El Intendente Marcelo Orazi confirmó cambios en el gabinete municipal a partir de octubre. Lo hizo luego de encabezar una reunión de gabinete junto a sus Secretarios: de Gobierno Guillermo Carricavur; de Coordinación Ariel Oliveros; de Obras y Servicios Francisco Lucero y de Desarrollo Social Luisa Ibarra; además de la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz en lugar de la titular del área Mirta Sánchez quien se encuentra con licencia médica.
En la oportunidad, el Intendente confirmó que a partir de octubre Daniel Paravano será el nuevo Director de Obras Sanitarias en reemplazo de Sebastián Sciardis; Nancy González se hará cargo de la Dirección de Comunicación en reemplazo de Marcel Hromek quien pasará a desempeñarse en la Secretaría Privada de Intendencia mientras que en forma provisoria personal de la Secretaría de Desarrollo Social realizará tareas inherentes a la Dirección de Acción Social tras la renuncia de Rodrigo Durán.
Además el jefe comunal confirmó a su equipo que la próxima semana, con la presencia de la Gobernadora Arabela Carreras, se inaugurarán la calle Libertad y la Comisaría de la Familia.
Por otro lado Orazi y sus funcionarios repasaron la agenda de actividades previstas para el transcurso de este mes y el próximo en el que se festejan los 97 años de Villa Regina.
La AFA confirmó que el #VAR recaerá en el fútbol argentino. El anuncio oficial confirma un proyecto que se trabaja hace varios meses y que encuentra en Tapia y Belligoy a dos de sus máximos promotores. «Lo que se está realizando es el desembarco del proceso que termina con la inclusión del VAR en Argentina. Es un proceso…
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina completó la entrega de estacas de sauce y podos de rosa a particulares, juntas vecinales e instituciones en el marco de la campaña de forestación llevada adelante durante septiembre. En este sentido se precisó que un total de 810 estacas de sauce…
El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.
La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.
El regreso del modelo de los ‘90
La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.
Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.
Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.
Tarifas, negocios y control social
El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.
La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.
El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.
Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.
Juan Bautista le hizo un guiño importantísimo a Mauricio Macri. El ministro de Justicia de Javier Milei envío al Senado el pliego de Jorge Djivaris, para que integre la Sala B de la Cámara Comercial que tiene que tratar la causa del vaciamiento del Correo, la que más preocupa y en la que está mas comprometido, el ex presidente.
Djivaris es un cuadro importante en la estructura judicial del macrismo. Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones, también integró la Procuración de la Ciudad de la que proviene Mahiques y hasta tuvo una posición clave en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
La movida de Mahiques, que forma parte de una jugada más amplia para rediseñar la Sala B de la Cámara Comercial del fuero ordinario, abona la teoría que su desembarco en el Ministerio de Justicia es parte de un buen nivel de diálogo entre Karina Milei y el Tanto Angelici, el principal operador en la justicia del macrismo.
Un entendimiento que coincide con la cercanía de Mahiques a los capos de la AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, este último muy cercano a Angelici. De hecho, en esta misma Sala que quiere colonizar Mahiques podrían recaer litigios por la discusión de las SAD en la AFA.
Bajo esos cálculos, el titular de la cartera de Justicia mandó la semana pasada la prórroga de la jueza Matilde Evangelina Ballerini, que cumplirá 75 años en septiembre, para que continúe en ese juzgado. Ese expediente se suma al envío del pliego de Djivaris
Ballerini, además de ocupar una butaca en la Sala B, está subrogando en la Sala C del mismo fuero, donde podría desembocar un recurso de apelación de la causa «World Eleven/ Tofoni» contra la AFA, relacionada al presunto desvío de fondos millonarios a través de sociedades fantasma en el exterior, con foco en Estados Unidos.
Djivaris es un cuadro importante en la estructura judicial del macrismo. Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones, también integró la Procuración de la Ciudad de la que proviene Mahiques y hasta tuvo una posición clave en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
Guillermo Tofoni es el empresario que se encargaba de organizar los partidos amistosos de la Selección Argentina y denunció que la AFA utilizó un esquema de intermediarios para desviar dinero proveniente de contratos de patrocinio y derechos de TV. Por eso, pidió el embargo del 30% de los fondos que la asociación percibe por los compromisos deportivos y la intervención de la entidad.
La investigación se centra en el supuesto desvío de U$S 42 millones hacia firmas sin actividad aparente en Estados Unidos y Tofoni tramitó una medida cautelar ante el tribunal de Javier Cosentino, que rechazó esos reclamos pero concedió la queja.
Curiosamente, Cosentino estuvo ternado para la Sala C, a partir del Concurso 374 del Poder Judicial. Su pliego, incluso, había llegado al Senado pero fue retirado. Acaso el fallo más rimbombante de este magistrado fue el que decretó la quiebra de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, en 2018.
El ex secretario de Justicia porteño, Jorge Djivaris junto al actuam ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Como sea, la pelea de Tofoni podría escalar hasta el juzgado que subroga Ballerini y tendría que pronunciarse, lo cual alimenta la sospechas en los pasillos judiciales acerca de una eventual inclinación suya para favorecer a la AFA con el objetivo de conseguir la prórroga en la Sala B.
Además, la jueza es cercana a María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, la madre de Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y mano derecha en el organismode Horacio Rosatti. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Díaz Cordero y Mahiques trabajaron juntos en el Ministerio de Justicia.
En mayo de 2022, Ballerini fue fundamental para que la defensa de los Macri lograra la suspensión del proceso judical en la causa Correo hasta que la Corte Suprema se expidiera acerca de la competencia bajo la órbita del TSJ o la Justicia nacional, fallo que se produjo recién el 29 de diciembre de 2024 con un guiño al líder del PRO y los votos favorables de Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que al día siguiente se jubiló.
Djivaris había quedado rankeado en el puesto 12°, con 156 puntos, pero escaló al 4° lugar en el orden de mérito definitivo, gracias a las entrevistas personales.
El pliego de Djivaris, por su parte, fue remitido al Senado el último 30 de marzo. Hasta el año pasado, el postulante ocupó un cargo administrativo en el TSJ y antes fue secretario de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta.
Además de Ballerini, la Sala B está integrada por María Guadalupe Vásquez y se completaría con Djivaris.
Paradójicamente, Mahiques habría contribuido a reforzar los argumentos de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz con la acordada 4/26 para la selección de jueces. En el Concurso 478, Djivaris había quedado rankeado en el puesto 12°, con 156 puntos, pero escaló una posición después de las impugnaciones. Finalmente, trepó del 11° lugar al 4° en el orden de mérito definitivo, gracias a las entrevistas personales. Todo un prodigio en el mano a mano.
La vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.
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El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17:00hs, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén. “La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182…
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