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Presentación del Ensamble ‘Perla del Valle’ junto a ‘Trepún Percusión’

Este viernes 17 de septiembre a las 21 horas se presentarán Trepún Percusión junto al Ensamble local, ‘Perla del Valle’, en el Galpón de las Artes de Villa Regina. La música latinoamericana estará presente con obras de Arturo Márquez, Viviana Dal Santo, Gerardo Salazar, Fernando Iazzetta, Casey Cangelosi, Marco Martina, Diago Cortaine, Ancizar Castrillón y Paquito D’ Rivera.

Trepún Percusión está formado por Carla Jensen, Antonella Lardani y Facundo Catalán mientras que ‘Perla del Valle’ está integrado por Nataly Bustamante en Flauta, Maia Pacheco Aoki en Oboe, José Luis Izaguirre en Clarinete, Jeremías Vertúa en Corno Francés y Aníbal Lagos en Fagot.

Las entradas gratuitas pueden retirarse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91. El cupo será limitado de acuerdo a la capacidad del lugar, respetando el distanciamiento social y los protocolos sanitarios vigentes.

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  • Juicio al poder médico

     

    Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán. 

    Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas. 

    Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad  y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria. 

    Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica)  y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529,  que reconocía los derechos de  las pacientes  a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban. 

    Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente. 

    En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban. 

    Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron. 

    Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista. 

    Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.

    Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en  Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella. 

    Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria. 

    Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie. 

    El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria. 

    Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer. 

    En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro Jaque a la Reina (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día. 

    El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.

    Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.

    María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes  fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado. 

    Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales  y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus  pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.  

    Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus  pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.

    Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.  

    La entrada Juicio al poder médico se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • ¿Cuánto tiempo más llevará?

     

    “Estación Temperley: la casta éramos los laburantes y los estudiantes”, publica una usuaria en X el lunes 13 de abril a la mañana. En el video se ve desde arriba de un puente a decenas de personas amontonadas en el andén del Tren Roca. Es un día de interrupciones y demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley por fallas técnicas. 

    Un día como tantos otros.

    En ese tren viaja Enrique. Todos los días a las 6.30 de la mañana toma el colectivo 514 desde Florencio Varela, donde vive, hasta la estación Claypole. Jamás se sienta. De ahí el Roca, el subte C y el Mitre hasta llegar al restaurante donde trabaja como parrillero en el barrio porteño de Belgrano. Entra a las nueve, pero sale con anticipación “por las dudas”. Y porque su jefe le exige puntualidad. Si no hay complicaciones, son dos horas de ida y dos de vuelta. Pero hace meses hay complicaciones. En total, Enrique viaja seis horas.

    A Enrique le dicen “Magui” por su parecido con el boxeador brasileño Maguila. Tiene 53 años, mide 1,80 metros y pesa más de 100 kilos. En el andén se mueve con sutileza, pide permiso y se posiciona en puntos estratégicos para subirse cuando las puertas se abren. Aunque a veces no hay destreza que valga y deja pasar varios. Viajar en transporte público se volvió una odisea para millones de habitantes del AMBA. 

    —Te da bronca, pero tenés que aceptar lo que estás viviendo porque no queda otra. Hay que ir a trabajar.

    ***

    El mal funcionamiento del transporte público no es una novedad, pero el encarecimiento del gasoil destapó una olla a presión. El combustible se disparó un 23 por ciento desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Las compañías de colectivos advierten que no alcanzan a cubrir costos básicos. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el valor real del pasaje es 2083 pesos por persona. La tarifa técnica, que contempla lo que paga el usuario y el subsidio estatal, está en 1559: “Cada viaje genera una pérdida promedio de $325”. 

    En la primera semana de este mes, circularon un 30 por ciento menos unidades de colectivos. Para Fernando Bercovich, sociólogo especializado en urbanismo, “si una guerra a miles de kilómetros desestabiliza tanto lo cotidiano y local es porque el servicio de transporte urbano está atado con alambres”. 

