Nuevo revés para Ariel García Furfaro: fue indagado por una estafa millonaria

 

El operativo de proscripción fracasó en lo inmediato, pero continúa en su desarrollo porque “están embarcados en una apuesta de largo plazo: buscan crear un clima de resignación”, consideró el economista e investigador Claudio Katz. “No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar”. Por Indymedia Argentina.

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¿Cuál es tu impresión de la movilización contra el fallo de la Corte?

El acto en la Plaza de Mayo fue multitudinario y coronó varios días de intensa movilización, que empezaron con cortes de calles, siguieron con vigilas y desembocaron en la marcha. El número de concurrentes siempre está en debate, pero no cabe duda que fue muy elevado y la misma masividad se verificó en varias ciudades. El operativo policial intimidatorio quedó desbordado y ni siquiera intentaron aplicar el protocolo antipiquete.

Lo más impactante del acto fue el audio grabado y la comunicación en vivo de Cristina con la plaza. Constituyó un hecho inédito, que ilustró la derrota inicial del operativo de proscripción. Los jueces quedaron en ridículo con sus restricciones y la esperada humillación de una convicta, se transformó en una burla contra los perseguidores. Primero le notificaron a distancia la condena, para evitar su presentación rodeada de una multitud y luego le impidieron salir al balcón. Pero terminaron soportando un impactante mitin con mensajes de la recluida. No esperaban esa reacción y ese resultado.

¿Por eso la derecha esta nerviosa y molesta con su propio operativo?

Si. Fallaron en lo inmediato, pero hay que ser cautelosos porque están embarcados en una apuesta de largo plazo. Buscan crear un clima de resignación. No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar.

La derecha intenta menoscabar esa respuesta, afirmando que la movilización no repitió las gestas históricas del país. Pero no tiene sentido discutir si tuvo o no la escala del 17 de octubre, porque esa foto no nos diría nada de la película. Recién estamos viendo las primeras escaramuzas de una gran pulseada que comenzó mal para la derecha. Con la proscripción forzaron un boomerang, que potenció la centralidad de Cristina y renovó la mística de sus seguidores.

¿Por qué se embarcaron en la proscripción?

Fue una decisión del poder real. La Corte Suprema cumplió las órdenes del poder económico, que pretende asegurar la continuidad del ajuste. También intervino Estados Unidos que anticipó el fallo negándole a Cristina el ingreso a ese país y la gran prensa jugó fuerte. No olvida la ley de Medios y exigió el fallo, mediante descarados chantajes a los jueces.

Intentan sacarla de juego, porque piensan que Cristina es un obstáculo para la aplicación del modelo regresivo en curso. La derecha se ha ensañado con ella y su familia y por eso indujo el atentado contra su vida. El establishment no quiere repetir la experiencia del 2017, cuando el fracaso de Macri le permitió a Cristina definir quién sería el nuevo presidente. Buscan terminar definitivamente con esa centralidad.

¿Es por temor a un estallido del plan económico después de octubre?

Esa es la preocupación inmediata de los poderosos. El plan inicial de llegar a octubre con el tipo de cambio planchado (para forzar la caída de la inflación), estuvo a punto de naufragar. Afrontaban una sangría de reservas que anticipaba la cesación de pagos. En plena crisis fueron rescatados por el FMI que les entregó un crédito inédito, violando nuevamente el estatuto del organismo. Trump repitió el rescate de Macri con mayor velocidad y Milei disfrazó el salvataje con una presentación festiva de su fracaso.

A partir de ese auxilio, armaron otra versión de la bicicleta financiera para llegar a las elecciones con posibilidades de éxito, atrasando la cotización del dólar. Pero la salida de capitales no se detiene, las reservas siguen bajando e improvisan nuevos blanqueos para juntar divisas a cualquier costo. La enorme fragilidad de la economía en un marco de agónica recuperación, derrumbe del consumo y carencia de inversión, renueva el temor al mismo colapso que ya vivimos tantas veces.

¿Pero la proscripción se anticipa a ese crítico escenario o constituye una jugada de largo plazo?

Es una apuesta estratégica que el establishment le impuso a su títere Milei. El gobierno prefería disputar electoralmente con Cristina, pero los poderosos no quieren arriesgarse. Consideran que este es el momento propicio para comenzar a establecer un régimen autoritario.

La proscripción es el punto de partida de una criminalización de los movimientos sociales, asentada en mayores restricciones a las libertades democráticas. Es el mismo modelo, que en Ecuador mantiene a Correa en el exilio y en Perú a Castillo preso. Es el mismo esquema que intentaron con el encarcelamiento de Lula. Nuestros tres cortesanos han emulado el bochorno del juez Moro y por eso será impactante la anunciada visita de Lula al departamento de Cristina, el mes que viene.

En el régimen autocrático que quieren imponer, los magistrados del poder económico decidirían quién puede presentarse o no a las elecciones. Con la proscripción de la principal dirigente de la oposición -que ya había anunciado su candidatura- cruzaron un umbral. Estamos viendo en forma descarnada, hasta qué punto el poder real maneja los hilos del sistema político.

¿Pero más allá de estos datos, Cristina no está involucrada en casos de corrupción?

Nunca se investigó con imparcialidad sus responsabilidades. No se probaron las acusaciones y tampoco fueron condenados los funcionarios por debajo de la autoridad de Cristina, que habrían cometido algún delito. Se dictaminaron anormalidades en la obra de Santa Cruz, que son moneda corriente en todos los distritos del país. Para colmo, las obras objetadas se hicieron con fondos votados por el Congreso y la auditoría no encontró irregularidades. Hasta el propio ministro de Justicia reconoció que toda la causa es un mamarracho.

