Procesaron al gendarme acusado de herir de gravedad a Pablo Grillo

 

Un joven de 25 años murió apuñalado en la zona sur de la localidad rionegrina de El Bolsón y ya habría un detenido como presunto autor del crimen. En las primeras horas de este lunes, presuntamente en el marco de una pelea entre la víctima y el atacante, la ciudad cordillerana se vio sacudida por la ferocidad de las heridas de arma blanca y la posterior muerte cuando era asistido en el hospital local.

De acuerdo con las primeras informaciones emanadas de la fiscalía, el hecho se produjo en la calle Las Heras 66 y presuntamente se habría tratado de un enfrentamiento entre ambos. Trascendió que la víctima sería el joven Julián Salvo y el detenido también sería un joven que fue trasladado a la comisaría 12.

La sangrienta pelea conmocionó a la zona sur de la localidad, en inmediaciones de la Escuela de Carpintería. El fiscal que interviene en el caso, Gerardo Miranda, confirmó que la víctima fue trasladada con vida pero no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones. “Aproximadamente a las cinco y media de la mañana recibimos la novedad de una persona herida, que luego falleció por una herida de arma blanca”, precisó el funcionario judicial.

La fiscalía dispuso la realización de la operación de autopsia, programada para este martes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen.

Sobre el contexto del ataque, el fiscal señaló que se trató de una discusión entre dos personas que se conocían y mantenían un conflicto de larga data. “No queremos aventurarnos a hipótesis apresuradas, pero se trató de una pelea que lamentablemente terminó con la muerte de un joven”, indicó.

El hecho se inició dentro de una vivienda y culminó en plena vía pública, a pocos metros del domicilio, según informó el sitio Noticias de El Bolsón.

 “Nuestra intención es solicitar en las próximas horas la formulación de cargos”, adelantó el fiscal, al tiempo que destacó que la causa cuenta con pruebas firmes que permitirán avanzar con celeridad en la investigación.

The post Murió apuñalado un joven de 25 años en El Bolsón first appeared on Alerta Digital.

 

 

La Justicia bonaerense desbarató una banda delictiva que se dedicaba a otorgar créditos informales a través de redes sociales y que, en caso de incumplimiento, amenazaba a los deudores con distintos niveles de violencia.

En el operativo fueron detenidas diez personas, entre ellas Francisco Gabriel Ruiz, señalado como líder de la organización, junto a otros miembros que cumplían funciones de cajeros, cobradores y organizadores.

La investigación se inició en junio de este año tras la denuncia de Daniela Orecchia Cáceres, de 53 años, quien reportó haber sido intimidada al no poder cumplir con las cuotas de un préstamo adquirido por redes sociales. A partir de allí se desplegaron allanamientos en El Palomar, Moreno, General Rodríguez, Ituzaingó, Trujui y Caseros, donde se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y un vehículo.

Los acusados clasificaron a los deudores con “alertas” de distintos colores según la gravedad de las amenazas, lo que quedó constatado en la causa caratulada por asociación ilícita, usura, extorsión y amenazas, a cargo de la UFI de Boulogne y el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

La investigación comenzó con relevamiento de redes, testimonios, análisis de comunicaciones e informes de telefonía, lo que permitió certificar que el imputado en cuestión forma parte de una banda delictiva dedicada a otorgar créditos informales.

Del análisis, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, también se estableció además el ID de todos miembros y la división de tareas como, por ejemplo, el jefe de la organización, testaferros, cajeras, cobradores y agentes de coacción.

Para concretar el delito, captaban a clientes por redes sociales y, en caso de no recibir los pagos, utilizaban medidas coercitivas y de intimidación.

Método de intimidación

Se supo además que catalogaban a los deudores con colores: alerta amarilla era para amenazas de suba de interés; alerta naranja eran amenazas verbales de privación de libertad y de lesiones; mientras que alerta roja denotaba violencia sobre deudores y sus domicilios.

De esta manera, con los elementos recaudados, se expidieron 11 allanamientos en diversos domicilios en las localidades bonaerenses de El Palomar, Moreno, General Rodríguez, Ituzaingó, Trujui y Caseros.

Los detenidos

Allí se lograron las detenciones de Francisco Gabriel Ruiz, reconocido como líder de la banda; Gonzalo Ezequiel Rivera Mohamed, organizador; Agustín Nicolás Paglione, cobrador; Valentina Corbalán Valenzuela, cajera; Martina Jazmín Ott, administradora; y Nazarena Ayelen Polestra.

Mientras que los aprehendidos son Melanie Eileen Corbalán Valenzuela, cajera; Silvana Verónica Sánchez, administradora; Ariel Santiago Segovia, organizador; y Nabor Alejandro Costas, organizador. Por el momento se encuentra prófugo Nicolás José Loza.

Se estableció que otra de las implicadas, Nazarena Ayelen Polestra, se halla purgando pena en el en la Unidad Penal N° 4 de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal.

En los diversos allanamientos se incautaron documentación, dispositivos electrónicos de interés para la causa y un auto Renault 19.

