Seguimos siendo como sociedad una amalgama dispersa entre las visiones colectivas y las individuales. En esta continuidad ininterrumpida bajo el sistema democrático todavía no se desarrollaron horizontes colectivos sin antagonismos fuertes que propongan un sistema mixto entre las visiones de la presencia y guía (desarrollo) del estado por un lado y un sistema de privados que no esté en disputa continua con su sistema de base.
La dualidad de pensamientos opuestos que alimentan las ideas y horizontes simbólicos están guiados por una mezcla de sistemas de comunicación clásicos (Tv, stream, diarios digitales, etc.) y los algoritmos de aplicaciones, las social media (un sistema mucho más caótico y disperso con propaganda disfrazada de generación de contenido espontánea muy difícil de identificar por parte de los usuarios o lectores).
En 42 años de democracia continua se han logrado consensos que se construyeron como una capa sobre otra. Esta consolidó un sistema con bases sólidas como respuestas a demandas propias y representadas en las dos cámaras legislativas.
La fuerza política que ganó estas elecciones por un período de 4 años llegó al poder fruto de la sensación de estancamiento y demonización de los modelos económicos propuestos anteriores y conocidos. Alimentados por una falsa idea de que estos no son útiles y que además son «decadentes». (Sin discutir los modelos de fondo, estas se sintetizan en frases simplistas con un alto poder de ser retenidas por la base popular, como por ejemplo «La casta» o «la motosierra»). EL MARKETING ES MÁS PODEROSO QUE LA MEMORIA por un lado. Y por otro el voto popular se consolidó como herramienta para que «alguien deje de gobernar» sin que se comprenda muy bien cual es el «próximo programa económico» que se aplicará.
Los que ya vivimos varias instauraciones conservadoras y sabemos leer entrelineas entendimos que el pacto de Acassuso es un programa frustrado del PRO, o lo que hubiera querido hacer MM. Pero como ahora el costo político lo paga el oficialismo, ante una falsa urgencia se redactó un DNU con poco visos democráticos llevándose puesta a una joven y estable tradición. (EL programa económico que instala el Decreto de Necesidad y Urgencia sería aplaudido desde los cementerios por los ex-presidentes de facto o conservadores).
Hoy nos encontramos en medio de este conflicto. Una intención de imponer ideas de una forma totalitaria, con argumentos populistas, sin respetar la tradición democrática actual de consenso. Este DNU difícilmente pueda avanzar en ambas cámaras, sobre todo por el desconocimiento de parte del Poder Ejecutivo de «como» funciona un sistema de gobierno en la práctica concreta, con los actores reales de la economía.
El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.
Por Tomás Palazzo para NLI
El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.
No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.
De la inteligencia estratégica al control político interno
El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.
El problema no es semántico: es político. En la historia argentina, cada vez que el Estado amplió de forma ambigua estas nociones, el resultado fue el mismo: espionaje sobre partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y referentes opositores. El decreto no prohíbe de manera explícita esas prácticas; por el contrario, las deja implícitamente habilitadas.
La supuesta prohibición del espionaje interno queda vaciada de contenido cuando el propio texto permite acciones “encubiertas” y de “obtención de información” frente a amenazas que no están claramente definidas ni tipificadas. En otras palabras, la SIDE pasa a tener margen para decidir por sí misma qué constituye una amenaza interna, sin control previo efectivo.
Ambigüedad deliberada y concentración de poder
Uno de los rasgos más preocupantes del DNU es su redacción. Conceptos como “operaciones encubiertas”, “acciones preventivas”, “seguridad estratégica” o “riesgos híbridos” aparecen reiteradamente sin definiciones precisas. Esta ambigüedad no es un error técnico: es una decisión política.
El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.
Además, se amplían las capacidades del personal de inteligencia, incluyendo facultades operativas que rozan funciones de seguridad interior. Aunque no se lo diga de forma explícita, el texto habilita una zona gris donde inteligencia y coerción comienzan a superponerse, un terreno históricamente fértil para abusos.
Las comunidades CIFN y CITN: redes de captura masiva de información
El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.
Este esquema plantea un riesgo evidente para la privacidad y las garantías constitucionales. La circulación de información sensible sin reglas claras de protección, almacenamiento y uso abre la puerta a bases de datos políticas, sociales y sindicales, algo expresamente prohibido por la legislación vigente y por estándares internacionales en derechos humanos.
La experiencia histórica demuestra que cuando estos sistemas se expanden sin control, terminan siendo utilizados para el seguimiento de opositores y la anticipación de conflictos sociales, no para la defensa nacional.