La discrecionalidad de los jueces contra Cristina es escandalosa. La Corte reabrió adrede la causa y dictaminó en dos meses y medio, cuándo suele tardar tres o cuatro años para cualquier caso relevante, y lleva décadas cajoneando las sentencias de los jubilados. El contraste con la protección que le brindan a los Macri es vergonzoso. En los últimos 40 años el Partido Judicial salvó a esa familia de 32 causas multimillonarias. Macri comparte impúdicamente fiestas con los mismos jueces, que Clarín pasea por los centros turísticos.

Tenemos tres cortesanos con cargos vitalicios, dotados de inmunidad, para disciplinar con amenazas, purgas y acomodos a todas las instancias inferiores. Este sistema judicial que condenó a Cristina, absolvió a los corruptos empresarios de la Obra Pública y a los ministros que se enriquecieron con la refinanciación de la deuda externa. Ahora, protege a Milei de su estafa con las criptomonedas.

Me parece que, a esta altura, el lawfare es incluso evidente para los analistas que objetaban la existencia de ese operativo. Salta a la vista la necesidad de democratizar el sistema judicial, siguiendo el camino iniciado en México con la elección de los magistrados.

¿En este contexto reaparece la vieja antinomia de peronismo-antiperonismo como epicentro de la política argentina?

En lo inmediato reapareció efectivamente esa confrontación con inesperadas ventajas para el peronismo. Hasta ahora se verifica una irrupción a favor de Cristina, sin la contrapartida de los clásicos cacerolazos derechistas en su contra. El contexto gorila que resucitó durante la gestión de Macri está más apagado y la derecha está furiosa con el clima de alegría y baile que rodea a Cristina. Los descolocó, además, emitiendo un mensaje grabado en la tradición de los cassettes que enviaba Perón.

Algunos reaccionarios como Espert están sacados y escupen insultos que rechaza su propio auditorio. La campaña de los grandes medios despunta como un calco del enceguecido antiperonismo liberal del pasado. Utilizan el mismo lenguaje denigratorio que descargaban contra Evita, en los mismos días que se conmemoran los 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. Esa masacre inauguró el terrorismo de Estado en gran escala.

Pero hay que tener cuidado con las comparaciones. No olvidemos que la figura de Cristina quedó muy afectada por el desastroso gobierno de Alberto. Se despidió con una plaza espontáneamente llena, cuando asumió Macri y volvió a reunir multitudes, cuando concluyó ese gobierno. Pero la campaña neoliberal en su contra y la generalizada frustración con su último mandato como vicepresidenta han corroído su influencia. La aprobación y el rechazo a su figura cortan al país en dos mitades, y las primeras encuestas sobre el impacto de su proscripción corroboran esa polarización.

Habrá que ver cómo afronta el peronismo este escenario. El fallo de la Corte disipó momentáneamente las pujas internas, pero nadie conoce la forma en qué lidiarán con la proscripción. La propia Cristina confirmó luego del atentado contra su vida, cuán reacia es a motorizar la lucha callejera. El evidente debut de un régimen autoritario no mella sus creencias institucionalistas.

¿La proscripción suscitó también un giro de posturas de la izquierda?

Si y no. Por un lado, el FIT emitió un contundente y acertado repudio, que incluyó un llamado a la movilización. Se consumó también la importante reunión de Myriam Bregman y otros dirigentes con Cristina. Además, convocaron y organizaron una columna independiente en la marcha a la Plaza de Mayo. La mayoría de las agrupaciones de izquierda se pronunciaron correctamente contra la proscripción, y destacaron acertadamente la conexión de ese operativo con la ofensiva capitalista en curso.

Pero las disidencias que rápidamente brotaron amenazan con dejar nuevamente a la izquierda pérdida y sin brújula. Algunos critican la entrevista con Cristina, como si fuera un pecado efectivizar ese acto de elemental solidaridad con un perseguido. Es la misma presencia que esperarían los líderes de la izquierda de los dirigentes de otros sectores, si padecieran ese escarnio.

Mucho más grave es la decisión de otro sector de no participar en la marcha, argumentando que no era lo suficientemente grande, radical y combativa, o que fue amoldada a las intenciones del peronismo.

Tenemos una larga experiencia con situaciones de este tipo y sabemos que la única forma de contrarrestar los eventuales defectos de una movilización es potenciando su masividad. Nunca se corrigen las falencias de una lucha declarando el enojo y la prescindencia, o proclamando que no reúne las condiciones esperadas. Esa abstención implica en los hechos una conducta desmovilizadora, que contradice los llamados a la lucha que caracterizan a la izquierda

Algunos argumentos que circulan para justificar las distintas escalas de inacción frente a la proscripción, sugieren incluso la validez de la condena por corrupción. Destacan que, si se invalida el fallo actual, también habría que objetar las sanciones por manejo deshonesto, que afectaron a personajes tan nefastos como Menem o Isabel Perón.

Pero esa comparación es incorrecta, porque la sentencia contra Cristina es un atropello manejado por el poder real, con la misma desfachatez que agredió a Lula, Correa o Castillo. Por el contrario, las puniciones a Menem o Isabelita fueron casos acotados y excepcionales de justicia, derivados de choques por arriba o demandas por abajo. La única forma de diferenciar ambos tipos de situaciones es evaluando la realidad con caracterizaciones políticas. Esas interpretaciones son indispensables, para no quedar entrampados en el mito de imparcialidad que rodea al actual sistema judicial.

En la izquierda debemos evitar los razonamientos abstractos del liberalismo jurídico. Esa actitud es indispensable para reconocer la existencia del lawfare, que el grueso del progresismo ha registrado, y que algunos integrantes de la izquierda siguen ignorando.

¿Las próximas elecciones de octubre definirán como queda el escenario?

