Maureira respaldó el modelo neuquino y cuestionó el veto a la Ley de Discapacidad

 

José Luis Acuña, el principal referente del taekwondo en Neuquén, destacó sus logros deportivos y reflexionó sobre el crecimiento de esta disciplina en la provincia. A sus 22 años, el joven deportista repasó sus inicios, los desafíos que enfrenta para participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el orgullo de representar a Argentina en competencias internacionales, tras conquistar medallas en torneos mundiales, panamericanos y juveniles.

En el marco del Día Internacional del Taekwondo, celebrado cada 4 de septiembre, Acuña recordó sus primeros pasos en la disciplina y los éxitos alcanzados, como la medalla de plata en el 12° Mundial Junior en Hammamet, Túnez, en 2018, y el diploma olímpico obtenido ese mismo año en Buenos Aires.

Actualmente, se prepara en Corrientes con su equipo para los próximos Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario, un certamen que servirá como preparación para los 13° Juegos Odesur, a disputarse el próximo año en Santa Fe, destacando la constancia, entrenamiento y acompañamiento de sus entrenadores y compañeros como claves de su éxito.

Un recorrido de medallas y desafíos

Con solo 15 años, José Luis Acuña irrumpió con fuerza en la escena internacional al conquistar la medalla de plata en la categoría hasta 55 kg del 12° Mundial Junior de Taekwondo WT, celebrado en Hammamet, Túnez, en 2018. Ese mismo año sumó un diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, quedándose a milésimas de segundos de la medalla de bronce.

Desde entonces, sus logros se multiplicaron: obtuvo más títulos panamericanos y se destacó en el circuito olímpico, entre ellos la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023.

Recordando sus comienzos, Acuña contó que su acercamiento al taekwondo fue gracias a su familia: “papá y mamá nos llevaban a mí y a mi hermano desde chicos. Al principio era un juego, un hobby, pero hoy es todo en mi vida”, confesó, en un año en el que volvió al podio con la medalla dorada en el Open G2 en categoría 68 kg, disputado en Río de Janeiro, Brasil.

Su objetivo de convertirse en deportista olímpico sigue vigente. Tras participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, ahora apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Como paso previo, se prepara para los próximos Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), que comenzarán este lunes en Rosario, un certamen que también sirve de preparación para los 13° Juegos Odesur, a disputarse el año próximo en Santa Fe.

“La preparación para este torneo viene muy bien. Entrené en Corrientes con el team Crismanich, junto a Mauro y Sebastián, campeón olímpico en Londres 2012. También compartí entrenamientos con el actual campeón Panamericano Junior, Ignacio Espínola. Tenemos un grupo muy bueno”, señaló Acuña. Además, destacó que, aunque representará a Neuquén en los Jadar, también llevará la bandera de su equipo de Corrientes, que lo acompaña día a día. “El objetivo es ganar estos Juegos Argentinos y, por qué no, ser los campeones de la categoría”, agregó.

Desde su etapa junior, Acuña forma parte de los deportistas de élite becados por el gobierno provincial a través del programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento.

Consciente de su rol como referente para futuras generaciones, Acuña expresó “como capitán de la Selección Argentina, trato de mostrarles el camino a los chicos, como en su momento me lo mostraron a mí Sebastián y Mauro Crismanich o Lucas Guz”.

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Tal como adelantara Alerta Digital, el gobierno de la Provincia del Neuquén abonará los haberes a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, esta semana.

En coincidencia con el pago de salarios a los municipales neuquinos, los empleados provinciales, docentes, policías y jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), cobrarán sus haberes este viernes 29 de agosto.

Se indicó oficialmente que «la administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa deposita los sueldos antes de que culmine el mes, gracias al programa de austeridad que puso en marcha para eliminar los gastos innecesarios del Estado y reforzar las partidas de áreas esenciales».

La fecha de cobro fue confirmada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria. Incluye a los empleados del Consejo Provincial de Educación, Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados y alcanza también al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (jubilados, pensionados y retirados).

Los haberes estarán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia de Neuquén. 

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«Dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque estadounidense en aguas internacionales» advirtió en las últimas horas el Departamento de Defensa de Estados Unidos y crece la tensión entre ambos países. La Casa Blanca consideró como «movimiento altamente provocador».

El comunicado de la administración del presidente Donald Trump no habló de respuestas, pero advirtió a Caracas contra una mayor escalada. Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. También desplegó navíos de guerra en el Caribe en lo que llamó una operación antidrogas.

