El Intendente Marcelo Orazi confirmó cambios en el gabinete municipal a partir de octubre. Lo hizo luego de encabezar una reunión de gabinete junto a sus Secretarios: de Gobierno Guillermo Carricavur; de Coordinación Ariel Oliveros; de Obras y Servicios Francisco Lucero y de Desarrollo Social Luisa Ibarra; además de la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz en lugar de la titular del área Mirta Sánchez quien se encuentra con licencia médica.
En la oportunidad, el Intendente confirmó que a partir de octubre Daniel Paravano será el nuevo Director de Obras Sanitarias en reemplazo de Sebastián Sciardis; Nancy González se hará cargo de la Dirección de Comunicación en reemplazo de Marcel Hromek quien pasará a desempeñarse en la Secretaría Privada de Intendencia mientras que en forma provisoria personal de la Secretaría de Desarrollo Social realizará tareas inherentes a la Dirección de Acción Social tras la renuncia de Rodrigo Durán.
Además el jefe comunal confirmó a su equipo que la próxima semana, con la presencia de la Gobernadora Arabela Carreras, se inaugurarán la calle Libertad y la Comisaría de la Familia.
Por otro lado Orazi y sus funcionarios repasaron la agenda de actividades previstas para el transcurso de este mes y el próximo en el que se festejan los 97 años de Villa Regina.
Desde que vencieron en 2025 las exenciones impositivas previstas por la Ley de Energías Renovables, hay municipios que avanzan en un esquema destinado a cobrarle tributos locales a los parques eólicos, algo que ya genera tensiones con empresas y opositores, que denuncian un «impuesto al viento».
En Olavarría, donde existen tres parques eólicos y se está construyendo un cuarto, el intendente camporista Maximiliano Wesner mandó un proyecto para crear una tasa de seguridad e higiene destinada a esos predios y que fijaría un valor de USD 5.200 por aerogenerador por año.
Recién está teniendo tratamiento en las comisiones internas del deliberativo y, más allá del rechazo de todos los bloques opositores, se espera que la iniciativa salga a partir de la mayoría propia con la que cuenta el Ejecutivo local en el Concejo.
El proyecto ya genera resistencia de las empresas que acusan «inconstitucionalidad» y aseguran que los municipios no tienen potestad sobre actividades reguladas a escala nacional.
El proyecto del intendente fijaría una tasa de USD 5.200 por aerogenerador por año.
También, citan como antecedente el caso de Puerto Madryn, donde las empresas a cargo de los parques eólicos consiguieron un fallo favorable en la Justicia para no pagar un tributo de similares características al que intenta aprobar Wesner.
«Más impuestos representa menos inversiones», acusó la concejal del Partido Libertario Adela Casamayor, que adelantó su rechazo a la iniciativa, lo mismo que el resto de los bloques opositores. Sin embargo,el oficialismo tiene la mitad del recinto y la presidencia, suficiente para que el proyecto pueda avanzar.
En las empresas dicen que, por las variaciones propias del viento, la generación concreta es mucho más reducida que la potencia instalada, razón por la que ya lanzan advertencias sobre la rentabilidad de sus proyectos con este tributo.
El Parque Eólico Vientos de Olavarría que controla Ternium
La ley 27.191 de energías renovables en su artículo 17 establece que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía «no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025».
Vencido ese plazo, hay sectores del Gobierno que empujan una prórroga de esas exenciones en el Congreso. Mientras tanto, ya hay municipios que empiezan a discutir con los privados la manera de instaurar esquemas tributarios en tiempos donde la recaudación municipal y los recursos que llegan a las comunas por coparticipación cayeron a pisos históricos.
El Intendente Marcelo Orazi participa en Bariloche de la ‘III Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático’, el Primer Congreso presencial desde el inicio de la pandemia. El acto de apertura estuvo presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la…
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La Municipalidad de Villa Regina reitera que, por la crecida del Río Negro, el servicio de Balsa en Isla 58, se encuentra suspendido hasta nuevo aviso. Difunde esta nota
El cierre de la presentación de alianzas para la elección de septiembre en la localidad cordobesa de Marcos Juárez confirmó que avanza el entendimiento o, al menos, una nueva fase en la relación entre el presidente Javier Milei y el peronista Martín Llaryora. Porque el mismo día en el que se oficializó el auxilio financiero de 400 mil millones de pesos de la Nación para Córdoba, los libertarios decidieron correrse de las coaliciones para los comicios en Marcos Juárez.