Ahora hay más incógnitas que la semana pasada. Habrá que ver si la proscripción modifica el principal dato de los comicios en curso que es la altísima abstención. Se está verificando la menor concurrencia de las últimas décadas, porque prevalece un desengaño que induce a la retracción de la población.

El gobierno y sus aliados provinciales se han beneficiado con esa apatía, porque consiguen victorias electorales con muy poca concurrencia. En ese marco de indiferencia, la ultraderecha se come a la derecha en campañas signadas por la violencia verbal.

¿La proscripción de Cristina modificará este clima electoral? ¿Cómo serán replanteadas las disputas por las candidaturas dentro del peronismo? ¿Qué propuestas prevalecerán en ese sector, las predispuestas a negociar con el poder real o las que pugnan por confrontar construyendo otro proyecto? En las próximas semanas lo sabremos.

¿Pero el principal dato a seguir no es la dinámica de la movilización popular?

Si. Allí se juegan las respuestas efectivas, que han seguido patrones muy variables bajo el gobierno de Milei. Los atropellos del anarcocapitalista afrontaron al comienzo una gran reacción desde abajo, con dos huelgas generales y varias marchas multitudinarias por la educación universitaria.

Luego con la Ley de Bases, el desempleo y la represión sobrevino el reflujo, pero a principio de año reapareció la resistencia. Primero despuntó el movimiento de la diversidad sexual, posteriormente actuaron los jubilados y recientemente los médicos, las personas con discapacidad y los científicos. Hay banderas como la defensa del Garrahan y el Conicet, que son emblemas del país y suscitan un gran acompañamiento social.

La nueva lucha contra la proscripción de Cristina empalma con esta última secuencia y con la respuesta a la embestida represiva. Bullrich y Milei pretenden institucionalizar una nueva escala de violencia estatal y en los primeros cinco meses del año ya provocaron más heridos que durante todo el 2024.

El maltrato de los jueces hacia Cristina forma de las incursiones derechistas para naturalizar la crueldad. Denigran a la oposición política con la misma saña que maltratan a los sectores vulnerables y a los extranjeros, a fin de instalar el autoritarismo como un dato cotidiano.

Es una ingeniería del odio muy programada y con gran sostén capitalista, que ahora añade un ingrediente de proscripción. Ellos esperan consolidar una base social reaccionaria que aplauda el horror, junto a una masa pasiva de sectores medio-altos, que cierre los ojos frente a la destrucción del país. Quieren que ese segmento se distraiga dilapidando dólares en el exterior como en los años de la Convertibilidad.

Pero hay una contraparte de gran resistencia, que se verificó en la importante marcha unitaria del 24 de marzo y que ahora apuntala la batalla contra la proscripción. Lo vimos en estos días, con el resurgimiento de la militancia juvenil, las caravanas y las vigilias. En síntesis, el escenario está abierto, porque hasta ahora falló el debut de una estrategia de proscripción.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/19/entrevista-a-claudio-katz-fallo-el-debut-de-una-estrategia-de-proscripcion/

 

 

Neuquén alcanzó un hito en materia de salud pública con la entrega de 15 nuevas ambulancias, lo que permitió renovar por completo la flota de vehículos de todos los hospitales de la provincia. De esta manera, cada establecimiento sanitario cuenta ahora con unidades 0 kilómetro para el traslado de pacientes y la atención de emergencias.

En lo que va del 2025 ya se entregaron 58 unidades nuevas, que se suman a las 52 adquiridas en 2024, alcanzando un total de 110 vehículos incorporados en menos de dos años.

Inversión récord en el sistema de salud

El gobierno neuquino destacó que el número de vehículos entregados en 2025 supera ampliamente las cifras de 2022 y 2023, reflejando el fuerte impulso de la actual gestión en la modernización de la red sanitaria. Este avance fue posible gracias a una política de ahorro en gastos innecesarios, administración responsable de los recursos y reducción de la planta política, lo que permitió destinar mayores fondos a infraestructura y equipamiento.

La entrega más reciente incluye 13 furgones 0 km clase A, equipados con tecnología de última generación para garantizar una atención médica de calidad durante el traslado de pacientes. Estas unidades fueron asignadas estratégicamente a El Huecú, Villa El Chocón, Cutral Co, Bajada del Agrio, Las Ovejas, Andacollo, Rincón de los Sauces, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé y Las Coloradas, además de un furgón destinado al hospital Bouquet Roldán de la capital neuquina.

El destino de una unidad adicional aún está en evaluación por parte de las autoridades sanitarias, que determinarán su ubicación según las necesidades operativas.

Refuerzo para zonas rurales y cordilleranas

Para garantizar la cobertura en áreas de difícil acceso, se incorporaron también dos ambulancias 4×4, que serán destinadas a Tricao Malal y El Huecú. Estas unidades están diseñadas para operar en terrenos complejos y condiciones climáticas adversas, asegurando la llegada de los equipos médicos a localidades alejadas y en situaciones de emergencia.

Además de las ambulancias, durante 2025 se sumaron 21 utilitarios y pick-ups, que cumplen funciones de apoyo logístico y transporte sanitario. La inversión en infraestructura vehicular se complementa con las 31 ambulancias y 21 camionetas incorporadas durante 2024, consolidando una de las renovaciones más importantes de los últimos años.

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Estados Unidos volvió a vetar este jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en el enclave.

El documento, presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo (Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia), recibió el apoyo de todos los miembros permanentes (Rusia, China, Francia y Reino Unido) a excepción de Estados Unidos, lo que impidió su aprobación.

“Nuestra oposición a esta resolución no será ninguna sorpresa. No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las falsas narrativas que le benefician y que lamentablemente han encontrado eco en este consejo”, apuntó la representante estadounidense, Morgan Ortagus, antes de la votación, citada por el portal DW.

