Más de la mitad de los chicos argentinos vive en la pobreza
La situación de niñas, niños y adolescentes (NNyA) en la Argentina presenta enormes desafíos estructurales. Aunque representan más de una cuarta parte de la población, su bienestar se ve condicionado por un contexto de desigualdades crecientes. La pobreza, el acceso limitado a servicios básicos, la baja calidad educativa y las brechas sanitarias configuran un panorama preocupante que demanda atención urgente de las políticas públicas.
Pobreza
En 2024, más de 6,4 millones de chicos y chicas (el 52,7%) vivían en hogares cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir una canasta básica. De ellos, 1,5 millones eran indigentes. Además, 1,4 millones sufrían pobreza crónica, un fenómeno que se transmite generacionalmente. La situación mejoró levemente en el segundo semestre de 2024, con 1,7 millones de NNyA saliendo de la pobreza, pero sigue siendo alarmante. Las estadísticas revelan que ningún gobierno en los últimos 40 años logró reducir la pobreza infantil por debajo del 30%.
Educación
En los niveles inicial, primario y secundario hay más de 10,5 millones de alumnos. El sistema educativo argentino presenta una cobertura elevada en la escuela primaria, pero aún existen 137.000 chicos de 6 a 12 años fuera del aula. El 30% de estudiantes de tercer grado no alcanza los aprendizajes básicos, y en sexto grado, el 34% no comprende textos y el 49% no domina matemática. Solo el 38,6% de los alumnos de escuelas estatales acceden a una jornada extendida, y en el nivel inicial, apenas el 53% de los niños de tres años están escolarizados. Las brechas educativas se agravan según el nivel socioeconómico y la provincia.
Salud
La cobertura del sistema de salud también refleja disparidades: el 43% de los NNyA depende exclusivamente del sector público. El 65% de las embarazadas no realiza los ocho controles prenatales recomendados.
En 2023, la mortalidad infantil fue de 8 por cada 1.000 nacidos vivos, con grandes diferencias entre provincias: mientras Chubut registró 5,1‰, Corrientes superó los 11‰. El 14,3% de los menores de 5 años presenta sobrepeso, cifra que escala al 20% en adolescentes. Además, el 36% de los hogares sufre inseguridad alimentaria.
Inversión pública
Entre 2002 y 2015, la inversión social en infancia pasó del 5,8% al 8,1% del PBI. Sin embargo, en los últimos años, esta tendencia se estancó o retrocedió: en 2023 representó el 7,3% del PBI. En 2024, con el nuevo ajuste fiscal, el presupuesto nacional destinado a niñez cayó un 18% en términos reales, aunque se reforzaron programas como la Asignación Universal por Hijo y el Plan 1000 Días. El 70% de la inversión en niñez depende de las provincias, lo que genera marcadas asimetrías territoriales en acceso y calidad de servicios.
Para más información podes acceder al PDF de Análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina:
Casi 4 de cada 10 niños tienen problemas para alimentarse
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina revela una alarmante realidad: en 2024, el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina enfrentaron inseguridad alimentaria, afectando a 4,3 millones de menores.
“Un 16% inclusive llegó a sufrir hambre en el último año”, señaló Valentina González Sisto, investigadora del Observatorio, en una entrevista con AM Cumbre 1400. Este porcentaje, el más alto en 15 años, refleja un problema estructural que se agudizó en los últimos años, con picos críticos en 2018, 2020 y 2024.
El estudio, que abarca el período 2010-2024, muestra que desde 2018 la inseguridad alimentaria no ha bajado del 30%. Según González Sisto, “no bajamos de un piso de 30% de afección” en este indicador, que mide tanto la reducción de porciones por motivos económicos (inseguridad moderada) como el hambre extrema (inseguridad severa). La investigadora destacó que, aunque los números fluctúan, el problema de fondo persiste: “Es un problema muy estructural. Puede bajar un porcentaje, pero difícilmente perforamos un piso realmente alto”.
La inseguridad alimentaria golpea con mayor fuerza a ciertos hogares. “Vemos que hay cuestiones que favorecen el sufrimiento de inseguridad alimentaria, como que un hogar sea numeroso o monoparental”, explicó González Sisto. Además, la precariedad laboral es un factor clave: en hogares con empleo informal o desempleo, el riesgo se dispara al 51%. El informe también señala que el 44% de los niños con déficit educativo enfrentan este problema, evidenciando la relación entre escolarización y acceso a alimentos.
Programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar han mostrado un efecto positivo, aunque limitado. “Tienen un cierto aspecto contenedor en contextos difíciles”, afirmó González Sisto, destacando que estas transferencias reducen el índice de inseguridad alimentaria en 0,81 puntos. Sin embargo, no resuelven el problema de fondo. La investigadora también subrayó el rol de la escuela: “Funciona para contener en cierta medida este problema porque hay comedores escolares”.
El informe revela diferencias geográficas significativas. “El Área Metropolitana de Buenos Aires supone un riesgo un poco mayor, sobre todo entre 2010 y 2018”, indicó González Sisto, atribuyendo esto a la urbanidad, los altos costos y la menor autoproducción de alimentos. Sin embargo, en 2024, el interior del país alcanzó niveles similares al AMBA, con un 35% de inseguridad alimentaria. Regiones como el norte argentino, históricamente más vulnerables, siguen mostrando indicadores alarmantes.
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