El Intendente Marcelo Orazi confirmó cambios en el gabinete municipal a partir de octubre. Lo hizo luego de encabezar una reunión de gabinete junto a sus Secretarios: de Gobierno Guillermo Carricavur; de Coordinación Ariel Oliveros; de Obras y Servicios Francisco Lucero y de Desarrollo Social Luisa Ibarra; además de la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz en lugar de la titular del área Mirta Sánchez quien se encuentra con licencia médica.
En la oportunidad, el Intendente confirmó que a partir de octubre Daniel Paravano será el nuevo Director de Obras Sanitarias en reemplazo de Sebastián Sciardis; Nancy González se hará cargo de la Dirección de Comunicación en reemplazo de Marcel Hromek quien pasará a desempeñarse en la Secretaría Privada de Intendencia mientras que en forma provisoria personal de la Secretaría de Desarrollo Social realizará tareas inherentes a la Dirección de Acción Social tras la renuncia de Rodrigo Durán.
Además el jefe comunal confirmó a su equipo que la próxima semana, con la presencia de la Gobernadora Arabela Carreras, se inaugurarán la calle Libertad y la Comisaría de la Familia.
Por otro lado Orazi y sus funcionarios repasaron la agenda de actividades previstas para el transcurso de este mes y el próximo en el que se festejan los 97 años de Villa Regina.
El gobierno porteño endureció las penas contra trapitos y limpiavidrios y agrava las sanciones contra los clubes que organicen el negocio.
La norma fue aprobada con los votos de la UCR, el PRO y los libertarios, mientras que el peronismo la rechazó.
La modificación al Código contravencional prevé penas de 20 a 50 días de detención para las bandas que se organicen en eventos masivos, de 10 a 30 días para quien cuide coches de manera ilegal en cualquier calle o lugar de la Ciudad y más de 60 días para los organizadores del negocio. Las penas se endurecerán en caso de acoso a los dueños de vehículos.
Jorge Macri festejó la sanción de la ley. «Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien», expresó a tono el discurso sus últimos meses.
En la oposición aseguran que ya existían las sanciones y que el gobierno debería aplicarlas.
«Agarraron el código contravencional y lo están haciendo bolsa, porque lo importante es el título, no lo que hagan de política pública», dijo Guadalupe Tagliaferri de la bancada larretista.
«Este es un episodio más de las leyes que tratamos en la Legislatura para que Jorge Macri haga anuncios sin que se resuelva nada. Aquí el eje de la cuestión pasa por la participación de sectores de la Policía», se sumó Claudia Neira del PJ.
«Queremos que la gente pueda estacionar sin sentirse amenaza. ¡Donde es gratis es gratis!», dijo el bullrichista Juan Pablo Arenaza.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni sumó un nuevo capítulo con una medida que podría aportar información clave sobre el origen de los fondos utilizados para remodelar su vivienda en el country Indio Cuá. La Justicia comenzó a analizar conversaciones extraídas del teléfono celular del contratista Matías Tabar, incluyendo intercambios con una secretaria de la Jefatura de Gabinete y con el propio funcionario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La medida profundiza una causa que ya había generado fuerte repercusión luego de que el contratista declarara bajo juramento que la obra demandó unos 245.000 dólares, pagados en efectivo y sin facturación, un dato que abrió interrogantes sobre la consistencia patrimonial del actual jefe de Gabinete.
Una pericia que puede cambiar el rumbo del expediente
De acuerdo con la información conocida, la extracción del contenido del teléfono del contratista se realizó de manera completa y el material quedó incorporado al expediente judicial. Ahora los investigadores revisan mensajes de WhatsApp, llamadas y otras comunicaciones que podrían reconstruir cómo se desarrolló la contratación, la ejecución de la obra y los pagos realizados.
Entre los elementos bajo análisis aparecen conversaciones con una secretaria del jefe de Gabinete, una circunstancia que amplía el universo de personas involucradas en la reconstrucción de los hechos y que podría aportar detalles sobre la coordinación de los trabajos y los contactos entre las partes.
