Orazi confirmó cambios en el gabinete municipal

 

Es un día ventoso y fresco. Salgo de Austin a las 9 a.m. En menos de dos horas, mucho antes de la audiencia, llego a la corte administrativa de migración ubicada en el centro de San Antonio. Le prometí a Ángel Lanas que estaría el día de su apelación. No podía defraudarlo. Hace varios años que visito a migrantes encarcelados en el T. Don Hutto, un centro de detención, como parte de un grupo de voluntarios y voluntarias que les dan apoyo. Ángel es uno de ellos.

El estacionamiento está casi vacío. Sorprende. En los últimos meses a estos edificios los rodean autos de ICE, los agentes cazan migrantes cuando salen de sus trámites. Algunos acuden a la corte para registrarse regularmente, como es obligatorio, otros van a renovar permisos de trabajo. Hoy Ángel comparece ante un juez para apelar su caso de asilo. 

Viajé con el equipo de la Clínica de Migración de la Universidad de Texas. Denise Gilman, abogada y directora de la Clínica, va al volante. No hay tráfico en la I35, la autopista que atraviesa el país y une a Canadá con México. Hablamos del trabajo que han hecho Amy Grace Humber y Shelby Alenxander, estudiantes de Gilman que representan a Ángel en la audiencia de hoy. Están animadas. Elena (que prefiere no dar su apellido), experta en El Salvador, cuenta cómo están las cosas en ese país. Al llegarlas cinco salimos de la camioneta. Yo soy la única que no tiene papel en la audiencia. Al menos eso pienso. Ahora, casi dos meses después, al escribir los eventos de esa mañana, entiendo mi función. 

Sigo a ese grupo de mujeres valientes y comprometidas. Han trabajado en el caso durante  meses. Esta mañana es decisiva. Entramos al edificio por una de las puertas laterales, tomamos el ascensor hasta el cuarto piso. El interior está en renovación. Los corredores, vacíos. Un olor a polvillo vuela en el aire. Las puertas, cerradas. Paso por la cinta de seguridad, pongo abrigo, bufanda, zapatos. Las abogadas, los enormes maletines con documentos. Ya del otro lado, caminamos por un pasillo largo hasta llegar a un despacho con el número indicado. Gilman abre la puerta que da a un lugar de no más de 50 metros cuadrados con la venerable disposición de una corte. 

Werner Gephart afirma que en las sociedades modernas la coreografía ritualista de la ley ocupa el lugar que tenía lo sagrado en el mundo antiguo. Gephart, que además de sociólogo es artista, advierte que la disposición física de una corte emula un templo. Por el tamaño, esta sería una capilla. En la tarima del fondo está el altar, donde se sienta el juez, a su lado, una mesita para la intérprete. Frente a ella, el escritorio para las representantes legales (Amy y Shelby) que miran al juez. A su derecha, una pantalla de 45 pulgadas colgada en alto, en la pared. En una de las tres bancas largas como de iglesia destinadas para los asistentes nos sentamos Gilman, Elena y yo. Nos separa del estrado un pasamano de menos de un metro de altura. En el centro, el corredor por donde avanzará a declarar Elena, la experta, cruzando la pequeña puerta. Tal y como en las películas.

En la sala solo estamos nosotras. Es lo común. En las cortes administrativas que procesan los casos de asilo de miles de migrantes no hay cobertura, ni testigos civiles –excepto que sean declarantes–. No hay otro registro (además del oficial que queda en archivo) que el de los abogados defensores y el los de familiares de los solicitantes, cuando los hay. El performance de la ley es fundamental para establecer la memoria colectiva, advierte Gefhart. “Si no se ve, sin el uso de los medios, sin un discurso público de los amenazados sentimientos colectivos, el colectivo consciente, la formación de una sociedad civil parece inviable”. 

A las 13 horas en punto entra el Juez, de capa negra larga. Nos ponemos de pie. Se sienta. Nos sentamos. Entra la intérprete, una mujer de edad madura. Lleva una cartera pasada de moda y un cuaderno. Ángel está en T. Don Hutto, un centro de detención a 184 kilómetros de San Antonio. En la pantalla aparece con una camisa color naranja, de preso, la expresión serena. Solo él siente el ritmo al que late su corazón, la velocidad de su pulso. A su lado están dos mujeres jóvenes, otra representante legal del equipo de la universidad y otra intérprete. En la pantalla se los ve sentados, hombro a hombro, como si viajaran apretados en un auto pequeño. En Hutto, el cubículo donde llevan a los migrantes para que asistan a sus audiencias mide un metro por un metro. Como cientos de migrantes en el país, Ángel se sienta en este lugar para asistir a un proceso que transcurre lejos, en una lengua que no es la suya y en el que se juega la vida. A diferencia de la gran mayoría, él tiene representantes legales y una intérprete. Ángel llegó al despacho de la Clínica a través de American Gateways, la firma de abogados que trabaja sin fines de lucro dando servicios a migrantes, refugiados y personas que han sufrido persecución. 