Ortagus insistió ante el Consejo, que hoy celebra su sesión número 10.000, que Hamás es responsable de “empezar y continuar esta guerra”, que podría acabar hoy mismo si el grupo “libera a los rehenes y renuncia a las armas”.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos veta una resolución de la ONU que pide un cese de hostilidades en la Franja, algo que se ha repetido en otras cinco ocasiones desde que comenzó la guerra en Gaza, algunas de ellas bajo el gobierno del demócrata Joe Biden.

El pasado junio Estados Unidos vetó una resolución que pedía exactamente lo mismo que la propuesta rechazada hoy. En concreto, los países exigían en esta resolución rechazada hoy un alto el fuego “inmediato, incondicional y permanente en Gaza” que debe ser respetado por ambas partes del conflicto, así como la liberación “inmediata, digna e internacional de todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos”.

Del mismo modo, solicitaban que el Gobierno de Israel levante “de inmediato y sin condiciones” todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, especialmente la procedente de Naciones Unidas y grupos humanitarios relacionados, garantizando su distribución sin riesgo a la población que la necesite.

Según las autoridades locales, la cifra total de muertos desde que inició el conflicto ya ha sobrepasado los 65.000. Este panorama empeorará la situación de los palestinos en Gaza, que se enfrentan a una aguda hambruna ante el bloqueo de la ayuda humanitaria impuesto por Israel el pasado marzo.

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El multicampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, atraviesa un duro momento personal debido al delicado estado de salud de su perro bulldog, Roscoe. El piloto británico compartió en sus redes sociales que la mascota, de 12 años y medio, padece neumonía y se encuentra en coma tras haber sufrido un paro cardíaco durante su hospitalización.

El mensaje fue publicado recientemente por Hamilton en sus cuentas oficiales, mientras se prepara para la próxima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Singapur. En el posteo, agradeció el apoyo de sus fanáticos y pidió que mantuvieran a Roscoe en sus oraciones, relatando que el animal fue sedado en una clínica veterinaria para realizarle controles, momento en que su corazón se detuvo antes de ser reanimado. Actualmente, el perro permanece bajo observación médica, a la espera de una evolución favorable.

Pedido de oración y apoyo moral

En su posteo Hamilton publicó “Por favor, ténganlo en sus pensamientos y oraciones. Quiero mantenerlos actualizados. Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecer a todos por las oraciones y el apoyo”.

La publicación del piloto sobre su mascota recibió el “me gusta” de Franco Colapinto entre los 2,7 millones de reacciones registradas.

El perro que conquistó la Fórmula 1

Hamilton cultiva una relación muy cercana con su mascota que, en algunas ocasiones, lo acompañó en los Grandes Premios de Fórmula 1. Por caso, Roscoe tiene su propia acreditación emitida por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Fórmula One Management (FOM).

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Milei agrava la crisis habitacional. El Ministerio de Economía reglamentó el fin del plan de primera vivienda propia (PROCREAR) y disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Por Mario Hernández.

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El gobierno de Javier Milei oficializó el lunes 9 la eliminación del plan PROCREAR de primera vivienda propia, que había ordenado por decreto en noviembre de 2024, y estableció la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de algunos de los inmuebles construidos en su marco. Según denunciaron, algunas de ellas serán adjudicadas a Fuerzas Federales de Seguridad.

Así lo hizo mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, por la cual dio nuevos pasos en la liquidación del Fondo Fiduciario Público del programa PROCREAR, creado en 2012 y disuelto por el decreto 1018/24 en noviembre de 2024. La norma encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados, tanto muebles como inmuebles.

La cartera económica, conducida por Luis Caputo, también aprobó un modelo de contrato para la gestión de los créditos individuales aún vigentes, que será firmado con el Banco Hipotecario S.A., que históricamente ofició como fiduciario del programa. Este contrato permitirá al banco seguir cobrando cuotas de los préstamos otorgados, con una retribución establecida, y transferir el resto de los fondos a la Cuenta Recaudación del Tesoro Nacional.

Además, la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio quedó facultada para instruir al banco a vender las carteras de créditos con bajo nivel de cobrabilidad, es decir, aquellas cuyo recupero sea inferior al 40% del monto total. En cuanto a los aspectos judiciales, la Subsecretaría Legal del Ministerio asumirá la representación del Estado Nacional en las causas originadas en el marco del PROCREAR.

La medida entra en vigencia desde su publicación y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que estableció la disolución del fideicomiso original y ordenó al Ministerio de Economía su liquidación total, incluyendo la transferencia, venta o restitución de bienes a provincias o municipios.

En lo referido a los inmuebles no afectados a obras, estos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), determinó la resolución de este lunes. Para ello, se celebrarán convenios entre el Banco Hipotecario, la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.

En este marco, surgieron denuncias sobre la adjudicación a Fuerzas Federales de Seguridad de algunas viviendas construidas en el marco del PROCREAR. Se trata, concretamente, de 160 viviendas del edificio Sagol, ubicado en el barrio de Avellaneda, que ya estaban adjudicadas a vecinos de la zona.

Así lo denunció Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador en ese partido bonaerense. «Como en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles. Esto es lo que se va a hacer este martes en un pomposo acto oficial con el edificio Sagol y sus 160 viviendas construidas por medio del plan PROCREAR y adjudicadas», afirmó. Y agregó que «se trata de un edificio terminado y con sus departamentos a estrenar que se les arrebatan a quienes fueron sorteados legítimamente en su momento».

Bullrich regaló las viviendas del Procrear de Avellaneda a las Fuerzas Federales

Por Manuela Tobia

En medio de la crisis habitacional por los altos costos de los alquileres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jugó de callada y se apropió de las llaves de los 160 departamentos del edificio Sagol, una de las últimas obras que se construyeron en el tercer cordón del Conurbano bonaerense con los fondos del programa Procrear -el cual fue eliminado recientemente por el Ministerio de Economía.