La expectativa de la fiscalía es determinar si las comunicaciones son compatibles con la versión oficial o si revelan inconsistencias respecto de las fechas, los montos abonados o la modalidad de contratación.
La declaración que abrió nuevas preguntas
El avance judicial se produce después de que Tabar brindara un testimonio que colocó a Adorni en una situación delicada. Según su declaración, las refacciones se extendieron durante aproximadamente diez meses y tuvieron un costo total de 245.000 dólares, abonados en dos etapas y siempre en efectivo.
El contratista sostuvo además que durante la ejecución de las obras el funcionario alquiló otra vivienda dentro del mismo country y explicó que las remodelaciones incluyeron cocina, baños, pisos, quincho y pileta, además de otros trabajos complementarios.
Ese relato impulsó nuevas medidas de prueba y derivó en la incorporación del teléfono celular como una de las evidencias centrales de la investigación.
Una causa con creciente impacto político
Mientras la Justicia revisa los chats y la documentación obtenida, el expediente mantiene bajo observación la evolución patrimonial del funcionario y la correspondencia entre los gastos declarados y las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá.
La aparición de conversaciones entre el contratista y una integrante del equipo de la Jefatura de Gabinete agrega un nuevo elemento de análisis, ya que permitirá reconstruir la dinámica de la relación entre las partes y verificar si existieron gestiones administrativas o coordinaciones vinculadas con la millonaria remodelación.
Con la información digital ya incorporada al expediente, la fiscalía avanza sobre una etapa que puede resultar determinante para establecer si las explicaciones ofrecidas hasta el momento alcanzan para despejar las dudas sobre el origen de los fondos y la forma en que se desarrolló la contratación.
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El Gobierno modificó el decreto para la designación de jueces en la Corte Sumprema, para barrera la mayoría de los controles de la sociedad civil que tenía el proceso. La modificación, que representa otro retroceso institucional del gobierno libertario, se instrumentó cuando el caso Adorni toca otro pico de indignación libertaria.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue el impulsor del cambio que contempla la eliminación de los tres artículos que garantizaban intervención de la sociedad civil en la designación de los jueces del máximo tribunal. Además, se suprime la publicación en diarios de circulación nacional y se incorporan plazos más cortos para el trámite.
El decreto agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación.
El telón de fondo de esta decisión está vinculada la reunión secreta que Milei tuvo con Ricardo Lorenzetti esta semana, revelada en exclusiva por LPO. En ese encuentro el magistrado y el presidente acordaron impulsar a dos nuevos jueces para completar la integración de la Corte Suprema, que en caso de concretarle le permitiría a Lorenzetti consolidar una nueva mayoría en el máximo tribunal.
El decreto firmado agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación
La reunión se realizó el martes en la Quinta de Olivos y no estuvieron ni Karina Milei ni Juan Bautista Mahiques. LPO reveló hace tiempo que el presidente tiene diálogo directo con el juez de la Corte, con quien chatea bastante seguido.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Lorenzetti se aprovechó de ese contacto directo y convenció a Milei de que hay que avanzar ahora con la integración de la Corte.
Mahiques dijo públicamente que la designación de los dos jueces que hay que nombrar para completar la Corte quedarían para el segundo mandato. Fue un gesto al actual presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, con quien el ministro estableció una alianza que favoreció su desembarco en el Ministerio de Justicia.
Pero Lorenzetti le hizo cambiar de idea a Milei, en una jugada extraña porque no incluye al peronismo que tiene los votos en el Senado para facilitar o voltear la designación de nuevos jueces en la Corte Suprema.
El otro dato extraño es que los dos jueces que le llevó Lorenzetti como candidatos son muy cercanos a él, pero no tienen mayor afinidad al Presidente. Es decir, Milei pondría la firma para que Lorenzetti consolide y amplíe su poder en el máximo tribunal del país.
Los candidatos son el camarista Mariano Borinsky, experimentado integrante de la Cámara de Casación Penal: y Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, muy cercana a Lorenzetti.
El camarista Mariano Borinsky.
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