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‘Patrulla COVID-19’ reforzará medidas de prevención

Con el objetivo de reforzar la concientización sobre las medidas preventivas frente al COVID-19, un grupo de personas coordinado por el Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recorrerá nuevamente espacios públicos de la ciudad entregando folletería, recordando el uso del tapabocas, la importancia del lavado de manos o el uso de alcohol en gel y el distanciamiento social.

La denominada ‘Patrulla COVID-19’ estará debidamente identificada con los chalecos correspondientes y su tarea consistirá en recordar a los vecinos cuáles son los cuidados para evitar un aumento de casos en la ciudad. El trabajo es principalmente preventivo.

Esta acción forma parte de las medidas de prevención que lleva adelante el Municipio, que incluye también la entrega de cartelería informativa a los comercios en la que se incluyen los cuidados que deben tomar dentro de sus locales.

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    Nancy Pazos encadenada y amordazada frente al Congreso

     

    En plena discusión de la reforma laboral impulsada por Milei en el Senado, la periodista Nancy Pazos realizó una protesta de alto impacto simbólico frente al Congreso de la Nación: se presentó encadenada y amordazada, con una tela negra cubriéndole la boca, para denunciar la intención oficial de eliminar el Estatuto del Periodista Profesional.

    Por Lola Santacreta para NLI

    La escena no pasó desapercibida. Frente a cámaras, colegas y manifestantes, Pazos buscó representar lo que —según explicó— implicaría la reforma: periodistas sin derechos laborales y con menor protección frente a presiones del poder político y económico. La protesta se dio en el marco de movilizaciones sindicales que rechazan distintos capítulos del proyecto oficial.

    Qué está en juego

    El Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946, establece condiciones específicas para el ejercicio del periodismo, entre ellas estabilidad laboral, jornada regulada y garantías vinculadas a la libertad de expresión. Para amplios sectores del gremio, su eliminación no es un detalle técnico sino un cambio estructural que afecta la calidad democrática.

    Pazos sostuvo que la libertad de prensa no se defiende únicamente con discursos sino también con condiciones materiales que permitan ejercer el oficio sin miedo a represalias o despidos arbitrarios. En ese marco, la imagen de la mordaza buscó denunciar lo que considera un intento de disciplinamiento.

    Durante la protesta también se exhibieron máscaras con la palabra “alcahuete”, en alusión a lo que la periodista describió como el modelo comunicacional que, según su mirada, promueve el oficialismo: comunicadores dóciles y alineados.

    La reacción del oficialismo

    Desde el entorno gubernamental minimizaron la protesta y la calificaron como exagerada. Sin embargo, el gesto logró instalar el debate sobre el alcance real de la reforma y sobre el futuro de los derechos laborales en el sector de prensa.

    El trasfondo de la discusión es más amplio: el proyecto oficial propone una flexibilización general de las condiciones laborales, y el capítulo referido al Estatuto del Periodista se convirtió en uno de los puntos más sensibles por su dimensión simbólica e institucional.

    En un contexto de fuerte polarización política, la imagen de Nancy Pazos encadenada frente al Congreso expuso una pregunta de fondo: ¿puede hablarse de libertad de prensa sin garantías laborales específicas para quienes la ejercen? La discusión recién empieza, pero la escena ya quedó instalada en el centro del debate público.

     

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    Ellos sí pueden manifestarse

     

    Mientras en Santa Fe el reclamo policial fue considerado “justo y genuino” y terminó con una mejora salarial acordada con el gobernador Maximiliano Pullaro, en la Ciudad de Buenos Aires el pueblo fue reprimido con hidrantes, balas de goma y gases por manifestarse en la Plaza de los Dos Congresos. La escena expone una doble vara que resulta imposible de ignorar.

    Por Roque Pérez para NLI

    La comparación es inevitable: cuando protesta la fuerza, hay negociación; cuando protesta el pueblo, hay represión.

    En Santa Fe, diálogo y aumento salarial

    El conflicto policial en Santa Fe se desactivó luego de que el gobierno provincial ofreciera una mejora que lleva el salario inicial de los efectivos a alrededor de 1.350.000 pesos, según trascendió en medios nacionales. Tras varios días de tensión y movilización de agentes, la propuesta fue aceptada y la medida levantada.

    Maximiliano Pullaro calificó el planteo como un reclamo “justo y genuino”, y defendió la decisión de otorgar una recomposición que, según la administración provincial, busca acompañar el impacto de la inflación. La protesta policial no fue reprimida ni criminalizada: fue reconocida y atendida.

    El mensaje fue claro: el reclamo salarial de quienes integran la estructura de seguridad del Estado merecía escucha y resolución.

    En el Congreso, hidrantes y balas de goma

    Muy distinto fue el escenario en la Plaza de los Dos Congresos. Allí, manifestantes —entre ellos trabajadores, jubilados y organizaciones sociales— se concentraron para exigir respuestas frente al deterioro del poder adquisitivo y las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

    La respuesta fue un fuerte operativo de seguridad con carros hidrantes, disparos de balas de goma y lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Las imágenes mostraron corridas, heridos y periodistas alcanzados por la represión.

    Dentro del Congreso hubo legisladores que denunciaron el accionar policial y señalaron que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la protesta. Afuera, el mensaje fue inequívoco: el espacio público no estaba disponible para el reclamo popular.

    La doble vara

    El contraste es evidente. Cuando quienes reclaman son policías armados, el Estado dialoga y concede. Cuando quienes reclaman son ciudadanos de a pie, el Estado avanza y reprime.

    No se trata de negar la legitimidad del reclamo salarial en Santa Fe. Se trata de preguntarse por qué el mismo criterio no se aplica al resto de la sociedad. ¿Por qué unos pueden manifestarse sin consecuencias y otros son desalojados por la fuerza?

    La democracia no admite categorías de ciudadanos con más derechos que otros. Sin embargo, los hechos recientes dejan una sensación incómoda: ellos sí pueden manifestarse. El pueblo, parece, no.

     

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