En tanto, los damnificados acudieron a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de Avellaneda, quienes respondieron que tampoco tenían novedades desde la gestión de Javier Milei sobre la continuidad del Procrear. Presentaron siete amparos, de los cuales la Justicia no expidió ninguno.

No obstante, el silencio se rompió el último viernes, cuando el Municipio recibió un pedido de autorización del Ministerio de Seguridad Nacional para hacer un acto fugaz en su distrito, con un operativo policial que cortaría las calles principales, para hacer la entrega de las llaves de al menos 25 departamentos a las Fuerzas Federales.

El aviso del Municipio cayó como un piano de cola desde un quinto piso a los damnificados que, incrédulos, acudieron ese día para exigir respuestas al Gobierno. “Nos enteramos de carambola, podríamos haber seguido esperando y no haber sabido nada”, cuestionó Daniela, una de las ganadoras del último sorteo Procrear. A sus 45 años, como trabajadora social de un hospital público, “entre otros laburos”, y con un hijo menor de edad a su cargo, dejar de pagar un alquiler costoso (en el que deja más del 50% de su sueldo) y pasar a invertir en su propia vivienda con un crédito económico, era una salvación.

“El gobierno de Milei me cagó por todos lados. No esperaba que nos sacaran así del juego. Nos borraron un plumazo como si no hubiésemos tenido nada que ver con ese edificio. Todas las familias esperamos habitar ese lugar con mucha ilusión“, sostuvo.

El robo blindado

El acto tuvo lugar en la entrada del complejo urbanístico, en la intersección de las calles Luis Raúl Sagol, Mariano Acosta y Díaz Vélez. Por estricta decisión del Ministerio de Seguridad, no hubo convocatoria pública ni cobertura mediática: solo participaron integrantes de las Fuerzas Federales y algunas figuras políticas del oficialismo y del macrismo, como los diputados José Luis Espert y Gerardo Milman, respectivamente.

Mientras se entregaban las llaves entre aplausos de oficiales y discursos, el operativo de seguridad impedía el ingreso de quienes alguna vez fueron adjudicatarios legítimos de esas viviendas. La policía los interceptó y acorraló contra la estación de trenes, apenas a unas cuadras del edificio que algún día creyeron que habitarían. Nadie los recibió. Nadie les dio explicaciones. Solo pudieron mirar desde lejos cómo sus casas eran entregadas a otros.

Daniela contó que, antes del comienzo del acto, logró entablar una conversación con un policía del operativo. “Me dijo que a ellos se los regalaban (los departamentos)“. De pronto, tras revelarle que era una de las damnificadas, el agente le habría respondido que desconocía del procedimiento de entrega de las viviendas, y la corrió con los demás hacia la estación de trenes.

“Para mí es el sueldo indirecto (del Ministerio de Seguridad), porque son los únicos ‘trabajadores’ a los que ellos necesitan tener bien atendidos, porque son los que necesitan mientras viven ajustando y volviendo una situación cada vez más conflictiva en las calles. Además, es bien milico usurparse las cosas de otros”, criticó.

“Me encantaría que el Ministerio de Seguridad explique cómo hizo y cuáles son las características de esta entrega. Cómo, a quién, y por qué. Si lo van a pagar, si es gratis. Porque esto, como dice la gente, se hizo con la tuya contribuyente, guita del Estado. Y nosotros íbamos a devolver esa plata“, espetó.

Por otra parte, Silvia, otra de las ganadoras del sorteo del Procrear y denunciante del accionar de Bullrich, aseguró que la semana próxima tendrán una reunión con el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, con la intención de “abrir un amparo colectivo“.

“Nosotros somos los legítimos ganadores del sorteo y esto que se hizo fue un robo, una usurpación“, denunció. Es jubilada y alquila un departamento con su hermana mayor, también dependiente del sistema previsional.

“Sobrevivimos con lo que tenemos. Todo esto nos perjudica en que nosotras estamos alquilando, y el monto se duplicó, pasamos de 400.000 a 800.000 pesos por mes. Nos vamos a tener que achicar y pasar de un tres ambientes a un dos ambientes”, lamentó.

A través de la cuenta de Instagram “sagolenlucha”, los damnificados buscan ampliar el reclamo y encontrar al resto de los sorteados del Procrear para llevar adelante el reclamo colectivo.

La motosierra de Milei y el “plan” de Bullrich

El acto fue conducido por Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa. Éste celebró la entrega de las 160 viviendas como parte de “un plan más ambicioso” para mejorar el acceso habitacional de los agentes federales. Con su alocución, explicó que “hay otras viviendas en otras partes del país” construidas con los fondos de Procrear que serán destinadas “a la operatividad de las fuerzas federales”.

Asimismo, Siracusa ponderó el edificio Sagol como uno que dará “vida a la comunidad” local, y lo comparó con el célebre Elefante Blanco de Avellaneda, la mole de cemento y hormigón que una vez fue idea del Grupo Provincia Estrella del Sur y que hoy funciona en la provincia como monumento a la especulación inmobiliaria y al fraude financiero.

“Hace 28 años que está acá sin que nadie que viva ahí. Eso es un emprendimiento privado que nunca se pudo terminar, como tantos otros en Argentina”, contempló irónicamente el funcionario del partido que dice defender al sector privado.

Por su parte, Patricia Bullrich defendió la presunta usurpación de las viviendas como una decisión “trascendente” y necesaria. Lejos de explicar qué pasaría con los propietarios originales que esperan una solución habitacional desde hace más de un año, justificó el traspaso con críticas al programa Procrear, al que acusó de haber sido utilizado para beneficiar “a amigos de la política” y de fomentar alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb.