    El combustible se disparó un 23 por ciento desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

    Los dueños de las líneas piden que se aumente la tarifa o el subsidio. Bercovich aclara que la puja entre el Estado y las empresas es un “tira y afloje” constante: “el subsidio al boleto es indirecto al capital, los empresarios también se benefician”. En casi todos los sistemas de movilidad del mundo hay compensaciones estatales: “Es muy difícil para la gente pagar la tarifa entera, pero además incentivar el uso del transporte público es estratégico para reducir los viajes en auto y promover formas más eficientes de circular por el espacio urbano”. En Luxemburgo, por ejemplo, el Estado cubre todo el boleto.

    ***

    Lourdes no se acostumbra. El jueves 9 de abril fue entrevistada por el canal de noticias TN en la calle. Ese día, hubo menos colectivos por una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Algunas empresas de transporte les debían el sueldo de marzo a sus trabajadores.

    La joven llevaba 35 minutos de espera en la parada de Constitución. El día anterior le había pasado lo mismo y llegó tarde a su trabajo de despachante de aduana. Cuando eso pasa, le descuentan parte de su sueldo.

    —Tengo 28 años. Ya no quiero saber más nada. Me tomo el colectivo a las cinco de la mañana y vuelvo a mi casa a las nueve de la noche. Casi no veo a mi nene. Vivo con mi papá y con mi hermano, no puedo independizarme. Trabajamos los tres. No nos alcanza. Mi papá tenía tres trabajos, se accidentó haciendo entregas para aplicaciones. Ya no comemos carne. Estamos endeudados. Estoy cansada. Todos los días me pregunto ¿para qué?  —le dijo al periodista y el recorte se reprodujo miles de veces en las redes sociales.

    No se llega. Ni al trabajo, ni a casa, ni a fin de mes. 

    —A veces espero el segundo colectivo 45 minutos. Por eso salgo con tiempo. Por si pasa algo —cuenta  Norma, trabajadora de casas particulares de Pilar y Vicente López —. Si pudiera, caminaría para ahorrar el primer bondi. Son 13 cuadras hasta la parada, pero en esta zona del barrio es inseguro. No me voy a arriesgar. 

    Norma vive en Malvinas Argentinas, conurbano norte, y arranca su día a las cinco y media de la mañana. 

    ***

    El sistema de colectivos de la Argentina es el segundo más grande del mundo después de Beijing, China. La red del Área Metropolitana de Buenos Aires cuenta con más de 17 mil vehículos –un 42,7 por ciento de jurisdicción nacional– distribuidos en 386 líneas, y transporta más de 9 millones de pasajeros por día. 

    La gestión libertaria acumula deudas con sus dueños: cerca de 95.000 millones de pesos. El martes 14 de abril, las secretarías de Coordinación de Infraestructura y de Transporte del ministerio de Economía recibieron a las Cámaras de Transporte Automotor. Allí, anunciaron que esa semana harían un envío complementario de fondos correspondientes al mes de febrero para regularizar las cuentas.

    La gestión libertaria acumula deudas con sus dueños: cerca de 95.000 millones de pesos.

    La transferencia de partidas mejoró la frecuencia de los servicios respecto a la semana anterior. Pero sólo pospuso el problema. En materia de subsidios, el Gobierno Nacional viene en retirada. En septiembre de 2024, dejó de transferir recursos a las líneas de colectivo de jurisdicción propia de CABA y de la provincia de Buenos Aires.

    ¿Quién va a pagar el alza del gasoil? 

    ***

    —La gente común, de pie, no va a poner más plata por el mismo servicio.

    El que habla es Pablo, chofer de la histórica línea 60 desde hace 12 años. Vive en Malvinas Argentinas y maneja seis días a la semana desde las cinco de la tarde hasta las dos, tres o cuatro de la mañana. Hay días que hace horas extra. Eso le permite arañar un sueldo de un millón quinientos mil pesos, en línea con el costo de la Canasta Básica Total de un hogar de cinco integrantes en Gran Buenos Aires. 

