El empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, señalado como uno de los conductores del circuito clandestino de retornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), regresó en un vuelo privado y debía ser requisado por orden judicial. Pero la PSA y Migraciones, bajo la órbita de Patricia Bullrich, no lo detuvieron. Cuando fueron a buscar su celular, ya no estaba. El mismo empresario que Noticias La Insuperable expuso por sus vínculos con Skanska, Machado, MacAir y el macrismo, volvió a volar bajo el radar del Estado.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Un operativo fallido desde el inicio
Mastropietro aterrizó el sábado 15 en un vuelo privado proveniente de Miami. Su itinerario debía ser directo, pero realizó una escala inesperada en Tucumán, donde efectuó una llamada cuyo destinatario todavía no fue identificado. Ese desvío retrasó el operativo que el juez Sebastián Casanello había ordenado: incautar todos los dispositivos electrónicos apenas el empresario pisara Aeroparque.
Pero cuando el avión llegó a Buenos Aires, ni la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ni la Dirección de Migraciones ejecutaron la requisa. Lo dejaron salir.
Recién cuando el juzgado advirtió la irregularidad, ambos organismos salieron a buscarlo. Lo ubicaron, sí. Pero el empresario respondió que su celular había quedado en “otro lugar” y que había “desaparecido”. Los agentes no creyeron la explicación, pero ya era tarde: la evidencia clave se perdió.
Desde el Ministerio de Seguridad derivaron las preguntas a la PSA. Migraciones responsabilizó a la PSA, y la PSA responsabilizó a Migraciones. El resultado es el único que importa: la Justicia nunca obtuvo el teléfono.
Quién es el hombre detrás del teléfono perdido
Mastropietro figuró en el escándalo de Skanska, como responsable de Sol Group, una firma fantasma que emitía facturas truchas mientras en su domicilio funcionaba un simple club de ajedrez. Allí aparecían nombres recurrentes: Baires Fly, Romano, Jaime, la ruta de la efedrina, el triple crimen. Un entramado que ya en 2005 lo vinculaba a maniobras de lavado y triangulación.
Nada de eso impidió que siguiera operando durante dos décadas.
En la causa ANDIS, su nombre resurge cuando Diego Spagnuolo —examigo íntimo de Milei— revela que cientos de millones en retornos de laboratorios y droguerías terminaban en Baires Fly y Baires Jet, amparados en facturas por “compra de kilómetros nacionales”, una descripción deliberadamente imprecisa que evitaba controles. El articulador era Miguel Ángel Calvete, quien en sus cuadernos y mensajes se refería a Mastropietro como “Serginho”.
También aparece Lorena Di Giorno, funcionaria de ANDIS y socia de Mastropietro en Megastatica SAS, reportando movimientos a Calvete. Y el circuito de dinero en efectivo tenía epicentro en Altos de Campo Grande.
Machado, Macri, Espert: los puentes que siempre vuelven
La figura de Mastropietro también es clave para entender el corazón del negocio aeronáutico privatizado. Su sociedad con Federico “Fred” Machado, hoy detenido en Texas por narcotráfico y fraude, incluye vuelos, sociedades y operaciones vinculadas al fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation, usado en Estados Unidos para lavar dinero a través de aviones. De ese mismo fideicomiso salió el giro de US$200.000 para Espert en 2019 tras un encuentro facilitado por Mastropietro.
Con el macrismo, su rol fue aún más visible: fue presidente de Avian, la heredera de MacAir, la empresa aérea de la familia Macri. Compartió una offshore (LETS FLY US LLC) con Carlos Martín Cobas, funcionario de Presidencia durante Macri, imputado por Di Lello y forzado a renunciar por incompatibilidades con Avianca.
Durante el macrismo, empresas vinculadas a SOCMA fueron beneficiadas con asignaciones de hangares en Aeroparque en detrimento de Aerolíneas Argentinas. No casualmente, Mastropietro y Machado compartieron vuelo, domicilio y negocios.
Un fantasma que vuelve a desaparecer
Mastropietro pasó dos décadas moviéndose sin fotos, sin exposición, sin dejar rastros salvo cuando alguna causa judicial lo arrinconaba. Esta vez, el Estado —otra vez— le abrió la puerta.
Y su celular, el que podía detallar veinte años de vínculos, operaciones y favores, se esfumó delante de todos.
