El poder aglutina. Es una máxima que sin dudas rige la realidad y la política. El poder define un lugar, todos y todas buscando un espacio. Estar cerca de lo que les permitiría el acceso a aquello que quieren (un empleo, dinero, privilegio, visibilidad). En general esto sucede con los oficialismos, se rodean de gente convencida de lo que proponen y también de aduladores y oportunistas que vienen en el combo.
Al igual que existe la aglutinación por la positiva, también hay personas que se aglutinan “en contra de”. Algunas veces por convicción, otras por conveniencia, pero lo que está claro es que la posición que predomina es la oposición a quien ejerce el poder y que ostenta aquello a lo que el individuo o conjunto “aspira”.
Esta última situación vista en infinidad de momentos de nuestra historia (recientemente la Alianza, Frente de Todos, Cambiemos) no se verifica en el presente. Nuestro país se encuentra sumergido en una degradación y disputa política que no escapa de la cuestión social. El “jugar a perder” (ya sea por falta de apoyo, trabajo a reglamento y/o raspar al compañero/a) se ha convertido en la práctica habitual de quienes no detentan el poder pero quieren alcanzarlo dañando a quienes piensan más o menos parecido.
Las enseñanzas del presente
Si llegaste hasta acá leyendo es probable que hayas estado pensando en el affaire Cristina Fernández de Kirchner – Áxel Kicillof, pero el punto es más amplio y abarca a todo el espectro ideológico. En 2023 y contra todo pronóstico, Mauricio Macri destruyó la candidatura de su alfil natural, Horacio Rodríguez Larreta, hasta consumar su derrota (la de Rodríguez Larreta y la de Macri mismo).
Es interesante detenerse en este ejemplo. Macri ha acabado con las aspiraciones políticas primero de María Eugenia Vidal y luego de Larreta. Personas de su riñón o que al menos lograron construir junto con él una fuerza política que llegó a conducir tres de los gobiernos más poderosos de Argentina (nación, ciudad y provincia de Buenos Aires). Terminado su gobierno sólo le quedó la Ciudad de Buenos Aires. Cuando la lógica decía que Rodríguez Larreta o una opción del “centro” sucedería al gobierno de Alberto Fernández, Macri primero apoyó la candidatura de Bullrich en detrimento de la de Rodríguez Larreta y luego la de Milei por sobre Bullrich para que el primero derrote a Massa.
Este desmembramiento planificado de personas que podían hacerle “sombra” en su propio espacio político llevó a prácticamente la disolución de su fuerza política. De la posibilidad de un gobierno que lo reivindicara o incluso de “albertizar” a Larreta o Bullrich dejándolos sin el control legislativo, pasó a la posibilidad cierta de perder su bastión electoral o la migración de dirigentes y gobernantes del PRO/Cambiemos hacia un mejor clima que da el resguardo del poder nacional. Hoy el PRO sólo se sostiene por dirigentes que mantienen la marca pugnando por mejores lugares con la Libertad Avanza.
Del otro lado de la oposición de la oposición de la oposición no hay mejores novedades. Cristina no parece haber aprendido de los errores de Macri y ha puesto en jaque a quien en los papeles es garante de continuidad en su ideología y (hasta ahora) quien la reivindica y defiende en público. En una posición de fragilidad, con la posibilidad de proscripción por el proyecto de Ficha Limpia y de la posibilidad de firmeza de su condena ante un revés de la Corte Suprema de Justicia, ha ocupado el último año en pulsear con el gobernador de la provincia de Buenos Aires para saber quién manda en su espacio. Algo que a la luz de la historia parecería irrelevante ante la posibilidad cierta de un fracaso y consecuencias que podrían sí ser históricos. La expresión “ha ocupado” surge de la imposibilidad de pensar que una conducción tan verticalista omita que sus cuadros friccionan al principal exponente de su fuerza.
Está claro que no se agota aquí la cantidad de ejemplos que se podrían dar y que esto va de arriba hacia abajo, siendo incluso las operaciones más crueles a medida que se va a las bases produciendo heridas muy difíciles de cerrar.
“Si dios es con nosotros, quién está con ellos”
Puede que haya personas que tienen la convicción del salvador. Que piensan que las y los suyos son los mejores para llevar la tarea adelante, lo que “hay que hacer”. ¿No es acaso el pensamiento de la mayoría de quienes hacen política con algo de responsabilidad y convicción?
Creer que sólo la facción a la que represento es la mejor para llevar adelante una tarea es lo que nos ha traído hasta acá tanto en términos partidarios como de país. Sólo sirve para eventualmente ganar alguna elección pero no para construir futuros promisorios o al menos que sean estables. Esto le cabe a toda la clase política, desde Cristina a Milei, desde Massa a Grabois, desde Del Caño a Bullrich.
