MARCHA DE JUBILADOS: Otro miércoles de represión, ataque a la prensa, heridos y detenidos

 

El conflicto que se agrava en el hospital Garraham está generando un efecto dominó en otros centros de salud a cargo de la Nación, donde los médicos también profundizan las medidas de protesta para visibilizar el fuerte ajuste del gobierno de Javier Milei en Salud.

Ahora, estalló la crisis en el hospital público más grande del país, el Posadas, donde los 600 residentes definieron un paro sin guardia para el próximo martes, en caso de no tener respuestas del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

En concreto, denuncian un recorte presupuestario que impacta directo en sus salarios. Un residente de primer año del Posadas cobra 797 mil pesos por mes, con una carga horaria de más de 70 horas semanales, sin bono compensatorio.

Este miércoles, el Gobierno ofreció un bono no remunerativo de 300 mil pesos, lo que fue rechazado de plano por los residentes que piden un aumento al básico y que, en asamblea, decidieron sostener la medida de fuerza anunciada para la semana que viene, además de analizar la unidad de acción con los residentes del Garraham.

También, reclaman el recupero de costos que se hace a partir de obras sociales y prepagas que lo cobran trimestralmente todos los profesionales del hospital pero que a los residentes se los habían quitado, medida que fue tomada como un “castigo”.

 El Posadas es un hospital de alta complejidad que se busca tercerizar y privatizar, que está sufriendo el desguace. Se están yendo al sector privado especialistas de altísimo nivel que renuncian al hospital, lo que deja a la población sin determinados especialistas, entre ellos oncólogos 

“Ya veníamos reclamando por los 120 despidos que se dieron acá desde julio del año pasado. Este Gobierno no nos atendió nunca, recién la semana pasada logramos una reunión con el director”, dijo a LPO la titular del gremio Cicop en el Posadas, Mirtha Jaime.

Y agregó: “El Posadas es un hospital de alta complejidad que se busca tercerizar y privatizar, que está sufriendo el desguace. Se están yendo al sector privado especialistas de altísimo nivel que renuncian al hospital, lo que deja a la población sin determinados especialistas, entre ellos oncólogos”.

Con más de 70 mil metros cuadrados de superficie cubierta, el Posadas, ubicado en El Palomar, atiende a 10 mil personas por día y es un efector de salud determinante para el conurbano oeste y un centro de derivación de muchas especialidades.

Una diputada de Milei provocó a los médicos del Garrahan: “pueden vivir con 360 mil pesos”

Dentro del equipo de salud de más de 5 mil trabajadores, no se está dando la prórroga para quienes se quieren quedar más años y hay un hastío de las condiciones laborales. “Yo tengo 30 años acá y todavía soy contratada”, dijo Jaime.

Y agregó: “Cuando hay un plan de achicamiento, las disposiciones del presupuesto varían y las prioridades también. Entonces, hay un resonador roto que demora más de lo debido, hay que esperar a licitaciones. Estuvimos bastantes meses en el verano sin aire acondicionado porque no aceptaban una licitación y los pacientes se desmayaban del calor”.

Sobre los dichos de la diputada Juliana Santillán, que provocó a los médicos diciendo que “pueden vivir con 360 mil pesos”, Jaime dijo: “No sé por qué mirilla mira el mundo. Es no tener inteligencia emocional y política y es tener intereses claros”.

 Con más de 70 mil metros cuadrados de superficie cubierta, el Posadas, ubicado en El Palomar, atiende a 10 mil personas por día y es un efector de salud determinante para el conurbano oeste y un centro de derivación de muchas especialidades. 

Además de la denuncia por los más de 120 despidos, en el Posadas los trabajadores acusan un déficit de recursos esenciales para garantizar el servicio y una creciente salida de profesionales que abandonan el hospital frente a la constante caída del poder adquisitivo de los salarios.

Por eso, los residentes de ese hospital están exigiendo que Lugones abra una mesa de diálogo para tener respuestas a la situación crítica que -señalaron en un comunicado- “pone en riesgo tanto nuestra subsistencia como la calidad de atención que brindamos”.

Además, advierten que la situación es similar en otros hospitales nacionales de relevancia como El Cruce, de Florencio Varela, y el Sommer, de General Rodríguez, donde también se registraron despidos.

 

 

Flavia Royón recibe a LPO horas después de haber sido electa diputada provincial en Salta, en el que será su primer cargo legislativo. Antes fue secretaria de Energía en el gobierno de Alberto Fernández y secretaria de Minería en la gestión de Javier Milei, que la echó molesto por el voto de los diputados de su provincia.

En un coqueto hotel de la ciudad de Salta, Royón se explaya con pasión sobre el tema minero y afirma que es “una oportunidad perdida” para la Argentina. La ex funcionaria cree que los inversores están esperando que el plan económico de Milei sea sostenible y sostiene que la falta de previsibilidad es el gran freno de los proyectos. Cuestiona también los “discursos terraplanistas” de quienes rechazan la minería.

¿Cómo analiza la gestión del gobierno de Milei en lo que respecta a la de minería?

En general en la Argentina creo que todavía falta muchísimo, muchísimo. De hecho, es una oportunidad perdida en la Argentina. Yo a la minería en Argentina la definiría como una oportunidad perdida. Siempre lo digo, somos un país con alguna provincia minera, tenemos que empezar a ser un país minero.

¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué estamos siempre hablando del gran potencial, de otro Vaca Muerta, pero no terminan de arrancar nunca a las inversiones?

