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Nuevas Autoridades en el Gabinete Municipal

El día lunes 17 de enero asumirán dos nuevos funcionarios en el Gabinete Municipal. La nueva Directora de Turismo, Profesora María Luján Musso y el nuevo Director de Cultura, Martín Betancourt.

El Intendente Marcelo Orazi agradece a Silvia Alvarado y Katerina Iogna por el trabajo y compromiso que han tenido en sus tareas. Convencido que seguirán contactados pensando en las tareas, ideas, aportes y acciones en Cultura y Turismo.

Se felicita a los nuevos Directores que toman el compromiso de seguir trabajando para otorgarle relevancia a las áreas de Cultura y Turismo para continuar el cambio logrado hasta hoy en Villa Regina.

Los mejores éxitos a Silvia Alvarado que asume en la Secretaria de Estado y Cultura de la Provincia de Río Negro y a Katerina Iogna en los proyectos que emprenda de ahora en adelante.

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  • Empresarios brasileños temen que Flavio complique las negociaciones con EEUU por los aranceles

     

    Empresarios brasileños que participarán en la audiencia pública organizada por el gobierno de Estados Unidos sobre el aumento de aranceles a productos brasileños manifestaron su preocupación por el posible impacto político de la participación Flávio Bolsonaro y del influencer conservador Paulo Figueiredo en ese ámbito de negociación. 

    Según informó Folha de San Paulo, ambos se inscribieron para intervenir en la audiencia convocada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que escuchará a más de 80 participantes antes de definir la política arancelaria hacia Brasil. 

    Aunque Flávio tiene previsto solicitar que Washington retire las tarifas, el sector empresarial teme que la instancia derive en una mayor confrontación política. La preocupación radica en que los funcionarios estadounidenses podrán formular preguntas a cada expositor, lo que podría abrir espacio para declaraciones de fuerte contenido ideológico o electoral. 

    De acuerdo con la publicación, los empresarios consideran imposible anticipar qué preguntas realizará el gobierno estadounidense ni cuál será la postura que adoptará el senador durante el intercambio. 

     Flavio le pidió a Trump que aplique aranceles contra Brasil para después de las elecciones para no favorecer a Lula 

    En ese contexto, existe el temor de que la audiencia termine politizando aún más un tema que, para el sector privado, debería centrarse en los impactos comerciales de los aranceles en medio de la incertidumbre del año electoral que en tres meses tendrá elecciones presidenciales. 

    La audiencia de esta semana forma parte del proceso mediante el cual Estados Unidos evalúa la aplicación de nuevos aranceles a productos brasileños, una medida que ha generado preocupación tanto en el gobierno de Brasil como en diversos sectores exportadores por su potencial impacto sobre el comercio bilateral. 

    Existe el temor de que la audiencia termine politizando aún más un tema que, para el sector privado, debería centrarse en los impactos comerciales de los aranceles en medio de la incertidumbre del año electoral que en tres meses tendrá elecciones presidenciales

    En ese marco, Lula decidió enviar observadores y optó por no realizar una intervención oficial durante la audiencia y mantiene como estrategia principal la negociación diplomática directa con Washington. Según publicó G1, la representación brasileña estará integrada por funcionarios de la embajada en Washington y técnicos del gobierno, cuyo objetivo será seguir de cerca las exposiciones de empresas, asociaciones y otros participantes del proceso abierto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

    La decisión refleja la evaluación del Palacio del Planalto de que una confrontación pública en esta instancia tendría escasas posibilidades de modificar el curso de la investigación. 

    Un funcionario importante de la administración de Lula dijo a LPO que el gobierno considera que el canal más efectivo sigue siendo el diálogo bilateral entre ambos gobiernos. Por ese motivo, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, continúa encabezando las conversaciones con autoridades estadounidenses para intentar evitar la aplicación del tarifazo.

    Un funcionario importante de la administración de Lula dijo a LPO que el gobierno considera que el canal más efectivo sigue siendo el diálogo bilateral entre ambos gobiernos. Por ese motivo, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, continúa encabezando las conversaciones con autoridades estadounidenses para intentar evitar la aplicación del tarifazo

    Mientras tanto, el protagonismo en la audiencia quedó en manos del sector privado brasileño. Diversas cámaras empresarias y asociaciones exportadoras presentaron argumentos técnicos para cuestionar la propuesta sosteniendo que las medidas perjudicarían tanto a exportadores brasileños como a importadores y consumidores estadounidenses. 

    Lula le saca diez puntos a Flavio Bolsonaro y ganaría en segunda vuelta 

    Entre los sectores más activos figuran las industrias del café, el calzado, la maquinaria, el mobiliario y la pesca. La audiencia forma parte del proceso de investigación iniciado bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. 

