El día lunes 17 de enero asumirán dos nuevos funcionarios en el Gabinete Municipal. La nueva Directora de Turismo, Profesora María Luján Musso y el nuevo Director de Cultura, Martín Betancourt.
El Intendente Marcelo Orazi agradece a Silvia Alvarado y Katerina Iogna por el trabajo y compromiso que han tenido en sus tareas. Convencido que seguirán contactados pensando en las tareas, ideas, aportes y acciones en Cultura y Turismo.
Se felicita a los nuevos Directores que toman el compromiso de seguir trabajando para otorgarle relevancia a las áreas de Cultura y Turismo para continuar el cambio logrado hasta hoy en Villa Regina.
Los mejores éxitos a Silvia Alvarado que asume en la Secretaria de Estado y Cultura de la Provincia de Río Negro y a Katerina Iogna en los proyectos que emprenda de ahora en adelante.
Esta semana continuaron las distintas actividades propuestas desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina en el marco del programa ‘Sentite Turista’. El miércoles se llevó a cabo una excursión especialmente organizada para un grupo de reginenses a fin de conocer uno de los emprendimientos de Turismo Rural: Chacra Arana. Fue la…
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Personas con discapacidad: salidas breves, programadas según DNI y a no más de 500 metros Así lo fija la reglamentación que publicó el Gobierno para atender a la necesidad de las personas con esa condición de salud. Para salir, deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad en soporte papel o foto digital. El gobierno nacional…
La belga Jan De Nul buscó este jueves, en la recta final de la licitación de la Hidrovía, darle punto final a la campaña en contra negando cualquier vínculo con empresas estatales chinas en una reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.
El encuentro se produjo luego de las denuncias que agitó la competidora DEME, que había puesto bajo sospecha la oferta de Jan De Nul al advertir supuestas relaciones comerciales con firmas chinas, aprovechando la tensión geopolítica alrededor de la privatización de la vía navegable.
Como reveló LPO en su momento, el gobierno nunca tomó en serio las acusaciones y desestimó las presentaciones llevando a la licitación a su etapa final.
La reunión entre los representantes de la empresa y el diplomático ocurrió horas después de una nota de una nota publicada por el diario La Nación que habló de una supuesta «influencia maligna» de China en la Hidrovía.
Según el artículo, el republicano Brian Mast, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habría alertado al secretario de Estado Marco Rubio sobre presuntos vínculos chinos detrás de la licitación.
En consecuencia, para despejar cualquier duda, este mismo jueves representantes de la compañía se reunieron con Lamelas quien «escuchó de primera mano los planes del consorcio belga-argentino que Jan De Nul integra junto a ServiMagnus para una eventual nueva concesión de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay», señaló Jan de Nul a través de un comunicado.
Los directivos dieron detalles de las obras proyectadas, las características de las dragas y herramientas de balizamiento que utilizarían en caso de ganar la licitación y la tecnología prevista para reforzar la seguridad de la navegación, el control del contrabando y la lucha contra el narcotráfico.
La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta «provienen de países occidentales» y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS.
Pero el eje del encuentro pasó por el intento de despegarse de cualquier sospecha de influencia china. La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta «provienen de países occidentales» y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS.
En ese marco, Jan De Nul habló de «afirmaciones maliciosas» difundidas en medios de comunicación para adjudicarle relaciones comerciales o contractuales con empresas estatales chinas y sostuvo que esas operaciones «solo buscan entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio».
La compañía interpretó esas acusaciones como una muestra de la «impotencia» de sus competidores para superar su propuesta técnica y económica, en una disputa que ya escaló mucho más allá de lo comercial.
Por último, los directivos reivindicaron los 30 años de trabajo de la empresa en la Hidrovía y se comprometieron a desarrollar futuros proyectos junto a compañías estadounidenses vinculadas a la concesión.
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
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