Pero el cuestionamiento al programa promulgado en 2012 por la gestión de Cristina Fenrández no terminó ahí. También criticó que el Estado terminó financiando viviendas cuyos costos no eran cubiertos por las cuotas del programa, y consideró más legítimo entregarlas a las fuerzas federales como “una devolución” de la ciudadanía a quienes garantizan la seguridad.

Bullrich culminó anunciando que esos departamentos “serán administrados directamente por las fuerzas, sin intermediarios, bajo reglamentos internos ya establecidos“. El evento se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La semana pasada, El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases para liquidar lo que quedaba del Procrear. Ordenó el cierre del Fondo Fiduciario, dejó en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la AABE las tierras que habían sido destinadas a vivienda social.

El Gobierno complica la construcción de viviendas sociales

El gobierno de Javier Milei terminó por disolver a comienzos de mayo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba la construcción de viviendas sociales en todo el país. En paralelo, también disolvió el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica.

Así lo dispuso mediante el Decreto 312/2025, que lleva la firma de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el cual determinó: “Disuélvase el fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019”.

En los considerandos, el decreto señaló que “la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), entre las cuales se destaca la generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos en la ejecución de obras, evidenciando la existencia de falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

Y agregó que “se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos, así como la ausencia de comunicación de los proyectos de pliegos y de actos administrativos de los procesos de contratación al fiduciario”.

En febrero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado en una entrevista televisiva que disolvería el FISU próximamente, lo que se terminó de concretar tres meses después.

Por otra parte, el Decreto 312/2025 también dispuso la disolución del “Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica”, que había sido creado en 1996 con el objetivo de “financiar proyectos de investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”, detalló el propio decreto.

¿Qué era el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios.

Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por los recursos estuvieron nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

En febrero de 2024, Milei había dispuesto por decreto la reducción al mínimo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), administrado por movimientos sociales y dedicado a proyectos de integración urbana de los barrios populares, al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el cual fue finalmente eliminado a fines del año pasado. La medida se dio luego de acusaciones del Gobierno a Juan Grabois por supuestos manejos oscuros de este dinero.

Según detalló un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024, debido entre otros puntos a la reducción del FISU, “traza un panorama crítico de no ser revertido”.

Esta herramienta, clave para la implementación de la Ley 27.453, había sido “pionera en la región y reconocida por organismos internacionales como el BID”, consignó el informe. Su desfinanciamiento “paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad”, remarcó el documento. Además, este “vacío estatal abre espacio a actores como el narcotráfico, incrementando la vulnerabilidad social”, añadió.

La justicia frena el cierre del FISU

El 7 de mayo pasado el gobierno nacional había publicado en el Boletín Oficial el decreto 312 que ordenaba cerrar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del cual el Estado buscaba mejorar la vida de más de 5 millones de personas que viven en 6.467 barrios populares. El final de este programa puso en crisis a centenares de barrios de todo el país que estaban en proceso de construcción o de mejoramiento. Ahora, el Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Pehuajó hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a vecinos de barrios populares, y suspendió los efectos y aplicación de varios artículos del decreto en cuestión y le dio tres al gobierno nacional para que informe el saldo existente de este programa. Es más, el Estado debe tomar las medidas necesarias para darle continuidad a esta política pública.

Sin embargo, en julio de 2024 se conoció el resultado de la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde no se detectó ningún tipo de delito ni violación del objetivo del fondo. Es más, las observaciones que hubo fueron exclusivamente administrativas. Incluso el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja llegó a reconocer que “si no fue la única Secretaría que funcionó durante el Gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Porque la verdad es que lo que estoy viendo es, al momento de hoy, 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80 % ejecutado”.

Transcurrido casi un año de aquello, ahora el funcionario fue multado por el juez Heim y deberá pagar 200.000 pesos por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia, esto es que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

La decisión del juez federal de Pehuajó se dictó a partir de la presentación de un amparo colectivo que fue promovido por el CELS, una vecina de un barrio Renabap de esa localidad bonaerense y Lorenzo De Vedia, cura de Opción por los Pobres.

Estos pidieron que se declare inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes N° 27.453 y 27.541, toda vez que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado como impuesto PAIS, conforme previsiones del artículo 42 de la última de las leyes mencionadas. Denunciaron que, de esa manera, se eliminó la principal fuente de financiamiento del FISU. Por caso, este fondo recibía el 30 % del impuesto PAIS y con este decreto pasó a recibir solo el 1 %. Sin duda una decisión que buscaba desmantelar el funcionamiento del FISU.

Incluso el juez Heim le había encargado al Congreso la tarea de arbitrar los medios necesarios “para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública”. Ahora, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se había jactado de haber impulsado el cierre del FISU por supuestas fallas en la gestión, deberá responder a lo que ordena la justicia y reactivar la política pública.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página/12, El Destape

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/18/milei-desfinancia-la-vivienda-social/

 

 

La centralidad de los mercados de deuda en la economía mundial convierten a la guerra comercial o arancelaria en una guerra financiera. La guerra financiera (monedas y mercados de capitales) “será el conflicto más feroz jamás librado, con excepción de una guerra mundial”, sostiene un banquero en el Financial Times. Opina: Jorge Altamira.

