Paro de ATE y nueva Marcha Federal universitaria contra los vetos de Milei

Paro de ATE y nueva Marcha Federal universitaria contra los vetos de Milei

 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó, este jueves, que realizará un paro en rechazo a los vetos que llevó adelante el presidente Javier Milei, sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. En sintonía, docentes de las universidades públicas de todo el país, junto a estudiantes, convocaron a un paro y a una movilización para este viernes.

Mediante un comunicado, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, manifestó que el Gobierno Nacional “provocó una crisis terminal en el sistema sanitario público” y que, particularmente, le veto a la Emergencia Pediátrica “afecta el acceso a la salud de toda la población”, mientras que el desfinanciamiento universitario hace lo propio con la comunidad educativa.

En la misma línea, informó que, en las próximas horas, ATE convocará a realizar varias asambleas, con el fin de “definir el día y la modalidad de la protesta” en todo el país.

“El equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo. Tenemos que evitar que se termine de destruir el sistema de salud, se cierren los hospitales y los trabajadores y pacientes queden en la calle. Se han recortado todas las partidas presupuestarias de los hospitales y, por eso, tenemos que ir a una huelga nacional para rechazar los salarios de hambre de los trabajadores hospitalarios y denunciar la situación límite que se vive a partir de la falta de insumos y medicamentos”, indicó Aguiar.

Asimismo, expresó que la gestión del presidente Milei “se empecina en negar el mensaje de las urnas” porque los ciudadanos votaron para que “se frene el ajuste” y con el objetivo de exigirle al Gobierno “que se apague la motosierra” en el Estado: “Milei encabeza una gestión que agoniza y nosotros lo tenemos que seguir confrontando en las calles”, agregó.

Desde ATE, destacaron que las leyes, aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación declara, por un lado, “la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años” y, por otro, le ordena al Estado Nacional “la inmediata asignación de recursos”, incluyendo una “recomposición salarial del personal público”.

Paro docente

Docentes de las universidades públicas de todo el país, junto a estudiantes, convocaron a un paro y a una movilización para mañana en rechazo al veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento. La medida impulsará la realización de la tercera Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

El secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), Daniel Ricci, afirmó que los docentes mantienen un “fuerte compromiso” por sostener la calidad de la educación, pero advirtió que la situación salarial sigue siendo “crítica” y “alarmante”. “El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor”, expresó.

Desde la Federación Argentina del Personal Nodocente de las Universidades (FADUN) remarcaron que “continuarán con la lucha en unidad” para defender la universidad pública y gratuita, a la que consideran “un derecho humano fundamental” y “un pilar esencial” para el desarrollo del país.

En la misma línea, la dirigenta estudiantil y miembro de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Pilar Barbas, indicó que los estudiantes “continuarán acompañando la lucha de la docencia y no docencia”, que llevan varias semanas de paro para visibilizar el contexto que atraviesan.

“El veto decretado por Javier Milei ratifica el desprecio del Gobierno a nuestra universidad pública. Desde hoy, se están convocando asambleas en todas las facultades porque hay que profundizar las medidas con clases públicas, cortes y ocupaciones de las facultades para preparar una gran tercera marcha federal cuando se trate el veto en diputados”, concluyó.

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  • Junín de los Andes se prepara para una nueva Fiesta Nacional de la Trucha

     

    Junín de los Andes será sede nuevamente de la Fiesta Nacional de la Trucha, una propuesta que combina deporte, cultura, gastronomía y actividades recreativas para todas las edades. El evento tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre.

    Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de competencias de pesca, talleres y charlas temáticas, espectáculos musicales, ferias de productos regionales y un variado programa de actividades familiares. Además de su costado festivo, la cita busca poner en valor la pesca deportiva como impulsora de la economía local, generadora de empleo y promotora del cuidado ambiental.

    La organización está a cargo del Ministerio de Turismo de Neuquén, con el apoyo del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina. Junín de los Andes, reconocida como Capital Nacional de la Trucha desde 1973, se destaca por sus aguas cristalinas y la abundancia de especies como trucha arcoíris, marrón y fontinalis.

    El programa incluye charlas y talleres en la Casa del Bicentenario, un torneo de pesca en diversas modalidades, actividades de lanzamiento para todas las edades y shows musicales en el Centro Tradicionalista Huiliches, con bandas locales y artistas de renombre. También habrá una feria permanente de pesca, gastronomía y artesanías, junto con sorteos y premios, incluido un vehículo 4×4.

