Lanzaron el operativo Trashumancia: acompañarán a mil crianceros

 

El atleta paralímpico Aníbal “Coco” Urbano tiene un corazón con dos ruedas y la vista prendida a las barreras que se deben superar. Su testimonio casi no ha dejado de estar en rutas y lugares del país.

Estuvo en Neuquén hace tres años y en estos días atraviesa las rutas del país en la 10ª Travesía de Integración “Argentina Integra”, un recorrido de 2.000 kilómetros en silla de ruedas desde Formosa hasta Mar del Plata, con el objetivo de cerrar un ciclo que lo llevó a conocer todas las provincias argentinas rodando.

Con él intercambiamos preguntas y respuestas entre la Patagonia y el norte argentino. Coco nos contó que esta travesía le demandó un año de preparación y que mantiene una disciplina constante como estilo de vida. Actualmente atraviesa distintas provincias enfrentando lluvias, viento y caminos difíciles, pero afirma estar “tranquilo” y confiado en llegar bien.

Durante el viaje, confiesa que piensa en su infancia, sus hijas y amigos, y que esos recuerdos lo fortalecen. También mencionó su libro Travesías del alma, donde volcó muchas de las reflexiones que surgen mientras recorre el país.

Coco repasó además su impresionante historial de desafíos: desde Mar del Plata–Brasil (1987) y Alaska (1990), hasta la unión de los océanos desde Viña del Mar a Mar del Plata, la vuelta a la provincia de Buenos Aires, la Antártida–Mar del Plata, y la Ruta 40 desde Calafate hasta la costa atlántica. Su actual aventura, Formosa–Mar del Plata, marca el cierre de un sueño iniciado hace casi cuatro décadas.

Emocionado, contó que en cada ciudad recibe muestras de afecto y respeto, aunque lamentó que a pesar de tantos kilómetros recorridos, la inclusión siga siendo una deuda pendiente. “El objetivo de estas travesías es proponer cambios para una sociedad más inclusiva, pero a veces siento que no alcanza”, expresó. También criticó la situación actual de las personas con discapacidad, afectadas por controles excesivos y falta de políticas de accesibilidad.

Para Urbano, el principal desafío no está en la gente, sino en los gobiernos: “El pueblo argentino no es discriminador, pero quienes nos representan sí. Ellos son los que pueden cambiar las cosas”.

Con su espíritu incansable, “Coco” sigue avanzando con el mismo propósito que lo impulsa desde el inicio: rodar por una Argentina más justa, accesible e integrada.

La entrevista

—Hola, Coco. Siempre es un placer hablar contigo. Hablemos sobre la 10ª Travesía de Integración Argentina Integra. ¿Cuántos kilómetros son y en qué consiste?

—Hola, qué gusto estar contigo y poder contarte. En este momento estoy realizando una travesía que consiste en un recorrido de 2.000 kilómetros en silla de ruedas, desde Formosa hasta la ciudad de Mar del Plata. Se llama Argentina Integra porque cierro un ciclo en el que mi propuesta fue recorrer, en silla de ruedas, provincia por provincia de mi país.

Estas son las dos últimas provincias que me faltaban, Chaco y Formosa, que no conocía en mi silla de carreras, y esta es la oportunidad de hacerlo. Son 2.000 kilómetros, con un promedio de 100 por día.

—¿Cuánto tiempo te llevó prepararte para esta travesía?

—Esta travesía me llevó aproximadamente un año de preparación, con muchos kilómetros de entrenamiento. Igual yo vengo con un ritmo de trabajo y disciplina que ya es un estilo de vida. No entreno exclusivamente para esta travesía, porque siempre que termino una ya estoy pensando en la próxima.

El entrenamiento es la continuidad de una forma de vida. Estoy muy tranquilo, sé que voy a llegar bien.

Más allá de las inclemencias del tiempo, estamos rodando con todos los climas y atravesando toda la geografía del país. En este momento estoy en la provincia de Santa Fe, detenido un rato porque hay mucha agua, viento en contra y tormentas fuertes. La policía nos está resguardando, así que estamos tranquilos.

—Cuando estás en plena travesía, en ese desafío tan personal, ¿en qué pensás?

—Cuando estoy rodando es una gran pregunta. Generalmente visito mucho mi “paisaje interno”, donde está mi infancia; tengo muy presentes a mis hijas y a mis amigos. Nunca pienso hacia adelante, sino que hago un repaso de cosas vividas. Y eso me da mucha fuerza.