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Los mercados financieros internacionales no han superado el ‘shock’ del 2 de abril pasado, cuando Trump anunció una suba catastrófica de los aranceles a la importaciones internacionales a Estados Unidos, bautizada como el Día de la Liberación. El mandamás de Estados Unidos se vio obligado a suspender la medida por 90 días, o sea hasta dentro de un mes. En el entretanto comenzó negociaciones con diversos países, que no han prosperado en la solución de los conflictos comerciales, aunque sí para crear otros mayores. En el día de ayer anunció un aumento del 50% de los aranceles a la importación de acero, con un grave perjuicio para Canadá, Brasil y México. La guerra comercial ha producido una desarticulación de las cadenas de producción que se desarrollaron en el período de la llamada “globalización». El reclamo de Trump a Apple para que reconvierta su cadena internacional a Estados Unidos es considerada poco menos que un despropósito, pero ilustra el extremo que ha alcanzado la disputa capitalista por un nuevo reparto de mercados. Numerosos observadores coinciden en que se trata de la preparación económica para una guerra mundial que ya se encuentra en desarrollo, y que exige una ruptura completa de la dependencia de los suministros de los países rivales. Es evidente, sin embargo, que una remodelación del comercio y las finanzas mundiales de esta magnitud, no podría imponerse sin la eclosión de una crisis financiera de dimensiones enormes. “Ustedes verán un crack”, declaró Jamie Dimon, el presidente del JP Morgan-Chase – una cita recogida por toda la prensa internacional.

Es lo que ha demostrado, precisamente, el fracaso de dos licitaciones recientes de deuda pública, una en EE.UU., la otra en Japón. Ámbito Financiero señaló las “Tensiones en el mercado de bonos: EEUU colocó deuda a 20 años con baja demanda”, debido, dice, a “la creciente desconfianza del mercado hacia la sostenibilidad de la deuda estadounidense”. Es otra versión más de la “desconfianza” que obligó a Trump a recular temporalmente de sus anuncios arancelarios. La deuda en cuestión ha alcanzado los 36 billones de dólares, un 125% del PBI, y cuyo mercado oficia de referencia para todos los mercados internacionales. Esta hipoteca era de 5 billones antes de la crisis financiera de 2008 y rendía un interés del 1.5% anual; es un pasivo que ha subido un 600% en poco más de 15 años y cuya tasa de interés de los bonos a 30 años llegó, la semana pasada, al 5,01 por ciento. Esta suba extraordinaria de la tasa de interés obliga al Tesoro a pagar una suma equivalente al 7% del PBI – cerca de dos billones de dólares al año con pronóstico de crecimiento. Pero, por otro lado, implica una desvalorización muy significativa de la deuda que se encuentra en circulación, que ha sido adquirida a valores relativos mayores y por lo tanto a tasas inferiores. Esto explica el retiro del mercado de deuda norteamericana de parte de varios acreedores internacionales, como China, Japón o Gran Bretaña, y que debe ser ocupado por compras locales y de la Reserva Federal.

Una mayor importancia tuvo probablemente el fracaso de una licitación de deuda a 40 años en Japón – una menor demanda de bonos. La deuda pública japonesa, de 8 billones de dólares, es equivalente al 270% del PBI. Los inversores reclaman una mayor tasa de interés, que es excepcionalmente baja en Japón con el propósito (infructuoso) de revitalizar una economía largamente estancada. El Banco de Japón tiene en su cartera el 60% de la deuda pública local en circulación. El capital nipón ha ido a buscar tasas mayores a otros mercados, en primer lugar al de Estados Unidos. Por esta razón, el sistema monetario japonés representa una piedra angular del sistema de represión de tasas (contención de la suba) en el mercado internacional. Los grandes inversores institucionales de Japón (compañías de seguro, fondos de pensiones) han sostenido la demanda global de bonos soberanos, en particular del Tesoro norteamericano. Un aumento de la tasa de interés en Japón, como viene ocurriendo a tientas, como reclaman los inversores, desarticularía este esquema de represión y llevaría las tasas internacionales a valores más altos – lo suficiente como para asestar un golpe al sistema financiero internacional. Dada la magnitud sin precedentes de la deuda contraída por un elevado número de empresas privadas, la suba de la tasa de interés de referencia, provocaría su definitivo “”knock out”. Por eso la Reserva Federal se abstiene de elevar esa tasa, a pesar de los pronósticos inflacionarios que acompañan la decisión de emprender una guerra arancelaria, de parte de Trump. Las autoridades japonesas, advertidas de la necesidad de EEUU de evitar un retiro extranjero de los bonos del Tesoro, buscan servirse de esta Espada de Damocles, para obtener una excepción a la suba indiscriminada de aranceles de parte de Trump. Japón ha reclamado a Trump, por de pronto, el levantamiento de la prohibición a una adquisición de la United Steel estadounidense por la Nippon Steel, ahora afectada por la suba de aranceles al acero de Brasil, desde donde la nipona exporta a Estados Unidos. Trump ha presentado la cesión de la US como “una asociación”.

La centralidad de los mercados de deuda en la economía mundial convierten a la guerra comercial o arancelaria en una guerra financiera. La guerra financiera (monedas y mercados de capitales) “será el conflicto más feroz jamás librado, con excepción de una guerra mundial”, sostiene un banquero en el Financial Times. Un caso explosivo, precisamente, se plantea con Taiwán, el cuarto acreedor extranjero del Tesoro norteamericano y una cuenta corriente exterior ampliamente positiva. Las reservas de la Isla, de 583 mil millones, se encuentran invertidas, en un 92%, en bonos de Estados Unidos. Las compañías de seguro taiwanesas, por otro lado tienen un hoja de balance de 1.1 billón de dólares, sin protección cambiaria, colocadas en su mayor parte en deuda norteamericana. La presión de EEUU para que Taiwán revalorice su moneda, para inclinar en su favor el comercio bilateral, resultaría en una desvalorización del activo de las compañías de seguro, que han asumido el pago de los riesgos de sus clientes pagar en moneda local, que sería más cara. Una media de prevención debería llevar a estas compañías a retirar sus dólares en bonos del Tesoro norteamericano.