«Se le aconseja firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos», afirmó el Pentágono en X.

El martes, las fuerzas estadounidenses afirmaron haber destruido en el Caribe una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, en un ataque en el que murieron «11 narcotraficantes».

En tanto, Caracas acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales en el mar, «sin fórmula de juicio».

El ataque, cuyos detalles no pudieron ser verificados de forma independiente por la AFP, marca una escalada dramática por parte de Estados Unidos, que durante décadas ha recurrido a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este viernes un decreto para que el Departamento de Defensa se llame también Departamento de Guerra, como prometió recientemente.

El decreto busca «restaurar el nombre histórico Departamento de Guerra como segundo nombre de la institución», según informó la Casa Blanca en un documento proporcionado a la AFP.

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Lo que comenzó como una divertida idea para redes sociales terminó en una situación de riesgo. La influencer y modelo brasileña Karol Rosalin, conocida como la “Mujer Fitness Perfecta” por Playboy, fue hospitalizada en Bariloche tras realizar una sesión de fotos en bikini sobre la nieve, a temperaturas cercanas a los -5 °C.

El hecho ocurrió el 25 de agosto en el Cerro Catedral, uno de los destinos turísticos más visitados de la Patagonia. En medio de un paisaje invernal, Rosalin buscaba retratar una producción llamativa para sus casi dos millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, el reto se complicó por las condiciones extremas del clima.

El relato de la influencer

En sus redes sociales, la modelo de 26 años compartió lo ocurrido: “El viento era tan frío que la sensación térmica era aún más baja que la temperatura real. Fue como estar dentro de un refrigerador… sin ropa”, relató en sus historias.

Según explicó, al inicio la situación fue tomada como un juego, pero con el paso de los minutos comenzó a perder sensibilidad en su cuerpo, especialmente en los glúteos, lo que la obligó a interrumpir la producción y buscar ayuda.

Rosalin fue trasladada a un centro de salud con síntomas de hipotermia y entumecimiento severo. Los médicos confirmaron que había permanecido demasiado tiempo expuesta al frío intenso con escasa protección. Luego de recibir atención, logró estabilizarse y quedó fuera de peligro.

Ya recuperada, Karol reapareció en Instagram para calmar la preocupación de sus seguidores: “Mis hermosos, ya estoy bien. ¡Gracias por el cariño! Hacemos locuras en internet, ¿verdad? Jaja, ¡pero no pasa nada!”.

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La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresariales del sector acordaron una serie de aumentos salariales que se extenderán hasta marzo de 2026. El convenio busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la construcción, uno de los gremios más afectados por la inflación y la caída de la actividad en los últimos meses.

El acuerdo, sellado el 11 de julio y aplicado a nivel nacional, establece subas escalonadas que comenzaron en julio y agosto con un 1,1% acumulativo, y que continuarán con nuevas actualizaciones en septiembre y en distintos tramos hasta 2026.

Las mejoras impactan en todas las categorías y regiones del país, con valores diferenciados por zona, y se complementan con ajustes en la asignación vianda, gratificaciones extraordinarias y beneficios no remunerativos que se incorporarán progresivamente a la base salarial.

El nuevo aumento salarial de la construcción llega en un escenario económico adverso, donde los ingresos, a pesar de las mejoras interanuales, siguen quedando rezagados frente a la inflación. De acuerdo con el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), en julio la inflación anual superó el 44%, cifra que continúa por encima de los incrementos acordados y que provoca una merma constante en el poder adquisitivo de los trabajadores.

La pérdida de ingresos reales se arrastra desde la devaluación de diciembre de 2023, que fue superior al 118% y dejó un fuerte impacto en el sector. Según el último relevamiento del IERIC, en La Rioja el salario promedio nominal alcanzó los $823.288, con una suba interanual del 36,9%.

Sin embargo, al compararlo con la inflación del 44,7%, se observa una caída real del 7,8%. A nivel nacional, el salario promedio se ubicó en $1.067.001, aunque persisten las desigualdades entre provincias, lo que representa un desafío para la equidad y el desarrollo regional.

Este panorama golpea directamente a la dinámica laboral y productiva, en un sector que aún no logra una recuperación plena tras las últimas crisis y que tiene en la preservación del poder adquisitivo una condición clave para sostener el empleo y la demanda interna.

Los principales puntos del acuerdo firmado por UOCRA

1. Incremento en la Asignación Vianda Complementaria (Art. 41 bis)

• Se eleva en $100.000 el componente fijo, alcanzando un total de $335.000 a partir de marzo de 2025.
• Las diferencias generadas entre marzo y julio se abonarán en la segunda quincena de agosto de 2025.
• El monto quedará sujeto a revisión en próximas paritarias.

