La Legislatura de Neuquén comenzó a debatir una propuesta que apunta a sancionar a los deudores alimentarios morosos y a las personas registradas por violencia familiar o de género. La medida, impulsada por el oficialismo de Rolando Figueroa, establece que estas personas no podrán acceder a recitales ni espectáculos pagos organizados en la provincia.
El proyecto ingresó a la comisión de Desarrollo Humano, donde recibió el visto bueno de todos los bloques políticos. Si consigue despacho el próximo jueves, pasará a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Hacienda, con la posibilidad de llegar al recinto a principios de septiembre.
En la primera reunión, participó Mario Jordán Díaz, director provincial de Gobierno y Justicia, quien explicó el funcionamiento de los registros oficiales. Detalló que actualmente existen 65 acuerdos firmados con entidades privadas para utilizar como referencia las bases de datos de deudores y que las altas y bajas solo pueden ser ordenadas por sentencia judicial firme.
Cómo funcionará la restricción
Neuquén ya tiene convenios con otras jurisdicciones como CABA, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz, lo que permite detectar deudores cuando realizan trámites en esas provincias. Ahora, la idea es trasladar ese mismo control al acceso a eventos locales.
El legislador Francisco Lepore (Avanzar), autor del proyecto, fundamentó la iniciativa en que “una persona que incumple con la cuota alimentaria no puede destinar dinero a pagar una entrada”. Señaló además que esta práctica representa una forma de violencia económica contra las madres, quienes suelen tener a cargo la crianza y además deben afrontar la falta de aportes.
Puntos pendientes
La discusión en comisiones dejó abiertos algunos aspectos clave:
Alcance de los eventos: se analiza si la prohibición regirá solo para espectáculos con más de mil asistentes o si se aplicará a un número menor.
Multas a organizadores: quienes permitan el ingreso de personas inscriptas en los registros podrían ser sancionados con el 10% de la recaudación total y hasta sufrir suspensiones temporales para realizar eventos.
Destino de las sanciones: aún no se definió si lo recaudado se destinará a un fin específico.
La aplicación de la ley implicará que las empresas organizadoras accedan a las bases de datos oficiales, de modo que al momento de la entrada puedan verificar si el espectador se encuentra en los listados.
Luego de días de incertidumbre, finalmente el Tribunal de Disciplina falló a favor de Deportivo Rincón, dándole por ganado el partido y la serie ante Jorge Newbery, y enfrentará el próximo domingo a Colón de San Justo, Santa Fe, por el ascenso al Federal A de este año….
La Policía detuvo este miércoles en Cipolletti a la joven imputada por el choque en el que murió la motociclista Elizabeth Martínez, ocurrido el pasado 1 de agosto sobre la Ruta 7, en Centenario. La captura se concretó a pedido de la fiscal de Neuquén, Guadalupe Inaudi, quien consideró que se incrementaron los riesgos procesales desde la formulación de cargos.
El operativo fue llevado adelante por la División Tránsito Centenario, que logró ubicar a la acusada en un domicilio de la ciudad rionegrina. Ahora será la Justicia de Río Negro la que deberá resolver la extradición para que la mujer comparezca ante los tribunales neuquinos. El plazo máximo para concretar el traslado es de diez días.
El caso está caratulado como homicidio culposo agravado. Según la imputación, la joven cruzó un semáforo en rojo y embistió a Martínez, quien circulaba en motocicleta. La víctima murió en el lugar.
Durante la audiencia realizada en Ciudad Judicial, la fiscal Inaudi remarcó que la conductora manejaba de manera imprudente, sin estar habilitada, y que tras el impacto huyó sin auxiliar a la víctima. Además, sostuvieron que actuó con “culpa temeraria”.
El Ministerio Público Fiscal presentó testimonios de testigos y el informe preliminar de la autopsia, mientras se aguardan pericias toxicológicas y accidentológicas. En esa instancia, el juez Raúl Aufranc dispuso medidas cautelares: la prohibición de conducir y la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría durante seis meses. El plazo de investigación se fijó en cuatro meses.