Desde la última vez que asistí a una audiencia en San Antonio, antes de la pandemia, han cambiado dos cosas. No está presente el abogado del Estado, que ahora participa virtualmente. El acta se levanta por un sistema automatizado que digitaliza los diálogos. 

El juez saluda y hace una lista de quienes están presentes en la sala. Procede a leer el orden del día. Toma juramento a la intérprete. Menciona los números de los expedientes y las páginas donde están las declaraciones de los testigos, tanto de los que están en El Salvador como de las expertas que darán testimonio en la audiencia. A los documentos que nombró los llama Exhibits. La palabra me regresa a la idea de la coreografía de la ley.

Como muchos migrantes, Ángel cruzó la frontera entre México y Texas y pidió asilo. En ese momento el personal del Border Patrol lo arrestó. Él casi no tiene relación con su familia. Durante el tiempo de encierro sólo habló con sus abogadas, y en los dos últimos meses, conmigo, una vez por semana. En Hutto, Ángel pasó por momentos de depresión severa y estuvo en confinamiento solitario más de una vez. Es un joven delgado y de baja estatura: tímido y muy reservado. Creció en la calle, quedó huérfano de madre a temprana edad, fue criado por su abuela y, aunque conoció a su padre, no fue reconocido. Nunca tuvo un documento de identidad. No creció con sus hermanos y tiene contacto esporádico con ellos. Por vivir en la calle sufrió maltrato y persecución de la policía, por eso huyó. No quiere regresar porque sabe que será encarcelado y teme por su vida. 

En Hutto, Ángel se ha dedicado a cortar el pelo a sus compañeros. Core Civic, la corporación que administra el centro de detención, le pagaba 25 centavos de dólar por cada corte. Después del séptimo corte, 50 centavos. Lo he visitado cada semana, por una hora, durante dos meses. Nunca me habló de su vida pasada, hasta esa mañana de mi última visita, el miércoles 10 diciembre, dos días después de la audiencia en San Antonio. Le pregunté si podía contar lo que había sucedido el lunes en la corte. “Cuente todo lo que quiera”, me dijo con voz suave. Más que a permiso, sus palabras sonaron a claudicación. Después me compartió su historia en El Salvador.

Durante los años que he visitado a mujeres migrantes detenidas en Hutto, las penurias del trayecto es algo de lo que hablan –si lo hacen– como un desahogo. Cuando comparten esa intimidad, relatan la vulnerabilidad extrema que las llevó a migrar. Cuando cuentan los horrores que experimentaron durante su viaje, lo hacen como una catarsis. Quienes las visitamos, no firmamos un compromiso de confidencialidad, pero esas historias son suyas. No escribo de ellas. Hacemos públicas sus experiencias dentro de Hutto sin ponerlas en evidencia. Es la única manera en que la sociedad puede enterarse de las muchas formas de maltrato interno. Eso ayuda a movilizar a la comunidad y hace de Hutto un centro de detención muy particular. A este acervo de crueldad pertenece la historia que registra el vacío del ritual de la ley migratoria a la que someten hoy en día miles de personas. 

El centro de detención T. Don Hutto está en Taylor, a 55 kilómetros de Austin. Es una construcción de enormes paredes blancas ubicada a orillas del pueblo, frente a las líneas de una última estación de un tren de carga. En ciertas épocas del año se ven las pacas de algodón, recordando el pasado de la zona. A cinco minutos de ahí está la plaza central de Taylor, en el condado de Williamson, Texas. Originalmente Hutto fue una cárcel de mediana seguridad construida en los años 90 sobre un terreno que fue tierra de trabajadores del campo, en su mayoría mexicanos. Ellos donaron el terreno a la iglesia católica que vendió el predio por 10 dólares a la Correction Corporation of America (CCA), antes Wakenhut, actualmente Core Civic: una corporación privada dedicada a administrar cárceles. 