    Las inscripciones para los torneos abrirán el 15 de agosto, y se espera la llegada de competidores y turistas de todo el país. Quienes quieran conocer el detalle del cronograma y las actividades podrán seguir las redes oficiales del evento en @junindelosandesturismo.

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  • En casa de Obrero: un centro clandestino de detención en pleno barrio de Almagro

     

    En una investigación especial de El Grito del Sur, develamos la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura en el pasaje Obrero Roberto Núñez, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Por Yair Cybel (El Grito del Sur).


    Un pasaje en Almagro Hollywood

    El pasaje es cortito, apenas una cuadra. Puede pasar desapercibido incluso para los vecinos del barrio. Durante varios años fue una de las calles más oscuras de la zona hasta que hace un tiempo, en una de sus esquinas, se instaló un cafecito de especialidad, de esos que ofrecen machiatto y roll de canela. La palermización es inevitable: bienvenidos a Almagro Hollywood. 

    En el cartel de una de las esquinas se consigna el nombre de pila. En la otra solo dice Obrero Núñez. La denominación llama la atención. En la ciudad de las avenidas Bullrich, Pueyrredón y Lugones, suena extraño el prefijo que subraya la condición de clase del tal Núñez. Huelga decirlo: es más fácil tener calle propia cuando se nace en cuna de oro.

    El garaje no llama la atención. Es una puerta alta, una más, de galpón, de unos cinco metros de alto y pintada de color marrón. Enfrente, la escuela República de Jujuy, casi la única excusa por la que alguna gente transita la cortada.

    En la década de 1970 era una cuadra parecida: empedrada, con pocos árboles y tal vez menos iluminada, pero apenas un callejón oscuro en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Que no llamaría la atención de ningún cronista. A no ser que en ese lugar hubiese funcionado un centro clandestino de detención.

    Roberto Nuñez, obrero de prensa

    El 12 de abril de 1951, Juan Domingo Perón expropió el diario oligárquico La Prensa. Una definición osada y de fondo en favor del sindicato de canillitas, que desde hacía meses sostenía una protesta exigiendo la participación en las ganancias de los avisos clasificados.

    El periódico había sido fundado en 1869 por un tal José C. Paz (la C es por Clemente) y desde su origen adoptó la vocería de las clases dominantes del país. Consecuentemente, fue una ferviente tribuna de oposición al gobierno de Perón: se opuso al pago del aguinaldo y apoyó públicamente la llegada del embajador estadounidense Sprille Braden.

    En enero de 1951, el sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines elevó una solicitada donde exigía que el 20 por ciento de las ganancias de los avisos clasificados se destinaran a la obra social de los trabajadores. Días después, una patota sin identificación atacó a balazos la redacción de Azopardo y Chile asesinando a Roberto Núñez, un obrero gráfico y padre de familia de apenas 36 años que trabajaba en el área de expedición del diario y que desde 1960 le da su glorioso nombre al pasaje en cuestión.

    Nadie investiga solo

    La investigación -como toda actividad humana- es un laburo colectivo. Un oficio que requiere de paciencia, de constancia, de cierta obstinación. De recuperar relatos orales, leer comentarios entre líneas y descubrir indicios. De charlar con el portero y rebotar, con el carnicero y rebotar, y de finalmente encontrar una pista, un pequeño hilo del que tirar.

    En la última dictadura cívico-militar en Argentina, funcionaron unos 800 centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país: apenas unas decenas fueron recuperados como espacios de Memoria y, del resto, solo un puñado más está señalizado. De centenares de ellos no tenemos casi información. Apenas un testimonio en un juicio, un comentario al pasar, el recuerdo de una conversación.

    Uno piensa donde los pies pisan. Desde hace un tiempo, con El Grito del Sur empezamos a investigar estos espacios en nuestro territorio: la Ciudad de Buenos Aires. La redacción de nuestra cooperativa funcionaba (hasta su reciente desalojo) en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Cevallos. Ante la amenaza de su cierre, decidimos contraatacar y salir a recorrer los inmuebles que aún no están señalizados: la casona de Franklin en Caballito, la mansión de la calle Bacacay en Floresta o la maternidad del Hospital Naval, frente al Parque Centenario. De todos ellos hay testimonios, alguna voz, unas pocas notas periodísticas. De la casa de Obrero Roberto Núñez no había nada. Hasta ahora.

