Nación sorprendió con un beneficio extra para un sector de estatales

 

La Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nucleada en ATE Capital, convoca este viernes 30 de mayo a las 17 horas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Avenida Del Libertador 8151 (CABA), para realizar una «caminata en defensa de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos», contra los despidos y el vaciamiento de los Espacios de Memoria. El gobierno nacional anunció ayer que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA», en el marco del «mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes», indicó el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido por el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por ANRed.

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Así convocaron desde las redes sociales los/as delegados/as de ATE Capital de la Secretaría de Derechos Humanos: «ante los avances del gobierno contra la Secretaría de Derechos Humanos, nos convocamos este viernes 30 de mayo a las 17 horas para defender las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos en la ex ESMA (Av. Del Libertador 8151). ¡Lxs esperamos!».

En ese marco, convocan también a adherir de manera online a la convocatoria.

En declaraciones a Entre Líneas PQV (FM 105.9), Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos humanos amplió: «la última semana, el Ministerio y el Gobierno Nacional definieron degradar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una subsecretaría. También se definió que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria pasen a hacer oficinas dentro de otra dependencia, que es el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, con lo cual está degradando la institucionalidad y el rango que tienen todas estas dependencias. Cuando hablamos del Archivo Nacional de Memoria, estamos hablando de una institución de jerarquía internacional que es consultada por investigadores de todo el mundo. Hoy realmente vienen y nos llaman permanentemente de todo el mundo, desde Francia, de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Vienen investigadores de todo el mundo a consultar nuestro acervo».

En la misma línea, agregó: «lo que nosotros venimos denunciando es el desmantelamiento. Porque claramente a ellos no les interesa las políticas de derechos humanos. El anuncio fue que iban a hacer una reducción del 40% en la estructura organizativa y de un 30% de los trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta esto: ya la Secretaría de Derechos Humanos vio reducida su planta total en más de la mitad durante un año y medio».

Como parte de esta avanzada gubernamental, el gobierno de Javier Milei anunció este miércoles 28 de mayo, a través del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA».

«Este inmueble, anteriormente destinado a programas ideológicos y actividades político partidarias, será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad. Nuestra decisión se enmarca en el mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos. Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes», finaliza el comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

El pasado viernes 23 de mayo, Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado una nueva escalada en las políticas de vaciamiento de las políticas de Memoria y Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que las primeras medidas de esta nueva avanzada del gobierno nacional eran el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

«La medida vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. En todos los casos, los organismos verán reducida su planta jerárquica y de trabajadores, generando, como viene sucediendo, la ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período», remarcaron desde Abuelas.

 

 

El hallazgo se concretó luego de una intensa campaña de campo realizada por los biólogos Morgan Pendaries y Maximiliano Minuet, integrantes de la Fundación Macá Tobiano, quienes llevaban adelante una expedición para encontrar rastros de la rata vizcacha, una especie única en el mundo.

Tras quince años sin registros, los investigadores lograron grabarla en su hábitat natural y documentar comportamientos nunca antes observados, como su capacidad para trepar.

La búsqueda se desarrolló en el valle del Arroyo Perdido, entre Paso Darwin y El Escorial, donde se había registrado su última presencia en 2008. Al tercer día de la expedición, las cámaras trampa captaron la imagen inconfundible de su cola larga con forma de pincel, lo que confirmó que la especie seguía viva.

Una “súper rata” adaptada al desierto patagónico

Pendaries explicó que la rata vizcacha es “extraordinaria desde el punto de vista fisiológico”, por su alta adaptación a ambientes áridos y salitrosos.

“Posee riñones muy eficientes para eliminar el exceso de sal y pelos especiales en la boca que le permiten cepillar las hojas antes de comerlas”, detalló el científico.

El roedor tiene el tamaño de una mano, pelaje gris con panza blanca, y una cola espesa que termina en forma de pincel. Su singularidad genética también asombra: es el mamífero con más cromosomas del mundo, con 102, frente a los 46 de los humanos.
“Esto hace que su espermatozoide tenga más información para transmitir. Es un caso único entre los mamíferos conocidos”, agregó Pendaries.

La rata vizcacha de Kirchner fue descubierta por primera vez en 2008, cerca de El Escorial, y recién en 2014 se logró su descripción científica. Desde entonces, no se habían encontrado más ejemplares, lo que la transformó en una “especie fantasma” para la ciencia argentina.