Hutto funcionó como cárcel de varones condenados en el sistema penal entre 1994 y 2004. Se cerró debido al bajo número de internos. En 2006, CCA firmó un contrato con ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) para administrar la institución y transformarla en un centro de detención para familias migrantes. En 2006-2007 –me explica Gilman– aún en estados conservadores como Texas, se discutía la necesidad de dejar de usar la prisión privada. El sistema penal gastaba demasiado dinero encarcelando a gente que no tenía que estar detenida, a expensas de los impuestos de los contribuyentes. Ese dinero, además, iba a las corporaciones privadas que administraban las cárceles. Entonces, el sistema penal dejó de usar la prisión privada y estas compañías se dedicaron a la población migrante. Texas es, de largo, el estado con más centros de detención para migrantes en el país. Actualmente, las corporaciones privadas que administran las prisiones hacen cuantiosas donaciones a las campañas políticas y tienen un lobby importante. Desde que empezaron las redadas de ICE con este nuevo gobierno, han incrementado su valor en la bolsa.  

Aunque siempre existió algún tipo de privación de la libertad para migrantes, esta política se incrementó durante los años 80 con la administración de Reagan, por la llegada masiva –por mar y tierra– de cubanos, haitianos y centroamericanos, explica Gilman. Desde entonces encarcelar a quienes piden asilo se volvió un método para desalentar y detener la ola migratoria. Al principio se los encerraba en cárceles comunes, pero luego empezaron a aparecer las cárceles privadas. Así, Corrections Corporation of America (CCA) entró en el negocio de la detención privada. En 1996, durante la administración de Clinton, el Congreso aprobó la Ley de Reforma a la Migración Ilegal y de Responsabilidad del Migrante, y se formalizó lo que sucedía desde los 80. 

Cuando son trasladados hasta allí, muchos ni siquiera saben que es un centro de detención de migrantes y no a una cárcel común, lo que no es un detalle menor. Ángel lleva un uniforme naranja. En la sala donde nos sentamos, a veces hay hombres que reciben visitas de sus familiares, algunos visten uniforme blanco y otros, azul. Ángel me dice que los de blanco trabajan en la cocina, y no sabe por qué a los demás los clasifican en colores. 

En la pantalla aparece la doctora Tommie Sue Montgomery, politóloga y experta en El Salvador. Participa virtualmente desde Canadá. El Juez le toma el juramento.

Montgomery articula en orden y de manera detallada su declaración. Habla del tema del estigma como uno de los factores definitivos para encerrar a la gente en El Salvador. Ángel tiene muchas de las características que hacen que pese sobre él el estigma que determina que una persona vaya a la cárcel. 

Montgomery las enumera: Es joven. Como la mayoría de los chicos pobres de su país, tiene tatuajes, una manera de acceder a protección en la calle. Y no los pueden ocultar porque en El Salvador hace calor y la gente va con ropa ligera. Ángel es pobre. Tiene una condena por robo. No tiene familia que reclame por él. No tiene documento de identidad. La politóloga se detiene en este punto y explica que es muy difícil sacar este documento si no lo hicieron los padres. Sin él, cualquier hombre joven y pobre, como Ángel, queda más expuesto a las políticas represivas del gobierno de Bukele. 

Para hablar de lo que sucede en El Salvador, Montgomery cita fuentes, presenta estadísticas y entrevistas que ella misma realizó a gente de ese país. En caso de que Ángel regrese como deportado, afirma, lo más probable es que se lo envíe directamente a una cárcel de máxima seguridad. Muchos de los detenidos allí no tienen una condena, están ahí por el estigma que pesa sobre ellos, insiste. Se conocen casos de hombres que han sido torturados hasta la muerte. Montgomery exhibe imágenes que muestran las formas de violencia usadas por la policía y corrobora sus declaraciones. Entre las evidencias que presenta, incluye las declaraciones públicas del propio Bukele. De ser deportado, lo más probable es que Ángel muera, concluye.

El abogado del Estado pregunta si no tuvo una condena por robo. Montgomery contesta que sí, que a eso se debe su riesgo.

Montgomery termina su declaración. Sale del monitor. 

El Juez, con una disposición relajada y tono amigable, cuenta que visitó El Salvador cuando trabajó para un programa de repatriación vocacional con la esposa del entonces presidente, que era una trabajadora social muy reconocida. No dice el nombre del presidente ni los años de sus viajes. Las abogadas se sorprenden de que el Juez conozca El Salvador. No es lo usual. Hay un receso. Se levanta el Juez, nos levantamos, cuando sale, nos sentamos.