Primero porque la minería se caracteriza por ser una industria que requiere mucha inversión de capital, inversiones muy grandes, de mil millones, dos mil millones, y Argentina hace muchos a que tiene una deuda en su estabilidad macroeconómica y fiscal, crisis recurrentes. Y fijate que paradójico, la minería es parte de la solución porque muchas crisis en Argentina se dan en gran parte también por los faltantes de dólares y la minería es una actividad que te genera dólares, que tiene un balance externo muy positivo. Pero la percepción de riesgo que hay en la Argentina, la falta de estabilidad y de previsibilidad, eso juega en contra de la minería porque son todas inversiones que necesitan, por lo menos, quince años de estabilidad. Entonces yo creo que por eso es una oportunidad perdida.

¿Y cree que está mejorando algo con el gobierno de Milei en ese aspecto?

Yo creo que falta todavía. El gobierno de Milei tiene un año y medio. Sí ha dado señales de que tiene un plan de estabilización que lo están llevando adelante pero, de nuevo, esto es una carrera de largo plazo. Entonces todavía, no Milei, Argentina y toda la clase dirigencial todavía tiene que demostrar que esto es sostenible en el tiempo. Y ahí está el gran desafío, que sea sostenible.

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¿Y con el RIGI cambió algo? ¿Alcanza con el RIGI solamente?

Argentina en materia de grandes inversiones, GNL, minería, necesitaba un RIGI. Necesitaba mejorar las condiciones. Podemos tener diferencias en cuanto a si ha sido muy generoso, también he sido crítica en el sentido que le falta un capítulo de desarrollo local, pero el RIGI era necesario. Ahora, para una estabilidad macroeconómica, el RIGI es condición necesaria, no suficiente. También Argentina tiene que demostrar -te diría que hasta la sociedad- cómo va a evolucionar y qué soporte tiene esto para darle continuidad. Porque si el inversor percibe que siempre estamos en posiciones antagónicas, hay un riesgo político y el riesgo político también o encarece o dificulta inversiones. El tema de la institucionalidad, los temas de transparencia son también cuestiones que hacen a la agenda del inversor.

En ese sentido, ¿cree que las elecciones son un factor determinante, las de este año y las del 2027?, ¿Están esperando eso los inversores?

Sí, yo creo que están esperando. Creo que la materia pendiente en la Argentina es construir una visión compartida. Porque mirá por ejemplo Perú, las crisis políticas que ha tenido Perú y, sin embargo, la minería sigue avanzando. O Chile. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que Argentina es capaz de construir un proyecto de desarrollo que vaya más allá del color político. La inestabilidad política en Perú es terrible y, sin embargo, la minería es sólida y avanza. Entonces, de nuevo, creo que la materia pendiente en Argentina es que podamos discutir, debatir y consensuar en toda la dirigencia un modelo de desarrollo para la Argentina y demostrar que es sostenible en el tiempo, más allá de la política. Tenemos que estar sobre la política en esta discusión.

Volviendo al RIGI, ¿no está muy lenta la implementación del RIGI? Recién se aprobaron tres proyectos, ninguno vinculado a la minería, y sólo se presentaron once.

Yo no me guiaría tanto por la cantidad de proyectos, sino por qué proyectos y cuánta mano de obra generarían esos proyectos. En la ley se puso 45 días, me pareció un plazo muy ambicioso porque son proyectos grandes, complejos, así que te diría que son proyectos que toman su tiempo analizar. No creo que vaya lento, creo que son plazos razonables para la envergadura de proyectos que estamos hablando. Además, también es importante que los proyectos que se analicen sean proyectos que realmente se vayan a ejecutar. Porque lo peor que nos puede pasar -yo he sido funcionaria y he sido de cara al inversor muy demandante, muy crítica al inversor- que no nos hagan trabajar para que levante el valor de la acción y los proyectos no se concreten.

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¿Ese es uno de los problemas del sector hoy en día, de los empresarios que especulan con vender los proyectos y nunca empiezan a explotar?

Exactamente, exactamente. De hecho, yo creo que el código de minería necesita ser actualizado. Porque hoy cualquiera tiene una propiedad minera y hace un negocio meramente especulativo y en realidad si los recursos son de las provincias y hay una ganancia generada por la venta de una concesión que en el medio no iba a inversión, te estás apropiando de la utilidad que es de la sociedad. Pero esa es la discusión en cuanto a minería y en cuanto al tema de la mera tenencia de concesiones. En cuanto a la construcción de los proyectos, también creo que hay que tener un tiempo prudencial. Y los proyectos que no se discuten y que no avancen tienen que volver a las provincias. Tenemos proyectos mineros desde hace 40 años que no se han construido. Entonces ahí cabe un análisis y un plazo razonable porque si no en definitiva las grandes empresas tienen esto para mostrar más reservas, pero no los ejecutan. Y la verdad que Argentina no puede seguir esperando, ni Argentina ni las provincias que tienen proyectos avanzados pueden seguir esperando.

Esta es una discusión que hay que darla a nivel nacional y a nivel nacional y en el Congreso, el tema de minería no es un tema instalado. De hecho, te diría que todavía lamentablemente tenemos un discurso un tanto ideologizado y carente de sustento científico con respecto a la minería y no es una discusión central en el Congreso, debería de serlo.

Tenemos que demostrar que Argentina es capaz de construir un proyecto de desarrollo que vaya más allá del color político. La inestabilidad política en Perú es terrible y, sin embargo, la minería es sólida y avanza. La materia pendiente en Argentina es que podamos discutir un modelo de desarrollo y demostrar que es sostenible en el tiempo

Recién hablábamos de que los inversores necesitan estabilidad económica, pero también necesitan un Estado que les dé condiciones de infraestructura y eso no está pasando con Milei. De hecho, está pasando lo contrario, el Estado se retiró de las obras.