“Al principio había mucha incertidumbre; nos parecía difícil hallarla con tanto ganado en la zona. Solo se la había visto en un sitio, con una distribución geográfica muy acotada. Fue una suerte encontrarla, porque si desaparece, la perdemos del mundo entero”, sostuvo el investigador.

Amenazas que ponen en riesgo su supervivencia

El equipo de la Fundación Macá Tobiano advirtió que las poblaciones remanentes de la rata vizcacha están seriamente amenazadas por la presión humana y la actividad ganadera.

El pisoteo del suelo por animales pesados compacta la tierra y destruye las madrigueras, impidiendo que el roedor construya nuevos refugios.

Además, los científicos alertaron sobre el riesgo ambiental de proyectos mineros, como el de uranio en la zona, que podrían alterar de forma irreversible el hábitat de la especie.

“Esta rata vive en suelos arenosos donde puede excavar. Si se avanza con la mina, directamente la perdemos”, advirtió Pendaries.

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La Fiscalía de Narcocriminalidad de Neuquén llevó adelante una intervención sin precedentes en el marco de la primera Intervención de Mercado de Drogas (IMD) en la provincia, que tuvo como resultado 11 allanamientos simultáneos, siete personas acusadas y tres en prisión preventiva.

La fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo encabezaron las audiencias tras una investigación que se concentró en el cuadrante sureste de la ciudad de Neuquén, donde se había detectado un circuito sostenido de venta minorista de drogas.

“Las IMD implican una intervención simultánea que apunta a desbaratar el comercio en sectores geográficos concretos”, explicaron desde la fiscalía.

Los procedimientos se realizaron durante la noche del jueves con la participación de más de 100 agentes de la Policía provincial, coordinados por el fiscal general José Gerez.

Una red familiar entre los detenidos

Entre los siete acusados, una madre y sus dos hijos fueron identificados como los principales responsables de uno de los puntos de venta más activos del barrio Belgrano, sobre calle Bahía Blanca al 500.

En esa vivienda, las transacciones eran constantes y se realizaban tanto dentro del domicilio como en la vereda, donde los sospechosos incluso esperaban a los compradores sentados en reposeras.

Durante el operativo, los tres intentaron escapar —la mujer a pie y sus hijos en un vehículo—, pero fueron rápidamente reducidos por la Policía.

En la casa se secuestraron 50 gramos de cocaína, 11 gramos de marihuana, dos balanzas con restos de sustancia, dinero en efectivo por $263.000 y chips telefónicos.

La jueza Carina Álvarez ordenó su prisión preventiva por cuatro meses y la clausura del domicilio durante el mismo período.

Otros puntos de venta desbaratados

En otro de los allanamientos, realizado en una vivienda de calle Eliseo Boerr del barrio Confluencia, fueron acusados “L.S.C.” e “I.D.C.”, quienes vendían estupefacientes desde julio.

El sistema de venta incluía entregas por pasamanos y servicio de delivery activo las 24 horas.

Durante el procedimiento se secuestraron 590 gramos de marihuana en cogollos, siete plantines, semillas, fertilizantes, dos balanzas, celulares, municiones y $40.300 en efectivo.

Un segundo domicilio, en calle Chocón al 2500, era utilizado por “J.F.M.O.” para el mismo fin. Allí la Policía halló 52 gramos de cocaína, recortes de nylon, un celular y $235.000 en billetes de baja denominación.

Por último, en calle Coronel Belisle, fue detenido “K.A.V.”, quien operaba desde el fondo de su vivienda. En su domicilio se encontraron 171 gramos de cocaína, balanzas, recortes, bolsas de nylon, un celular y más de $1.500.000 en efectivo.

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Un relevamiento publicado por Argentina en Datos posicionó a la provincia del Neuquén como la jurisdicción con las condiciones fiscales más competitivas del país, al registrar la menor cantidad de meses cobrados por adelantado en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos.

Mientras el promedio nacional asciende a 2,4 meses de saldo a favor, Neuquén presenta apenas 0,3 mes —equivalente a unos nueve días—, lo que representa la cifra más baja del país.

En el otro extremo del ranking aparece Misiones, con 14,1 meses promedio cobrados por adelantado, una diferencia que pone en evidencia las distintas políticas tributarias aplicadas por las provincias en relación con la actividad económica y la recaudación.

Una política fiscal que prioriza el equilibrio

El informe destaca que la administración neuquina mantiene una estructura impositiva previsible y proporcional, que acompaña a los contribuyentes sin generar saldos a favor excesivos.