    La casa de Obrero

    Primero fue el testimonio oral de una militante de Derechos Humanos. Después, los aportes dispersos de un abogado dedicado a la temática. Más tarde nos escribieron un comentario en el Instagram, reforzando estas versiones. Luego, los vecinos del barrio, los comerciantes y hasta los ex alumnos de la escuela República de Jujuy -ubicada en este pasaje porteño y frente a la casa en cuestión- nos confirmaron la información. Y sumaron precisiones.

    Pero necesitábamos algo más: una declaración oficial, un documento, un relato en boca de alguien que hubiera pasado por allí. Finalmente, tras una búsqueda colectiva, dos testimonios judiciales de ex servicios de Inteligencia terminaron de cerrar la historia.

    En Obrero Roberto Nuñez al 4330, funcionó un centro de detención clandestino. Existen barcos, maternidades, hospitales, talleres mecánicos, mansiones y casonas que oficiaron como reclusorios ilegales. Pero el de Obrero Roberto Núñez es particular: consiste en la combinación de dos inmuebles, el galpón del mentado pasaje y la propiedad contigua que se encuentra en Palestina al 638.

    La casa de Núñez fue el galpón de atrás de una sede del Batallón de Inteligencia 601, una suerte de espacio donde se hacía lo que no podría hacerse en público. Grupos de tareas que operaban de civil entraban por Palestina y salían por Núñez. Operativos a plena luz del día, una presencia silenciosa de los militares en la cuadra y los testimonios de quienes recuerdan algunos gritos.

    “Almagro, lugar de idilio y de poesía”, cantaba Gardel. Nada más lejano.

    El 601

    En ese entonces, la calle Estado de Palestina se llamaba Rawson. A la vuelta de Obrero Núñez, en una casa colonial blanca, de ventanas altas y puertas de madera, funcionaba una Sede del Batallón de Inteligencia 601. Era un centro de operaciones, un bunker en el cual hacían base los comandos civiles-militares que -entre otras cosas- infiltraban organizaciones, secuestraban, torturaban y desaparecían personas.

    De la puerta para afuera simulaba ser una vivienda más. De la puerta para adentro era la División Inteligencia del 601, que funcionó entre el 76 y el 78 a cargo de Luis Ángel Firpo. Según los testimonios judiciales de los propios militares, se encargaba únicamente de prestar custodia a PMI (Personas Muy Importantes, como se los conoce en la jerga): ex militares y militares en servicio con altas responsabilidades políticas. De Lanusse a Viola.Sin embargo, allí se realizaban pagos, se coordinaban operaciones y se prestaban servicios para la Contrainteligencia. En su interior operaban agentes encubiertos vestidos de civil que colaboraban en la lucha contra las organizaciones revolucionarias.

    Según los testimonios recabados, en el comedor de la casa de Rawson había un armario grande que ocultaba una puerta que daba a un garaje, donde habría funcionado el centro de detención clandestino. Es el portón de Núñez. Los vecinos más viejos cuentan que durante los setenta, allí se veían movimientos extraños, entradas y salidas apresuradas. Los testimonios de ex alumnos del colegio señalan que las veces que las pelotas de fútbol se iban para el lado de la propiedad, los chicos eran amedrentados. Acá no hay nada que mirar.

    Testimonios que hablan

    «Había un lugar en la calle Rawson -hoy Palestina-, entre Corrientes y Sarmiento, en la que los vecinos veíamos situaciones que hacían pensar que era un lugar de detención», nos escribieron en nuestra cuenta de Instagram. «Tengo entendido que frente a la escuela Provincia de Jujuy, (donde fui de pequeña) había un portón de garaje que funcionó como centro clandestino… Las veces que pagamos pelotas ahí…. No sé si está señalizado. En la cortada Roberto Núñez». Los testimonios coinciden.

    El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) es una organización de inspiración cristiano-ecuménica que vela por los Derechos Humanos y la Justicia. Un militante del espacio (del cual formó parte, entre otros, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel), aportó otros testimonios sobre Obrero Núñez. De la misma manera lo hizo Alba Pereyra Lanzilloto, quien declaró que en la parte del frente funcionaba un comercio minorista de productos agropecuarios como fachada del centro clandestino.

    Alejandro es el verdulero de la esquina de Obrero Núñez y Palestina. Su familia llegó acá en 1970 cuando se construyó el edificio que todavía habitan. Él nació en el año 1963 y recuerda que cuando era pibe, los oficiales que usaban el inmueble le avisaron que se venía un enfrentamiento entre las fuerzas, que bajaran las persianas y se tiraran al piso. Fue un día de terror, donde pensaron que la muerte podría golpear a la puerta. Finalmente, el tiroteo no se sucedió, aunque toda la jornada se registraron movimientos extraños, cuenta en diálogo con este cronista. Fuera de ese detalle, los militares siempre fueron muy corteses, destaca.

