Seguimos siendo como sociedad una amalgama dispersa entre las visiones colectivas y las individuales. En esta continuidad ininterrumpida bajo el sistema democrático todavía no se desarrollaron horizontes colectivos sin antagonismos fuertes que propongan un sistema mixto entre las visiones de la presencia y guía (desarrollo) del estado por un lado y un sistema de privados que no esté en disputa continua con su sistema de base.
La dualidad de pensamientos opuestos que alimentan las ideas y horizontes simbólicos están guiados por una mezcla de sistemas de comunicación clásicos (Tv, stream, diarios digitales, etc.) y los algoritmos de aplicaciones, las social media (un sistema mucho más caótico y disperso con propaganda disfrazada de generación de contenido espontánea muy difícil de identificar por parte de los usuarios o lectores).
En 42 años de democracia continua se han logrado consensos que se construyeron como una capa sobre otra. Esta consolidó un sistema con bases sólidas como respuestas a demandas propias y representadas en las dos cámaras legislativas.
La fuerza política que ganó estas elecciones por un período de 4 años llegó al poder fruto de la sensación de estancamiento y demonización de los modelos económicos propuestos anteriores y conocidos. Alimentados por una falsa idea de que estos no son útiles y que además son «decadentes». (Sin discutir los modelos de fondo, estas se sintetizan en frases simplistas con un alto poder de ser retenidas por la base popular, como por ejemplo «La casta» o «la motosierra»). EL MARKETING ES MÁS PODEROSO QUE LA MEMORIA por un lado. Y por otro el voto popular se consolidó como herramienta para que «alguien deje de gobernar» sin que se comprenda muy bien cual es el «próximo programa económico» que se aplicará.
Los que ya vivimos varias instauraciones conservadoras y sabemos leer entrelineas entendimos que el pacto de Acassuso es un programa frustrado del PRO, o lo que hubiera querido hacer MM. Pero como ahora el costo político lo paga el oficialismo, ante una falsa urgencia se redactó un DNU con poco visos democráticos llevándose puesta a una joven y estable tradición. (EL programa económico que instala el Decreto de Necesidad y Urgencia sería aplaudido desde los cementerios por los ex-presidentes de facto o conservadores).
Hoy nos encontramos en medio de este conflicto. Una intención de imponer ideas de una forma totalitaria, con argumentos populistas, sin respetar la tradición democrática actual de consenso. Este DNU difícilmente pueda avanzar en ambas cámaras, sobre todo por el desconocimiento de parte del Poder Ejecutivo de «como» funciona un sistema de gobierno en la práctica concreta, con los actores reales de la economía.
Mientras el Gobierno insiste con el discurso del ajuste, el equilibrio fiscal y la motosierra, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 incluye una partida millonaria para remodelar y mantener la residencia oficial argentina en Washington. No se trata de un consulado ni de un edificio de atención pública, sino de una vivienda de representación política, ubicada en uno de los barrios más caros de la capital estadounidense.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Presupuesto 2026, presentado como una hoja de ruta guiada por el “equilibrio fiscal” que impulsa Milei como ancla inflacionaria, vuelve a exhibir sus contradicciones. Entre recortes, prórrogas y reasignaciones que afectan áreas sensibles del gasto público, aparece una de esas perlitas que no pasan desapercibidas: una obra millonaria en el exterior, financiada por el Estado argentino, en plena era del ajuste permanente.
La iniciativa figura en el artículo 11 del proyecto, que habilita la contratación de obras y adquisiciones con incidencia en ejercicios futuros. Allí se incluye el proyecto 40, denominado “Remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington”, bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dentro del Programa 2: Acciones Diplomáticas y Relaciones Internacionales.
Millones para una residencia, no para la comunidad
Según el texto presupuestario, el costo total de la obra asciende a 9.429 millones de pesos, equivalentes a unos 6,4 millones de dólares al tipo de cambio actual. El gasto está planteado como un esquema plurianual que se extenderá entre 2026 y 2028.
