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Reconocimiento a artistas reginenses premiadas en Corrientes

La Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina Silvia Alvarado recibió la semana pasada a María Victoria Araoz, Valeria Fasciglione y ‘Pelusa’ Miño que participaron del concurso de murales ‘Pinta Payé’ en Corrientes, obteniendo el segundo puesto con su increíble mural.

En la oportunidad, Alvarado les entregó un presente en nombre de la Municipalidad como reconocimiento a su labor. También estuvo el referente de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro en la zona, Martín Betancourt.

“Siempre es un placer recibir a estas grandes artistas que tenemos en la ciudad, que nos representaron maravillosamente en Corrientes. Además de compartir lo que significó esta experiencia para ellas, hablamos de la posibilidad de realizar un encuentro de muralistas en nuestra ciudad”, manifestó la Directora de Cultura.

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    ESCÁNDALO: la Justicia confirmó el viaje de lujo de Adorni a Aruba con toda su familia

     

    El jefe de Gabinete vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras confirmarse que voló en primera clase a una isla paradisíaca junto a su familia. La investigación ahora apunta a una pregunta clave: quién pagó realmente esos gastos.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La situación de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo. La Justicia confirmó que el funcionario viajó en primera clase a Aruba junto a su esposa y sus hijos para pasar las fiestas de fin de año, en medio de una causa que ya venía acumulando sospechas sobre su patrimonio.

    El dato no es menor: no se trata de un simple viaje, sino de un traslado en condiciones de lujo que vuelve a poner en tensión el discurso oficial contra la “casta” y la realidad de algunos de sus principales funcionarios.

    Un viaje de lujo bajo la lupa judicial

    Según surge de la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita accedió a información de la aerolínea que confirma que Adorni viajó acompañado por su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos.

    El costo total de los pasajes en primera clase asciende a unos 5.800 dólares, una cifra significativa que ahora forma parte del expediente judicial.

    Pero ese número podría ser apenas la punta del iceberg: la Justicia también busca determinar cuánto se gastó en alojamiento y otros consumos durante la estadía en la isla caribeña, un destino asociado al turismo de alto poder adquisitivo.

    El viaje se habría extendido desde fines de diciembre de 2024 hasta los primeros días de enero de 2025, en pleno período festivo.

    La clave: el origen del dinero

    El punto más delicado no es el viaje en sí, sino cómo se financió. La causa judicial avanza justamente sobre ese eje: verificar si los gastos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.

    En ese marco, el juez de la causa ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su entorno, una medida que permite reconstruir movimientos financieros, consumos con tarjeta y posibles inconsistencias patrimoniales.

    El objetivo, según se desprende del expediente, es contrastar esos datos con las declaraciones juradas del funcionario y determinar si hubo irregularidades o enriquecimiento ilícito.

    Un escándalo que no llega solo

    El viaje a Aruba no es un hecho aislado. Se suma a una serie de episodios que ya venían generando ruido: vuelos privados, cuestionamientos por operaciones inmobiliarias y denuncias por el crecimiento de su patrimonio en poco tiempo.

    De hecho, la fiscalía también analiza otros traslados realizados por el funcionario, en un expediente que ya acumula múltiples líneas de investigación y que amenaza con escalar políticamente.

    En ese contexto, la confirmación judicial del viaje en primera clase no hace más que reforzar una imagen que choca de frente con el relato oficial de austeridad.

    Entre el discurso y la realidad

    El caso expone una contradicción difícil de disimular: mientras el gobierno sostiene un ajuste fuerte sobre amplios sectores de la sociedad, uno de sus principales funcionarios aparece vinculado a viajes de lujo cuya financiación todavía no logra explicar con claridad.

    La investigación recién empieza a mostrar sus primeros resultados concretos, pero el daño político ya está hecho. Porque más allá de lo que determine la Justicia, el dato es contundente: el relato anticasta vuelve a quedar en entredicho frente a prácticas que parecen ir exactamente en sentido contrario.

     

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    YPF: Cristina y Kicillof desmontan el relato tras el fallo en EEUU y reivindican la expropiación

     

    Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, Cristina Kirchner y Axel Kicillof salieron a fijar posición y apuntaron contra años de operaciones políticas y judiciales. Ambos coincidieron en un punto central: la recuperación de la petrolera en 2012 fue legal y estratégica para el país.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La resolución judicial representa un giro clave en una causa que amenazaba con un pago superior a los 16 mil millones de dólares, una cifra que equivalía a una porción significativa del presupuesto nacional.

    Cristina: “la expropiación se hizo conforme a derecho”

    La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue contundente al analizar el fallo. Sostuvo que la decisión de la Justicia estadounidense confirma que la expropiación de YPF se realizó dentro del marco legal argentino, desmontando así uno de los ejes del litigio impulsado por los fondos demandantes.

    En su mensaje, además, destacó el trabajo del equipo jurídico que defendió al país durante años y remarcó que el proceso judicial había sido utilizado políticamente para cuestionar una medida soberana.

    El planteo de Cristina no es nuevo, pero cobra otra dimensión tras el fallo: la nacionalización había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2012 y respondía a un escenario crítico en materia energética, marcado por la caída de reservas y producción bajo control de Repsol.

    Kicillof: “quedan expuestos años de mentiras”

    Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue uno de los principales impulsores de la recuperación de YPF desde el Ministerio de Economía, afirmó que la decisión judicial deja en evidencia “años de mentiras” construidas alrededor del caso.

    Kicillof insistió en que la estrategia de defensa del Estado argentino fue correcta desde el inicio y cuestionó a quienes instalaron que la expropiación había sido irregular o perjudicial. En esa línea, también apuntó contra el uso político del litigio por parte de sectores que buscaron desacreditar la política energética del kirchnerismo.

    El fallo de la Cámara no sólo revoca la condena previa, sino que además reconoce que la interpretación de la ley argentina realizada en instancias anteriores era errónea, debilitando así el núcleo del reclamo de los fondos litigantes.

    Una causa atravesada por intereses y fondos buitres

    El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió recuperar el control de la empresa frente a un escenario de desinversión y caída productiva.

    Años después, fondos como Burford Capital compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios y avanzaron en tribunales estadounidenses, logrando en 2023 una sentencia favorable que obligaba a la Argentina a pagar una suma multimillonaria.

    Ese fallo fue ahora revertido, en lo que constituye uno de los reveses más importantes para los fondos especulativos en litigios contra el país.

    Más que un fallo: una disputa política

    Aunque el Gobierno de Milei celebró la decisión como un logro propio, lo cierto es que el fallo impacta directamente en el corazón de una política de Estado impulsada durante el kirchnerismo.

    En ese marco, las declaraciones de Cristina y Kicillof no sólo buscan reivindicar la legalidad de la expropiación, sino también reinstalar el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía.

    Porque detrás del expediente judicial no sólo se discutía una cifra millonaria: también estaba en juego la legitimidad de una decisión política que marcó un punto de inflexión en la historia económica reciente.

     

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