Este viernes 17 de septiembre a las 21 horas se presentarán Trepún Percusión junto al Ensamble local, ‘Perla del Valle’, en el Galpón de las Artes de Villa Regina. La música latinoamericana estará presente con obras de Arturo Márquez, Viviana Dal Santo, Gerardo Salazar, Fernando Iazzetta, Casey Cangelosi, Marco Martina, Diago Cortaine, Ancizar Castrillón y Paquito D’ Rivera.
Trepún Percusión está formado por Carla Jensen, Antonella Lardani y Facundo Catalán mientras que ‘Perla del Valle’ está integrado por Nataly Bustamante en Flauta, Maia Pacheco Aoki en Oboe, José Luis Izaguirre en Clarinete, Jeremías Vertúa en Corno Francés y Aníbal Lagos en Fagot.
Las entradas gratuitas pueden retirarse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91. El cupo será limitado de acuerdo a la capacidad del lugar, respetando el distanciamiento social y los protocolos sanitarios vigentes.
Mercedes Jara Tracchia ministra de Educación y Derechos Humanos confirmó que, «por ahora, en Río Negro se mantiene la presencialidad cuidada» en el dictado de clases. La titular de la cartera educativa afirmó “en la Provincia vamos a seguir con esta presencialidad cuidada, con un protocolo construido con UnTER y aprobado por las autoridades sanitarias,…
El Intendente Marcelo Orazi encabezó este miércoles la presentación del 4° Foro Patagónico y 2° Latinoamericano de Energías Sustentables que se realizará el 1 y 2 de noviembre a través de la modalidad virtual. Esta edición tiene el lema ‘Ciencia, industrias y sociedad, propulsores del desarrollo sustentable hacia la preservación de la vida en el…
El descalabro del Pami llegó a un punto límite este lunes con el paro por 72 horas que iniciaron los médicos que atienden por la obra social de los jubilados. Los profesionales denuncian fuertes recortes en sus ingresos (en algunos casos hasta más del 50%) a partir de lo dictado en una reciente resolución.
Además, crecen las protestas internas frente a reordenamientos que son leídos como políticas de vaciamiento de áreas clave y que ponen aún más en riesgo la correcta prestación de los servicios. Mientras, las farmacias siguen alertan por un latente colapso en la provisión de medicamentos de no regularizarse los pagos.
Todo eso, a la vez que proliferan las denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones en las que son beneficiadas compañías comandadas por empresarios vinculados a la cúpula del poder libertario.
El detonante de la medida de fuerza de los médicos fue la resolución 1107 del Pami, que estableció la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso, la incorporación de más prestaciones dentro de un pago fijo y la quita del incentivo económico por la formación de posgrado de los médicos de cabecera.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Los profesionales de la salud denunciaron que esos cambios fueron «inconsultos» y que representan un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera que en algunos casos es superior al 50%.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami, Appamia. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Semejante recorte es un golpe directo a la calidad de la prestación que ya viene fuertemente resentida. «Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afecta de manera directa la sostenibilidad del consultorio», advierten en Appamia.
Al reclamar la derogación inmediata de la polémica resolución, sostienen que la medida «implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas». Así, la agremiación médica está evaluando iniciar acciones legales contra la resolución.
En Appamia presentaron una propuesta concreta, basada en los costos reales del ejercicio profesional, que establece una cápita de $6.500 como piso necesario para sostener la atención médica.
Por otro lado, días atrás los trabajadores de la Gerencia de Auditoria Prestacional (GAP) de la sede central de Pami hicieron un ruidazo contra lo que denuncian como un «desguace» de esta área, lo que pone en riesgo el control a infraestructuras edilicias y sanitarias de la obra social.
El malestar de los empleados de esa gerencia quedó expuesto en los cánticos que se viralizaron en redes y en los que reclaman a las autoridades «que se vayan».
LPO contó que la tensión en el gobierno por la crisis en el Pami es total, al punto que Sandra Pettovello salió a aclarar que el Ministerio de Capital Humano no tiene nada que ver con la obra social de los jubilados. «Depende del Ministerio de Salud», dijo la ministra para despegarse y dirigir las responsabilidades a Mario Lugones.
Es que, además de la crisis de funcionamiento, en el Pami proliferan denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones.
LPO reveló en exclusiva que el Pami le otorgó una licitación por miles de millones a Oxígeno y Tecnología, empresa que tiene como apoderado a Martín Voss, ex funcionario de Pami muy cercano a Toto Caputo.
Ahora, trascendió que la obra social de los jubilados hizo una contratación millonaria para la locación de inmuebles con Inversora Eslava, empresa cercana a los Menem a través de uno de sus ejecutivos, Kevin Pocovi, hijo del ex marido de Zulemita Menem.
El Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina comparte el pronóstico de la AIC que informa el paulatino ingreso de aire húmedo en el norte de la Patagonia, lo que provoca condiciones de inestabilidad con probabilidad de lluvias y chaparrones intensos. Durante la tarde noche del martes 20 y madrugada del miércoles…
En la mañana de este viernes 23, se llevó a cabo la apertura de la licitación pública Nº 04/2021 correspondiente al mantenimiento y recambio de luminarias a tecnología LED, provisión de materiales, equipos y mano de obra para el sector centro, calle Juan XXIII, calle Las Heras, Avenida Belgrano, Avenida Mitre, Avenida Cipolletti, calle Brown…
Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.
El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.
Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.
La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria
En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.
El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».
Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.
El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:
«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.
No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo
El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.
En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.
Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.
En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.
A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.
En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.
En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo.
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