Ante un nuevo incendio en un barrio popular que tiene el mismo origen de siempre, las condiciones precarias del sistema eléctrico, nos preguntamos si es necesario siempre responder de manera posterior al accidente con ayuda social o ¿existe la manera de prevenirlo para que no suceda?. Los incendios de viviendas en barrios populares suelen generarse…
Si cada argentino hiciese esta práctica, más de 20 millones de kilos diarios de “basura” no terminarían en un relleno sanitario. Cada habitante de este país desecha aproximadamente 1 kilo de “basura” por día. Si nos enfocamos en lo orgánico, esos 22 millones de kilos diarios, en lugar de transportarse y pudrirse en los basurales…
El gobierno de Maximiliano Pullaro celebró la decisión unánime de una flamante Cámara Penitenciaria. El órgano judicial impulsado por el gobierno santafesino avaló las restricciones para impedir la libertad condicional a condenados en determinados casos graves.
La misma actuación de la Cámara Penitenciaria en este caso provocó un impacto en el campo penal que va más allá de las muy escasas voces que hasta ahora produjeron reacciones explícitas.
Señalan que esa Cámara fue creada al solo fin de producir pronunciamientos como este, que no es tarea del Poder Judicial emitir un dictamen a pedido del Poder Ejecutivo sino que los jueces dictaminan sobre casos frente a un conflicto de dos partes. Y que es absolutamente inconstitucional la norma que faculta a tres camaristas a decir lo que dice la ley y obligar o siquiera sugerir a jueces inferiores a aplicar lo que ellos dicen.
¿Por qué lo dicen? Porque esto empezó a partir de un pedido de opinión consultiva que hizo el ministro de Seguridad y Justicia santafesino, Pablo Cococcioni, que le requirió a la Cámara Penitenciaria ni bien fue creada el año pasado que definiera si es constitucional el artículo 14 del Código Penal, que prohíbe conceder libertad condicional a los reincidentes, y también si lo es conceder la libertad condicional a los condenados por delitos graves, tales como homicidios agravados, o contra la integridad sexual, tortura seguida de muerte o financiamiento del terrorismo.
El Ministerio de Seguridad buscaba saber si es necesario a criterio de la Cámara producir informes y dictámenes ante cada solicitud de libertad condicional o asistida muchas veces antojadizos que, alega, implica un gran esfuerzo de los organismos criminológicos del Servicio Penitenciario cuando los jueces les dan curso.
La Cámara Penitenciaria opinó que las restricciones actuales a las salidas anticipadas en los casos pedidos son constitucionales. Lo que motivó una respuesta de Cococcioni que no disimuló su alborozo en redes sociales y que provocó un palpable malestar, tan real como no expresado públicamente en jueces penales.
Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe.
“Hasta ahora, los presos vivían presentando pedidos de libertad ‘por las dudas’, porque había jueces que las otorgaban porque consideraban que las leyes eran inconstitucionales. En este momento estamos instruyendo al Servicio Penitenciario para que no se tramiten más de oficio estos pedidos”, dijo el ministro de Seguridad. “Porque, además de liberar delincuentes, nos hacían gastar plata en informes criminológicos, ambientales y de todo tipo, una y otra vez hasta que les tocaba un juez más favorable. HASTA ACÁ LLEGARON: SE LES TERMINÓ LA JODA”, sostuvo.
Los planteos explícitos son pocos en relación al estremecimiento que este tema causó en el mundo penal. Solo hubo una manifestación de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. Estos indican que si bien está previsto en una ley este tipo de consultas, la misma altera la función de los magistrados, a los que les impone “la tarea de legislar”.
Aducen que el mecanismo utilizado para la resolución, “secreto, escrito, ilegitimo y arbitrario, sin participación de partes en audiencia oral y publica atenta contra el sistema acusatorio vigente en la Provincia de Santa Fe, retornando a épocas pasadas de normativa procesal penal que desde hace ya 10 años dejó de existir en nuestra provincia”. Y que es la Corte Suprema la que tiene la última palabra sobre un caso judicial”.
Algo parecido planteó el Servicio Público de Defensa Provincial, a cargo de Estrella Moreno Robinson, cuando el Ministerio convocó a distintos órganos del sistema acusatorio a pronunciarse. La Defensa Pública de Santa Fe dijo que la Cámara Penitenciaria estaba actuando de manera inconstitucional, porque los tribunales solo pueden pronunciarse sobre casos concretos y dar opinión no es una función de jueces. Que al hacer eso estaba adoptando facultades de tipo legislativo y afectando la autoridad de la Corte Suprema provincial que es el intérprete final en materia constitucional en el ámbito santafesino. También una afectación del principio del tribunal imparcial porque en el futuro esta Cámara deberá tratar casos concretos para los cuales ya adelantó opinión en abstracto.
La fiscal general Cecilia Vranicich, del Ministerio Público de la Acusación, que agrupa a los fiscales provinciales, respondió que en relación a las normas que limitan las salidas por casos graves los fiscales en audiencias públicas vienen pronunciándose por defender las normas que limitan el otorgamiento de libertades condicionales. Sobre la necesidad de que los órganos penitenciarios sigan produciendo informes ante pedidos de libertad a condenados por delitos graves optó por no pronunciarse.