En la causa, caratulada como asociación ilícita, usura, extorsión y amenazas, interviene la UFI de Boulogne y Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

The post Cayó una banda que daba créditos ilegales y amenazaba a deudores first appeared on Alerta Digital.

 

 

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria y, como cada año, una vez más diversas organizaciones realizarán una jornada político cultural en la Estación Darío y Maxi este miércoles 25 de junio de 16 a 21.30, al cumplirse 23 años de la Masacre de Avellaneda, en la que, el 26 de junio de 2002 los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense, que ese día actuó bajo las órdenes del ex presidente Eduardo Duhalde. Una vez más, se seguirá reclamando juicio y castigo a los responsables políticos. Habrá paneles de debate, una asamblea transfeminista, olla popular, muraleadas, intervenciones culturales, feria autogestiva, muestra fotográfica, música en vivo y una transmisión en vivo de medios alternativos. Enterate de la grilla de actividades. Por ANRed.

---

Compartimos la grilla de actividades

MIÉRCOLES 25 DE JUNIO: JORNADA CULTURAL EN LA ESTACIÓN DARÍO Y MAXI

16 HS: Apertura de las actividades.

16HS Anfiteatro de la Estación.

PANEL. Bloque 1: Criminalización de la protesta (La Ciega, Archivo Popular de la memoria, Polo Obrero, La Retaguardia).

PANEL. Bloque 2: La lucha sigue: Nuevas formas de resistencia. Anfiteatro de la Estación (Coordinadora de Jubiladxs, FPDS, El Orejano, FPDS CP, Coordinadora por el Cambio Social, Testimonio por Palestina, Trabajadorxs Hospital Garrahan, Asamblea por el Agua de Mendoza).

16 HS Salida de la Estación.Asamblea Transfeminista Plurinacional Piquetera.

16 HS:Patio y salida de la Estación.Comienzo de Corredor gráfico y Muraleadas.

17 HS:EscenarioTocarán: La Delio Valdez, Quinteto Negro La Boca, Javier Ortega y DJ Pharuk, Les Ñeris, Presidentes Muertos, Norma Aguirre-La Ferni-Mario Tassa.

18 HS: Hall de la EstaciónComienzo de Transmisión en vivo de Medios Alternativos. Antena Negra TV, FM La Tribu, Radio Zona Libre, La Chispa Prensa, Radionauta.

19 HS:Salida de la Estación.Olla Popular.

19:30:EscenarioActo Central junto a Familiares y Compas de Darío y Maxi, Organizaciones e invitadxs.

20:30:Escenario Homenaje a Vicente Zito Lema. Proyecciones de Daniel Malnati. Lecturas por Natalia Bericat.

21:30:Cierre de la Actividad.

23 Años. ¡Justicia por Darío y Maxi!

Memoria para luchar. Organización para vencer.

Las consignas de las jornadas serán #DarioyMaxi, #DarioyMaxipresentes, #MasacredeAvellaneda, #JunioArdeRojo y #EstacionDarioyMaxi.

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria

Darío Santillán (21 años, de Quilmes) y Maximiliano Kosteki (22 años, de Guernica) fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por policías durante una manifestación en el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense. Un crimen que la Policía Bonaerense y el gobierno el entonces presidente Eduardo Duhalde intentaron ocultar, tergiversando los hechos para eludir su responsabilidad material y política. Estos dos crímenes de Estado provocaron una crisis política que apresuró la salida del gobierno del presidente interino Duhalde, quien convocó a elecciones a Presidente para el año siguiente.

En todos estos años, la lucha popular por conseguir que se castigue a los culpables materiales y políticos no cesó. Hasta el momento, solo fueron condenados quienes ejecutaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: los exefectivos de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti (excomisario) y Alejandro Acosta (excabo), quienes fueron condenados a prisión perpetua.

Pero el año pasado, familiares y compañeros/as de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a la abogada querellante y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, realizaron una conferencia de prensa para «dar a conocer el repudio a la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal N°3, a cargo del Juez Martín Andrea García Díaz, que ordenó liberar al Cabo Alejandro Acosta, uno de los asesinos de Darío y Maxi«.

«En este contexto, el poder judicial avanza con la libertad de Acosta para dar un claro mensaje: la represión policial tiene impunidad gracias al aval judicial, político y mediático. Un pacto con aires a obediencia debida y punto final», denunciaron en ese momento.

En este marco, este miércoles 25 de junio volverán a reclamar contra la impunidad de los autores materiales de la masacre y seguirán reclamando juicio y castigo a los responsables políticos.

Porque junio siempre arde rojo en la memoria.

 

 

La Justicia bonaerense dio un giro en la investigación del triple crimen de Florencio Varela, ocurrido días atrás y vinculado a una trama narco. La Fiscalía General de La Matanza, encabezada por Patricia Ochoa, dispuso que el expediente, hasta ahora en manos del fiscal Gastón Dupláa, sea trasladado a la UFI de Homicidios, actualmente a cargo del fiscal Adrián Arribas.