Incluso escribí sobre eso en Travesías del alma, mi libro. Hay una poesía donde cuento lo que voy pensando durante el recorrido. Si querés, te puedo acercar un ejemplar: ahí hay muchas cosas que me fueron pasando y que pude escribir.

Ese libro también lo estuve vendiendo para juntar fondos para esta travesía.

—¿Cuántas travesías llevás realizadas?

—Bueno, la primera travesía que realicé fue Mar del Plata–Brasil, en 1987, con un carro y en compañía de otro corredor, Pablo Silva.

La segunda fue en 1990, desde Fairbanks hasta Anchorage, en Alaska, un recorrido de 1.000 kilómetros. Después, junto a la familia Íñigo Moyano, hicimos La Quiaca–Mar del Plata en 1994.

Otra fue La Unión de los Océanos, con el apoyo del Club de Leones de Mar del Plata, desde Viña del Mar hasta Mar del Plata, 3.100 kilómetros, incorporando vuelo en parapente por primera vez en la historia del deporte adaptado.

También hice La Vuelta a la Provincia de Buenos Aires, un recorrido de 3.600 kilómetros por el este, oeste, norte, sur y centro de la provincia, terminando en Mar del Plata.

Luego vino Sur Honosher, un recorrido con el apoyo de la Fuerza Aérea Argentina, desde la Antártida hasta Mar del Plata, como honorario de la Fuerza.

Más tarde realicé Una vereda al mar, desde las Cataratas del Iguazú hasta Mar del Plata, en 2017, con la propuesta de promover balnearios inclusivos.

Después hice La Vuelta a España, en solitario, una propuesta de unión de pueblos.

Y junto a Pablo Silva, del ciclismo adaptado, hicimos Calafate–Mar del Plata, 3.500 kilómetros en silla de ruedas por la Ruta 40. Fue una experiencia fascinante, por el paisaje y lo místico del recorrido.

Y ahora estoy en esta nueva aventura, Formosa–Mar del Plata.

Un poco apenado porque mi compañero se quedó sin la máquina con la que me iba a acompañar; ahora él cumple el rol de director y entrenador. Voy con un asistente terapéutico y un chofer que me acompañan en la ruta. Creo que no me olvidé de ninguna.

—¿Qué te dice la gente cuando te ve?

—Las muestras de afecto, admiración y respeto son constantes, no solo en esta travesía, sino en todas. En cada ciudad los recibimientos son muy conmovedores.

Muchas personas se acercan para felicitarme y mostrarme su cariño. Algunos me dicen que soy motivacional, otros que soy un ejemplo de vida.

Todos son comentarios muy generosos, que me animan, me dan ganas de seguir rodando y me motivan a continuar haciendo lo que amo.

Pero también me da pena ver que tanto esfuerzo no ha logrado cambiar muchas cosas. El objetivo de estas travesías siempre fue proponer una sociedad más inclusiva, y a veces siento que no alcanzan 2.000, 3.000 o 5.000 kilómetros para lograrlo.

Hoy incluso la situación ha empeorado: con las nuevas auditorías, muchas personas con discapacidad deben volver a probar su condición por culpa de las pensiones truchas.

Y en el medio, quienes realmente tienen una discapacidad están siendo víctimas de una crueldad innecesaria. La situación actual es precaria y da mucha pena ver cómo se vulneran nuestros derechos.

—Sos muy conocido por tu resiliencia y perseverancia. Sos un abanderado de la integración y de la lucha por ciudades más accesibles. ¿Cómo ves hoy ese tema? ¿Se ha tomado conciencia? ¿Se integra más?

—Sin dudas, todavía existen muchas barreras. No sé si de parte de la sociedad, porque con Argentina Integra sentimos cariño, respeto y admiración en todos lados.

Creo que los mayores obstáculos vienen de los gobiernos, de quienes tienen la responsabilidad y la facultad de cambiar las cosas: los ejecutivos, los municipios.

Ellos son los que pueden modificar la realidad en temas como barreras arquitectónicas, leyes laborales, transporte accesible o inclusión en los balnearios. El pueblo argentino, en general, no es discriminador. Pero quienes nos representan, sí.

La discriminación hacia las personas con discapacidad tiene nombre y apellido: los representantes que elegimos y que no hacen lo suficiente.

—Te admiro, Coco. Es un placer seguirte.

—Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Te invito a suscribirte a mi canal Coco Urbano y seguimos en contacto, siempre unidos en la difusión y el trabajo por una sociedad más justa.