Un antecedente con su hijo
La imputada ya había protagonizado otro episodio grave el 27 de junio de 2024, también sobre la Ruta 7, a la altura del ex peaje de Centenario. Viajaba con su hijo de un año cuando perdió el control del auto y chocó contra una rotonda y un poste de alumbrado. El niño sufrió politraumatismos y fracturas. En un primer momento el MPF informó erróneamente que había fallecido, aunque luego aclaró que, pese a las graves lesiones, sobrevivió.
Las pericias posteriores revelaron que la mujer manejaba a 91,4 km/h, bajo los efectos del alcohol —ella misma admitió haber tomado vodka—, sin cinturón de seguridad y con la silla infantil mal instalada. Sin embargo, la Justicia resolvió no avanzar penalmente en su contra y aplicó el criterio de “pena natural”, al considerar que las heridas de su hijo constituían un castigo suficiente.
Rechazo vecinal y tensión social
En los últimos días, la acusada había vuelto a ser identificada en Centenario como acompañante de un vehículo conducido por un hombre alcoholizado. El episodio generó la reacción de vecinos, que la increparon y la agredieron, reprochándole tanto la reciente muerte de Martínez como el accidente en el que resultó herido su hijo.
La reciente confirmación de la Corte Suprema sobre la muerte del soldado Pablo Jesús Gabriel Córdoba en Zapala marcó un cambio en esta investigación. Este pronunciamiento, viene a consolidar las pruebas y teorías que se habían ido desvelando en los meses anteriores, estableciendo con autoridad judicial lo que muchos sospechaban: la muerte de Córdoba fue […]…
Un perro dejó sin palabras a una familia y a todos los presentes en un velorio al aparecer solo, tras recorrer 12 kilómetros, para despedirse de su dueño fallecido. Nick, su fiel compañero, entró en silencio, como si supiera exactamente dónde debía estar en ese momento tan doloroso.
La historia tuvo lugar en Ipuiúna, Brasil, donde Claudemir Cándido Luiz, conocido como Marola, compartía su vida con Nick en la granja familiar. Durante diez años habían construido un vínculo de afecto profundo y fidelidad absoluta. Tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, Marola murió en el hospital, sin saber que su amigo de cuatro patas recorrería caminos y calles hasta reencontrarse con él por última vez.
Los familiares recuerdan que Nick se acercó al ataúd con pasos lentos, ojos brillantes de tristeza y un semblante que reflejaba dolor. Normalmente reservado y distante con extraños, aquel día el perro se mostró vulnerable, moviendo la cola apenas, olfateando el cuerpo de Marola y recostándose a su lado, como intentando acompañarlo hasta el último suspiro.
Para la familia, la acción del perro no solo simbolizó el adiós a su ser querido, sino también un ejemplo de afecto puro y devoción que pocas veces se ve. Aquella travesía y aquel gesto silencioso se convirtieron en un homenaje inolvidable, que grabará para siempre en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de presenciarlo.
Le realizaron una aplicación de radioterapia en el nosocomio público de Valdivia y estallaron los comentarios y denuncias. Qué fue lo que pasó. El Hospital Base de Valdivia en el sur de Chile es referente de la medicina pública en tratamientos oncológicos, posee una gran trayectoria y ha incorporado equipos de última generación para el […]…
Un macabro hallazgo sacudió este lunes a los vecinos de Neuquén capital, cuando un hombre fue encontrado sin vida en el patio interno de una vivienda ubicada en calle Islas Malvinas al 708. El caso está siendo investigado por la fiscalía de delitos contra las personas mientras que el comisario Antonio Muñoz brindó más detalles en diálogo con AM Cumbre 1400.
El comisario confirmó que la Policía intervino tras un llamado de emergencia en horas de la mañana: “A raíz de un requerimiento del comando nos constituimos en la calle Islas Malvinas 708. En virtud de eso, hallamos a una persona sin vida en el patio interno de un domicilio”.
Foto: Google Maps
De acuerdo a las primeras pericias, el hombre —de unos 30 años— habría muerto a causa de una caída desde altura. “Se dio intervención a criminalística y al médico policial, quien certificó el deceso por politraumatismo múltiple por caída libre”, precisó Muñoz.