La decisión se tomó tras la negativa de los cuatro detenidos a declarar y responde a cuestiones de competencia. La causa fue recaratulada como homicidio agravado, con la consideración judicial de que se trata de un femicidio.

Nuevo rumbo en la investigación

El fiscal Arribas ya solicitó el expediente completo a su colega Dupláa y citó al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, para analizar los avances de las tareas de campo. Con el traspaso, se espera una nueva batería de medidas que permitan esclarecer los hechos en medio de los velatorios de Brenda, Morena y Lara, las tres víctimas del crimen.

La UFI de Homicidios de La Matanza, integrada además por los fiscales Claudio Fornaro y Diego Rulli, tiene antecedentes de importantes avances en causas complejas, lo que le da al caso una nueva expectativa de resolución.

La imputación a los detenidos

Uno de los principales acusados es Miguel Ángel Villanueva, de nacionalidad peruana y sin documentación en Argentina. Fue imputado por su pareja bajo la figura de homicidio calificado, con agravantes por haber actuado con el concurso premeditado de varias personas, con ensañamiento y alevosía, y por tratarse de un crimen cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género.

De esta manera, la Justicia considera oficialmente los asesinatos como femicidios.

En cuanto a los otros dos detenidos, que habrían intervenido en la limpieza de la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado. Todos permanecen bajo detención tras los pedidos realizados por el fiscal Dupláa antes del traspaso de la causa.

The post Triple crimen en Florencio Varela: la Justicia lo investiga como femicidio y cambia de fiscal first appeared on Alerta Digital.

 

 

Organizaciones sociales realizan desde las 11 de este martes 10 de junio un corte en el acceso al Puente Pueyrredón y cortes, movilizaciones y concentraciones en 17 provincias. Reclaman aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la ampliación del programa, la continuidad del Monotributo Social y la entrega inmediata de alimentos a los comedores populares. Convocan la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA. En Avellaneda, el gobierno nacional desplegó un fuerte operativo de la Policía Federal. El Gobierno continúa sin respuestas ni voluntad para convocar al diálogo. «Este Gobierno empobrecedor ha paralizado el ingreso de lo que era el Potenciar Trabajo (hoy Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) en $78.000. Es una vergüenza. Nuestras compañeras, a pesar de todo eso, no han abandonado los barrios ni las tareas. Seguimos haciendo los comedores, los merenderos y sosteniendo los espacios de cuidado. Porque sabemos que nuestra presencia en los territorios en los barrios es importante para que no crezca el delito y el narco», remarcó Analía, del FOL. Por ANRed.

---

Desde las 11 de este martes 10 de junio, organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA, llevan adelante un corte en el acceso al Puente Pueyrredón y cortes, movilizaciones y concentraciones en otros diferentes puntos de 17 provincias.

Es en el marco de una Jornada Nacional de Lucha conjunta «por trabajo y salario», en reclamo del aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

En el acceso al Puente Pueyrredón, ubicado en la localidad bonaerense de Avellaneda, el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, desplegó un fuerte operativo de la Policía Federal, que bloquea el ingreso al puente, uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, de parte de una importante columna de organizaciones y movimientos sociales.

Allí, Analía, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), dentro de la Coordinadora por el Cambio Social – una de las organizaciones que se plegó a la jornada de lucha – denunció:  «este Gobierno empobrecedor ha paralizado el ingreso de lo que era el Potenciar Trabajo, que lo subdividió en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que hoy en día están en $78.000, que es una vergüenza. Nuestras compañeras, a pesar de todo eso, no han abandonado los barrios ni las tareas. Seguimos haciendo los comedores, los merenderos y sosteniendo los espacios de cuidado. Porque sabemos que nuestra presencia en los territorios en los barrios es importante para que no crezca el delito y el narco».

Por su parte, en declaraciones a Prensa Obrera, Mercedes Martínez, dirigente nacional de la CUBA-MTR, también desde el Puente Pueyrredón, expresó: «estamos pidiendo el aumento de los planes sociales que hoy no cubren ni dos garrafas de gas. $78.000 no le alcanzan a nadie«.

En tanto, Pablo Giachello, dirigente del Partido Obrero, señaló al mismo medio: «hoy los sectores más golpeados se están movilizando, rompiendo nuevamente el protocolo de Bullrich. Crece la movilización popular semana a semana y el movimiento piquetero hoy vuelve a ocupar el Puente Pueyrredón», remarcó.

Si bien, en un principio desde las organizaciones sociales confirmaron a este medio que una delegación con representantes de cada una de las organizaciones se trasladaría al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, donde les prometieron que serían recibidos/as por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez, finalmente la propuesta de reunión se cayó y, así, el gobierno nacional continúa manteniendo la misma postura de falta de respuestas ni de voluntad de diálogo con las organizaciones y movimientos sociales.

La jornada se multiplica en diferentes puntos de 17 provincias, como es el caso de la Ciudad de Salta, donde organizaciones concentran frente al departamento del Gobierno salteño.

 

 

 

A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

“Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

“Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.

---

Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

La entrada “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado” se publicó primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).