Antes de que sea inaugurada la Estación Solar en la Plaza “Primeros Pobladores”, ya se produjeron roturas en las instalaciones. Los botones que proveen de agua, tanto caliente como fría, fueron forzados, por lo que se tuvo que realizar la reparación de los mismos.
Pedimos a los ciudadanos que cuiden y respeten los espacios públicos que son de todos. Si entre todos velamos por los intereses de Villa Regina, podremos disfrutar de estos lugares que benefician a todos.
El Frente Renovador impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que obliga a las refinerías de petróleo asentadas en la provincia de Buenos Aires a informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles.
“Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo”, dijo la diputada Ayelén Rasquetti, autora de la iniciativa.
La iniciativa obliga además a las estaciones de servicio a publicitar en su cartelería visible al público, en cada surtidor y en sus medios digitales oficiales, las modificaciones de precios con una antelación no menor a 48 horas.
La provincia de Buenos Aires tiene unas 1880 estaciones de servicio, lo que la convierte en la provincia con la mayor cantidad de este tipo de establecimientos en Argentina, seguida por las provincias de Córdoba y Santa Fe.
En tanto, en el territorio bonaerense se encuentra el 72% de la capacidad de refinación de nafta y gasoil. Además, están instalados los principales polos petroquímicos del país. Es decir, es donde se genera el valor agregado de la industria.
Desde el massismo aseguran que en Argentina existía una Ley nacional que obligaba a las abastecedoras y expendedoras de combustible de comunicar los aumentos. Sin embargo, esa norma fue eliminada por el gobierno libertario en junio de este año. “Dejaron a los consumidores a la merced de los empresarios que entre gallos y media noche deciden cambiar las tarifas de los combustibles”, dijo Rasquetti.
Según el texto, al que LPO pudo tener acceso, el imcumplimiento de la ley será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, podrá aplicarse además la suspensión temporaria de la habilitación comercial.
Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatros empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia.
En tanto, en el caso de incumplimiento por parte de las estaciones de servicio será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre cien 100 y 500 litros de nafta súper.
En los fundamentos del proyecto, los diputados del Frente Renovador destacan que la provincia de Buenos Aires posee competencia para dictar normas en materia de policía administrativa, defensa de consumidores y transparencia en la comercialización de bienes estratégicos dentro de su territorio.
“Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatros empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”, dijo Rasquetti.
En la provincia se encuentran las cuatro principales refinerías del país: en Ensenada, la de YPF, con capacidad de refinación de 320.000 barriles por día. En Dock Sud, la de Raízen (dueña en el país de las estaciones de servicio de Shell), con 108.000 barriles diarios. En Campana, la de Axion, con 95.000. Y en Bahía Blanca, la de Trafigura (a cargo de las estaciones de Puma Energy), con capacidad de refinar 31.000 barriles por día.
El complejo industrial de YPF en Ensenada ocupa 400 hectáreas e involucra la refinería, la unidad de lubricantes (toda la producción de Elaion y planta de asfaltos) y la planta de química, donde se producen 37 productos petroquímicos y solventes; por ejemplo, desodorantes y aromatizantes. El promedio, se refinan 29 millones de litros diarios de petróleo, de los cuales 8,2 millones son de naftas, 11 millones de gasoil y 2,3 millones de combustible para aviones.
En Bahía Blanca y Ensenada se encuentran también los principales polos petroquímicos del país, una industria cuyo principal insumo es el gas. Este sector representa el 4,2% del PBI nacional, el 12% de la industria manufacturera y el 17% de las exportaciones industriales.
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Los diputados opositores de la Comisión Libra aprobaron este martes la citación de Karina Milei para que comparezca el 23 o el 30 de septiembre próximos, a propuesta de Juan Marino, integrante del bloque UP.
La moción contó con 15 votos por la afirmativa. A los 14 opositores, se terminó sumando el respaldo de la salteña Yolanda Vega, que responde al gobernador Gustavo Sáenz.
El mandatario de la provincia norteña empezó a tomar distancia de la Casa Rosada. La semana pasada recibió a Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, los libertarios críticos que armaron el bloque Coherencia, y este lunes dijo que el gobierno nacional lo “traicionó”.
Como sea, el temario de la jornada incluía la citación del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, la ex directora de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que creó el gobierno, María Florencia Zicavo, y dos ex agentes de la OA, Luis Villanueva y José Massoni, quien alegó problemas de salud.
El único que asistió fue Villanueva, quien consideró que “están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública”. “Hay dos problemas con ese posteo (del 14 de febrero): la información que surge de ahí, que no lo tenía otro y muestra la cercanía con los organizadores del emprendimiento, y cómo lo expresa”, señaló.
De los tres faltazos, el más grosero fue el de Melik, que incluso se negó a recibir la notificación del Congreso. El agente que fue hasta la OA para entregarle la cédula tuvo que conformarse con dejarla pegada en la puerta de su despacho.
Esteban Paulón.
Por eso, la diputada Sabrina Selva expresó que: “es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos a esta comisión se nieguen a venir, son los que tuvieron a cargo la investigación”. “Queda en evidencia que no quieren explicar”, remarcó.
Además, recalcó los efectos del artículo 8° del reglamento, que habilita a la comisión a requerir los oficios de la Justicia para que mande a buscar por la fuerza pública a los funcionarios citados que se resistan a comparecer, tal como informó LPO. “A mí y seguramente a muchos de los que integramos esta comisión nos encantaría ir a buscar con un patrullero a la secretaria general de la Presidencia para que, de una vez, dé la cara y explique. Pero no es la facultad que nos estamos arrogando con el reglamento”, aclaró.
Voy a poner a consideración una opción para que la voluntad quede indiscutida y es que las autoridades de esta comisión se constituyan en la Casa Rosada y le tomen declaración (a Karina) el día y hora que ella pueda.
La bronca de los legisladores es que las personas citadas habrían usado “artilugios para obstruir y no cumplir con los deberes de funcionario público”.
Frente a ese escenario, Marino explicitó que, más allá de la voluntad de citar a Karina para el 23 o el 30 de septiembre, quedara la chance de que la funcionaria eligiera otra fecha en caso que no pudiera alguno de esos dos días.
Su par Mónica Frade sorprendió minutos más tarde con una curiosa concesión para que la hermana del Presidente se allane a brindar su declaración testimonial. A la citación presencial o la posibilidad de que envíe respuestas por escrito, agregó una tercera: “voy a poner a consideración una opción para que la voluntad quede indiscutida y es que las autoridades de esta comisión se constituyan en la Casa Rosada y le tomen declaración el día y hora que ella pueda”, dijo.
Ferraro y Villanueva.
Según la diputada lilita, “es una salida para que la señorita no tenga que moverse y no tenga que perder tiempo pero que tenga todas las garantías para poder declarar”.
Su intervención generó malestar entre los representantes del peronismo pero prevaleció la voluntad de inhibir cualquier cuestionamiento que arriesgue la mayoría articulada para el funcionamiento de la comisión.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, recordó al término de la reunión que el próximo viernes vence el plazo para que el Presidente responda las nueve preguntas remitidas por el cuerpo. “Esperamos respuestas concretas; de lo contrario, se analizarán nuevas medidas para hacer efectivo su cumplimiento”, adelantó.
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