Sí, es un problema. De todas maneras, cuando hablas puntualmente, y me refiero solo al sector de minería, que es muy distinto al resto de los sectores, para el resto de los sectores y para el desarrollo de la Argentina, claramente tenemos que desarrollar infraestructura estratégica para ser competitivos. Argentina es el octavo país en extensión en el mundo, no hay manera que seamos competitivos en el mundo si no tenemos infraestructura acorde. Ahora, en el caso puntual de minería, es un sector donde los recursos suelen estar en lugares muy remotos, aislados y muchas veces las empresas ya se encuentran con falta de infraestructura. Así que te diría que sí es un desafío, pero si tuviera que hacer un top cinco te diría que estaría en el punto 4 o en el punto 5, es mucho más importante que se den las condiciones de estabilidad macro, las condiciones de respeto y de previsibilidad, de que sea un proyecto sostenible antes que la infraestructura. Pero sí claramente también es un factor determinante. Ahora, Argentina no tiene tan mala infraestructura, pero hace falta inversión y en muchos casos esa inversión también se puede encarar mixta, público-privada. Sí necesitamos un Estado ahí liderando y planificando.

¿Y cómo ve el potencial minero de Salta puntualmente?

El potencial es inmenso, inmenso. Hoy Salta acaba de terminar la construcción de tres proyectos, imaginate que en Argentina tenemos 22 en operación, o sea, tener tres en la provincia es un montón. Pero eso es, al lado de lo que puede ser Salta, mínimo. Salta tiene un proyecto de cobre en estadio muy avanzado, que puede ser un proyecto de nivel mundial. Bueno, Argentina tiene proyectos de clase mundial en cobre y hoy no producimos cobre, no exportamos. Oro, plata, uranio, el potencial es inmenso.

Volviendo a lo que decía antes de lo ideologizado del debate. Hay dos debates que están muy ideologizados, uno es el tema ambiental y el otro es el tema de si las provincias y sus habitantes reciben el beneficio económico del desarrollo de esos proyectos. O sea, si para el ciudadano común vale la pena económicamente que en su lugar se haga un proyecto que tiene un impacto ambiental tan grande.

¿Valen la pena mil puestos de trabajo? ¿Dos mil, tres mil, cuatro mil?. Salta pasó de 1500 empleos directos a 6000 empleos directos en minería. Son 4500 familias donde tener un trabajo bien remunerado y en blanco porque la minería prácticamente no tiene informalidad. Claramente, vale la pena. O sea, creo que uno de los temas que tenemos que superar en la Argentina es esta discusión del vale la pena, ningún sector sobra en la Argentina.

Pero usted es peronista y en el peronismo está ese debate. Hay un sector que parece que estos temas le generan una incomodidad.

Bueno, pero hay que dar un debate y hay que dar un debate informado. Mirá te llevo hace muchos años atrás, la discusión de Vaca Muerta. Imaginate si no tuviéramos Vaca Muerta. Acordate la discusión en ese momento de hacer fracking, bla, bla, bla. Imaginate lo que sería Argentina hoy sin Vaca Muerta.

Y también pasó con el litio, que al principio se armó un gran debate sobre los recursos y después el precio bajó y ahora el mercado perdió un poco de atractivo.

Discursos terraplanistas, sin ningún fundamento científico sólido. Y, de nuevo, ningún sector sobra en la Argentina. En Salta, crear 4.000 empleos directos es una barbaridad. De hecho, fueron Salta y Neuquén dos provincias que crearon empleo cuando en el resto del país hubo destrucción del empleo. Ahora sí tenemos que dar el debate de cómo desarrollamos nuestros recursos naturales porque en ese debate está cómo la sociedad recibe el beneficio. Y la sociedad recibe el beneficio creando puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo sean para los salteños, o para los neuquinos, o para los catamarqueños porque son los que están más cerca del proyecto. Y para eso tenés que tener políticas activas de capacitación, de que las empresas contraten mano de obra local. El tema del desarrollo de proveedores y de empresas, y cuando te digo locales, provinciales y nacionales antes que extranjeras. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés una gran diferencia entre el sector de hidrocarburos en la Argentina y el sector de la minería. El sector de hidrocarburos en la Argentina es un sector maduro, tiene más de 100 años, tiene muchos actores locales jugando fuertemente, entonces tenés un alto componente local. La minería, no. La minería es un sector nuevo, de capitales extranjeros, chinos, coreanos, europeos y muchas veces sobre todo los orientales prefieren traer gente y empresas, aunque parezca increíble, de su país por cuestión de cultura, de idioma, lo que fuera, antes de contratar gente acá. Y ahí está la discusión y es lo que no debemos de permitir.

Es una discusión de las grandes urbes que están lejos de donde suceden las cosas. Mucho se habla de las comunidades, pero en general en la Puna las comunidades son promineras, son muy pocas las que son antimineras. Ahora, la prensa levanta el discurso de unos pocos antimineros, pero no es la foto completa

Entonces esa discusión de que queda en la provincia, en Salta hoy todo el mundo quiere trabajar en minería. Claramente es una actividad que está transformando y recién Salta hizo su primera exportación de litio en diciembre. Imaginate los que nos queda, el proyecto de Rio Tinto aún no se construyó, el proyecto de cobre no se construyó. Entonces, esta discusión te diría que es más de grandes urbes que están lejos de donde suceden las cosas, que de donde suceden las cosas. Mucho se habla de las comunidades, pero en general en la Puna las comunidades son promineras, son muy pocas las que son antimineras. Ahora, la prensa levanta el discurso de unos pocos antimineros, pero no es la foto completa.