    Su esposa gana 700 mil pesos como empleada doméstica. Tienen dos hijos, uno más en camino y un crédito hipotecario UVA que pagar. Las cuentas no cierran. Por eso, dejó de ir al trabajo en auto. Ahora lo usa para salir de Uber, una vez por semana, a la mañana. Aunque no es un gran negocio: en 8 horas puede generar 100 mil pesos.

    Como 9 de cada 10 hogares argentinos, Pablo se endeudó. Pidió un préstamo en Mercado Pago para pagar la luz, el teléfono y alimentos. Sabe que la crisis económica también golpea a sus pasajeros, que a veces tratan de no pagar el boleto. Lo entiende, pero se siente un rehén de este “problema”. 

    —Los que manejamos el colectivo somos nosotros.

    Desde que Javier Milei asumió el gobierno, el precio del transporte público en AMBA aumentó un 1000 por ciento. De acuerdo con el último informe del Instituto Interdisciplinario (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Conicet, el gasto en viajes representa la mitad de la canasta de servicios públicos, por encima de lo que las familias destinan a luz, agua y gas. 

    En mayo habrá una suba del 5,4 por ciento en la tarifa de los colectivos.

    ***

    Aunque el boleto es más caro, se viaja cada vez peor. El 60 es una de las líneas que sufrió varios recortes de servicios. Desde el 26 de diciembre, en línea con la Resolución 152/2019, no hay más conexión directa entre Tigre y Constitución. El ramal que sale desde Ingeniero Maschwitz, por el bajo de San Fernando y San Isidro, ahora termina en Barrancas de Belgrano. Los colectivos que partían desde el sur de CABA hacia Rincón de Milberg tienen su última parada en San Isidro.

    —Esto le complica todo al pasajero. Porque el que quiere llegar a Tigre desde el centro se tiene que ir en el 60 hasta San Isidro, bajarse y tomar otro ramal de la misma línea. Paga dos veces y espera más por un recorrido que antes hacía en el mismo bondi —describe Pablo.

    Nicolás, maestro de Música, era usuario frecuente de la línea. Le costaba subirse, tenía que dejar pasar tres colectivos y viajaba parado, pero tardaba una hora desde su casa en Olivos hasta la escuela en Benavidez. Era razonable. Cuando se redujeron los ramales que llegaban a Tigre, al viaje se le sumaron 20 minutos. No podía tomar el Tren Mitre, que durante el verano estuvo en refacción, así que buscó otras alternativas. Ahora hace diez cuadras hasta la estación Maipú del Tren de la Costa, camina y se sube a otro colectivo. 

    —Tardo diez minutos menos, es más barato, y lo más importante: me puedo organizar. Lo que me mataba era nunca poder calcular a qué hora iba a llegar. 

    Los ajustes en el recorrido del 60 responden a la necesidad de “optimizar el servicio”. Esta es una frase que repiten seguido los empresarios del rubro. En el último año, la cantidad de pasajeros de colectivos del AMBA descendió en un 21 por ciento según la AAETA. Para Jimena Dmuchowsky, doctora en Urbanismo y docente e investigadora del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), es una tendencia esperable en tiempos de crisis. El problema es que a menor demanda de transporte público, menor solvencia del sistema.

    Una pregunta clave, en términos de sustentabilidad, es qué hacer con los ramales en los horarios poco concurridos a la noche o madrugada. “Lo que se usa en otros países del mundo es un servicio a demanda y de punto a punto, como en Canadá —apunta Jimena — Los colectivos no se detienen en todas las paradas y el viaje se puede planificar en función de la necesidad. Una opción es gestionarlo a través de una aplicación”. 

    En el último año, la cantidad de pasajeros de colectivos del AMBA descendió en un 21 por ciento según la AAETA.

