Metalfor va a concurso de acreedores y se agrava la crisis en Córdoba

«Son más de 200 familias que se quedan sin laburo. Eran los magos de las finanzas y se la pusieron de gorra». La frase la lanzó en la tarde de este martes una persona que conoce de cerca el microclima y el impacto del caso Metalfor, después que la empresa se presentara a concurso de acreedores y casi en simultáneo con la toma de la fábrica Pauny, en Las Varillas.

Ambas, el fiel reflejo del impacto de la crisis económica del gobierno de Javier Milei y al que este mediodía se refirió en el encuentro de la UIA el gobernador cordobés, Martín Llaryora. Quien, desde hace semanas, no sólo tiene en claro que no habrá pacto y serán rivales en el 2027; sino que de manera definitiva entró en otra relación con el ministro de Economía, Luis Caputo. Con el que se cruzó hoy por el pedido de cuestiones impositivas.

En el llano, el panorama para los trabajadores de Metalfor no es alentador. El crédito al que había accedido la firma por 50 millones de dólares del banco de Desarrollo de los Estados Unidos metió a la empresa en un espiral que los obligó a salir a confirmar hace unos meses «la situación financiera compleja» y ahora a presentar el concurso de acreedores.

Lo que pone en evidencia las dificultades para los libertarios de contar con el voto soja en el 2027 por dos cuestiones: lo perjudicial del fuerte impacto de la apertura de las importaciones, como ocurrió en el caso Pauny; y la decisión de la cúpula de Metalfor de jugar a los traders y criptobro.

«(Eduardo) Borri y su entorno siempre tuvieron una arrogancia con la que se llevaban puesto a todo el mundo. Al punto, que a uno lo hacían sentir un pelotudo porque no podía pagar los servicios y ellos te explicaban cómo hacer plata. Ahí están», dijo a LPO una persona que conoce a los líderes de Metalfor muy de cerca.

La crisis de la empresa comenzó hace meses a afectar al sudeste cordobés y una muestra de esto fue la elección de septiembre en Marcos Juárez, donde el PJ y el vecinalismo derrotaron a vertientes del PRO y de los libertarios con la UCR. Sin el sello, en los primeros casos, aunque candidatos que en los hechos que se referenciaban en el macrismo y el mileísmo.

El otro aspecto que preocupa a intendentes de las localidades de la cuenca productiva en Córdoba es, además de la caída del empleo en el sector privado con grandes empresas del sector agrícola, el desconocimiento del Gobierno nacional al Fenómeno del Niño. «Acá va a llover en serio y vamos a empezar a pagar consecuencias. Los únicos canales que se hicieron son por la gestión de De la Sota que los siguientes gobiernos de Schiaretti y Llaryora mantuvieron. Pero de la Nación no bajaron un peso para nada. Lo vemos en las rutas», reconoció un intendente.

Por último, si hay rechazo del voto soja a Milei, el interrogante es si se trasladará o no al peronismo. «Los gringos son bravos. Nunca vendieron tanto como con Néstor y Cristina, pero jamás lo van a reconocer», agregó una fuente. 

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    La diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto para modificar la Ley 2.941 de guardavidas, que hoy impide habilitar natatorios en varias localidades de Neuquén. La iniciativa busca reducir las horas de formación y crear un registro provincial, en medio de la preocupación por el cierre de piletas en plena previa del verano.

    La falta de guardavidas habilitados se ha convertido en un obstáculo para que cientos de neuquinos accedan a las actividades acuáticas. En municipios como Piedra del Águila, Loncopué y San Patricio del Chañar, las piletas permanecen cerradas porque no logran contratar profesionales que cumplan los requisitos de la actual ley sancionada en 2014.

    “Encontramos errores en la ley gracias al contacto con los vecinos de Piedra del Águila”, explicó la legisladora en diálogo con AM Cumbre 1400, donde detalló los puntos más críticos del sistema actual.

    El principal problema radica en la exigencia de 1.100 horas de formación para los guardavidas, una carga que supera ampliamente los estándares nacionales e internacionales. “La Federación Internacional de Salvamento Acuático establece entre 730 y 750 horas, y en Río Negro, que incluso tiene costa marítima, solo se piden 740 horas”, señaló Buchiniz.

    Esa diferencia, explicó, dificulta la contratación de profesionales y deja sin funcionamiento a espacios deportivos claves. Un ejemplo es la pileta semiolímpica del CEF 17 en Piedra del Águila, que no puede operar, afectando a más de 300 niños y adultos mayores que participaban en clases de natación y aquagym.

    La problemática se extiende a todo el interior provincial: “Hay chicos que no pueden hacer natación y abuelos que no pueden practicar aquagym porque no logramos contratar guardavidas”, lamentó la diputada.

    Creación de un registro provincial y actualización institucional

    Otro de los puntos que Buchiniz propone modificar es la ausencia de un registro provincial de guardavidas. Aunque la ley vigente exige estar inscripto en uno, ese registro nunca fue creado. “Propongo crearlo para saber cuántas personas están habilitadas y si rinden las reválidas anuales, porque está en juego la vida de los bañistas”, subrayó.

    Además, el proyecto plantea actualizar la autoridad de aplicación, ya que el organismo original —el Ministerio de Coordinación, Gabinete, Seguridad y Trabajo— dejó de existir tras la reestructuración del gobierno provincial.
    “Necesitamos una autoridad que reglamente y fomente estas políticas para habilitar los natatorios”, sostuvo la legisladora.

    Impacto social y económico del cierre de natatorios

    La falta de guardavidas habilitados afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en las zonas del interior, donde las piletas públicas son uno de los pocos espacios recreativos disponibles. “Se invirtieron millones en piletas semiolímpicas que están cerradas porque no hay profesionales que cumplan los requisitos”, explicó Buchiniz.

    En Piedra del Águila, incluso las colonias de verano se vieron suspendidas por la imposibilidad de contratar guardavidas. La diputada mencionó el caso de un aspirante de Mendoza que no pudo trabajar en la localidad porque su formación no alcanzaba las 1.100 horas exigidas por la ley neuquina.

    Hipótesis sobre la rigidez de la norma

    Buchiniz también señaló que la redacción original de la ley podría haber sido influenciada por el sindicato de guardavidas, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. “Quizás se hizo un acuerdo con el sindicato para controlar la matrícula de profesionales”, expresó, advirtiendo que esa rigidez perjudica a los municipios del interior.

    De todos modos, la diputada enfatizó que su tarea es proponer soluciones legislativas, no negociar con sectores particulares: “Mi rol es mejorar las normas para que beneficien a los neuquinos”, afirmó.

    Reforma en marcha antes del verano

    El proyecto, que incluye además dos pedidos de informe a Defensa Civil y al Consejo Provincial de Educación, busca determinar el alcance real del problema. Buchiniz espera que la iniciativa tome estado parlamentario la próxima semana, una vez que la Legislatura retome su actividad tras la pausa electoral.

    “Espero que se trate rápido en comisiones”, señaló, destacando la urgencia de aprobar la reforma antes del verano, cuando aumentan las actividades acuáticas en toda la provincia.

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