La llevo a su rol como exsecretaria de Energía, en ese ámbito ¿cómo evalúa la gestión del gobierno nacional?

Fue muy crítica el primer año, creo que ahí hubo un tiempo perdido. Hoy yo veo una gestión mucho más pragmática. Dijeron en campaña que se iba a cortar toda la obra de infraestructura, después se entendió lo estratégico de esto y se avanzó. Pero veo algunos temas que aún no están resueltos. Cómo avanzamos con la discusión de la expansión de la red de transporte de alta tensión. No me pareció adecuado disolver, por ejemplo, el comité de administración del Fondo Fiduciario de Transporte, que además eran recursos provinciales, cuando en realidad lo que se hizo es pasar eso a la Secretaría de Energía y ahí anulás la participación de las provincias y hay menos transparencia. Veo otras cuestiones positivas.

¿Cómo ve el tema de los subsidios?

En la discusión de subsidios, yo implementé la segmentación y tenía vigencia hasta diciembre del 2023 y se sigue aplicando el día de hoy, pero necesitamos ahí un sistema mucho más definitivo. Creo que hay que ir a un sistema donde el Estado esté para subsidiar a aquel que lo necesita y el que realmente pueda pagar la energía, lo debe de hacer. y claramente bajar ese gasto público también te ayuda a dejarle más disponibilidad al Estado para AUH, asistencia social, llegar a la gente que realmente necesita que esté el Estado presente.

No quedó muy claro cómo se va a avanzar, en un principio se hablaba de una desregulación total del mercado, de un sistema marginalista, lo cual a mí me parecía peligroso y podría llevar al incremento muy alto de los costos de energía. Esto aún no está claro. Hay que ver estos compromisos con el FMI cómo lo van a llevar adelante, porque atravesado por la política dicen ‘bueno, hasta que haya elecciones mantenemos tarifas, pisamos tipo de cambio’. Siempre atravesados por las elecciones y la política, pero es muy peligroso llegar a fin de año y tener el efecto de un incremento en los costos de energía, de desregulación del mercado, de sacarle los subsidios a la clase media y entrando al verano donde tenés un pico de consumo.

¿Son justas las tarifas que pagamos? Sobre todo, en el caso de la luz que es el tema más crítico por los cortes y la falta de inversión.

Tenés mucha disparidad entre el segmento de bajos ingresos, lo que paga la industria, el segmento de altos ingresos y a su vez tenés mucha disparidad dentro del país. O sea, el costo de la energía es el mismo para todo el país y ahí está atravesado que todavía el 70 de la demanda está subsidiada, que yo creo que eso debería ir bajando y llegar al segmento que realmente lo necesita y el resto debería pagar. Y después, los costos de distribución son muy dispares adentro del país, entonces ahí ya cabe otro análisis. Pero para mí, más que la discusión sobre si las facturas son altas o son bajas, la discusión pasa por los salarios. Creo que los salarios en la Argentina han tenido mucha depreciación.

¿Cómo se resuelve el tema de los subsidios? Decía que tenemos todavía hay un 70% subsidiado. Se resuelve políticamente, está claro, y tenemos un gobierno que ha demostrado que no tiene ningún problema en avanzar contra todo y aun así el problema sigue estando.

Por eso, fueron bastante pragmáticos porque dijeron que iban a sacar todos los subsidios y un año y medio después seguimos con una fuerte política de subsidios. Yo lo he dicho, te lo reitero, creo que el que tiene un trabajo y puede pagar el costo de la energía, debe de hacerlo. También es una cuestión de responsabilidad en el uso de la energía. Tenemos que concientizar mucho más sobre el ahorro energético y la eficiencia energética. Y el Estado tiene que llegar a quien realmente lo necesita. Porque eso que vos dejás de gastar en subsidios, también lo podés asignar a políticas sociales que puedan ser mucho más efectivas para asistir al que realmente lo necesita.

¿Y por qué no se pudo avanzar en el gobierno de Alberto y de Massa, en el que fuiste parte?

No, se avanzó un montón. Nosotros implementamos la segmentación y bajamos no me acuerdo ahora si fue 0,6 o 1,2% del Producto Bruto Interno en materia de subsidios. Se avanzó muchísimo. Implementamos la segmentación, retiramos los subsidios para el segmento de altos ingresos, de hecho, es el mismo esquema que se sigue aplicando al día de hoy, nosotros hicimos un gran avance en ese sentido.

El proyecto de ley de GNL era muy parecido al RIGI, no tan generoso, pero hubiera sido otro punto de partida. Ahí hay de nuevo una oportunidad perdida

Le cambio otra vez el tema. ¿Cómo vio desde afuera todo lo que pasó y la discusión respecto a la planta de GNL en Bahía Blanca, después en Río Negro y ahora con buques?

Eso se politizó, siempre estuvo Río Negro en la mesa, siempre, lo que hacía falta era terminar los estudios técnicos. Ahí hay de nuevo una oportunidad perdida, si nosotros hubiéramos tenido la ley de GNL aprobada, que fue presentada demoró un montón de meses que se trata en comisión y después finalmente se aprobó en Diputados y no se trató en Senadores, fijate cómo hubiéramos partido para la discusión del RIGI. Porque hubiéramos ya tenido una inversión, Petronas lo estaba pidiendo. El proyecto de ley de GNL era muy parecido al RIGI, no tan generoso, pero hubiera sido otro punto de partida al momento de ir a discutir el RIGI si la ley de GNL estaba aprobada.