Cuando se abrió el T. Don Hutto Residential Center como centro de detención para familias, ACLU (American Civil Liberties Union), la Clínica de Migración de la Universidad de Texas y un bufete privado de abogados le iniciaron un juicio al gobierno federal por la violación de la ley respecto al trato a los menores de edad. Para aplacar la protesta, sus directivos suavizaron la imagen del edificio, quitaron los alambres de púas y buscaron darle a la institución un aspecto más amable. En la sala de visitas pusieron sillones de hule dispuestos como en una sala familiar, y en el interior hicieron dibujos en las paredes como en las escuelas primarias. Los niños, sin embargo, siguieron el mismo régimen de encierro que sus madres y solo podían salir de las celdas una hora al día.

En el 2007, respondiendo a la presión social ejercida por varias ONG y activistas, las partes llegaron a un acuerdo y se cambiaron algunas rutinas en el centro. Poco después, el observador federal encontró que, de manera consistente, la CCA no cumplía con su parte del acuerdo. Siguieron las presiones de los activistas hasta que, en 2009, el ICE y el Condado de Williamson firmaron un convenio por el cual el lugar se convertiría en un centro de detención de mujeres migrantes. En 2010, el fiscal del condado presentó cargos contra un empleado de CCA por abuso sexual a muchas detenidas. El caso terminó en la condena del empleado, pero no cambió en nada el arreglo entre CCA y ICE. 

En 2017, el FBI investigó acusaciones de abuso sexual en Hutto. Como respuesta, Core Civic prohibió la entrada a las instalaciones a miembros de Grassroots Leadership (la ONG que trabaja con migrantes) y de American Gateways (la organización de abogados que lleva casos pro bono). En el 2018, cuando empezaron las separaciones de familias, se encerró en Hutto a madres que habían sido distanciadas de sus hijos. Las organizaciones expresaron su desacuerdo. Entonces hubo una consulta popular y el condado votó mayoritariamente para que se dé fin al contrato de funcionamiento del centro de detención en Taylor. Éste debía terminar en enero del 2019, pero en el 2020 ICE y Core Civic firmaron un contrato de diez años, lo hicieron en privado, sin seguir los procedimientos necesarios y las regulaciones públicas. Core Civic llevó a cabo un proceso de contratación de personal que no cumplió con las disposiciones públicas. 

Durante la pandemia, el centro de detención pasó a ser un lugar para varones migrantes. Desde entonces, se remodeló la fachada, hoy tiene aspecto de cárcel de mayor seguridad. Hay tres filas de alambres de púa enrollados y una cerca de metal rodea todo el edificio. A la puerta de vidrio, a la que antes se accedía directamente, ahora la rodean mallas y filas de rollos de ese mismo alambre. Para ingresar hay que pasar por una puerta cancel de metal enorme que da directamente al estacionamiento. A ese lugar intimidante llegó Ángel. No conoció nada de Estados Unidos que no fuera la frontera y el centro de detención. Cuando lo visitaba, me pedía que le describa el afuera. 

Pasó ahí dentro su cumpleaños 32. Fue en noviembre, cuando llevaba 22 meses encerrado. Su pedido de asilo había sido denegado por otro juez, pero el tribunal de apelaciones encontró errónea la decisión y lo mandó de vuelta a la corte para su revisión. Como todos los migrantes en su situación, no recibió un plazo que estableciera un final previsible a su encarcelamiento. La fecha de las audiencias se establece de manera arbitraria y el tiempo de encierro para un migrante puede variar entre un par de semanas y años, como el caso de Ángel. 

Para llegar a la audiencia de hoy, sus representantes legales han sumado documentos, pruebas, informes de expertos y declaraciones de testigos en El Salvador: su prima, una amiga, dos testigos e especializadas. Hay esperanza.

Regresa el Juez a la sala y repetimos el ritual de la parada y la sentada. Llama al estrado a la segunda testigo, experta en derechos humanos. Elena abre la puerta de madera, la cierra, se acerca a su lugar y el Juez le toma juramento. Sus declaraciones coinciden con las de Montgomery, agrega información sobre la opacidad que existe actualmente en El Salvador respecto a las instituciones. Afirma que Bukele admite públicamente el uso de la tortura como su política en las cárceles. Como Montgomery, Elena presenta estadísticas, evidencia con entrevistas, reportes de derechos humanos. Dice que la mayoría de hombres encarcelados no tienen proceso alguno, que los maltratos los llevan a cabo fuerzas de seguridad que dicen vengarse de las pandillas, pero que no hay manera de probar que todos los detenidos sean o hayan sido mareros. Pese a los abusos a los derechos humanos, concluye, la popularidad de Bukele sigue intacta en El Salvador.