2. Gratificaciones extraordinarias no remunerativas
Se pactaron cuatro tramos de aumentos del 3% cada uno:

• Primer tramo: mayo y junio de 2025 (a pagarse en agosto).
• Segundo tramo: julio, agosto y septiembre de 2025.
• Tercer tramo: octubre, noviembre y diciembre de 2025.
• Cuarto tramo: enero, febrero y marzo de 2026.
  Estas gratificaciones se calcularán sobre la base salarial de abril de 2025 y pasarán a ser remunerativas tras su pago, incorporándose al salario básico.

3. Base de cálculo y exclusiones

• Se aplican sobre conceptos remunerativos y no remunerativos, viandas y ayuda alimentaria.
• Quedan excluidos los bonos de facturación, la ayuda para vivienda y la ayuda para vehículo.

Cuánto cobrarán por hora y por mes en septiembre 2025

Los aumentos acordados impactan en todas las categorías y regiones del país consideradas en el convenio colectivo de la construcción. Los valores vigentes para septiembre de 2025, expresados en jornales básicos por hora y en el caso particular de los trabajadores serenos en salarios mensuales, muestran una distribución diferencial según zonas:

Zona A: que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones y otras provincias.

Oficial especializado: $5.050 por hora

Oficial: $4.325 por hora

Medio oficial: $3.995 por hora

Ayudante: $3.670 por hora

Sereno: $666.325 por mes

Zona B: que comprende Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial especializado: $5.603 por hora

Oficial: $4.793 por hora

Medio oficial: $4.420 por hora

Ayudante: $4.095 por hora

Sereno: $742.704 por mes

Zona C: para la provincia de Santa Cruz

Oficial especializado: $7.730 por hora

Oficial: $7.240 por hora

Medio oficial: $6.989 por hora

Ayudante: $6.787 por hora

Sereno: $1.110.600 por mes

Zona C Austral: Tierra del Fuego

Oficial especializado: $10.006 por hora

Oficial: $8.570 por hora

Medio oficial: $7.910 por hora

Ayudante: $7.279 por hora

Sereno: $1.328.216 por mes

Esta estructura salarial refleja no solo la evolución acordada en las paritarias, sino también la tradicional diferenciación que existe en el país entre regiones, donde las jurisdicciones del sur presentan remuneraciones más elevadas debido a la mayor complejidad y condiciones particulares de trabajo.

El impacto del aumento salarial en el costo de la construcción

Más allá de los ingresos de los trabajadores, estos incrementos salariales tienen una repercusión directa en el costo general de la construcción, un factor crucial para el desarrollo económico y la inversión en infraestructura y vivienda.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que, en el Gran Buenos Aires, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en julio un aumento mensual del 1,6%. Así, la variación acumulada en lo que va del año asciende al 10,9%, con una suba interanual del 31%, cifras que reflejan la significativa presión inflacionaria sobre el sector.

De este aumento, la mano de obra representa uno de los principales motores: el costo laboral subió un 1,7% solo durante el mes, en línea con los incrementos salariales pactados en las paritarias. Además, factores externos como las nuevas tarifas autorizadas por los entes reguladores ENRE y ENARGAS para servicios esenciales como electricidad, gas y agua también han aportado a la escalada del costo en servicios conexos.

En cuanto a los materiales de construcción, se registró un incremento del 1,5% en julio. Si bien algunos insumos metálicos y de hormigón experimentaron leves bajas, estas no fueron suficientes para contrarrestar el fuerte aumento en artefactos eléctricos y de iluminación, que encarecieron aún más el presupuesto general.

El acuerdo paritario logrado por la UOCRA con las empresas marca una continuidad en las negociaciones salariales del sector para ajustar sueldos en un contexto inflacionario persistente y desafiante. Aunque los aumentos son importantes para atenuar la pérdida del poder adquisitivo, el desafío reside en mantenerlos en sintonía con la evolución de los precios para evitar empeorar la situación social y económica de los trabajadores de la construcción.

Por otro lado, el constante incremento en el costo de la mano de obra y los materiales impone presiones al sector de la construcción, afectando el precio final de las obras y la capacidad de inversión tanto del ámbito privado como público. En un país donde la necesidad de vivienda y obras de infraestructura es prioritaria, el equilibrio entre salarios justos y costos sostenibles será clave para el desarrollo.

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Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»