Piden sobreseer a los camaristas del viaje a Punta del Este y derivan el caso al Consejo de la Magistratura
Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian dieron un giro en la investigación por el viaje en avión privado a Punta del Este de los camaristas cordobeses Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Después de impulsar la pesquisa por presunta aceptación de dádivas, ahora solicitaron el sobreseimiento de ambos magistrados. El argumento central es que el viaje respondió a una relación de amistad íntima con los empresarios que los invitaron y no a sus funciones judiciales.
El dictamen, presentado ante el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, supone un alivio para Sánchez Torres, cuya situación judicial se complicó en septiembre, cuando el mismo magistrado lo procesó por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por violencia de género contra la secretaria judicial Celina Laje Anaya. Esa causa continúa abierta y el procesamiento se encuentra en instancia de apelación. Sánchez Torres planteó distintas recusaciones que impiden la conformación de la Cámara que debe resolver los planteos.
Esta nueva resolución fiscal tampoco despeja todos los interrogantes alrededor del viaje. Turano y Hairabedian solicitaron que una copia de su presentación y de la resolución que dicte Sánchez Freytes sea remitida al Consejo de la Magistratura, ante la posibilidad de que corresponda un reproche disciplinario.
El viaje se realizó entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Los registros migratorios acreditaron que Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba a Uruguay en un avión privado, matrícula LV-WTP, y regresaron cuatro días después.
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Durante la investigación se identificó a quienes realizaron la invitación: el empresario Guillermo Assales y su pareja, María Pía Astori, referente del grupo empresario Astori. Ambos reconocieron haber ofrecido el traslado y el alojamiento en una casa particular de Punta del Este. Astori, vinculada al grupo empresario que lleva su apellido, con intereses en Astori Estructuras, mantenía una relación de amistad de larga data con Montesi y Sánchez Torres. La investigación determinó que esa cercanía precedía al viaje y continuaba después.
Para fundamentar el pedido de sobreseimiento, los fiscales valoraron declaraciones, fotografías, documentación y conversaciones de WhatsApp entre los involucrados. Los mensajes muestran intercambios afectuosos, acompañamiento ante situaciones familiares difíciles y encuentros sociales que, según el dictamen, respaldan la existencia de una amistad íntima entre las dos parejas. La Fiscalía considera que esos elementos permiten descartar que el beneficio haya sido ofrecido en consideración al cargo de los camaristas.
El punto más sensible aparece al examinar la relación entre los empresarios y las causas judiciales en las que intervenían los magistrados.
Sánchez Torres y Montesi dictaron resoluciones antes y después del viaje en litigios del Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar contra el Estado nacional y/o la Fuerza Aérea Argentina. El fideicomiso había sido constituido en 2010 por Astori Estructuras para obtener la escrituración de terrenos registrados a nombre de la sociedad.
La conexión empresarial es directa: la compañía pertenecía al grupo Astori y Assales había sido su presidente. Astori, por su parte, es la empresaria que invitó a los camaristas junto con su pareja.
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Los fiscales entienden que esa coincidencia no alcanza para sostener una imputación penal por dádivas, pero sí justifica que el Consejo de la Magistratura examine la conducta de los jueces. La ausencia de delito, según el dictamen, no elimina la posibilidad de una evaluación disciplinaria.
El pedido fiscal se suma a otro planteo favorable para ambos magistrados: Turano y Hairabedian también solicitaron archivar una denuncia por presuntas irregularidades en la integración del tribunal que intervino en la causa Molina Herrera. Los fiscales reconocieron inconsistencias en los registros del expediente, pero consideraron que no hay elementos suficientes para probar una maniobra deliberada.
En el caso de Sánchez Torres, sin embargo, el alivio tiene límites claros. El procesamiento dictado por Sánchez Freytes en septiembre comprende dos hechos: una presunta decisión arbitraria en la integración de una sala de la Cámara Federal y las lesiones graves atribuidas al hostigamiento que habría sufrido la funcionaria Laje Anaya después de cuestionar esa integración. El juez ordenó además un embargo de 70 millones de pesos sobre los bienes del camarista.
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