    Cuando termina su turno a las dos y media de la mañana, un compañero de Pablo pide un auto en DiDi y ruega que su bicicleta siga atada en el cruce de Acceso Norte y la ex Ruta Nacional 197. Desde allí pedalea 30 cuadras hasta su casa. Ya se la robaron dos veces, pero no tiene otra opción. Ningún colectivo lo deja bien a esa hora.

    ***

    “En movilidad, si no hay planificación desde una dimensión metropolitana, estás destinado al fracaso –advierte Bercovich–. No se pueden diseñar políticas pensando sólo en los tres millones de habitantes de la Ciudad sin tener en cuenta la cantidad de gente que viaja a trabajar desde y en el conurbano”. Esa falta de previsión se nota en cuestiones bien concretas: “Si hacés dos estaciones más en la línea D conectás al centro con Puente Saavedra, punto que comunica a CABA con el conurbano norte y con el tren”, ejemplifica el sociólogo. 

    Durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no se amplió ni un solo kilómetro de subte. La semana pasada, se demoró la licitación para la construcción de la línea F, que había sido lanzada en octubre. Es un proyecto que hace décadas busca unir a Barracas con Palermo. La situación del servicio es crítica. La tarifa de este medio de transporte fue la que más aumentó en los últimos dos años y equivale al doble del colectivo, cuando históricamente fue igual o inferior. El boleto pasó de valores cercanos a los ochenta pesos en diciembre de 2023 a superar los 1300 pesos en 2026. Y la cantidad de pasajeros se redujo en un 43 por ciento. 

    La Agencia Metropolitana del Transporte (AMT), creada en 2012 tras la Tragedia de Once, fue un precedente importante en materia de planificación urbana. Se trata de un ente que nuclea a representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional para la coordinación conjunta del transporte en el Área Metropolitana. 

    Según Bercovich, nunca se logró avanzar en grandes líneas de acción y hoy la AMT está inactiva: “En todas las ciudades grandes que crecen por fuera de sus límites jurisdiccionales se necesita un ente metropolitano de transporte. Hay en Nueva York, Ciudad de México y Bogotá con buenos resultados. Si no se planifica integralmente va a seguir habiendo solapamiento de recorridos o vacancias. Hay que tratar de que la gente no tenga que moverse tanto para satisfacer sus necesidades cotidianas”.

    ***

    En las distancias largas, los trenes son clave. El Gobierno suspendió una docena de servicios interurbanos de pasajeros. Durante el primer semestre de 2025, según un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, la cantidad de pasajeros cayó en un 23 por ciento con respecto al 2024. 

    En el AMBA, el servicio ferroviario también sufrió recortes. “Se terminaron muchos recorridos los fines de semana o hay estaciones terminales a las que no se llega. Y hay menos servicios de soporte. En otro momento, cuando se hacía alguna obra o había algún desperfecto, se ponía a disposición de los usuarios algún medio alternativo de transporte para evitar que todo colapsara”, indica Dmuchowsky.

    Tiziana y Luciano, de 11 y 13 años, salen de la escuela a la tarde en Barracas y vuelven a su casa en Remedios de Escalada, conurbano sur, en tren. La semana pasada, ante la interrupción del servicio, llegaron una hora más tarde, cerca de las siete y media. Los acompañó una señora en el colectivo porque no tenían cómo volver desde Constitución. Sus padres estaban muy preocupados. No suelen ir a buscarlos porque a esa hora trabajan. 

    —En el Roca viajan como ganado. Si todo sigue así, algo habrá que hacer —dice el padre de los niños.

    Bercovich insiste: lo que se invierte en transporte público vuelve en forma de mejora inmediata de la calidad de vida. Para Pablo también se juega algo muy grande en esa rutina:

    —Llevar a la gente a su trabajo o a su casa es una gran responsabilidad. Y me gusta. Somos una parte pequeña de ese engranaje gigante que es la vida cotidiana. Al final, todos queremos llegar.

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