En la AFA preocupa el vínculo estrecho entre el juez que investiga por lavado a Pablo Toviggino y la senadora Patricia Bullrich, que encabeza la embestida del gobierno contra Claudio «Chiqui» Tapia.
Marcelo Aguinsky, titular del juzgado nacional n°6 en lo penal y económico, tiene la causa por presunto lavado de dinero por la compra de una mansión en Pilar, atribuida a Toviggino, tesorero de la AFA. La mansión, ubicada en la localidad de Villa Rosa, tiene hasta un helipuerto.
Aguinsky investiga un presunto lavado en la compra de la propiedad que en 2024 por parte de «Real Central S.R.L», una empresa a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pantano y su madre son los dueños de 54 vehículos de lujo que se secuestraron en la casa, adonde también encontraron pertenencias de Toviggino, como plaquetas de Barracas Central y cédulas azules de los vehículos con nombres de sus familiares.
Lejos de pausar la causa por las fiestas, el juez dictó el secreto de sumario en las últimas horas y podría levantar la feria judicial para continuar con la investigación durante enero.
En la AFA aseguran que Aguinsky es un juez a tomar en serio por su trayectoria y creen que irá llevando la causa de lavado de la misma manera. Es decir que no esperan que la causa se archive.
Aguinsky es uno de los jueces de primera instancia más antiguos y fue propuesto por Carlos Menem en 1993. Entre las causas de renombre que tiene a cargo está la de la mafia de los contenedores de la Aduana por las que mandó a juicio oral y público a 97 personas y a 11 empresas. Lo hizo el año pasado tras ocho años de investigación.
El kirchnerismo denunció que cuando era ministra de Segurdad de Macri, Bullrich mantuvo reuniones secretas con los fiscales Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, impulsores de causas contra Cristina Kirchner, y que también participaba de esas reuniones el propio Aguinsky.
En el PRO también recuerdan que Aguinsky participaba de las reuniones del equipo político de Bullrich que se juntaba cada 15 días en la casa de la actual senadora.
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Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.
La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.
El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía
Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.
Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.
En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.
Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas
Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.
La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.
El decreto habilita legalmente ese escenario.
El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa
El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.
Esto puede traducirse en:
Trámites más lentos
Mayor discrecionalidad administrativa
Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD
Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.
Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados
La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.
En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:
Retrasos en los pagos a prestadores
Revisión de convenios
Reducción de coberturas
Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga
No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.
Mucha Convención, poca participación real
El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.
Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.
Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad
La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.
Menos Congreso, menos control, menos garantías.
Un cambio de paradigma peligroso
El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.
Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.
En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?