    Se le suma a esto un quinto testimonio, esta vez del hijo de un detenido oriundo de Mar del Plata. Como tantos otros, había ido a la escuela República de Jujuy y contó que, al momento de subirse al techo del colegio, veían movimientos extraños en la casa de enfrente. Recordó que una vez los iluminaron desde el lugar y les pidieron que dejaran de mirar. De hecho, la Dirección Nacional del ex Programa Verdad y Justicia informó en 2020 que durante la dictadura hubo militares apostados en el techo de la escuela.

    Obrero Núñez, dijo el teniente

    Hasta ahí una serie de testimonios de vecinos, de militantes de Derechos Humanos, de investigadores. Pero el gran hallazgo reside aquí: el 3 de septiembre de 2020, en el marco del juicio Contraofensiva, declaró el ex personal Civil de Inteligencia Eduardo Donato Caporaso. El espía señaló que prestó servicio entre 1976 y 1980 en la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, bajo el nombre Daniel Camaño. Y destacó haber cumplido tareas en una «casona» de la calle Rawson.Caporaso describió un inmueble con una o dos habitaciones grandes al frente, alguna oficina, pasillo, cocina y un patio. Y se encargó de señalar que el lugar se conectaba con otro inmueble, el de Obrero Núñez. Por si fuera poco, especificó que los espías se movilizaban en un Ford Falcon, siempre vestidos de civil.

    “Los vehículos sólo eran para trasladarse al lugar donde tenían que ir a cubrir la seguridad. Iban dos personas. Uno manejaba (…) Los autos eran Ford Falcon. Había uno celestito y uno blanco. Y también había un Dodge 1500 de color verde”, reseña la cobertura del juicio que hizo la periodista Martina Noailles para otro medio popular, La Retaguardia.

    El testimonio de Caporaso coincide con el del oficial de inteligencia José Ramón Pereiro, que en el marco de otra causa (de expediente N° 16307/06 de la Secretaría N° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, caratulado «Guerrieri Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad personal») señaló que en el año 1980 fue trasladado a trabajar en la casona de Obrero Nuñez.

    Por si hacían falta otras voces oficiales que confirmaran el uso del lugar, se suma una de jerarquía: en el mismo juicio Contraofensiva, el teniente coronel retirado Luis Ángel Firpo admitió que en esta casa había funcionado bajo su mando la División Seguridad del 601. Cartón lleno.

    Eduardo Donato Caporaso en el juicio Contraofensiva. Fuente: La Retaguardia

    Los 90s

    Durante los años 90, esa casa de la calle Obrero Nuñez fue utilizada por la empresa Azúcar Méndez. Anteriormente, vivió allí una familia que alquilaba la propiedad.

    En Palestina al 638 se instaló el Centro de Salud Mental Malvinas Argentinasbajo la órbita del Ejército Argentino. De hecho, en 2013 se anunció la licitación para la realización de una obra en el sitio con la carátula de “Remodelación del anexo al Casino de Suboficiales en calle Palestina 638”, dependiente del Ejército Argentino.

    Actualmente, en el galpón de obrero Núñez funciona la empresa ARTEC Ingeniería. Y en el inmueble de Palestina una «residencia para militares». Así lo confirmó un hombre de unos 40 años, pelo al ras y cigarrillo en mano, que salió del lugar a tomar un poco de aire.

    Lo que falta por encontrar

    La casa de Obrero Roberto Nuñez sigue sin señalizar e incluso sin notas periodísticas al respecto. Lo mismo sucede con centenares de inmuebles que funcionaron como centro clandestino, base operativa o aguantadero de los grupos parapoliciales que sembraron el terror en nuestro país y dejaron un saldo de 30 mil detenidos desaparecidos y cientos de bebés robados que aún desconocen su identidad.

    Con más de ocho testimonios, todos de jerarquía y algunos de los propios responsables del lugar, podemos afirmar que aquí, en pleno barrio de Almagro, funcionó un centro clandestino de detención que respondía al Batallón de Inteligencia 601 y que permanecía totalmente invisibilizado. Hasta hoy.

    Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2025/05/centro-clandestino-de-detencion-obrero-roberto-nunez-almagro/

     

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  • El segundo de Guillermo Francos fue ascendido a ministro del Interior

     

    Lisandro Catalán, quien hasta el momento secundaba al jefe de Gabinete Guillermo Francos, fue ascendido a ministro del Interior y será el encargado del diálogo con los gobernadores. La información se dio a conocer luego de una reunión del presidente Javier Milei, Francos, el titular de Economía Luis Caputo y el nuevo titular de la cartera de Interior.

    «Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, informó Francos.

    “En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, agregó.

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  • El FIT presenta proyecto para derogar convenio previsional y romper relaciones diplomáticas-económicas con el Estado de Israel

     

    El Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad presentó un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas. «La reciente visita del presidente Milei al Estado genocida de Israel es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel», denuncian. Asimismo, señalan: «Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional». Por ANRed.


    Con el N°3230-D-2025, las y los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, Vanina Biasi, Vilma RipollNicolás del CañoChristian Castillo y Alejandro Vilca, presentaron un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas con el régimen liderado por Benjamín Netanyahu.

    «Derógase el Convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Seguridad Social (Ley 27.641), suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017, por constituir un compromiso de asistencia previsional a ciudadanos de un estado genocida que viene desenvolviendo una limpieza étnica en la franja de Gaza, masacrando a más de 55.000 gazatíes en su mayoría niños, mujeres y ancianos y que persiste mediante el uso del hambre como arma de guerra para forzar a la población a abandonar sus territorios», señala el artículo 1° del proyecto.

    Los palestinos se agolparon para obtener una comida gratis en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el mes pasado. Crédito: Fatima Shbair/Associated Press.

    En tanto, en su artículo 2° dispone: «el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina procederá a romper relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel, cuyo presidente Benjamin Netanyahu es un prófugo de la Justicia Internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad, como forma de manifestar su solidaridad con el pueblo palestino por su horroroso sufrimiento y su oposición a la política de apartheid, racista, xenófoba y belicista que agrede militarmente a todos los pueblos de la región y transformó Gaza en un campo de concentración durante años para terminar convirtiéndola en cementerio«.

    En tanto, en sus fundamentos, el proyecto del FIT remarca: «la reciente visita del presidente Javier Milei al estado genocida de Israel, que hemos denunciado en nuestro Proyecto de Resolución Expte 3149-D-2025, es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel«.

    El 80% de la ciudad de Gaza ha sido destruida por los ataques aéreos israelíes.

    En la misma línea las y los legisladores de izquierda agregan: «efectivamente, el mandatario argentino se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional debido a crímenes de lesa humanidad, y suscribió un memorándum de entendimiento que profundiza las relaciones con el Estado sionista, a contramano del creciente repudio popular global al plan de anexión de la franja de Gaza, la intensificación de los bombardeos y un bloqueo draconiano que sumió nuevamente a la población en la hambruna. Así lo vienen denunciando el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, y el Jefe de Operaciones humanitarias de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. (sitio de Naciones Unidas, 20/5)».

    «Como ya anunciara el presidente estadounidense, Donald Trump, el plan en marcha consiste en “limpiar” Gaza, expulsando a su población para un desarrollo turístico-inmobiliario de alta gama – suma el proyecto en sus fundamentos – Desde que el sionismo rompió el acuerdo de cese al fuego alcanzado a fines de enero, que establecía, entre otros puntos, el intercambio de rehenes por prisioneros políticos palestinos, alrededor de 2.500 gazatíes fueron asesinados, elevando la cifra total a cerca de 55 mil. A su vez, a comienzos de marzo, el ejército israelí reimpuso un bloqueo casi total al ingreso de alimentos, agua, combustibles y medicinas que colocó nuevamente al enclave al borde de la hambruna y el colapso de la atención sanitaria«.

    En cuanto al denominado «Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo«, firmado por Milei, el FIT recuerda que «no sólo apunta a traducir en hechos concretos este alineamiento incondicional con el Estado sionista, sino que va mucho más allá«. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, el Memorándum implica una cooperación sin precedente supuestamente “en contra del terrorismo”, que implica investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná».

    Norita Cortiñas, acompañando a «Fuera Mekorot». Foto: David Paoli Testa.

