para las medianas darle un plazo de tres años y de cinco años a las grandes de manera de bajarlo progresivamente», dijo Gentile en una conferencia de prensa.
El estudio que realizaron muestra que el aporte de Ingresos Brutos a las arcas de Kicillof es 1,4% de la recaudación total. A su vez, compararon la carga impositiva con empresas equivalentes de México y Brasil. «La carga en la Provincia es 2,5 veces mayor a la de México y 1,6% superior a la de Brasil», sintetizaron con al esperanza de que se pueda compensar la pérdida de recaudación con mayor ingreso por Ganancias.
En materia de empleo, destacaron que el sector presenta un nivel de informalidad del 19,2%, lo que refuerza la importancia de promover políticas que favorezcan la expansión de la actividad industrial y la generación de empleo registrado en la provincia de Buenos Aires.
El titular de ARBA mantuvo un encuentro el miércoles con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí coincidió con los industriales en la necesidad de eliminar impuestos distorsivos aunque planteó que «lo primero que tenemos que tener en claro es que primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones».
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