Para el ejercicio 2026 se prevé una partida inicial de 5.388 millones de pesos, destinada a bienes de uso, lo que representaría un avance físico del 57,14% del proyecto. En 2027 se sumarían 3.852,4 millones de pesos, alcanzando un progreso acumulado del 98%, y finalmente en 2028 se asignarían 188,6 millones de pesos para completar el 100% de la obra.
Sin embargo, los fundamentos del Presupuesto no detallan los alcances concretos de la remodelación, ni desagregan los costos, los plazos específicos o las etapas técnicas del proyecto. Tampoco se explicita si la cifra corresponde a un único contrato o a varias intervenciones sucesivas. El número aparece consolidado, sin mayor desarrollo ni información pública complementaria.
Sin informes, sin urgencias, sin explicaciones
Desde la Cancillería no se difundieron informes oficiales que expliquen el estado edilicio actual del inmueble ni la supuesta urgencia de una intervención de esta magnitud. No hay antecedentes recientes de advertencias sobre riesgos estructurales, incumplimientos normativos o situaciones de emergencia que justifiquen un desembolso millonario en dólares.
Por el contrario, todo indica que se trata de gastos mayormente estéticos o de puesta en valor, en una residencia destinada exclusivamente a la representación política del país en Estados Unidos. Nada de atención consular, nada de servicios a la comunidad migrante, nada de funciones públicas directas.
A esto se suma un problema adicional: los mecanismos de control. Las obras en el exterior presentan dificultades extra para el seguimiento administrativo y la auditoría. Contrataciones, proveedores y certificaciones suelen regirse por una combinación de normativa argentina y regulaciones locales. Sin información pública detallada, el control queda limitado a organismos que ya operan con recursos recortados.
Antecedentes: la remodelación macrista
No es la primera vez que la residencia oficial en Washington aparece en el Presupuesto. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se incluyó una partida de 3,5 millones de dólares para la “Remodelación Embajada y Residencia en Washington – Etapa II”.
En aquel entonces, el presupuesto contemplaba un monto base de 2.964.000 dólares, más un adicional del 20% para cubrir eventuales variaciones de costos. Esa previsión generó polémica, ya que la inflación acumulada en Estados Unidos durante 2015 había sido de apenas 1,5%, lo que ponía en duda la justificación de semejante margen extra.
Desde la propia embajada argentina explicaron en ese momento que los fondos se destinarían a reformas estructurales: instalaciones eléctricas, redes de agua y cloacas, calefacción, tratamiento de humedades en cimientos, reparación integral de techos y puesta en valor general del edificio. También se argumentó que no se habían realizado obras en la residencia oficial desde la década del 60.
Un barrio top, precios que incomodan
La residencia oficial argentina se encuentra en el exclusivo barrio de Dupont Circle, una de las zonas más cotizadas de la capital estadounidense. El inmueble fue originalmente construido para George Franklin Huff, congresista republicano de Pennsylvania, y diseñado en 1906 por el reconocido arquitecto Horace Trumbauer. El Estado argentino compró la propiedad en 1913, tras el fallecimiento de Huff.
Un relevamiento básico del mercado inmobiliario en la zona muestra que casas de características similares se ofrecen hoy por valores que oscilan entre 1,7 y 1,9 millones de dólares. Es decir, montos muy por debajo de los 6,4 millones de dólares que el Presupuesto 2026 proyecta gastar en la remodelación.
Ajuste para adentro, dólares para afuera
El contraste es evidente. Mientras el Gobierno ajusta jubilaciones, salarios, universidades y políticas sociales, no escatima recursos para mantener y embellecer una residencia de lujo en el exterior. Todo en nombre de un equilibrio fiscal que, una vez más, no parece aplicarse cuando se trata de los intereses y comodidades del poder.
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