El abogado del Estado no tiene preguntas. 

Elena regresa a su puesto. 

El Juez se voltea hacia Ángel para tomarle juramento. 

Las cortes de migración dependen del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El DOJ (por sus siglas en inglés) está encabezado por el Fiscal General de la Nación y se encarga de implementar la ley, mantener el orden y la seguridad pública. Dentro del DOJ hay varias agencias, como el FBI (Federal Bureau of Intelligence), la DEA (Drug Enforcement Agency), FEMA (Federal Emergency Management Agency), AFT (Alcohol, Tabacco, Firearms). Dentro de DHS, está ICE (Immigration and Customs Enforcement) y Customs and Border Patrol (CBP). Bajo la jurisdicción de ICE está Homeland Security Investigations (HSI) y Enforcement and Removal Operations (ERO). Bajo la CBP, está Border Patrol (BP). El cuadro a continuación se concentra en la organización del Departamento de Homeland Security.

DHS y ICE fueron creados por el Congreso estadounidense bajo la presidencia de G.W. Bush después de los ataques del 9/11. Tanto los jueces como los abogados oficiales que llevan los casos de migración son empleados públicos de agencias del gobierno federal, DOJ y DHS respectivamente. No son jueces elegidos de forma democrática ni nombrados por el Presidente, como los del sistema de justicia, acreditados por el Congreso y cuyo organismo máximo es la Corte Suprema. La mayor parte de los jueces de migración antes fueron abogados que representaban a ICE. Aunque se entrenan y pasan por procesos de acreditación para llegar a esos cargos, son empleados públicos y no tienen independencia institucional. Pueden ser despedidos en cualquier momento. 

Juez: ¿Escuchas bien? 

Ángel: Sí.

Juez: No revisé tu caso la primera vez. Fuiste condenado a la cárcel en El Salvador por 8 años.

Ángel: Sí.

J: ¿Cuál fue el cargo?

A: Se me acusó de robo.

El Juez se dirige a la abogada y pregunta si quiere agregar algo. Ella responde que no. 

El Juez se vuelve otra vez a hacia Ángel. 

J: Trataste de sacar tu documento de identidad dos veces.

A: Sí.

J: ¿Tienes hermanos?

A: Sí, tres en total. Griselda, Blanca y Giovani.

J: ¿Cuándo hablaste con ellos por última vez?

A: Con Griselda hace seis meses. Con los otros, antes de llegar acá.

J: ¿Cuál de ellos vive en El Salvador?

A: Griselda.

J: ¿Y los otros?

A: Viven del lado de Guatemala.

J: Fuiste arrestado a los 15 años, en 2008). ¿Por qué?

A: Porque el patrón para el que trabajaba, por no pagarme, me acusó de hurto. 

J: ¿Hay algo que no hayas dicho antes que quieres que yo sepa?

A: No.

J: Tuviste problemas con dos policías. 

A: Sí.

J: ¿Por qué ellos se interesaron en ti?

A: No sé.

Termina el interrogatorio. Ángel parece entender muy poco, como quienes estamos presentes en la sala, lo que quería lograr el juez con sus preguntas tan aleatorias. 

La representante legal de Ángel hace su presentación final. Cierra su argumento dejando en claro que, si Ángel regresa a El Salvador, irá directo a la cárcel. No habrá manera de contactarlo y no se sabrá más de él. Es una deportación que le costará la vida. 

Habla el abogado del Estado. Dice oponerse al asilo. Hace un juego de palabras diciendo que existe una diferencia entre robbery and theft. Dice que en inglés el robbery implica armas. (En español tiene que decirse robo a mano armada para denotar uso de arma). No está seguro del argumento de la tortura, sigue, pero no ofrece un contraargumento. No presenta pruebas, ni testimonios, ninguna estadística. Nada. En tono sarcástico, dice que Ángel ya fue torturado aquí, porque presentó quejas de que en Hutto le pegaron y le negaron medicinas. En ningún momento hace referencia a la declaración de las dos expertas. Dice que no cree que Ángel pueda ser torturado, y que imagina que en El Salvador podrá vivir en libertad. Su argumento es una opinión subjetiva sin evidencia. No parece la declaración de un abogado.

Fin de la audiencia.

El Juez sale de la sala. Nos levantamos. Cuando cierra la puerta, nos sentamos. 