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El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA), Sergio Escalante, cuestionó el proyecto de reforma laboral que promueve el gobierno de Milei al decir que sus impulsores «no entienden la relación laboral». «La mejor reforma laboral es generar trabajo, dejá que la modernización la peleemos los empresarios y los trabajadores», le dijo a LPO tras lograr un acuerdo hasta el 5 de enero con Mondelez para mantener su planta de más de 2 mil empleados.
Escalante, que asumió la conducción del sindicato en reemplazo de Rodolfo Daer, anticipó que el Consejo Directivo de la CGT se reuniría en los próximos días para discutir la estrategia frente al apuro del gobierno por sancionar la ley. «A ningún empresario le conviene un sindicato débil, porque en lugar de hablar con cinco tenés que hablar con 200», explicó acerca del objetivo que buscan los que pretenden que las negociaciones sean por fábrica o región antes que por rama o sector.
Aunque reivindicó la inteligencia de los dirigentes gremiales que conversan con las patronales para cuidar los intereses de sus afiliados, reconoció que el sindicalismo no tiene «qué negociar» ante esta avanzada, en medio del deterioro de la actividad económica. «¿Qué podemos darles? Tenemos trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza. Acá quieren enfriar la economía y que bajemos la guardia para que se puedan impulsar reformas estructurales», argumentó.
Según Escalante, «los empresarios con más espalda pueden sostener esto». «Quizá apuesten a ajustar, hacer eficientes sus plantas recortando conquistas, achicar los planteles», conjeturó, y agregó que «hoy es un pecado estar enfermo o tener un problema en la familia».
En medio de las negociaciones con Mondelez, asumió también: «ante la caída de la demanda, ellos se ponen más fuertes y nosotros más débiles».
Sin embargo, admitió que en las conversaciones con gerentes de empresas «lo primero que se discute no es la reforma laboral sino la falta de ventas, las líneas paradas, falta de crédito o crédito caro».
¿Un gobernador va a mandar a votar la reforma laboral a tres diputados? Si no entienden la relación laboral…
Por eso, objetó que la discusión de la reforma laboral pase nada más que «por conseguir los votos de los diputados». «¿Un gobernador va a mandar a votar la reforma laboral a tres diputados? Si no entienden la relación laboral…», se quejó.
Además, lamentó que «el único país que vive en la era de Francis Fukuyama es Argentina, el resto cuida a su industria». «El modelo peruano que ellos plantean tiene 70 por ciento de informalidad», aseguró.
Escalante viene de rechazar el planteo de «crisis» que le hiciera al sindicato la empresa Mondelez, con una planta de 2300 trabajadores, entre los cuales hay 1600 conveniados. «No aceptamos una crisis, aunque entendemos que las líneas están paradas. Pero necesitamos ver los números y eso no nos corresponde», sostuvo.
En ese contexto, la firma y el STIA acordaron que se pare la producción durante tres semanas, hasta el 5 de enero. Desde el próximo lunes, los empleados se dedicarán a la limpieza y el mantenimiento preventivo de la planta, luego tomarán una semana de licencia por vacaciones según el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo y al final una semana más de licencia paga.
Además, la empresa otorgará un bono de 525 mil pesos y un voucher de 53 mil para adquirir mercadería de la proveeduría de Mondelez.
Pablo Quirno decidió que Argentina no acompañe el documento de consenso de la cumbre del G20 en Sudáfrica. En una primera lectura se entiende que forma parte del alineamiento total e incondicional con Estados Unidos pero también aparecen elemento de tensión hacia dentro del gobierno.
El G20 tiene la particularidad de controlar con Sherpas, una suerte de representantes especiales en esos ámbitos que se dedican a negociar cada punto de todos los puntos de la agenda de la cumbre.
El Sherpa argentino es Federico Pinedo, quien sonó como posible Canciller impulsado por Mauricio Macri en un hipotético acuerdo de gobierno con Javier Milei luego de las elecciones. La sorpresiva victoria en las legislativas puso ese pacto bajo la alfombra y el gobierno decidió poner a los suyos en puestos claves. Así llega Pablo Quirno a la Cancillería.
Lo cierto es que la decisión de no acompañar el documento del G20 generó sorpresa en los sudafricanos.Vincent Magwenya, portavoz del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, fue consultado sobre la posición de Argentina por la Agencia EFE, y contestó que «el ‘sherpa’ argentino (Pinedo) ha estado aquí bastante tiempo».