    «Se trata de fortalecer los negociados, como el de la empresa estatal israelí de aguas Mekorot, denunciada por los relatores de Naciones Unidas en Palestina por utilizar el agua como arma de guerra, que viene firmando sucesivos acuerdos de manejo del agua con las provincias argentinas – denuncia el FIT – También ‘apuntará a elevar los grados de cooperación militar y de seguridad mayor a los que ya hay secretos entre los israelíes y libertarios’. Una pieza de estos acuerdos sigilosos es Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), quien comanda un imperio empresario dedicado a la venta de materiales y servicios de seguridad cuyas empresas de vigilancia están enlazadas con firmas del complejo de seguridad israelí y cuentan con numerosos convenios con Estados provinciales argentinos. (Clarín, 27/5)», detalla el proyecto del FIT.

    Milei recibió el «Premio Génesis», conocido como el “Nobel Judío”, en una ceremonia especial en el Knesset.

    Asimismo, el proyecto señala: «la Fundación que condecoró al presidente argentino con el premio Génesis, “el Nobel israelí”, con el otorgamiento de un millón de dólares que Milei utilizará para propagandizar en América Latina la “causa” sionista, valora tanto las medidas en respaldo a Israel (votaciones argentinas en organismos internacionales, declaración de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, etc.), así como su orientación económica, incluyendo el ajuste fiscal. Aun así Milei no pudo evitar ser abucheado por una multitud en la Universidad Hebrea por su apoyo al genocidio».

    Finalmente, con respecto al acuerdo de pensiones y jubilaciones con Israel, remarcan: «es en este contexto que Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional».

     

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  • La Justicia Laboral revocó el rechazo inicial y aceptó un amparo de más de 20 gremios contra las resoluciones de Bullrich que atacan el derecho a huelga

     

    Foto: NA / Damián Dopacio.

    La decisión la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Tramitará la acción de amparo presentada por más de 20 organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aseguran que las normas implican la “criminalización del ejercicio del derecho a huelga”. Por InfoGremiales.


    La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este martes el rechazo inicial de una acción que denuncia la criminalización de la protesta gremial y la injerencia ilegítima del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, en asuntos laborales.

    En una resolución clave para la defensa de los derechos sindicales, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó tramitar la acción de amparo presentada por organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

    La demanda, promovida por más de 20 organizaciones sindicales, denuncia que las mencionadas resoluciones instauran un protocolo que permite la intervención de fuerzas de seguridad, la identificación de manifestantes y hasta la remisión de sus datos a la justicia penal, configurando un mecanismo de represión y criminalización del ejercicio del derecho a huelga.

    Según los actores, las normas atacadas constituyen una avanzada inconstitucional sobre la libertad sindical, permitiendo que una autoridad administrativa defina, sin control judicial, si una medida gremial constituye un “bloqueo” pasible de intervención policial, despido laboral o persecución penal. Todo ello, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, los convenios de la OIT y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

    La Cámara, al revocar el fallo de primera instancia que había rechazado “in limine” la acción, sostuvo que el amparo sindical previsto en el artículo 47 de la Ley 23.551 es una herramienta procesal adecuada para cuestionar actos estatales que puedan interferir con el ejercicio regular de los derechos colectivos.

    Asimismo, destacó que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad, en tanto podrían incidir sobre la actividad gremial en los ámbitos de representación de las entidades actoras, configuran un escenario que justifica la apertura del proceso y la revisión judicial, ante el riesgo cierto de afectación a garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical.

    Ahora queda por resolver la medida cautelar solicitada por el juzgado de origen, dónde se solicito la suspensión de las resoluciones ministeriales mientras se tramite el fondo de la cuestión.

    El fallo:

    Revoca Sentencia Interlocutoria Ordena

    Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-laboral-revoco-el-rechazo-inicial-y-acepto-un-amparo-de-mas-de-20-gremios-contra-las-resoluciones-de-bullrich-que-atacan-el-derecho-a-huelga/

     

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  • «Mi hija no murió, la dejaron morir»: el desgarrador pedido de justicia por una nena de cuatro años

     

    Gimena Sosa denunció que su hija Anel, de solo cuatro años, falleció tras ser atendida en el Hospital de Pinamar. Asegura que hubo demoras en el diagnóstico y en la atención médica. Tras radicar la denuncia en Fiscalía, reclama justicia para que se investigue el accionar del centro de salud. El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y la precarización del área que maneja Sonia Coll, Secretaria de Salud del Municipio de Pinamar. Por ANRed.