La apelación para solicitar el asilo de Ángel se ha basado en la evidencia de que su retorno a El Salvador implicaría encarcelamiento injusto y posible muerte. El Juez y el abogado del Estado insistieron en preguntar por el pasado de Ángel, para hacer hincapié en que tuvo una condena por robo. La condena fue falsa, una manera de encubrir los actos de la policía para torturarlo sin razón alguna. Toda esa información estaba en la declaración jurada de Ángel que sus representantes legales presentaron con pruebas y testimonios de testigos en El Salvador y que el Juez, antes de la audiencia, consideró creíbles. 

En menos de diez minutos el Juez vuelve a entrar. Nos levantamos. Se sienta. Nos sentamos. Explica que tuvo que ver una radiografía y una foto falsa presentada en otro caso. Dice que está impresionado por lo que vio. Se refiere a algo que no tiene que ver con el caso de Ángel. La escena parece extraída del libro de Kafka. El juez explica que hay que poner una línea entre lo que se cree y lo que no se cree. Que a la gente de otros países hay que ponerles un “fill-in-the-blank” (llenar el espacio en blanco). “Solo puedo decir: No lo hagan. Aunque está en la naturaleza humana hacer cosas feas”, dice. 

Es difícil saber a qué se refiere con esta digresión. 

Sigue: Como Juez tengo que tomar muchas decisiones. Señor Lanas, leí tu testimonio y has dado una respuesta creíble. Tiene consistencia lo que dices sobre cómo te trataron en El Salvador. El asunto es: si volvieras, ¿el gobierno te torturaría? Hablar de que perteneces a un grupo social no es suficiente evidencia, pero sí que se cometió un crimen severo en El Salvador (se refiere a la acusación falsa de robo, ). Para cumplir con las obligaciones del gobierno con la Convención contra la Tortura analizamos esa posibilidad, pero no es seguro que vayas a ser torturado, no tenemos pruebas suficientes de ello. La corte niega la protección de asilo y decide que regreses a El Salvador.

En una actitud del todo inusual y muy paternalista, el Juez se voltea hacia las representantes legales y las felicita por haber presentado el caso “de manera impecable”. Una de ellas entra en shock. Todas en la sala estamos perdidas. No hubo un proceso. 

El abogado del Estado no rebatió en términos legales las evidencias presentadas en el caso. El Juez pareció dictaminar una decisión tomada a priori. No consideró las pruebas. No tomó en serio las declaraciones de las dos testigos expertas. No consideró los documentos presentados antes de la audiencia, donde se creyó el testimonio de Ángel y las evidencias de los testigos. 

El Juez sale de la sala para dejar que Ángel hable con las abogadas. Nos levantamos. Nos sentamos. 

Es devastador. Hemos sido testigos de una parodia de juicio. 

Ángel dice que no quiere apelar. No quiere estar encerrado por tiempo indefinido. No aguanta más. Prefiere regresar.

El Juez vuelve a la sala. Nos levantamos. Se sienta. Nos sentamos.

Juez: Sr. Lanas. ¿Quieres apelar la decisión de la corte?

Ángel: No. 

Por un segundo, el Juez muestra su perturbación. Acaso esperaba otra respuesta, una que le diera paz a su conciencia.

La abogada Denise Gilman, desde su lugar entre los asistentes, habla. Esta es una decisión suicida, dice. Reconoce que la suya es una intervención inusual, pero quiere que quede registrada.

El juez se dirige a Ángel: Eres un testigo creíble, pero no has cumplido con el requisito migratorio. Te deseo a ti y a tus hermanos la mejor suerte. 

El cinismo de esta frase queda flotando en el aire. Todos en la sala sabemos que Ángel casi no tiene contacto  con sus hermanos. Que no creció con ellos. Que apenas los conoce. Todos en la sala sabemos que Ángel no tendrá suerte.

Una de las representantes legales pide al Juez que explique su razonamiento.

El Juez repite, sin ahondar, algunos de los argumentos que dijo en la sentencia. Yo te creo, pero la corte no fue persuadida, concluye.

Me pregunto cuál es la diferencia entre ese yo de capa negra y la corte. 

Luego, dirigiéndose hacia las personas presentes en la sala, dice, casi justificándose. Deben entender que en el ambiente en el que vivimos -levanta la mano como indicando el polvillo que vuela en el aire del edificio-, no puedo darle el asilo a esta persona. 

Se levanta. Nos ponemos de pie. 