Y en realidad lo que estaba pendiente eran los estudios técnicos para realmente poder evaluar la conveniencia de dónde instalar la planta. Y después se politizó para tratar de hacer quedar como que Axel (Kicillof), por no adherir al RIGI, dejó ir esto. Lo cual es falso. La discusión para mí de la decisión final de la localización fue una decisión realmente técnica. Pero buscaron de alguna manera perjudicar al gobernador de Buenos Aires. Para mí no hubo una cuestión política en la decisión de la localización sino más bien técnica

¿Y cómo evalúa que ahora parece que no va a haber planta si no buques de licuefacción?

Siempre es más deseable que haya una planta, por supuesto. Pero en la ruta de ir produciendo GNL me parece que tener buques ya es un gran paso, que también ameritan la construcción de gasoductos, etcétera. Yo entiendo también que la decisión de tener un buque ante un riesgo político, un riesgo económico, bueno el buque te lo podés llevar, una planta no. Lo ideal para la Argentina es siempre ir a una planta, pero en este camino intermedio, algo es mejor que nada.

 

 

Martin Llaryora logró un triunfo político clave: Anses reconoció la existencia de una deuda previsional con Córdoba y, al mismo tiempo, se comprometió a girar cada mes durante el próximo año 6.000 millones de pesos, un flujo constante que traza cierta previsibilidad a las cuentas públicas y oxigena el déficit de la Caja de Jubilaciones. 

“Es un doble triunfo político: por un lado, además del flujo de fondos para 2025, la Nación reconoció la existencia de una deuda previsional que el Gobierno de Córdoba estima en 1 billón de pesos. Y, además, el convenio se firmó ante la Corte Suprema de Justicia, algo que no había logrado ninguna provincia”, celebró el ministro de Justicia, de Córdoba Julián López. 

El 26 de noviembre los delegados de Javier Milei y de Martín Llaryora volverán a verse la caras en una audiencia en la Corte: repasarán cómo avanza el cumplimiento del convenio, en particular el proceso de conciliación previsional, un arqueo para determinar cuánto debe Nación a Córdoba por el período 2019-2024. Esa fue la deuda reclamada judicialmente por Juan Schiaretti. Si todo se encamina, Llaryora bajará el reclamo judicial. 

Petri lleva a la fábrica de aviones de Córdoba a una fuerte crisis y Llaryora pierde interés en que pase a la Provincia 

“La demanda se retirará sólo en el caso que se llegue a un acuerdo sobre la totalidad de la deuda previsional que reclama Córdoba, la que entendemos rondaría con los valores actualizado el billón de pesos”, remarcó López. 

Es un doble triunfo político: por un lado, además del flujo de fondos para 2025, la Nación reconoció la existencia de una deuda previsional que el Gobierno de Córdoba estima en 1 billón de pesos. Y, además, el convenio se firmó ante la Corte Suprema de Justicia, algo que no había logrado ninguna provincia.

 Tras el acuerdo, Llaryora anticipó que habrá medidas de mejora para los haberes de los jubilados provinciales que cobran la mínima. En el marco del ajuste, Llaryora había dispuesto al principio de su gestión un diferimiento de seis meses para trasladar a los pasivos los aumentos que logran los activos en paritaria. Disminuir o eliminar esa brecha podría ser la medida “a favor” de los jubilados. El Gobierno lo anunciará en las próximas horas. 

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

“Este es un avance tremendamente importante”, dijo Llaryora al celebrar el acuerdo y el rol de la Corte. “Cuando no hay un peso para nadie, llevar a Córdoba una cifra de 60 mil millones de pesos es muy importante. Voy a priorizar a los jubilados y defendimos los intereses de los cordobeses; hemos demostrado la justicia de nuestro reclamo”, destacó.

El acuerdo abre una puerta a reclamos similares que tienen otras provincias con regímenes previsionales no transferidos. De hecho, Llaryora lo dijo cuando destacó que el acuerdo sirvió para “reforzar la calidad institucional en estos conflictos de las provincias con el Gobierno nacional”. 

En X, Llaryora escribió: “He instruido al ministro de Economía y Gestión Pública para que los recursos que lleguen regularmente -originalmente destinados a cubrir el déficit generado por la falta de transferencias nacionales-, al menos en parte, se orienten prioritariamente a mejorar los ingresos de nuestros jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”. 

 

El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro Carlos Banacloy para analizar y repasar la temporada productiva que está culminando con la cosecha de las últimas variedades de manzana. Al respecto coincidieron que la misma se desarrolló en forma satisfactoria y destacaron que en este contexto de…

 

Argentina tiene un sistema sanitario que, aun con desigualdades persistentes, es un ejemplo en la región y reconocido a nivel global por su desarrollo en recursos humanos, su capacidad científica y su orientación hacia el cuidado de los sectores más vulnerados. Este entramado —hecho de políticas públicas, instituciones, equipos profesionales y vínculos comunitarios— no surgió de la nada: fue el resultado de decisiones políticas y ciudadanas, sobre todo ciudadanas, sostenidas en el tiempo y apoyadas en la convicción de que una sociedad que cuida a quienes más lo necesitan se cuida a sí misma. Sin embargo, desde 2024 somos testigos de algo inédito: no ya el deterioro por desinversión o abandono, que es lo que deberíamos modificar, sino un proyecto explícito de desmantelamiento del sistema de salud público. 

No se trata solo de un ajuste presupuestario más, sino de la puesta en escena de una voluntad destructiva que se declara sin ambigüedades, deslegitima lo público y desplaza al Estado de su responsabilidad como garante de derechos. Por primera vez, un gobierno no solo deja de cuidar: lo anuncia con orgullo. Esta ofensiva sin precedentes contra el sistema sanitario plantea desafíos inéditos y obliga a documentar, interpretar y responder colectivamente frente a un drama que, hasta hace poco, parecía impensable.