Los dardos envenenados de la crisis se han intensificado como consecuencia del voto favorable de la Cámara de Representantes de EE.UU. a un proyecto fiscal enviado por Trump, que contiene una masiva reducción de impuestos a las compañías capitalistas. Trump bautizó a esa iniciativa como “grande y bella”, en mayúsculas. Aunque contempla, por sobre todo, la aplicación de una ‘grande y fea’ motosierra a gastos sociales, en especial, en Salud, los observadores auguran que incrementará la necesidad de financiamiento público mediante una creciente emisión de deuda. La situación del Tesoro y del dólar se convertiría en muy peligrosa. Trump no lo niega, pero asegura que el bache financiero sería cubierto por los aranceles a la importación, que se convertirían en un masivo impuesto al consumo. La implantación de aranceles con propósitos fiscales, además de un arma de guerra contra los trabajadores, implicaría una enorme distorsión del comercio y la inversión. Que se recurra a este tipo de herramientas, sólo se explica por la envergadura que han alcanzado las contradicciones del conjunto de la economía mundial. No se debería excluir la posibilidad de que la inviabilidad de estas maniobras se manifieste a corto plazo, como ocurrió en el Reino Unido, en septiembre de 2022, cuando un proyecto fiscal similar detonó un estallido bursátil y la caída del gobierno que había asumido seis semanas antes. Las operaciones de deuda se hacen a crédito, que se autofinancian con la suba de los bonos y que quedan sin cobertura en las bajas. Según diversos estudios, el apalancamiento (crediticio) de las compras de títulos públicos y de arbitrajes entre operaciones de futuros e inmediatas, alcanza en promedio 50 puntos (un punto de inversión compra activos cincuenta veces superiores), pero puede llegar a 100. Son el terreno de especulación de los excedentes de la oligarquía financiera.

En cuanto al Mercado de Valores de Estados Unidos (acciones, obligaciones negociables, operaciones de crédito) se infla cada vez más. Las cotizaciones se encuentran por las nubes; el propósito del plan fiscal de Trump es que se infle varias veces más. Estados Unidos atrae cada vez más capital y también supera la atracción de los mercados rivales (“outperformance”). En 2024, inversores extranjeros metieron 1 billón dólares. Atrae el 70% del flujo de los 13 billones del mercado global de inversiones privadas. En un mundo que se pretende multipolar, el mercado de capitales es definidamente “unipolar’. De acuerdo a un observador: “Estados Unidos está sobreconcentrado, sobrevaluado y sobreacelerado, como no se ha visto nunca antes”. Un estudio que firman Thomas Ferguson y Servaas Storm, señala lo siguiente: “el sector financiero se ha expandido exponencialmente. Los activos de las instituciones financieras no bancarias (“bancos en las sombras”), que consisten en préstamos e inversiones financieras, igualaban a alrededor del 93% del PBI de Estados Unidos durante los años 2006-2023, mientras que los activos de los bancos comerciales añadían otro 81% (en promedio); la escala total de la intermediación financiera es de alrededor del 174% del PBI, mientras que la inversión fija no residencial se elevaba a sólo el 13% del PBI”. La euforia de los negocios ha sido siempre, sin embargo, el síntoma más seguro de un derrumbe – como la melodía del canario en la boca de una mina a punto de explotar.

Las correlaciones de la crisis, por otra parte han cambiado. En el pasado, una contracción o derrumbe en el mercado de valores producía una fuga hacia el mercado de deuda en dólares, que cuenta con el respaldo del Tesoro más poderoso del mundo. En la actualidad, una crisis en el mercado de deuda, como por ejemplo en el caso de que se revierta el carry trade Japón-Estados Unidos, sería un golpe fatal para el mercado de acciones y de crédito, y una crisis en este último podría no encontrar refugio en el mercado del Tesoro. Por eso se dispara el precio del oro – también influido por los vaivenes militares de la guerra y por la compra preventiva de los bancos centrales. La centralidad del dólar se vería fuertemente cuestionada, sin que hubiera emergido una divisa sustituta. La economía mundial se encuentra afectada por “placas tectónicas”, vuelve a advertir el catastrofista del JP Morgan-Chase; “el riesgo”, prosigue, “es que la suba de las tasas de largo plazo eleven el costo de capital”.

Los mercados han reaccionado a la suba de tarifas de Trump con un aumento del dólar. Es que la guerra arancelaria ha debilitado al yuan, la moneda china, y ha producido una salida de capitales de China, a pesar del control cambiario. China ha inflado su deuda pública, un 250% del PBI, como consecuencia, no solamente de estímulos fiscales sino por las operaciones de rescate debido al derrumbe del sobre expandido mercado inmobiliario, y también a la deflación. El ciclo de la economía real y de la financiera – la última se infla para levantar a la primera, creando un fuerte impasse. Algo similar ocurre en Europa, donde inversores norteamericanos se quedan con compañías devaluadas, en un marco de demanda interna insuficiente. La globalización financiera se expande, en medio de un mercado comercial internacional que se deprime. Mientras fracasan las licitaciones de deuda del Tesoro, crecen las cotizaciones en el mercado accionario, así como las fusiones y adquisiciones. Recogen los excedentes de las grandes empresas con elevadas ganancias. Los especialistas en estos asuntos las denominan inversiones oportunistas o tácticas Son movimientos contradictorios en una crisis de alcance general que ‘busca’ (si se puede decir así) su desenlace. En este marco, las grandes potencias reclaman financiamiento para militarizar sus economías.

Es claro que la lucha de clases se desarrolla en un marco estratégico; no apto para reformas progresistas, ni para concesiones parciales que no sean forzadas por amenazas revolucionarias. Es el marco en que está haciendo su experiencia la nueva generación de trabajadores.

Fuente: https://politicaobrera.com/14231-las-placas-tectonicas-de-la-economia-mundial