    Una vez concluida la etapa de consultas públicas, el USTR deberá analizar las presentaciones antes de adoptar una decisión definitiva sobre la eventual imposición de nuevos aranceles del 25% a las importaciones brasileñas. En Brasil, el gobierno interpreta que aún existe margen para una solución negociada y evita dar por cerrada la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que Washington anuncie su decisión final.

     

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  • El modelo bate récords de exportación pero no logra reactivar la inversión y el crédito

     

     Mientras el Gobierno celebra el récord exportador que encuentra impulso en pocos sectores, la economía real sigue mostrando una postal muy distinta. De un lado avanzan el petróleo y la minería, el agro y los negocios financieros. Del otro quedan el consumo, la inversión y el empleo. 

    Las exportaciones volvieron a romper récords  históricos. Alcanzaron los USD 9.055 millones, un 24,5% más que en junio de 2025, mientras que las importaciones totalizaron USD 6.861 millones, con un incremento interanual del 7,3%. El superávit de balanza comercial fue de USD 2.194 millones en junio y lleva casi USD 14.000 millones en el primer semestre.

    Entre los productos más exportados en junio se destacaron el petróleo crudo, con ventas por USD 918 millones; la harina y pellets de soja USD 874 millones; el aceite de soja en bruto USD 769 millones; el maíz USD 639 millones y los vehículos automotores USD 463 millones.

    En conjunto, los diez principales productos representaron el 56,8% de las exportaciones del mes y sobresalió el crecimiento de las ventas de combustibles y energía, minería y el complejo agroindustrial.

    Preocupado porque la economía no levanta, el gobierno quiere que los bancos reactiven los créditos hipotecarios

    Pero lo interesante es que la contradicción también aparece dentro de los propios sectores ganadores. La caída del empleo en el sector de «petróleo y minería» a nivel nacional alcanzó los 8.735 puestos de trabajo formales. Esta pérdida representa una baja de casi el 9,2% en la dotación de personal de estas industrias respecto a noviembre de 2023, según datos del SIPA que elabora el Ministerio de Capital Humano. 

    El sistema financiero, mientras tanto, continúa cerrando sucursales físicas como parte de un proceso de digitalización y reducción de costos. Eso implicó la pérdida de más de 5.000 puestos, según datos de La Bancaria, quedan 94.325 trabajadores activos bajo el convenio bancario

    La inversión tampoco acompaña el discurso oficial. Pese a la aprobación del RIGI y a las expectativas generadas por algunos grandes proyectos energéticos y mineros, la inversión extranjera directa viaja en sentido opuesto. El último dato publicado por el BCRA, al cierre del 2025, confirma que la Inversión Extranjera Directa (IED) total anual se desplomó un 73,1% interanual, alcanzando apenas USD 3.134 millones. Según los datos mensuales de la balanza cambiaria de la IED, tocaron un histórico negativo de USD 797,73 millones durante el primer semestre del año 

    Respecto al potencial del RIGI para apuntalar inversiones, fue determinante Marina Dal Poggetto en diálogo con Clarin » El RIGI quivale al 1,5% de la inversión hoy. El total anunciado van USD 124.000 millones pero aprobados en el Boletín Oficial hay USD 21.300 millones y sólo USD 8.000 millones están comprometidos en los dos primeros años. Pero lo efectivamente invertido al día de hoy son apenas USD 1.800 millones, que es el 1,5% de la inversión. Con lo cual aún no vemos el impacto esperado y de hecho no alcanza para traccionar la inversión que este año cae», señaló una de las economistas más escuchadas por el establishment.

    El mayor cuello de botella aparece justamente allí. El impulso financiero no logra transformarse en consumo ni en inversión productiva. Marina Dal Poggetto definió esa situación con una frase que sintetiza el problema: «La cadena de transmisión de la economía está rota». La economista sostiene que el crédito no consigue traccionar ni el consumo ni la inversión porque el proceso de monetización encuentra múltiples obstáculos.

    Dal Poggetto explica que buena parte de los pesos disponibles continúan siendo absorbidos por el Tesoro. El Estado necesita ofrecer tasas elevadas para renovar su deuda en moneda local y esterilizar liquidez. Ese mecanismo termina compitiendo con el financiamiento al sector privado. Los bancos encuentran más rentable colocar recursos en títulos públicos que expandir el crédito a empresas y familias. El dinero gira sobre sí mismo como una rueda que nunca abandona el mismo surco.