Cuando salimos de la sala, dejamos a Ángel en la pantalla. En el proceso se discutieron eventos difíciles de su vida en esa lengua que no entiende, y el juez/la corte no los consideró del todo ciertos, del todo dignos. Ángel se irá de un país del que solo conoció su cárcel. 

El miércoles siguiente, cuando lo vi por última vez, lo noté tranquilo. Irse le parece mucho mejor que quedarse. Los meses de encierro en Hutto fueron tan terribles que prefiere volver. Solo él sabe  lo que vivió ahí dentro. 

Cuando me terminó de contar la historia de su infancia, como si fuera yo quien necesitara consuelo: Ya ve, hay gente que nace con estrella, otros nacimos estrellados. 

Un par de semanas después de su audiencia, Ángel Lanas, a quien le cambié el apellido, después de mucho papeleo de la Clínica de Migración, fue deportado a México. Ahí deberá buscar asilo. 

Bajo el gobierno de Trump, el presupuesto de ICE se ha triplicado (hoy la agencia cuenta con $175 billones) y el número de agentes se ha duplicado (pasó de 10 mil a 22 mil). Además del ICE, también están en las calles agentes del ERO (aunque siempre tuvieron potestad para deportar a personas indocumentadas, había más discreción y se enfocaban en gente que había cometido algún crimen, como manejar sin licencia o portar algo de marihuana), Gregory Bovino (BP, que antes no podía operar a 100 millas de la frontera y ha estado en las redadas de varias ciudades y tuvo un papel protagónico en Minneapolis). Después de las protestas masivas, ICE ordenó a Bovino volver a la frontera.Esta crónica reúne mi experiencia como voluntaria de  Grassroots Leadership, la ONG que coordina un programa de visitas a migrantes con el objetivo de ayudarlos a entender sus derechos dentro del sistema migratorio y escucharlos. Sobre todo, escucharlos.

La entrada Anatomía de una deportación se publicó primero en Revista Anfibia.

 

Se realizó el sorteo entre los contribuyentes que pagaron las Tasas Retributivas Anuales. El ganador de la moto fue Franklin Quezada Quintino, contribuyente N° 7748. Para la realización del mismo, se contó con la presencia del Intendente, Marcelo Orazi y la Escribana Pública, Rossana Hernández. La entrega del premio será el día domingo, en el…

 

La matriz productiva de Córdoba, basada en el empleo privado formal, está sufriendo un fuerte deterioro y pone en jaque al entramado empresario que la sostiene. Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, la provincia perdió 11.200 puestos de trabajo asalariados privados registrados. 

La línea histórica es así: en septiembre de 2025 había 520.600 asalariados formales en el sector privado, 1.400 menos que en agosto. Respecto de septiembre de 2024, la merma de puestos fue de 100, pero, si la comparación se lleva a septiembre de 2023, la destrucción de empleos sube a los 11.200.

El golpe no se limita al empleo. En paralelo, se está achicando el universo de empresas. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 3.746 unidades productivas en la provincia, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La caída equivale al 7,7% del total de empleadores, que hoy ronda los 48.700.

Traducido a una imagen cruda: en Córdoba cierran, en promedio, cinco empresas por día. Y aunque los registros de la SRT incluyen también a organismos públicos, lo cierto es que el fenómeno se concentra de manera abrumadora en el sector privado. La narrativa de «Córdoba, corazón productivo del país» está en crisis.

La industria metalúrgica se desplomó en diciembre y tuvo su peor año desde la pandemia

La sangría es más profunda en las micro y pequeñas firmas de hasta diez trabajadores, que constituyen la base histórica del empleo cordobés. Muchas bajaron definitivamente la persiana; otras sobrevivieron deslizándose hacia la informalidad total, expulsando empleo registrado y degradando la calidad del trabajo.

El resultado es un mercado laboral estancado, con informalidad creciente, baja productividad y salarios deteriorados. Un combo que golpea de lleno a una provincia que siempre se jactó de su perfil productivo, de tener un nivel de empleo público relativamente bajo y de sostener su desarrollo sobre la iniciativa privada.

Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 3.746 empresas

en Córdoba. La caída equivale al 7,7% del total de empleadores. Es decir que cierran, en promedio, cinco empresas por día. La narrativa de «Córdoba, corazón productivo del país» está en crisis

Los datos nacionales refuerzan el diagnóstico. En los últimos diez años, el sector privado formal perdió 71 mil puestos de trabajo en todo el país, mientras que el empleo público creció en más de 316 mil trabajadores. En paralelo, explotó el llamado «mundo monotributo»: casi 700 mil nuevos aportantes, muchas veces como salida precaria frente a la falta de empleo asalariado.