Quien siguió de manera atenta la forma en la que el libertario cordobés Gabriel Bornoroni acató la orden de Balcarce 50 y sacó al oficialismo nacional de la contienda es el expresidente Mauricio Macri. Sobre todo, porque el líder del PRO observa que se presenta como una buena oportunidad para recuperar el famoso ‘kilómetro 0′ de Cambiemos y volver a controlar el bastión en el corazón productivo cordobés.
«Mauricio va a jugar si o sí con Pedro. Lo va a respaldar y lo alienta a que sea candidato. Con o sin el PRO, más allá de cualquier traba administrativa que le pueda presentar Oscar (Agost Carreño)», dijo una persona que conoce los movimientos del macrismo en suelo cordobés.
Lo del impedimento es correcto. Agost Carreño le ganó una pelea de varios capítulos al macrismo por el control del sello del PRO en Córdoba y no quiere ceder tan fácilmente para que Dellarossa sea candidato amarillo con la bendición de Macri. Situación que, en caso de victoria, podría hacer estallar al bullrichismo que también prestó aparato a Agost Carreño para que voltease en la batalla al macrismo.
«Si Agost Carreño cede fácil y le da el sello a Dellarossa, le explota la relación con Laura Rodríguez Machado que lo acompañó para que se quedara con el partido hace un par de meses», reflexionó una persona que tuvo el teléfono ocupado todo el día con el cierre de alianzas.
Lo que viene es la carrera contrarreloj para presentación de candidaturas que vence el 7 de agosto, con miras a la elección del 6 de septiembre. Para la primera semana de agosto, Dellarossa está convencido de que irá con o sin el respaldo del sello del PRO. Decisión que también observa el cordobesismo que, en caso de victoria del exintendente, se subirá a la foto con el argumento de que Dellarossa fue un ‘extracomunitario’ que Llaryora repatrió para su primera etapa del Partido Cordobés.
Con lo cual, la decisión de Agost Carreño con el control del partido amarillo -cuyo presidente en realidad es Oscar Tamis- también tiene impacto en la inquietud del cordobesismo. «A lo mejor, Oscar sabe que si pisa el sello también mantiene incómoda a la relación que une a Macri con el cordobesismo», dijo otra persona.
Por último, sobre el final del lunes, una persona al tanto de todas las conversaciones que hubo para el cierre de alianzas en Marcos Juárez reconoció que la negociación también esmeriló el vínculo entre Bornoroni y el senador Luis Juez. «Los socios le volvieron a creer a Bornoroni con algunas encuestas que no caminaban de (Germán) Pascquali, el candidato violeta, hasta que se dieron cuenta que no iban a ningún lado y quisieron forzar algo. Después, Juez vio rara la cosa y se corrió. Por eso están saliendo a argumentar que, así como los libertarios no se inscribieron en alianzas, el PJ de Llaryora tampoco. No se ve tan claro el panorama, parece», dijo.
Roberto Sánchez está aferrado a la estrategia de desconocer el resultado de las elecciones en Perú. Si bien Keiko Fujimori todavía no fue proclamada de manera oficial, la diferencia de votos es casi irreversible con casi la totalidad de las actas escrutadas.
En ese marco, el candidato de Juntos por Perú lideró una marcha en el centro de Lima en el profundizó sus denuncias sobre un presunto fraude electoral.
La movilización reunió a simpatizantes que se concentraron en distintos puntos de la capital, principalmente en el Cercado de Lima, mientras las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad debido a la tensión política y la coincidencia con otras manifestaciones programadas el mismo día.
«Nosotros exigimos transparencia electoral. El pueblo exige justicia», Sánchez quien también afirmó que esta actitud fue ordenada por «el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados».
«No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad», enfatizó.
Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que hay «un fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a Fujimori.
No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad
El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.
En el fujimorismo remarcan que ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de la disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a la capital peruana cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude.
El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, cercano al fujimorismo
El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, cercano al fujimorismo.
Lo cierto es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó -en su más reciente reporte de este sábado- que, cuando ya se ha contado el 99.987 % de los sufragios, Fujimori recibe el 50,134 % de los votos, equivalente a 9.222.064 papeletas, mientras que Sánchez alcanza el 49,866 %, al sumar 9.172.820.
Estas cifras ratifican la victoria de la líder del partido Fuerza Popular, ya que la ONPE informó que solo quedan por contar doce actas de votación, equivalentes a unos 2.400 votos, que han sido enviadas con observaciones o impugnaciones a los jurados electorales especiales (JEE) del país.
En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo viernes promulgará los resultados de las elecciones presidenciales y el 15 de julio entregará las credenciales a la fórmula que ejercerá la jefatura del Estado peruano hasta 2031.
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