El cuerpo fue encontrado por el propietario de la vivienda, que salió a sacar a sus perros al patio durante la mañana. “Tiene un par de canes y, al sacarlos al patio, se encuentra con el cadáver. No había escuchado nada durante la noche que lo alertara de la situación”, explicó el comisario.
Por el momento, la identidad de la víctima no fue revelada y las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación. “Estamos a la espera de la autopsia y de todas las diligencias correspondientes. El cuerpo todavía se encuentra en el lugar”, agregó Muñoz.
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Este lunes me llamó la atención la foto de la reunión de los líderes de China, Rusia e India en Tianjín. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, la transición energética y reconfiguraciones comerciales, estas tres potencias están trazando nuevas rutas en el comercio mundial de hidrocarburos. Este triángulo energético no solo está alterando el flujo tradicional de petróleo y gas, sino que también está desafiando el dominio occidental en los mercados de energía. Mientras que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) estaría ajustando sus estrategias de producción, las decisiones tomadas por estos tres gigantes asiáticos podrían tener implicaciones profundas para el equilibrio energético mundial. En las próximas líneas analizaremos quién es quién en esta nueva alianza y que implicancia podría tener en el futuro de los precios del crudo y el GNL.
Primero, veamos a Rusia, un exportador estratégico en busca de nuevos mercados. Rusia es uno de los mayores productores y exportadores de hidrocarburos del mundo. Su economía depende fuertemente de los ingresos por exportaciones energéticas. Luego de las sanciones occidentales por la invasión a Ucrania, Rusia ha redirigido sus exportaciones hacia Asia. Rusia ha estado ofreciendo petróleo a menor precio, lo que estimuló la demanda asiática y le ha permitido mantener sus ingresos a pesar de las sanciones. En 2023, cerca del 80% del petróleo ruso fue comprado por India y China. Mientras que el proyecto del gasoducto Power of Siberia-2, acordado con China, se perfila como uno de los más ambiciosos del mundo. Este gasoducto atravesará Mongolia, consolidando el suministro ruso de gas natural hacia el este.
Recordemos que días antes de que Putin arribara a esta cumbre en China. La terminal de licuefacción Beihai LNG en el sur de China recibía el primer buque metanero con gas ruso de la terminal Arctic LNG 2. No sería sorprendente, sino tomáramos en cuenta que el proyecto Arctic LNG 2 está alcanzado por el paquete de sanciones que Estados Unidos y Europa le han impuesto a Rusia.
Veamos por el lado de la demanda, está China, el mayor importador mundial de energía. Es el mayor importador de petróleo del mundo y segundo importador mundial de GNL. Su crecimiento económico y su industria requieren enormes cantidades de energía. Aunque tradicionalmente dependía de Medio Oriente, China viene incrementando sus compras a Rusia, especialmente desde el 2022. China ha evitado condenar abiertamente la invasión rusa a Ucrania y en paralelo ha fortalecido sus lazos energéticos con Moscú. En 2023, compró más de 2,1 millones de barriles diarios de petróleo ruso. Además de la construcción del gasoducto Power of Siberia-2, China está incrementando su capacidad de refinación y almacenamiento para manejar los mayores volúmenes de crudo ruso.
Ahora vayamos a India, que podríamos definir como un importador pragmático en busca de precios competitivos. India es el tercer mayor importador mundial, ya que depende del petróleo importado para satisfacer más del 85% de su demanda interna. A partir de la invasión a Ucrania ha ido cambiando de proveedores de crudo. Históricamente dependiente de Medio Oriente, se calcula que India ha multiplicado por 18 sus compras de petróleo ruso entre el 2021 y el 2023, superando el millón de barriles por día. Pero estas compras de crudo ruso han generado tensiones con Estados Unidos. El mes pasado, Trump le impuso aranceles del 50% a productos indios que ingresen a Estados Unidos como represalia. A pesar de las presiones estadounidenses, India ha defendido estas compras como necesarias para abastecer a su población de 1.400 millones. En la cumbre de Tianjín, el primer ministro indio, Modi calificó la relación con Rusia como “especial y privilegiada”. India y Rusia reafirmaron su relación histórica, anunciando planes para aumentar el comercio bilateral hasta alcanzar los U$S 100.000 millones en el 2030.
La reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada este lunes en Tianjin reunió a los tres líderes, de China Xi Jinping, de Rusia Vladimir Putin y de India Narendra Modi. En un gesto de acercamiento estratégico. Aunque las diferencias entre los tres países persisten, el eje energético se ha convertido en un terreno fructífero para la cooperación entre estos países.
Y ahora vayamos a otra organización que, con el acuerdo de abril, comenzó a poner un freno a la cotización internacional del petróleo. Nos referimos a la OPEP+. Aunque lo hemos visto el año pasado, repasemos brevemente qué es la OPEP+. Es una alianza entre los países miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y otros productores importantes como Rusia, Kazajistán y México. Juntos, controlan cerca del 50% de la producción mundial de petróleo. Estos países se reúnen periódicamente en Viena y sus acuerdos de cuotas de producción de cada miembro funcionan para estabilizar los precios del crudo. Ajustan la producción de cada miembro estableciendo cuotas, para evitar caídas o aumentos abruptos en los precios del crudo. También actúan como bloque frente a productores no alineados, como Estados Unidos. Por esta razón, lo acordado en cada reunión afecta directamente a los mercados financieros, la inflación y las políticas energéticas de casi todos los países que compran o venden petróleo.
Desde abril de este año, la OPEP+ ha aumentado gradualmente su producción en 2,2 millones de barriles diarios. En la próxima reunión que se llevara a cabo este domingo, se espera que el grupo evalúe nuevos aumentos de producción para octubre, en respuesta al incremento de los niveles de almacenamiento de petróleo en Estados Unidos junto con la presión de Trump para reducir los precios del crudo. Pero, la OPEP+}, en una muestra de su flexibilidad estratégica, ha señalado que podría revertir estos aumentos si las condiciones del mercado cambian.
Así que en esta semana veremos como impacta en el mercado energético, por un lado, la cumbre entre China, Rusia e India. Esto ha generado muchas expectativas entre analistas y actores del mercado petrolero y de gas. Aunque no se firmaron acuerdos vinculantes, el acercamiento entre estas potencias podría tener efectos significativos. Como una mayor coordinación energética, ya que se espera que estos tres países impulsen protocolos de cooperación energética, especialmente en comercio de hidrocarburos. También podrían dar paso a una desdolarización del comercio, si avanzan en sistemas de pago alternativos para evitar sanciones occidentales. Por otro lado, esta cumbre también podría ejercer presión sobre la OPEP+. Si China e India compran todo el petróleo a Rusia, la OPEP+ podría perder cuota de mercado y verse obligada a aumentar aún más su producción. Y lo que no es menor, estaríamos en los primeros pasos de una reconfiguración geopolítica. El eje asiático podría convertirse en un contrapeso a la influencia de Estados Unidos en los mercados de energía alrededor del mundo.
En los últimos días de la semana, el mercado petrolero, anticipando la decisión que tome hoy la OPEP+, cotizó con una baja del Brent que terminó cerrando a U$S 65,50 el barril. Una caída de casi 4 % con respecto a la semana pasada. Esto afectara tanto los precios de exportación de Medanito (referenciado en el Brent) como en el precio local de petróleo.
Como conclusión, ¿vamos hacia un nuevo orden mundial en el área de energía? El triángulo formado por China, Rusia e India está redefiniendo el comercio mundial de petróleo y gas. Mientras Rusia busca nuevos mercados, China y la India aprovechan los descuentos rusos para asegurar su suministro energético. La OPEP+, por su parte, enfrenta el desafío de mantener su relevancia en un mercado cada vez más fragmentado. La reunión de Tianjin ha dejado claro que estas tres potencias están dispuestas a coordinarse más estrechamente, no solo en energía, sino también en seguridad y comercio. Si esta tendencia se consolida, podríamos estar ante el nacimiento de un nuevo orden energético multipolar, donde las decisiones ya no se tomen exclusivamente en Viena, Washington o Bruselas, sino también en Moscú, Pekín y Nueva Delhi. Que tengan un excelente domingo. Nos leemos la semana que viene.