En ese contexto, Córdoba no quedó al margen del deterioro general, aunque logró amortiguarlo mejor que otras provincias. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el empleo privado registrado cayó 3,04% a nivel nacional, mientras que en Córdoba la baja fue del 2,07%s. El desempeño relativo la ubica entre las siete provincias con menor destrucción de empleo privado.

Según el Gobierno provincial, ese diferencial se explica por las políticas activas de empleo funcionaron como un dique de contención frente al ajuste nacional. Los programas PPP y Empleo +26, en sus ediciones 2024 y 2025, generaron 6.200 puestos de trabajo directos con contratos por tiempo indeterminado y facilitaron la inserción laboral de más de 23 mil personas mediante prácticas laborales.

Sin ese colchón, estiman fuentes oficiales, la caída del empleo privado formal en Córdoba habría sido del 3,24%, lo que implica alrededor de 17.200 puestos perdidos desde fines de 2023.

La paradoja cordobesa queda así expuesta. La provincia resiste mejor que otras gracias a políticas activas y a su perfil productivo, pero no logra escapar al deterioro de fondo. Menos empresas, menos empleo privado y una matriz laboral cada vez más frágil ponen en cuestión el corazón del modelo económico provincial.

 

 

Tras el derrumbe que provocó destrozos y obligó la evacuación de casi un centenar de familias en Comodoro, salió a la luz un informe de 2002 que alertaba sobre el peligro de construir en el barrio Sismográfica, el más próximo al Cerro Hermitte, lo que expone el accionar de las sucesivas gestiones municipales del peronismo.

Mientras la ladera del Hermitte sigue inestable y con riesgo extremo de nuevos desplazamientos, en las últimas horas se conoció el «Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica» que en 2002 hizo el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y donde recomendaba evitar nuevas obras en la zona.

El estudio planteó alertas explícitas y recomendaba que se impida la instalación de asentamientos de nuevas viviendas y se restrinja el riego en la zona, al incluir la acción del hombre entre las causas de posibles desplazamientos.

La peligrosidad expuesta por el informe abarca no solo a Sismográfica: «se deben incluir también los barrios Marquesado, Los Tilos, la cancha de golf y el loteo del SUPE», detalla el estudio de 64 páginas.

Y agrega como un punto «que es importante remarcar»: «No es posible descartar una reiteración de los movimientos de ladera, con lo cual el municipio tendría la responsabilidad de establecer una red de monitoreo permanente de la ladera si continúa la expansión del barrio».

 El estudio planteó alertas explícitas y recomendaba que se impida la instalación de asentamientos de nuevas viviendas y se restrinja el riego en la zona, al incluir la acción del hombre entre las causas de posibles desplazamientos. 

Ese requerimiento del Segemar al municipio en 2002 es el que compromete a las sucesivas administraciones municipales del peronismo en Comodoro Rivadavia ya que en los últimos 23 años no solo avanzaron las edificaciones privadas, sino también las obras públicas locales.

Por caso, en septiembre de 2019, el entonces intendente Carlos Linares y quien lo sucedió poco después, el hoy diputado nacional Juan Pablo Luque, inauguraron una obra de asfalto en Sismográfica.

Ya como intendente, en agosto de 2022 Luque presentó una obra de pavimento en el barrio y en 2023, en plena campaña a la gobernación, hizo otra inauguración en Sismográfica junto con quien lo sucedió en la comuna, el actual intendente Othar Macharashvili.

Lo curioso fue que al inaugurar obras en 2023, Luque admitió en rueda de prensa: «Ustedes saben que este barrio tiene una falla, informes de suelo que son complejos». A pesar de eso, su gestión avanzó con obras.

En julio de ese año, Maximiliano López, por entonces secretario de Obras y Servicios Públicos de Comodoro, citó el estudio del Segemar pero, paradójicamente, de manera contraria a su contenido.

«Hubo un estudio de Segemar donde se determinó que ya no había movimientos, y había una recomendación para todo lo que sea que no se modifique la humedad del suelo, por eso hicimos la cloacas, por eso avanzamos con pavimento», dijo.

Pero el pavimento inaugurado en 2023, ya en 2024 empezó a levantarse por movimientos de suelo que fueron la antesala de lo sucedido el último domingo y que pone en alerta roja la zona de influencia de la ladera del Cerro Hermitte.