El Intendente Marcelo Orazi participó el miércoles de la presentación del proyecto de conectividad por fibra óptica a cargo de autoridades de la Agencia Río Negro Innova.
La directora ejecutiva de RN Innova, Soledad Gonnet, presentó el proyecto y Maria Elena Guaresti, de la UPCEFE, mostró los estudios de impacto ambiental y social.
El proyecto de red de infraestructura multiservicios de conectividad por fibra óptica conforma la mayor obra de telecomunicaciones de la provincia y permitirá ampliar la conectividad a internet, conectando zonas sin acceso al servicio o con cobertura deficiente.
Fue desarrollado por la agencia RN Innova y Altec, en un trabajo articulado con el Ministerio del Interior de Nación y la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) y gestionado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El tramo 1 incluye el recorrido de 210 kilómetros de fibra óptica sobre 14 localidades comprendidas entre Choele Choel y General Roca.
Esta Red Troncal Multiservicios será administrada por la provincia a través de la empresa de tecnología rionegrina Alta Tecnología Sociedad del Estado, ALTEC S.E, siendo Río Negro una de las pocas provincias del país que poseen la administración de un troncal propio. El objetivo es producir un impacto positivo y significativo en la mejora y ampliación de la conectividad, generando una inclusión digital en el territorio provincial.
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El Gobierno disolvió un fondo creado para el desarrollo infraestructura eléctrica, pero dejó intacto el cobro. Esa es la paradoja que quedó expuesta en el informe que Manuel Adorni presentó ante el Congreso. En la respuesta número 1.1173 el Gobierno admitió que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal todavía no fue liquidado. La caja se cerró en los papeles, pero la plata sigue entrando todos los meses.
El dato no es menor. El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tiene hoy esos miles de millones de pesos.
En el informe de la Jefatura de Gabinete se habla de un «proceso post disolutorio». Lo concreto es que el fondo fue eliminado por decreto, pero en los hechos sigue activo. Porque, mientras tanto, el recargo sigue corriendo. Es plata que sale del bolsillo de hogares, comercios e industrias en todo el país. No es optativo. Está incorporado en la estructura tarifaria y se traslada de forma automática. Se paga en Buenos Aires, en Córdoba o en el NOA. Es nacional.
Lo más incómodo es que ese dinero ya no va a una caja específica. Fue redireccionado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, dentro del presupuesto. Cambió el envase, no el mecanismo. Se sigue cobrando igual, pero con otra lógica de administración.
El problema es que el objetivo original quedó diluido. El fondo había sido creado en 1999 para financiar obras de transporte eléctrico en alta tensión. Los grandes tendidos que conectan regiones, evitan cuellos de botella y llevan energía a zonas alejadas.
El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026 que deberían destinarse a obras. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tienen hoy esos miles de millones de pesos.
Durante años, esa caja funcionó con un destino atado. Esa estructura obligaba a que los fondos tuvieran una trazabilidad clara: lo que se recaudaba debía terminar en obras concretas.
Hoy ese esquema se rompió. El Gobierno reconoce que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese formato. Se sigue recaudando como si hubiera un plan de expansión en marcha, pero la infraestructura no avanza, esta paralizada.
Ahí aparecen las tensiones. La primera es la pérdida de trazabilidad. Sin fideicomiso, es más difícil seguir el rastro fino de cada peso. La segunda es la discrecionalidad. La administración directa por parte del Ministerio de Economía habilita decisiones más políticas que técnicas. La tercera es el ruido: se sigue cobrando un cargo que nació para un fondo que ya no existe formalmente.
Además, el recargo no es transparente en la factura. No aparece como «FFTEF». Se esconde en conceptos como cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica o en ítems regulatorios. Está ahí, pero no se ve con claridad. La factura eléctrica es una suma de capas donde estos componentes quedan mezclados.
Sin embargo, el número existe. El recargo que alimenta ese esquema ronda los $1.704 por MWh, es decir, cerca de $1,7 por kWh. Para un hogar promedio de 200 a 300 kWh mensuales, implica entre $340 y $500 por mes. No es el componente más grande de la boleta, pero es constante y universal.
En términos relativos, representa entre el 2% y el 5% de la factura, según el nivel de consumo. No es un porcentaje fijo. Es un cargo técnico que se integra al precio mayorista y se traslada al usuario final. Por eso se vuelve difícil de identificar.
En el Congreso quedó flotando una pregunta que nadie terminó de responder. Quién administra esa caja y con qué criterio.
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Los Caminos del Vino fue la propuesta innovadora del programa de esta edición vendimial, organizada por la Municipalidad de Villa Regina, con una globa que exhibió la producción de más de una docena de bodegas de toda la provincia y ofreció, además, la posibilidad de degustación, compra de vinos y hasta de una delicada copa…
La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.
Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».
Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.
Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.
Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».
Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.
Belén Agudiez.
Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.
Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.
De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.
No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.
La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.
La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.
Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».
Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.
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