A partir de 2024, se implementaron medidas de ajuste fiscal que incluyeron una reducción del 27% del gasto estatal y el despido de más de 30.000 empleados públicos. En el área de salud, esto se tradujo en la eliminación o desfinanciamiento de programas clave, y en una marcada caída de la ejecución presupuestaria en organismos fundamentales. La combinación de recortes presupuestarios y reducción de personal dejó múltiples servicios públicos en situación crítica y aumentó las barreras para el acceso a la salud, especialmente en los sectores más vulnerables.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), diversos organismos e instituciones sanitarias redujeron de manera significativa la ejecución de su presupuesto en 2024:

Además, hacia fines de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación contaba con un 16% menos de personal. Algunos servicios se vieron forzados a suspender sus actividades por falta de recursos humanos.

Entre los programas e instituciones más afectados por el ajuste se encuentra el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue discontinuado en abril de 2024. Este programa, vigente desde 2018 en 12 provincias, había logrado reducir significativamente los nacimientos en adolescentes gracias a la promoción de la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos. 

Otro golpe importante fue la decisión de disolver el Instituto Nacional del Cáncer (INC), luego de que en 2024 se ejecutara apenas el 45% de su presupuesto. El cierre del INC incluyó la interrupción del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, dejando sin acceso a analgésicos como morfina y metadona a numerosos pacientes oncológicos. Según organizaciones médicas, más de 60 personas fallecieron ese año esperando medicación que nunca llegó.

El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, finalizó 2023 con un déficit operativo de $31.000 millones. En 2024, se aplicaron recortes administrativos y se incrementaron los ingresos por facturación. Aunque el Ministerio de Salud anunció que el hospital había alcanzado el equilibrio financiero, los equipos profesionales denunciaron congelamiento de salarios, vacantes sin cubrir y sobrecarga laboral. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, renunciaron más de 200 profesionales, incluyendo al menos 50 médicos de planta y 20 residentes. Este contexto resulta en guardias hiper exigidas e imposibilidad de cubrir adecuadamente los turnos. También se afecta la atención médica, aumenta el riesgo de errores entre quienes cubren los puestos vacantes y disminuye la capacidad de respuesta. Ese mismo año, el hospital atendió más de 600.000 consultas, de las cuales el 40% correspondían a tratamientos oncológicos.

En materia de enfermedades infecciosas, el proyecto de Presupuesto 2025 incluyó un recorte del 76% en los fondos destinados a la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y TBC. A lo largo de 2024, se reportaron faltantes de antirretrovirales, preservativos y reactivos de laboratorio. También se eliminó la Coordinación Nacional de Tuberculosis y Lepra, incumpliendo la Ley de Respuesta Integral al VIH, sancionada en 2022, que establece la responsabilidad estatal en el financiamiento de estas estrategias.

En cuanto a los adultos mayores, el PAMI redujo su vademécum gratuito, pasando de 3.000 a 2.000 medicamentos. Esta reducción se tradujo en una baja de 167 a 109 principios activos cubiertos. Además, se estableció un nuevo tope de 5 medicamentos gratuitos por persona, en lugar de los 6 permitidos anteriormente. Muchos tratamientos pasaron a contar con descuentos parciales que varían entre el 40% y el 80%. Esto implicó un mayor gasto de bolsillo para los afiliados: según relevamientos de la Defensoría de la Tercera Edad, en abril de 2025, los medicamentos representaron aproximadamente el 22% del total de la canasta básica para adultos, con un gasto estimado de 260.000 pesos.

Otras medidas significativas incluyeron el cierre de 15 programas del Ministerio de Salud, entre ellos el Programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), encargado de otorgar medicamentos de alto costo a personas sin cobertura médica. También se registraron interrupciones en la entrega de tratamientos esenciales como inmunosupresores y fármacos oncológicos, así como faltantes generalizados de anticonceptivos, reactivos de laboratorio e insumos básicos en hospitales públicos. Finalmente, en febrero de 2024, se anunció la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), otro retroceso importante en materia de cooperación sanitaria internacional.

Estas medidas no afectan a toda la población por igual. Su impacto se vuelve particularmente agudo en los grupos que ya enfrentaban barreras estructurales para el acceso a la salud. En el caso de las adolescentes, la suspensión del Plan ENIA y los recortes en programas de salud sexual implican menos acceso a información, métodos anticonceptivos y espacios de consejería, con el consecuente aumento del riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. En los adultos mayores, la reducción del vademécum gratuito y el incremento del gasto de bolsillo afectan la continuidad de tratamientos crónicos, especialmente entre quienes perciben jubilaciones mínimas. Las personas con enfermedades crónicas o de alto costo —como VIH, cáncer, hepatitis— se ven expuestas a interrupciones en sus tratamientos y a una disminución del seguimiento clínico. Las poblaciones vulnerables, sin cobertura formal o en territorios rurales y periurbanos, sufren con mayor intensidad el achicamiento de operativos territoriales, el cierre de centros de salud y la judicialización del acceso a medicamentos, sumando nuevos obstáculos geográficos y económicos a los que ya se enfrentaban.

Las medidas implementadas por el gobierno de Milei debilitaron gravemente la capacidad del Estado para cumplir con su función de garante del derecho a la salud, y trasladaron los costos del ajuste a quienes menos pueden afrontarlos.