La Cámara Penitenciaria rechaza tajantemente estar actuando en contra los principios del Poder Judicial o invalidar la posibilidad de que se siga litigando. Indica en lo fundamental que la opinión que formula es orientativa, no tiene el alcance de una norma general ni carácter obligatorio por lo que los cuestionamientos del Servicio de Defensa, puntualmente, son infundados. Plantea que ante cada caso concreto donde un condenado tenga motivos para pedir una salida anticipada en el marco de la ley de ejecución de su pena podrá hacerlo. Y que la opinión que la Cámara da persigue brindar certeza jurídica en cuestiones complejas.
“Una distinción política”
Un histórico docente de la Facultad de Derecho de la UNR que ejerció cargos públicos rechaza todos los argumentos. “Antes de meditar sobre cualquier cuestión normativa hay que hacer una distinción política. Esto es parte de una política penitenciaria del Poder Ejecutivo. Esto es lo primero. Crearon una Cámara Penitenciaria para resolver lo que tienen que resolver jueces de primera instancia. Quizás tuvieron buenas intenciones más allá de cómo integraron la Cámara. Las cosas no se hacen así. Esto es inconstitucional hasta la médula. Un juez no puede orientar, ni decir, ni sugerir a otro juez lo que tiene que hacer”.
“La opinión consultiva en la tradición jurídica argentina no existe”, desliza un funcionario judicial de Rosario. “Los jueces están para resolver un conflicto. No hay jurisdicción, o sea acción judicial, sin caso. Acá no hay partes ni hay imputado. ¿Por qué el gobierno quiso sustraer la materia de ejecución penal a jueces como Gustavo Salvador, Carolina Hernández, Alfredo Ivaldi que son gente muy formada? ¿Por qué armó en contra de la estructura de un sistema acusatorio una Cámara además con una integración cuestionable desde cómo se resolvió el concurso? Ahora podrían por esta vía tener una Cámara que no trabaje nunca. Le hacen 50 preguntas y con las respuestas que da no hay más casos. Resolvimos todos los problemas”.
Las alusiones críticas a la integración de la Cámara se dan porque el gobernador Pullaro para componerla remitió a la Legislatura los pliegos de tres aspirantes que aprobaron el concurso pero no quedaron en los primeros puestos de la valoración del jurado. El propio ministro Cococcioni aceptó públicamente después que lo hacían porque encontraba que eran afines a su política penitenciaria. La Legislatura aprobó esos pliegos con amplia mayoría.
“Opinión orientativa y no vinculante”
Los camaristas Mario Guedes, Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón remarcan en su resolución que no es correcto afirmar que la opinión consultiva podría contradecir criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Subrayan que la misma no tiene fuerza normativa ni efecto vinculante, que por eso no podría jamás generar un conflicto con decisiones del máximo tribunal provincial. Y una opinión consultiva no podría tampoco, dicen, restringir el acceso a la Justicia de quien tenga motivos concretos para pedir un beneficio en la ejecución de su condena como una salida anticipada.
Entonces, podría decirse, ¿por qué se emitió esta opinión? El gobierno la quería para evitar que a su criterio sigan proliferando de manera torrencial pedidos de salidas anticipadas de condenados por delitos graves, que éstos elevan sin encontrarse en condiciones de hacerlos según lo que exige la ley. Pero que, al decir de las autoridades de seguridad, se tiran igual el lance, con lo que activan una enorme cantidad de trabajo inútil para los órganos criminológicos penitenciarios si encuentran que jueces habilitaran el trámite.
¿A quién alude Cococcioni, entonces, cuando dice que con esta resolución “se les terminó la joda”? ¿A los presos que a través de sus defensores piden los beneficios? ¿O a los jueces que los conceden? Esto es lo que activa una indignación concreta, expresada entre bambalinas por no pocos jueces que hablaron con LPO, que consideran esto una insolencia del ministro de Pullaro, pero además hecho desde una normativa y una práctica que consideran inconstitucional, ajena a la labor de un juez y un apriete con ropaje normativo.
El gobierno de Pullaro frente a esta incipiente discusión tiene una ventaja política indescontable. Y es haber hecho todo de manera asumida. Obtuvieron la ley para la opinión consultiva, crearon la Cámara Penitenciaria, la integraron aceptadamente con miembros afines a su pensamiento respecto de la cuestión carcelaria, obtuvieron el respaldo de la Legislatura de los miembros propuestos. La Cámara produce la resolución sobre la opinión que le pidió el Poder Ejecutivo de una manera franca y convencida, y el gobierno festeja como un logro político algo que le permitirá evitar, como señalan, condicionales a condenados que cometieron delitos graves. En frente hay una corriente de opinión muy fuerte y muy idónea que cuestiona todo esto pero que, hasta ahora, se expresa lánguidamente o no se expresa. Es el gobierno, en definitiva, discutiendo con los fantasmas de Hamlet.
La Cámara de Ejecución Penal dejó en claro, por unanimidad, que LAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD CONDICIONAL Y ASISTIDA, PARA LOS REINCIDENTES Y PARA LOS CONDENADOS POR CIERTOS DELITOS, NO VIOLAN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS.Hasta ahora, los presos vivían presentando pedidos…
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