Seguimos siendo como sociedad una amalgama dispersa entre las visiones colectivas y las individuales. En esta continuidad ininterrumpida bajo el sistema democrático todavía no se desarrollaron horizontes colectivos sin antagonismos fuertes que propongan un sistema mixto entre las visiones de la presencia y guía (desarrollo) del estado por un lado y un sistema de privados que no esté en disputa continua con su sistema de base.
La dualidad de pensamientos opuestos que alimentan las ideas y horizontes simbólicos están guiados por una mezcla de sistemas de comunicación clásicos (Tv, stream, diarios digitales, etc.) y los algoritmos de aplicaciones, las social media (un sistema mucho más caótico y disperso con propaganda disfrazada de generación de contenido espontánea muy difícil de identificar por parte de los usuarios o lectores).
En 42 años de democracia continua se han logrado consensos que se construyeron como una capa sobre otra. Esta consolidó un sistema con bases sólidas como respuestas a demandas propias y representadas en las dos cámaras legislativas.
La fuerza política que ganó estas elecciones por un período de 4 años llegó al poder fruto de la sensación de estancamiento y demonización de los modelos económicos propuestos anteriores y conocidos. Alimentados por una falsa idea de que estos no son útiles y que además son «decadentes». (Sin discutir los modelos de fondo, estas se sintetizan en frases simplistas con un alto poder de ser retenidas por la base popular, como por ejemplo «La casta» o «la motosierra»). EL MARKETING ES MÁS PODEROSO QUE LA MEMORIA por un lado. Y por otro el voto popular se consolidó como herramienta para que «alguien deje de gobernar» sin que se comprenda muy bien cual es el «próximo programa económico» que se aplicará.
Los que ya vivimos varias instauraciones conservadoras y sabemos leer entrelineas entendimos que el pacto de Acassuso es un programa frustrado del PRO, o lo que hubiera querido hacer MM. Pero como ahora el costo político lo paga el oficialismo, ante una falsa urgencia se redactó un DNU con poco visos democráticos llevándose puesta a una joven y estable tradición. (EL programa económico que instala el Decreto de Necesidad y Urgencia sería aplaudido desde los cementerios por los ex-presidentes de facto o conservadores).
Hoy nos encontramos en medio de este conflicto. Una intención de imponer ideas de una forma totalitaria, con argumentos populistas, sin respetar la tradición democrática actual de consenso. Este DNU difícilmente pueda avanzar en ambas cámaras, sobre todo por el desconocimiento de parte del Poder Ejecutivo de «como» funciona un sistema de gobierno en la práctica concreta, con los actores reales de la economía.
El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.
La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente
Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.
El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.
El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.
Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente
El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.
Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.
En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.
Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades
El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.
En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.
El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.
Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles
El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.
El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.
Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos
El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.
Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.
La gobernadora de la provincia Arabela Carreras brindó ayer una conferencia donde dejó en claro que no hay demasiadas modificaciones con respecto al aislamiento en Rio Negro, se agregaron solo dos actividades a 28 municipios. “Podemos empezar a pensar en flexibilizar un poco las medidas esto siempre estará sujeto a la decisión de los intendentes…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina presenta una gran propuesta para los amantes del ‘Flaco’ Spinetta: ‘Retrospectiva Spinetta’, este sábado 25 a las 21 horas en el Galpón de las Artes. Los artistas que participan de esta producción son Rock FCP, integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarra y canto;…
Martín Llaryora empieza a jugar las fichas para 2027 y manda a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a cerrar filas con la agenda penal de Patricia Bullrich y de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ex titular de esa cartera en Córdoba durante al gestión de De la Sota, de la que salió eyectada por un motín policial en 2013.
En estos dos años de gestión, Quinteros empoderó a la Policía, se puso al frente de varios operativos impactantes y, audaz en el manejo de la simbología, hasta persiguió a un motochorro que había despojado de un celular a una joven. Ahora, va por el cambio de legislación cordobesa para acompañar la agenda penal de Bullrich en el Congreso.
Intenta así secar una de las fuentes libertarias: la que reclama mano dura contra motochorros y «naranjitas», el mote cordobés para los «trapitos». Este año, casi 300 «naranjitas» ilegales fueron detenidos por intimidar o amenazar a conductores. Están en zonas comerciales y en grandes eventos, por lo que su clientela es la clase media alta, justo el sector que le dio la espalda al Gobierno provincial en la última elección.
Con la consigna de «ordenar la calle» y el latiguillo de «la paz social y el orden no se negocia», Quinteros se apresta a iniciar su tercer año con su agenda enfocada en estás demandas y en sintonía con Monteoliva. De hecho, ya invitó a la futura ministra a que realice su primera actividad fuera de Buenos Aires en Córdoba.
Con la consigna de «ordenar la calle» y el latiguillo de «la paz social y el orden no se negocia», Quinteros se apresta a iniciar su tercer año con una agenda en sintonía con Monteoliva y Bullrich
«La crisis policial de 2013 fue porque el kirchnerismo la alentó e impidió que los gendarmes de Jesús María restablecieran el orden. Fue una decisión política de Cristina Kirchner en contra de Córdoba», dicen cerca de Quinteros. Ese será el discurso del ministro cuando reciba a Monteoliva en Córdoba.
La alianza con Monteoliva-Bullrich blinda a Quinteros de las críticas de los libertarios, que hoy están aliados con Luis Juez. Quinteros fue un fundamentalista juecista hasta que en 2019 renunció a su banca de legislador y se alejó para siempre de Juez.
Quinteros advierte que «el tejido social está roto» y agrega que la crisis de la salud mental generará más violencia. Por eso advierte que «sin empleo, sin proyecto de vida y sin familias haciéndose cargo de sus hijos» los hechos de inseguridad no podrán neutralizarse.
El Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Guillermo Carricavur y el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros participaron este jueves de la entrega de certificados a quienes finalizaron el curso de embalador, cuyas capacitadoras fueron Lucy Soledad González y Daniela Díaz. La actividad se desarrolló durante un mes (desde el 23 de noviembre al…
Actualmente, lanzó los primeros cuatro sencillos de “Ahí estamos”, un material de estudio de gran calidad que logra en esa incansable búsqueda de nuevos desafíos…