«Ha participado en varias reuniones, así que resulta un poco sorprendente que Argentina no estuviera presente cuando los ‘sherpas’ consideraron que habían llegado a un acuerdo. Y una vez que los ‘sherpas’ llegaron a un acuerdo, sólo faltaba que los líderes en la cumbre ratificaran su acuerdo. Eso ocurrió», dijo Magwenya.
Antes de la firma, Magwenya adelantó a los medios que el texto reafirma que la Carta de las Naciones Unidas «sigue siendo el punto de orientación central para analizar y abordar las disputas, evitar el uso de la fuerza y comprometernos con la resolución pacífica de los conflictos». En esa línea, apuntó que que la declaración identifica «cuatro de los conflictos más graves del mundo: la República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania y Palestina».
El argumento del gobierno para no acompañar el texto fue una supuesta diferencia relacionada con el conflicto en Medio Oriente donde Argentina está fuertemente alineada a Israel pero lo que confirma Sudáfrica es una desautorización de Quirno a Pinedo.
Ha participado en varias reuniones, así que resulta un poco sorprendente que Argentina no estuviera presente cuando los ‘sherpas’ consideraron que habían llegado a un acuerdo. Y una vez que los ‘sherpas’ llegaron a un acuerdo, sólo faltaba que los líderes en la cumbre ratificaran su acuerdo. Eso ocurrió
El Canciller dijo en su discurso que «hemos señalado las líneas rojas identificadas con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20. Esas líneas rojas siguen vigentes».
«Nos preocupa profundamente la forma en que ciertos asuntos geopolíticos están planteados en el documento. En particular, aborda el prolongado conflicto en Oriente Medio de un modo que no capta toda su complejidad», señaló Quirno.
Federico Pinedo.
Según Quirno, el texto se centró en una «única dimensión de un territorio específico», lo que, a su juicio, «pasa por alto el contexto regional más amplio, el reconocimiento internacional de distintas entidades y las causas estructurales de la disputa».
Por su parte, el comunicado de Cancillería dice que «esta decisión argentina responde al quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del G20, así como a diferencias sustantivas en las consideraciones geopolíticas contenidas en el texto.
Nos preocupa profundamente la forma en que ciertos asuntos geopolíticos están planteados en el documento. En particular, aborda el prolongado conflicto en Oriente Medio de un modo que no capta toda su complejidad
«Para la Argentina resulta esencial preservar la regla del consenso como fundamento de la legitimidad de las decisiones adoptadas en el marco del G20. En tal sentido, y tras varios días de negociaciones constructivas, nuestro país lamenta que se haya decidido considerar como aprobada una declaración sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina entre otros», continúa.
Asimismo, finaliza que «en lo que respecta al conflicto en Medio Oriente, la Argentina se diferencia del enfoque parcial reflejado en el documento, que omite el contexto regional y las causas estructurales subyacentes del conflicto, elementos indispensables para el avance de un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado».
Federico Pinedo mostró su apoyo en redes sociales al discurso del Canciller y defendió la posición del gobierno con el documento pero lo cierto es que quedó expuesto ante los organizadores de la cumbre.
Este es un síntoma más de la relación del PRO con los libertarios que empieza a sentirse en la política exterior y se suma a las declaraciones de Mauricio Macri que pidió sostener el vínculo con China y dijo que él si pudo mantener los acuerdos con Xi Jinping a pesar de la presión de Obama y Trump.
El congelamiento de la relación con China también es un tema que preocupa a la diplomacia de la Cancillería que maneja el vínculo con el gigante asiático y de empresarios que temen que a los chinos se le termine la paciencia y eso genere severas consecuencias.
En esa línea, como adelantó LPO, Karina Milei suspendió una visita a la principal feria de China para acompañar a Javier Milei a la CPAC en Miami cuando había comprometido su visita por carta meses atrás.
Para renovar el swap, China le hizo tres pedidos al gobierno. El primero fue que Milei bajara el tono de su discurso contra China. Además, acordaron una visita del presidente a China. Milei pospuso la gira, pero la Argentina prometió enviar a Karina como una muestra de buena voluntad que la hermana presidencial incumplió. El tercer punto era la reactivación de las obras que habían quedado paralizadas y que tenían participación china.