La eterna tensión entre unitarios y federales sigue influyendo en cómo abordamos la distribución de recursos y la construcción de equidad entre las distintas regiones. Ese conflicto, lejos de resolverse, se acentuó. En un contexto histórico atravesado por problemas estructurales no resueltos, la salud y la educación continúan siendo dos áreas clave cuya gestión las provincias nunca delegaron plenamente al Estado nacional. Esta autonomía, sin mecanismos suficientes de articulación y compensación, produjo profundas desigualdades que reflejan con crudeza cómo el lugar de nacimiento —el código postal— puede determinar las posibilidades de enfermar o incluso morir. 

Estas inequidades son contundentes: el gasto en salud per cápita en las cuatro provincias que más invierten cuadruplica al de las que menos lo hacen, y el 72% de los profesionales de la salud se concentra en solo 4 de las 24 jurisdicciones del país. Esta disparidad, sumada a las condiciones materiales desiguales de vida, tiene consecuencias dramáticas. La mortalidad materna en Santiago del Estero es casi siete veces mayor que en la Ciudad de Buenos Aires (19,1 vs. 2,7 por 10.000 nacidos vivos); la mortalidad infantil en Corrientes casi triplica la de Neuquén (8,7 vs. 3,2 por 1.000 nacidos vivos); la tasa de fecundidad adolescente en Misiones es ocho veces más alta que en CABA (24,5 vs. 3,2 por 1.000 habitantes); y en algunas regiones del Chaco, la prevalencia de tuberculosis alcanza niveles comparables a los de los países más pobres del mundo.

En este contexto, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al rol de rectoría del gobierno nacional? ¿Es solo el dictado de normas que, por otra parte, podrían ser fácilmente descargables por internet? ¿O estamos hablando del papel del Ministerio de Salud de la Nación como autoridad final capaz de asumir estas desigualdades y su responsabilidad al respecto?

Desde su creación, el Ministerio de Salud nacional intentó, con mayor o menor éxito, intervenir para reducir las brechas de las provincias en sus resultados de salud. Programas como el Remediar (que permitió que las personas pobres dejaran de pagar por los medicamentos ambulatorios esenciales para su supervivencia), Salud Investiga (que financió investigaciones sobre las patologías más relevantes para nuestra realidad epidemiológica) o el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (que logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en sus primeros dos años a la mitad) son solo algunos de los numerosos ejemplos de intentos por construir equidad asumiendo la rectoría nacional.

La verdadera rectoría no se limita a redactar declaraciones: es una construcción técnico-política que depende de la capacidad de un gobierno para articular acciones entre las jurisdicciones que puedan garantizar respuestas equitativas. Solo con un Ministerio de Salud fuerte se puede soñar con la equidad. La gobernanza en salud juega un papel esencial. Implica la creación de políticas públicas adecuadas, pero también la capacidad de generar acuerdos efectivos entre las distintas jurisdicciones y de asignar recursos. Esto incluye mecanismos de articulación que permitan implementar programas y distribuir recursos de manera justa, respetando las particularidades de cada región. Numerosas iniciativas demostraron cómo una gobernanza efectiva puede traducirse en equidad y en acciones con impacto real y sostenible en la mejora de las condiciones de vida de toda la población.

Sostener un sistema de salud público, universal y gratuito no implica solamente asegurar el acceso a la atención sanitaria. También requiere construir condiciones estructurales que permitan que ese acceso sea equitativo, efectivo y sostenido. Desde una perspectiva de derechos, el sistema público cumple funciones indelegables: garantizar la salud poblacional, establecer estándares de equidad y formar profesionales con una mirada sanitaria integral, que no quede a merced de los caprichos del mercado.

Un sistema público, con fuerte rectoría estatal, es indispensable para alcanzar una cobertura universal efectiva, desde la prevención hasta los cuidados paliativos— cerca del entorno cotidiano de las personas, actuando sobre los determinantes sociales de la salud y promoviendo la equidad. Las funciones esenciales de salud pública incluyen no solo la vigilancia epidemiológica y la prevención de enfermedades, sino también el desarrollo de recursos humanos con competencias éticas, técnicas y comunitarias. La formación de trabajadores de la salud bajo este enfoque excede los saberes clínicos: implica compromiso con la salud colectiva, el trabajo territorial y el enfoque de derechos. Características que solo pueden ser adquiridas en el paso por el sistema público de salud.

Solo con un Ministerio de Salud fuerte se puede soñar con la equidad. La gobernanza en salud juega un papel esencial.

Un sistema público sólido es condición necesaria para reducir las brechas en salud. La equidad no puede alcanzarse sin un actor estatal capaz de planificar, regular y proveer servicios. Allí donde los sistemas públicos se debilitan, las desigualdades se profundizan: quienes pueden pagar acceden, quienes no, quedan excluidos.

Además, los sistemas públicos cumplen un rol estructurante en la organización sanitaria de un país: no solo brindan atención, fijan precios de referencia, regulan la formación profesional, garantizan insumos estratégicos, articulan con organismos internacionales y sostienen la respuesta en situaciones de emergencia. Sin su existencia, la atención queda fragmentada y sometida a lógicas de mercado que priorizan la rentabilidad por sobre la necesidad.

Sostener un sistema público de salud no es, entonces, una cuestión meramente técnica o administrativa. Es una decisión política y ética. Su debilitamiento no afecta solo a las estructuras institucionales: impacta en la vida concreta de las personas, especialmente en aquellas más vulneradas.

La decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye un cambio de rumbo con consecuencias significativas. Más allá de los argumentos centrados en el ahorro presupuestario, esta medida implica la desvinculación de uno de los principales espacios de coordinación sanitaria internacional, en un contexto donde los desafíos en salud pública trascienden las fronteras nacionales.

