Provincias Unidas aspira a llegar a los 25 diputados y advierte a Milei: «Somos claves para aprobar o frenar leyes»

Provincias Unidas aspira a llegar a los 25 diputados y advierte a Milei: «Somos claves para aprobar o frenar leyes»

 

Los gobernadores de Provincias Unidas aspiran a alcanzar las 25 bancas en la Cámara de Diputados para convertirse en un actor decisivo de los últimos dos años de mandato de Javier Milei.

En el nuevo frente, que tiene seis gobernadores pero se presenta en 14 provincias, dijeron a LPO que para ellos sería una elección exitosa alcanzar los 10 puntos a nivel nacional.

En el gobierno ya filtran sin reparos que buscarán el auxilio de este nuevo frente luego de las elecciones, pero en Provincias Unidas no están dispuestos a regalar gobernabilidad sino que buscan condicionar al presidente libertario desde el Congreso.

«Si llegamos a 25 diputados somos un poder nacional real, definitorio para sacar o parar leyes, va a ser un desafío enorme administrar ese poder», dijo a LPO uno de los gobernadores que integra el frente.

Un bloque de 25 diputados les permitiría ser los árbitros tanto del quórum como del tercio que necesita Milei para sostener vetos y decretos, el objetivo de mínima que se había planteado para estas elecciones y que ahora se transformó en el objetivo principal para lo que le queda de mandato.

Ignacio González Aresca, uno de los cordobeses que deja su banca.

Los cordobeses ponen en juego dos bancas, las que hoy ocupan Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota, que ahora irá con una lista por afuera. En el comando de Schiaretti aspiran a meter tres diputados: el propio Schiaretti, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano. Si meten cuatro sería un éxito total para el «cordobesismo» ya que duplicarían lo que tienen actualmente.

En Santa Fe aseguran que si meten dos diputados estarán conformes ya que sólo arriesgan la banca de Melina Giorgi, que va tercera en la lista que encabeza Gisela Scaglia. Si logran meter los tres, Pullaro festejará ya que pasaría de tener una banca a tener tres.

En Santa Cruz arriesgan la banca de Facundo Prades, mientras que en Chubut ponen en juego la de Ana Clara Romero. En Corrientes podrían sumar dos bancas con Diógenes González y Práxedes López.

En Jujuy, en tanto, apuestan a meter dos diputados para retener la banca de Natalia Sarapura, que ahora buscará ser Defensora del Pueblo y recuperar la de Jorge Rizzotti que está en el bloque de Facundo Manes.

El nuevo frente compite en otras ocho provincias, además de las seis que encabezan los gobernadores. Presentarán lista en Tierra del Fuego, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Chaco, Buenos Aires y Capital Federal. En estas dos últimas irán con Florencio Randazzo y Martín Lousteau, cuyo desempeño será clave para la cuenta nacional y para romper la polarización o quedar a mitad de camino.

 

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     La investigación sobre el patrimonio de la familia del ex juez federal Marcelo Bailaque dio indicios de acciones presuntamente ilícitas que motivaron medidas judiciales. El jueves pasado los fiscales del caso pidieron allanar a una de las mayores constructoras de Rosario, con amplia trayectoria nacional, ante la presunción de que el juez no avanzó en una causa penal tributaria contra ella a cambio de un beneficio en provecho propio con un terreno.

    La autorización judicial para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de la esposa e hijos del magistrado, actualmente investigado en tres causas penales, había motivado una disputa cargada de tensiones entre la defensa del juez y los fiscales que la pidieron. Para estos es necesario indagar en la situación del núcleo familiar más estrecho a partir de las pesquisas en curso que forzaron a Bailaque -actualmente en prisión domiciliaria- a pedir la renuncia de su cargo, la que fue aceptada por Javier Milei el 26 de junio pasado.

    La apertura del estado fiscal de la esposa de Bailaque permitió ver que a su nombre figura un inmueble del barrio privado Vida que explotó la empresa constructora Edeca SA, una de las más importantes del rubro como contratista de obras públicas en todo el país, la que por ejemplo construyó en Buenos Aires los estacionamientos subterráneos en la avenida 9 de Julio y que tiene muy importantes obras civiles, portuarias y desarrollos privados en distintos lugares de Argentina.

    Ahora investigan las cuentas de la familia del ex juez Bailaque 

    En este momento es la adjudicataria de la reconstrucción de la pista en el aeropuerto de Rosario. Lo fue del Museo del Deporte, de la avenida Jorge Newbery, de la cárcel de Piñero y del Hospital Alassia de Santa Fe. Fue subcontratista de Supercemento y es adjudicataria de obras de servicios en distintos municipios.

    Edeca tuvo una causa penal tributaria por subfacturación de IVA en el juzgado que desde el año 2008 hasta hace dos meses estuvo a cargo de Bailaque. Según reveló a LPO un abogado que conoce ese expediente el trámite por delitos penales económicos se abrió en 2018. Tras una larga demora sin movimientos la causa terminó con un sobreseimiento por prescripción en 2024.

    Marcelo Bailaque

    La detección del inmueble de Edeca anotado a nombre de la esposa de Bailaque, que es funcionaria de la Justicia provincial de Santa Fe, disparó el allanamiento de esta constructora rosarina fundada en los años 70 por el empresario Roberto Podadera, que se caracteriza por su fuerte presencia en concursos públicos y privados para obras civiles e hidráulicas con gran afectación de maquinaria en distintas zonas de la ciudad. Actualmente a la compañía la conduce Marcelo Burgués, un ingeniero civil que fue escalando posiciones en la firma hasta quedar como CEO en el directorio.

    La causa estuvo seis años en trámite hasta la extinción penal el año pasado que es cuando se advierte justamente que el juez que controlaba la denuncia habría dejado la causa dormida hasta la prescripción y la empresa denunciada por malversar el IVA le vendió a su esposa un terreno en el barrio Privado Vida Club de Campo, en Funes. Las oficinas de la firma Edeca fueron allanadas el jueves de la semana pasada por Gendarmería Nacional en su sede rosarina de Polledo 2527.

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    Ahora se impulsará una auditoría dentro del juzgado federal para establecer hasta dónde puede llegar la maniobra. También están actuando los peritos para realizar un informe socioambiental en la familia del juez Bailaque que se suma a la pesquisa financiera, fiscal y bancaria de esposa e hijos para determinar si las inversiones en inmuebles, servicios u ocios se corresponde con la licitud de sus ingresos regulares por sus empleos formales.

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    En forma paralela a esta pesquisa el fiscal Juan Argibay Molina solicitó también el allanamiento al abogado y escribano santafesino Santiago Busaniche, un lobista del Poder Judicial Nacional, a quien le secuestraron el teléfono celular. 

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