    Anel tenía 4 años, era sana, llena de vida”, dice Gimena Sosa (25), su madre, con la voz quebrada. La niña falleció el pasado 22 de mayo en el Hospital comunitario de Pinamar, Dr. Dionisio José Olaechea, tras varias idas y vueltas en la atención medica: “No había pediatra. Me dijeron que fuera a Ostende al mediodía, pero ya no tomaban más turnos. Me mandaron a la guardia del hospital.” El diagnóstico final fue gripe A. Gimena denuncia que la atención médica fue “deficiente” y que hubo demoras críticas tanto en el diagnóstico como en la llegada de la ambulancia, que “tardó 20 minutos” en arribar al lugar. Ahora reclama justicia y una investigación que determine si hubo negligencia por parte del personal del centro de salud.

    “La traje el miércoles al hospital me la atendieron y me la mandaron a casa… según ellos por una gripe” Su relato no deja de ser desgarrador. Gimena se emociona, y entre lágrimas explica con detalle la secuencia de aquel fatídico día: “empezó el día martes a sentirte incomoda, el miércoles la llevé a la salita de Valeria y pregunté por alguna pediatra porque tengo dos nenas, Me dijeron que en la salita de Valeria no había nada, que me podía llegar hasta la salita de Ostende a las 13 horas que había una pediatra. Me dirijo a las 12 del medio día con las dos nenas y cuando llego ya había 30 nenes esperando para atenderse. Todos estaban con los mismos síntomas. Consulto en mesa de entrada y me dice que no había pediatra que solamente atendía 12 números y que tenía que llevarla por guardia del hospital, que ahí no podían hacer nada”

    Entonces Gimena se dirigió al Hospital. Al llegar al lugar explica, a la persona que la recibe, que la pequeña no quería comer nada, que solamente quería tomar líquido, “le hicieron una placa, y en la placa sale que ella no tenía nada… pero ella no tenía ganas de nada, no quería estar ni sentada, nada…Anel no tenía ni tos ni moco” y prosiguió su relato “me dijeron que la beba no quería comer porque estaba por resfriarse, que estaba incubando un virus y que era normal que ella no quisiera comer… y me mandaron a la casa con la nena. Así como fui, volví, con la única diferencia que me dieron una receta”.

    Sin embargo, Anel no mostraba mejoría y al día siguiente su mamá la notó más pálida aún: “se despertó a las 7 de la mañana. Sólo quería agua. La dejé acostada un ratito más porque hacía frío. Después iba a bañarla y a llevarla nuevamente al hospital… comienzo a preparar todo para bañarla, le hablo dos veces y no me contestó, lo único que escucho que ella me dice mamá y se desvaneció…” ahí la agarre y salí corriendo a la salita de Valeria porque vivo cerca. La ambulancia tardo 20 minutos en llegar. Recién cuando llegó empezaron a bajar los tubos de oxígenos y ahí nos trasladan al hospital… habrán pasado 30 minutos, sale la pediatra y me dice que no pudieron hacer nada”.

    Gimena recuerda que al momento del fallecimiento de su pequeña “nadie salió a dar explicaciones” de lo sucedido y que se enteró en la comisaria que la causa de muerte habría sido por “gripe A”. Durante los días siguiente al fallecimiento de ANEL, los medios de comunicación dieron cuenta del faltante de vacunas en la menor. Sin embargos, Gimena desmintió esta versión “el año pasado se le completó el calendario de vacunas” y manifestó “ellos hicieron abandono de persona, si ellos se hubieran tomado su trabajo y su tiempo en hacer lo que tenían que hacer, no tenían por qué mandarla a la casa… ¿Qué pasaba si yo no la llevaba al hospital ese día?”.

    Minutos después de que se conociera el diagnóstico de la causa del fallecimiento de la menor, la secretaria de salud, Sonia Coll, habría tenido un desafortunado comentario para los medios locales y es que, en su explicación por los hechos acaecidos habría endilgado la responsabilidad por el fallecimiento de la menor a la familia al expresar que: “le realizaron una radiografía de tórax que no arrojaba muchos datos… en este tipo… el germen no es el único determinante de la evolución del paciente. Era una niña que no tenia una esquema de vacunación al día, una situación social complicada y evidentemente su sistema inmunológico estaba alterado y post morten se le hizo un hisopado que dio positivo para gripe “A”. Interpretamos que el resultado final tiene que ver con su sistema inmunológico que estaba alterado…” lo que provocó gran conmoción en la comunidad pinamarense.

    Consultada por este medio a Sonia Coll si quería aclarar los dichos esbozados en el Canal 4 de Pinamar a las pocas horas del deceso de Anel, remitió la palabra a la secretaria de prensa del municipio: Anabel Acacio, quien nunca respondió los reiterados llamados y mensajes para poder escuchar así una voz oficial que explicara “el mal desempeño en el diagnóstico” de la niña.