La OMS cumple funciones centrales para los Estados miembros: establece protocolos técnicos basados en evidencia, coordina respuestas ante emergencias sanitarias, facilita el acceso a insumos estratégicos como vacunas y medicamentos, y promueve estándares comunes para la formación y el ejercicio profesional en salud. Estas herramientas resultan especialmente valiosas para países con sistemas fragmentados o con dificultades estructurales de acceso y equidad.

En su comunicación oficial, el gobierno argentino sostuvo que la permanencia en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) garantizaría parte de la cooperación técnica, incluido el acceso a los fondos rotatorios para vacunas. Sin embargo, esta afirmación omite que la OPS es la oficina regional de la OMS y que muchas de sus acciones están integradas a estrategias y decisiones definidas a nivel global. La salida formal de la OMS debilita esa articulación y puede limitar el acceso a mecanismos de asistencia internacional en situaciones críticas futuras.

Además, la participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas. Se trata de un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales a través de procesos de deliberación y consenso. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.

La cuota anual que Argentina paga a la OMS —unos 3,6 millones de dólares— representa una inversión marginal frente a los beneficios de pertenecer a una red de cooperación multilateral en salud. Presentar esta decisión como un recorte presupuestario es subestimar su impacto estructural.

En un escenario global atravesado por una pandemia de salud mental, el resurgimiento de enfermedades infecciosas como M-Pox o la gripe aviar, y el avance de la resistencia antimicrobiana, la cooperación internacional no es opcional: es condición necesaria para la preparación y la respuesta efectiva. La desvinculación de la OMS reduce las posibilidades de anticipación y coordinación frente a amenazas sanitarias compartidas.

El sistema de salud público argentino se ve particularmente afectado por esta medida. Su capacidad para responder a emergencias, adquirir insumos estratégicos o actualizar protocolos depende en gran parte de los marcos normativos y técnicos internacionales. La salida de la OMS introduce un factor de aislamiento que debilita esa capacidad de respuesta y, en última instancia, impacta sobre la calidad y la equidad del cuidado.

La salud es, por definición, un bien colectivo. Su protección exige colaboración entre países, intercambio de información, formación conjunta de profesionales y mecanismos ágiles de asistencia recíproca. La decisión de retirarse de la OMS erosiona esos pilares y contradice la lógica de corresponsabilidad que ha sostenido las políticas sanitarias más eficaces del último siglo.

La participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas. Se trata de un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales a través de procesos de deliberación y consenso. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.

Argentina se incorporó a la OMS en 1948 mediante la Ley 13.211, que aprobó la Constitución de la OMS. Según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y su renuncia requiere la intervención del Congreso. Cualquier intento de salida de la OMS sin la aprobación del Congreso es inconstitucional y carece de validez legal. La decisión no puede ser adoptada unilateralmente por el Poder Ejecutivo, ya que implica la renuncia a un tratado internacional aprobado por ley. 

En nombre del equilibrio fiscal y la eficiencia económica, se desmontaron programas sanitarios, se interrumpieron tratamientos, se dejaron vacantes sin cubrir y se eliminaron instancias de cuidado. Mientras, hay personas que mueren. No por falta de tecnología ni por desconocimiento, sino porque se optó por una disposición sacrificial frente al dios mercado, esperando que su beneplácito traiga un futuro mejor. Incorporando una lógica según la cual algunas vidas se consideran costeables; otras, prescindibles.

 ¿La salud es un derecho que debe estar garantizado para todas las personas o un servicio al que solo acceden quienes pueden pagarlo? En cada recorte, en cada programa eliminado, en cada tratamiento que no llega, lo que realmente se discute es la vida misma. La salud no se agota porque más personas la usen, y solo puede garantizarse si hay una decisión colectiva de hacerlo posible: a través del Estado, de políticas públicas, de redes solidarias. El mercado, por sí solo, no la va a garantizar. 

Lo que está en disputa no son tecnicismos presupuestarios, sino una frontera política y ética: decisiones que configuran el tipo de sociedad que queremos habitar. Una sociedad más o menos comprometida con la equidad, más  o menos permeada por lógicas que exigen sacrificios humanos en nombre de indicadores macroeconómicos.

Como advierte Judith Butler, no todas las vidas serán igualmente lloradas. Algunas serán protegidas; otras, ni siquiera nombradas. Esa jerarquización se está inscribiendo en los cuerpos, en las biografías, en los destinos. Y ya se está traduciendo en muertes evitables, en sufrimientos no acompañados y en vidas que se disuelven sin dejar huella.

La disposición sacrificial no se expresa sólo en la desinversión o en la restricción del acceso. Se manifiesta también en las construcciones de subjetividad que este modelo promueve: el abandono, la fragmentación, la soledad, la idea de que cada quien debe arreglárselas como pueda. En este contexto, los suicidios y las depresiones de jóvenes y adolescentes dejan de ser síntomas individuales para convertirse en expresiones sociales de una época que ha roto sus redes. El suicidio es hoy la segunda causa de muerte en adolescentes de entre 10 y 19 años en Argentina, con 394 casos registrados en 2023: más de uno por día; y las consultas por cuadros depresivos aumentan hasta un 30 % en un año. Estas cifras no pueden leerse de manera aislada: expresan un modelo de organización social basado en la exclusión, el despojo y la competencia que horada los vínculos que deberían protegernos. 

Hoy, el Estado que debería cuidarnos, nos expulsa. Aquel que debería garantizar derechos, los convierte en bienes escasos. La salud —como la vida— no se sostiene en soledad.

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