Precedente en Bariloche: $100 millones de compensación por desigualdad tras la separación
La Justicia de Familia de Bariloche dictó un fallo que sienta precedente en materia de derechos familiares: ordenó a un hombre pagar a su ex pareja una compensación económica de más de $100 millones, actualizable por inflación, luego de comprobar el desequilibrio económico generado tras más de una década de convivencia.
La mujer dedicó 12 años al cuidado de sus hijas, las tareas domésticas y la administración del hogar, mientras su pareja pudo volcar todo su tiempo al desarrollo de un emprendimiento comercial que hoy continúa funcionando. Tras la separación, ella quedó sin vivienda propia, sin patrimonio y con su carrera profesional relegada.
La resolución se sustentó en los artículos 524 y 525 del Código Civil y Comercial, que contemplan el derecho a compensación para quien queda en desventaja tras una ruptura convivencial. La jueza destacó que la organización familiar adoptada reprodujo roles tradicionales de género, con un crecimiento económico concentrado en uno de los integrantes a costa de la postergación personal y profesional del otro.
“No hubo un acuerdo expreso, pero sí una forma de vida común que condicionó el futuro de la mujer y permitió el crecimiento patrimonial de su pareja”, fundamentó la magistrada.
Testimonios y pruebas
En el expediente se incorporaron testimonios coincidentes que describieron cómo la mujer asumió todas las tareas de crianza, incluso abandonando un pequeño emprendimiento propio. También colaboró en el negocio y la vivienda común, aportes que no fueron reconocidos formalmente.
Al momento de la separación, la mujer quedó fuera de la casa familiar y sin acceso a bienes materiales, mientras el hombre retuvo el equipamiento del hogar y los vehículos. Ella debió mudarse con sus hijas a otra ciudad, alquilar una vivienda y sostenerse con ingresos docentes limitados.
La jueza aclaró que la compensación económica no equivale a una indemnización ni a una extensión de la cuota alimentaria, sino que es un derecho autónomo. Su objetivo es corregir la brecha generada por la desigualdad estructural en la relación y restituir condiciones que permitan a la parte más afectada recuperar cierta autonomía.
La sentencia también citó estándares internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), para respaldar la decisión.
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