     «El consumo está trabado y puede crecer poco teniendo en cuenta la lógica de este modelo: crecimiento basado en exportaciones e inversiones impulsadas por el esquema RIGI. Lo primero está ocurriendo y a tasas altas en un contexto donde por el parate de la economía, las importaciones no traccionan. Pero esto no alcanza para generar una expansión genuina de la economía cuando los salarios están básicamente estancados en términos reales y el empleo formal sigue cayendo compensado en parte con el empleo informal. Hubo un aumento de dos puntos en la tasa de desempleo desde que llegó Milei y un punto más cuando se suma el subempleo. Entonces hay insuficiencia de ingresos de los hogares y falta de rentabilidad de las empresas en los sectores que no están favorecidos por el cambio de precios relativos y el RIGI», apuntó Dal Poggetto.

    Dal Poggetto trazó el límete del modelo económico. «Estas dos velocidades no arrastran los niveles de actividad y empleo en su conjunto y a mi juicio es lo más complicado en términos de sostenibilidad del modelo porque así como está no hay rentabilidad en esta economía. La economía nueva tributa mucho menos que la vieja. Sé que para la lógica del Gobierno esto no es un problema pero son mis inquietudes si usted me pregunta», expuso Dal Poggetto. 

    Las consecuencias ya aparecen en las encuestas. El último informe de Giacobbe & Asociados muestra que el 54,7% de los consultados considera que la situación económica continúa empeorando. En paralelo, Javier Milei alcanza un 56,9% de imagen negativa. El estudio también encuentra un límite para la expansión electoral del oficialismo: el voto seguro del Presidente se ubica alrededor del 39%, mientras un 53% afirma que nunca lo votaría.

    Los datos de Opina Argentina, dirigida por Facundo Nejamkis y con trabajo de campo de Solmoirago, muestran un cambio todavía más significativo. El desempleo y los bajos salarios pasaron a encabezar las preocupaciones sociales con el 35%, desplazando a la inflación, que quedó en 17%. Además, el 61,9% de quienes desaprueban la gestión explican su posición por razones económicas vinculadas con la recesión, la caída del consumo y la pérdida de empleo. En intención de voto, La Libertad Avanza y el peronismo aparecen prácticamente empatados, con pisos cercanos al 35% y 34%, respectivamente.

    Otros relevamientos, como los de CB Consultora Opinión Pública, incluso muestran al peronismo encabezando algunos escenarios nacionales de cara a 2027. Según la medición, la coalición opositora oscila entre el 32% y el 33,7%, mientras La Libertad Avanza se mueve entre el 26% y el 34%, según el escenario evaluado. Cuando se pregunta por las razones del voto, el 47,2% identifica la recesión, la caída de las ventas y el desplome del consumo como el principal problema que condiciona su respaldo al Gobierno.

    En la Casa Rosada sostienen que el crecimiento terminará derramando sobre el resto de la economía una vez consolidada la estabilidad macroeconómica. 

    «Hay un error de base en toda esta discusión. Se habla de estabilidad macroeconómica como si fuera un estado permanente, cuando en realidad la macro es un terreno en disputa. Pensar que el sector externo, por sí solo, va a derramar sobre el mercado interno es una teoría que ya fracasó demasiadas veces en la Argentina», comentó un referente económico del kirchnerismo. 

    «La idea de un modelo exportador tampoco es nueva. Es un esquema que puede funcionar para economías con otra escala demográfica o productiva, como Australia, o con estructuras muy distintas, como Filipinas. Pero para un país de casi 50 millones de habitantes difícilmente alcance para generar empleo de calidad, consumo masivo y movilidad social. Es un modelo que, en el mejor de los casos, integra plenamente a una parte de la sociedad y deja al resto dependiendo de que ese crecimiento llegue algún día», observó este economista nostálgico. 

    «El problema de la oposición es que, aun cuando muchos de estos límites empiezan a hacerse visibles, todavía no logra ofrecer una alternativa económica sólida y creíble para las mayorías. Hay diagnóstico, pero falta liderazgo. Y sin liderazgo tampoco aparece un programa capaz de disputar el sentido común económico que hoy domina el debate», se lamentó. 

     

     

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    Se venció otra privatización menemista: Milei inicia la transición y abre un camino de incógnitas sobre el futuro de las represas hidroeléctricas de Tucumán

     

    Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.

    El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90

    La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.

    Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.

    En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.

    Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.

    La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.

    Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización

    La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.

    El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.

    Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.

    La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.

    Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.

    Los bienes vuelven al Estado después de 30 años

    Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.

    No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.

    Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.

    Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.

    La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización

    El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.

    Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.

    La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.

    La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.

    Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión

    Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.

    Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.

    La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.

     

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