El fin de semana pasado, la discusión por los problemas de abastecimiento eléctrico que prevé el gobierno nacional para el próximo verano fue el tema excluyente en el sector energético. Con afirmaciones de algunos funcionarios que luego eran desmentidas por otros y con la reaparición del informe que publica CAMMESA sobre la proyección de la […]…
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó, este jueves, que realizará un paro en rechazo a los vetos que llevó adelante el presidente Javier Milei, sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. En sintonía, docentes de las universidades públicas de todo el país, junto a estudiantes, convocaron a un paro y a una movilización para este viernes.
Mediante un comunicado, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, manifestó que el Gobierno Nacional “provocó una crisis terminal en el sistema sanitario público” y que, particularmente, le veto a la Emergencia Pediátrica “afecta el acceso a la salud de toda la población”, mientras que el desfinanciamiento universitario hace lo propio con la comunidad educativa.
En la misma línea, informó que, en las próximas horas, ATE convocará a realizar varias asambleas, con el fin de “definir el día y la modalidad de la protesta” en todo el país.
“El equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo. Tenemos que evitar que se termine de destruir el sistema de salud, se cierren los hospitales y los trabajadores y pacientes queden en la calle. Se han recortado todas las partidas presupuestarias de los hospitales y, por eso, tenemos que ir a una huelga nacional para rechazar los salarios de hambre de los trabajadores hospitalarios y denunciar la situación límite que se vive a partir de la falta de insumos y medicamentos”, indicó Aguiar.
Asimismo, expresó que la gestión del presidente Milei “se empecina en negar el mensaje de las urnas” porque los ciudadanos votaron para que “se frene el ajuste” y con el objetivo de exigirle al Gobierno “que se apague la motosierra” en el Estado: “Milei encabeza una gestión que agoniza y nosotros lo tenemos que seguir confrontando en las calles”, agregó.
Desde ATE, destacaron que las leyes, aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación declara, por un lado, “la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años” y, por otro, le ordena al Estado Nacional “la inmediata asignación de recursos”, incluyendo una “recomposición salarial del personal público”.
Paro docente
Docentes de las universidades públicas de todo el país, junto a estudiantes, convocaron a un paro y a una movilización para mañana en rechazo al veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento. La medida impulsará la realización de la tercera Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.
El secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), Daniel Ricci, afirmó que los docentes mantienen un “fuerte compromiso” por sostener la calidad de la educación, pero advirtió que la situación salarial sigue siendo “crítica” y “alarmante”. “El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor”, expresó.
Desde la Federación Argentina del Personal Nodocente de las Universidades (FADUN) remarcaron que “continuarán con la lucha en unidad” para defender la universidad pública y gratuita, a la que consideran “un derecho humano fundamental” y “un pilar esencial” para el desarrollo del país.
En la misma línea, la dirigenta estudiantil y miembro de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Pilar Barbas, indicó que los estudiantes “continuarán acompañando la lucha de la docencia y no docencia”, que llevan varias semanas de paro para visibilizar el contexto que atraviesan.
“El veto decretado por Javier Milei ratifica el desprecio del Gobierno a nuestra universidad pública. Desde hoy, se están convocando asambleas en todas las facultades porque hay que profundizar las medidas con clases públicas, cortes y ocupaciones de las facultades para preparar una gran tercera marcha federal cuando se trate el veto en diputados”, concluyó.
Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, compartió sus pensamientos sobre la situación socioeconómica actual, el impacto de las políticas gubernamentales y el papel vital de los sindicatos en la protección de los derechos de los trabajadores con los periodistas del programa “La salida es colectiva”, transmitida por la emisora AM 1400 Cumbre. En la entrevista ofreció una perspectiva de los desafíos que enfrentan los trabajadores y la sociedad en su conjunto….
Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.
Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.
Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.
Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.
«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.
Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.
La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.
Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.
El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.
Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.
El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.
El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.
Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»