Esta estrategia evita los adelantos impositivos desmedidos —que en muchos distritos se convierten en cargas financieras difíciles de recuperar—, y fomenta la estabilidad del sector privado al cobrar solo lo que corresponde tributar.

De esta manera, Neuquén se consolida como una provincia con un sistema fiscal más equilibrado, enfocado en favorecer la inversión, la producción y el empleo dentro de un contexto económico nacional complejo.

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Una docente cuenta con un pedido de captura internacional por estafar a sus compañeras usando sus tarjetas de débito y crédito en una escuela pública del barrio de Boedo, en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación comenzó cuando las maestras comenzaron a detectar consumos reiterados y desmedidos.

La Fiscalía PCyF N°5 Especializada en Ciberfraudes instruyó la investigación luego de las denuncias para reconstruir el rastro de las operaciones ilícitas, delegando tareas en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para obtener datos que verifiquen la identidad de la o las personas que realizaron las compras.

Durante la pesquisa se recolectaron testimonios a los involucrados que permitieron establecer 105 compras realizadas, entre ellas comercios con locales a la calle, plataformas de juego online, pasajes de avión y otras por un total de $3.688.287,67, señala el informe del Ministerio Público Fiscal porteño. Es en este periodo que los damnificados señalaron que la acusada sería una docente curricular que se encontraba realizando una suplencia en el nivel inicial.

Ante lo hallado, se realizó un análisis de cada una de las denuncias y se solicitó información a las entidades bancarias correspondientes a las víctimas, con el fin de ampliar el examen sobre las transacciones desconocidas. Asimismo, se llevó a cabo un mapeo de los comercios que permitió verificar la cercanía.

“Con la información aportada por las empresas comerciales involucradas en las compras desconocidas, se realizaron averiguaciones en torno a los beneficiarios de las operaciones y así se logró dar en una de las plataformas de juego online con unas cuentas bancarias asociadas a dos personas que resultaron ser los padres de la sospechosa”, informaron.

Se indicó que, en dicha plataforma, no solo cargaron dinero en una cuenta, sino que incluso lo multiplicaron para luego extraerlos a cuentas de su control y titularidad. Sin embargo, en medio de la investigación se estableció, a partir de los datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones, “que la acusada viajó a Europa sin regresar hasta el día de la fecha”.

Ahora, la Fiscalía imputó al padre de la apuntada por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética, previsto en el artículo 173 inc. 15 del Código Penal.

Tras reconocer su culpabilidad en los hechos atribuidos, el hombre acordó con la fiscalía un acuerdo de autocomposición, a través del cual se pudo restituir todo el dinero defraudado de los 22 hechos en que él estuvo involucrado, más los intereses a las denunciantes que ascendió a más de $1.200.000. Finalmente, respecto de la docente implicada en la defraudación, la fiscalía realizó el pedido de captura internacional.

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La madrugada del domingo 5 de octubre dejó dos siniestros viales casi consecutivos en la Ruta provincial N°7, a la altura del Picadero de Centenario. Ambos ocurrieron con una diferencia de apenas 15 minutos, lo que generó la rápida intervención de personal policial de la Comisaría Quinta y del área de Tránsito de Villa Obrera.

El primero de los hechos se registró cerca de las 5:40, cuando un Ford Focus III, en el que viajaban cuatro jóvenes oriundos de Plottier, volcó sobre la calzada. Pese al fuerte impacto, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones, y el vehículo fue retirado poco después.

El choque contra el colectivo

Minutos más tarde, en el mismo sector, un Fiat Cronos protagonizó otro siniestro al colisionar en la parte trasera a un colectivo Mercedes Benz —interno 333— de la empresa Pehuenche, que circulaba en sentido Neuquén–Centenario.

El impacto se produjo en el carril interno, aunque no hubo heridos entre los involucrados. El chofer del colectivo salió ileso, al igual que el joven conductor del Fiat, de 22 años, y su acompañante, una mujer de 28 años, ambos domiciliados en Centenario.

El test de alcoholemia confirmó la infracción

La situación cambió al momento de realizar los test de alcoholemia. El chofer del colectivo dio negativo, mientras que el conductor del Fiat Cronos arrojó un resultado positivo de 0,12 gramos de alcohol en sangre.

Por este motivo, fue multado y se le retuvo la licencia de conducir, según confirmaron fuentes policiales.

Aunque el valor detectado es bajo, la legislación provincial establece tolerancia cero para conductores particulares, por lo que cualquier presencia de alcohol constituye una infracción.

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