Mientras tanto, la presencia de China en la economía argentina no para de crecer, pese a las promesas de Milei a la administración Trump. Las importaciones chinas saltaron 66% en el último año, fábricas completas llegan en barcos y hay nuevas adquisiciones en yacimientos mineros.
La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
El abogado Andrés Edelstein ya redactó una borrador de reforma tributaria para el gobierno, que plantea como eje central el IVA dual con las provincias. El proyecto está inspirado en el sistema brasileño y le agregaría 8 puntos al IVA actual.
Edelstein es uno de los directores de BYMA y socio en el estudio Edelstein, Mariscal, Torassa y Asociados. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue secretario de Ingresos Públicos de Nicolás Dujovne.
El punto principal de la reforma es la eliminación de Ingresos Brutos, un impuesto que cobran las provincias y que se cubriría con ocho puntos de IVA suplementarios. En el gobierno destacan que el sistema permitiría un mayor orden de las cuentas nacionales y también de las empresas, que el IVA pueden desgravarlo.
Edelstein se inspiró en el sistema brasileño y la puesta en marcha del proyecto tiene una condición crítica: las 24 provincias deben ponerse de acuerdo y eliminar Ingresos Brutos en sus legislaturas. Ni siquiera Domingo Cavallo con la suma del poder público logró implementarlo.
La propuesta que elaboró Edelstein prevé sumar 8 puntos a los 21 actuales del IVA. El cálculo surge de la aplicación de Ingresos Brutos en toda la cadena productiva, donde se duplica y hasta triplica, por eso tasas del 3 puntos termina sumando 8 o 9 puntos. Se considera que, en promedio, IIBB se cobra tres veces en un mismo producto.
Edelstein es uno de los directores de BYMA y socio en el estudio Edelstein, Mariscal, Torassa y Asociados. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue secretario de Ingresos Públicos de Nicolás Dujovne.
El aumento del IVA de 21 a 29% no debería tener incidencia en el precio final de los productos, pero sí permitirá que las empresas se ahorren sumas millonarias al poder descargar ocho puntos más de impuestos.
Para sortear la complejidad del asunto tendrá un rol clave Luis María Capellano, presidente de la Comisión Arbitral que integran las 24 provincias argentinas y cercano al peronista Gabriel Michel, que trabajó otra propuesta de reforma impositiva, que el peronismo podría sumar a la discusión parlamentaria. Michel argumenta que la reforma laboral y la tributaria están conectadas y deber trabajarse en conjunto.
Como sea, la Comisión Arbitral tiene como finalidad coordinar los esquemas tributarios de las provincias y dirimir los conflictos que pudieran existir ante el cobro de impuestos, por eso, si se quiere avanzar con una reforma tan profunda como la eliminación directa de ingresos brutos, esa institución sería clave para trabajar el acuerdo con todas las provincias.
En medio de la recesión que se agudiza y que acelera la crisis en las empresas de consumo masivo, la firma mayorista de productos de limpieza Caromar, con 30 años de trayectoria, cerró este lunes de forma intempestiva tres de sus ocho sucursales.
La determinación afectó a los locales de San Justo, Burzaco y Mar del Plata, donde se desempeñaba casi un centenar de trabajadores que por estas horas se mantienen con acciones de protesta frente al cierre repentino y la intención de la empresa de pagarle la mitad de las indemnizaciones.
Caromar, que produce y comercializa los productos de limpieza «El Coloso», adujo razones de «fuerza mayor», con el fin de encuadrar los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y abonar el 50% de la indemnización correspondiente.
«Desde el Sindicato rechazamos categóricamente esta maniobra, por considerarla improcedente e injustificada, dado que la compañía no cesa sus actividades ni afronta una situación que le impida seguir produciendo», señalaron en el gremio de Empleados de Comercio, donde exigen el pago completo.
«No permitiremos que se utilicen falsas causales legales para perjudicar a quienes han sostenido el funcionamiento de la empresa durante años», agregaron.
La sucursal más afectada por los cierres es San Justo con casi 60 trabajadores. Ahora, la preocupación es por la posibilidad de que la decisión de cierre se extienda al resto de las sucursales de la empresa perteneciente a la familia Manassero, que también tiene locales en José C. Paz, Moreno, Neuquén y Rosario.