Elusión del Congreso y degradación democrática
Que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU no es un detalle menor. El sistema de inteligencia es, por definición, uno de los ámbitos que más control democrático requiere. Milei eligió exactamente lo contrario: evitar el debate parlamentario y avanzar por decreto.
Esta forma de legislar no solo vulnera el espíritu de la Constitución, sino que consolida una lógica de Estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias sin justificación real de necesidad y urgencia.
La inteligencia, en este esquema, deja de ser una herramienta al servicio de la soberanía nacional para convertirse en un instrumento de gobierno, orientado a garantizar gobernabilidad mediante la vigilancia y la disuasión.
Herencias oscuras y un futuro inquietante
Argentina conoce bien este camino. La SIDE de la democracia tutelada, la AFI del espionaje político, los archivos ilegales, las escuchas, las carpetas y los servicios como factor de poder autónomo. Nada de eso empezó con declaraciones explícitas: empezó siempre con decretos ambiguos y promesas de modernización.
El DNU 941/2025 no crea un monstruo nuevo: reactualiza viejas prácticas, ahora bajo el ropaje del liberalismo autoritario y la retórica de la seguridad.
La pregunta no es si estas herramientas pueden usarse mal. La pregunta es cuándo y contra quiénes. La historia argentina ofrece una respuesta incómoda pero clara.
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La matriz productiva de Córdoba, basada en el empleo privado formal, está sufriendo un fuerte deterioro y pone en jaque al entramado empresario que la sostiene. Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, la provincia perdió 11.200 puestos de trabajo asalariados privados registrados.
La línea histórica es así: en septiembre de 2025 había 520.600 asalariados formales en el sector privado, 1.400 menos que en agosto. Respecto de septiembre de 2024, la merma de puestos fue de 100, pero, si la comparación se lleva a septiembre de 2023, la destrucción de empleos sube a los 11.200.
El golpe no se limita al empleo. En paralelo, se está achicando el universo de empresas. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 3.746 unidades productivas en la provincia, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La caída equivale al 7,7% del total de empleadores, que hoy ronda los 48.700.
Traducido a una imagen cruda: en Córdoba cierran, en promedio, cinco empresas por día. Y aunque los registros de la SRT incluyen también a organismos públicos, lo cierto es que el fenómeno se concentra de manera abrumadora en el sector privado. La narrativa de «Córdoba, corazón productivo del país» está en crisis.
La sangría es más profunda en las micro y pequeñas firmas de hasta diez trabajadores, que constituyen la base histórica del empleo cordobés. Muchas bajaron definitivamente la persiana; otras sobrevivieron deslizándose hacia la informalidad total, expulsando empleo registrado y degradando la calidad del trabajo.
El resultado es un mercado laboral estancado, con informalidad creciente, baja productividad y salarios deteriorados. Un combo que golpea de lleno a una provincia que siempre se jactó de su perfil productivo, de tener un nivel de empleo público relativamente bajo y de sostener su desarrollo sobre la iniciativa privada.
Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 3.746 empresas
en Córdoba. La caída equivale al 7,7% del total de empleadores. Es decir que cierran, en promedio, cinco empresas por día. La narrativa de «Córdoba, corazón productivo del país» está en crisis
Los datos nacionales refuerzan el diagnóstico. En los últimos diez años, el sector privado formal perdió 71 mil puestos de trabajo en todo el país, mientras que el empleo público creció en más de 316 mil trabajadores. En paralelo, explotó el llamado «mundo monotributo»: casi 700 mil nuevos aportantes, muchas veces como salida precaria frente a la falta de empleo asalariado.
En ese contexto, Córdoba no quedó al margen del deterioro general, aunque logró amortiguarlo mejor que otras provincias. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el empleo privado registrado cayó 3,04% a nivel nacional, mientras que en Córdoba la baja fue del 2,07%s. El desempeño relativo la ubica entre las siete provincias con menor destrucción de empleo privado.
Según el Gobierno provincial, ese diferencial se explica por las políticas activas de empleo funcionaron como un dique de contención frente al ajuste nacional. Los programas PPP y Empleo +26, en sus ediciones 2024 y 2025, generaron 6.200 puestos de trabajo directos con contratos por tiempo indeterminado y facilitaron la inserción laboral de más de 23 mil personas mediante prácticas laborales.
Sin ese colchón, estiman fuentes oficiales, la caída del empleo privado formal en Córdoba habría sido del 3,24%, lo que implica alrededor de 17.200 puestos perdidos desde fines de 2023.
La paradoja cordobesa queda así expuesta. La provincia resiste mejor que otras gracias a políticas activas y a su perfil productivo, pero no logra escapar al deterioro de fondo. Menos empresas, menos empleo privado y una matriz laboral cada vez más frágil ponen en cuestión el corazón del modelo económico provincial.