    El reclamo de Gimena Sosa por la muerte de su hija Anel, ocurrida en el Hospital de Pinamar, se inscribe en una realidad sanitaria que preocupa a muchas familias argentinas. Aunque no se han registrado públicamente otros fallecimientos recientes de menores, en ese nosocomio, denunciados como negligencia médica, el caso pone en evidencia las tensiones del sistema de salud en contextos de alta demanda y recursos limitados. La denuncia por la muerte de Anel fue radicada en la UFIJ de Pinamar a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón.

    Quién era Anel: una infancia luminosa, interrumpida demasiado pronto

    Anel cumpliría 5 años el próximo 7 de octubre. Era una nena alegre, llena de energía, de esas que parecen inventarse el mundo a su manera. No necesitaba cuentos, los creaba sola, como hacía con sus juegos y sus historias. Amaba los peluches, jugaba sin cansarse y disfrutaba cada día en el jardín 903 de Valeria del Mar, donde sus maestras y profesores la adoraban. También asistía por las mañanas al Espacio de las Infancias, donde se movía como en casa. Tenía muchos amigos, una sonrisa contagiosa y un plato preferido que la hacía feliz: fideos con ketchup, que podría haber comido todos los días sin aburrirse. Así la recuerdan quienes la conocieron: como una pequeña llena de vida, con una imaginación desbordante y un corazón inmenso.

    Para Gimena Sosa, el duelo por la pérdida de su hija se transformó en un motor para visibilizar lo que, asegura, no debe volver a ocurrir. “Mi hija no murió, la dejaron morir. Si la hubieran atendido a tiempo, hoy estaría conmigo”, repite con dolor, pero también con determinación. Su pedido no es solo por justicia, sino también por cambios urgentes en el sistema de salud.

    En redes sociales y frente al hospital, Gimena ha convocado movilizaciones pacíficas junto a otros vecinos que comparten sus reclamos. «No quiero que otra madre tenga que vivir lo que estoy viviendo. Que las autoridades escuchen y actúen. Porque no se trata solo de Anel. Se trata de todas las Aneles que pueden evitarse», concluye.

    El caso, aún sin una respuesta oficial, expone una herida abierta: la del acceso a una atención médica oportuna y segura, especialmente para los más vulnerables. Mientras tanto, Pinamar —y con él, muchas otras ciudades— se enfrenta al desafío de revisar sus prioridades sanitarias.

    Tensión en el sistema sanitario local

    El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Durante la pandemia, hubo fallecimientos por COVID-19 que generaron alarma entre los vecinos. A esto se sumaron temporadas de verano con colapsos por accidentes en cuatriciclos, así como hechos de violencia, como el ocurrido en agosto de 2024, cuando un hombre destrozó parte del hospital tras la muerte de un familiar.

    Además, se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y “la precarización del área que maneja Sonia Coll -secretaria del área de salud-”

    Reclamo en las redes sociales

    A raíz de lo sucedido con la Anel, las redes sociales se llenaron de mensajes que relataban diferentes experiencias en la atención sanitaria en Pinamar:

    Casos similares en el país

    Aunque no se han registrado denuncias públicas recientes por muerte de menores en el hospital de Pinamar, sí existen antecedentes en otras regiones del país. En 2020, en el Hospital Municipal San Cayetano, una niña de 11 años murió por peritonitis tras ser diagnosticada erróneamente. Ese mismo año, en Neuquén, una pareja denunció que el cuerpo de su bebé fue descartado como residuo patológico sin autopsia previa.

    Estos episodios expusieron fallas en la atención pediátrica y provocaron manifestaciones sociales y judiciales.

    La muerte de una niña en un hospital debería ser, siempre, un hecho excepcional. Pero cuando esas muertes se repiten, cuando hay patrones de desatención, demoras o diagnósticos errados, la excepción se transforma en síntoma. En los últimos años, los reclamos por presunta mala praxis en la atención de menores se han multiplicado en distintas provincias del país, dejando a las familias frente al dolor irreparable de una pérdida y al desafío de enfrentar sistemas que muchas veces responden con silencio o impunidad. Cada uno de estos casos no sólo exige justicia, sino una respuesta estructural: protocolos claros, recursos adecuados, profesionales capacitados y un compromiso real con la salud pública. Porque detrás de cada nombre —Anel, Valentina, y tantas otras infancias truncas— hay historias que merecían un final distinto.

     

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