Para seguirlo a Coco, en Youtube: https://www.youtube.com/@CocoUrbano-t9u y en Instagram: https://www.instagram.com/coco.urbano/

Espero que les haya gustado y ¡hasta la próxima edición de El Diario de Vanesa!

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A muchos causan sorpresa o extrañeza los sucesivos viajes de Milei a Israel. Sin embargo, se trata del perfeccionamiento de relaciones que políticos argentinos mantienen, sobre todo con el Mossad, desde hace décadas. Con la pantalla de una empresa de seguridad llamada SIA, Security and Intelligence Addvising, agentes del Mossad, operan en el país desde antes del 2000. Por Koly Bader, para ANCAP.

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En su inicial página web (https://siacorp.com/ ) incluso se presentaban como EX Mossad y en 2014 sacaron este detalle de su descripción. Antes de ese cambio su dirección era Avda. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1793, ciudad de Buenos Aires. Hoy registran una dirección en Tel Aviv: 5 Druyanov St., 12º Floor Tel Aviv 63143, y en Buenos Aires en Gurruchaga 440 4º piso C1414DHJ. También tienen filiales en Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal, Uruguay, Rusia, España y Estados Unidos. Según su página web.

Durante el gobierno de Julio Miranda en Tucumán, el gobernador, a instancias del entonces senador José Alperovich, los contrató para entrenar al Grupo Cero de la policía provincial. El Decreto 344/1 del 14 de noviembre de 2003, Expte. Nº 2214/110-D- 2003, Establece la contratación de los servicios de una organización privada de inteligencia. Según reza el decreto para “servicios de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la Capital Federal.”

Operaciones del Mosad no son nuevas en América Latina. Agentes del Mosad han tenido responsabilidad directa en el tráfico de armas a Ecuador, Panamá y Colombia y operaron en Venezuela para derrocar a Hugo Chávez por medio de sus agentes Víctor Manuel García, pretendido gerente de una compañía encuestadora que se adjudicó la dirección civil del movimiento militar contra Chávez, reconociendo que su comando de dirección lo tenía en Fuerte Tiuna, sede de la SIA.

El Mossad es posiblemente la organización criminal más importante del planeta dejando incluso en segundo lugar a la popular CIA. Sus agentes son especialistas en técnicas de tortura, método “investigativo” que en Israel es legal en tanto se trate de árabes o palestinos. Es el único estado del planeta que se atrevió a legitimar la tortura por medio de resoluciones de su Suprema Corte de Justicia. Estos agentes son tenidos también como elevadamente entrenados y especializados en la falsificación de pruebas, documentos y hechos destinados a utilizarse en procesos judiciales para inculpar de cualquier delito grave a quien se considere “enemigo” si su carácter de tal no implicó violación de la ley alguna. (*)

Instalado el Mossad en Tucumán, cuando José Alperovich resultó electo gobernador, son ellos los que registraron con aparatos electrónicos el despacho del gobernador y hasta su casa particular. Dos de ellos fueron todo el tiempo guardaespaldas de Alperovich casi hasta el final de sus tres mandatos.

Por su parte, el propio Alperovich viajó varias veces a Israel en supuestas vacaciones y su esposa Beatriz Rojkes , electa senadora nacional, hizo su primer viaje oficial a su patria de origen como la llamó.

A la DAIA le gusta decir que José Alperovich fue el primer gobernador judío y Beatriz Rojkes la primera presidente judía de Argentina. Fue vice presidenta del senado por mandato de CFK y ante un viaje de la presidenta y Armando Boudou, ejerció el cargo por algunas horas. Era además presidenta del PJ tucumano.

No obstante, las relaciones con el Estado de Israel nunca fueron transparentes. Pocos saben que Argentina es firmante, por medio de Alberto Fernández, de la “Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto” (IHRA por sus siglas en inglés). Se trata de un puntuado que define el antisemitismo en una forma tan ambigua que cualquier crítica a Israel puede ser tomada como antijudía o antisemita. Es preferible usar el termino antijudío ya que los pueblos semitas se originaron en el Cercano Oriente y el Cuerno de África. Los países actuales con mayor población semita incluyen a Etiopía, Eritrea, Israel, los países árabes (como Arabia Saudita, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Yemen, Palestina, Egipto, etc.) y partes de África del Norte. Tradicionalmente, se consideraba que descendían de Semita, hijo de Noé en la Biblia. Este grupo incluye a árabes, hebreos (judíos), arameos, acadios, fenicios, y otros.

Pero sigamos. Tan ambigua es la definición del IHRA que en 2020 se emitió la “Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo” (DJA ).Es un documento que pretende delinear los límites del discurso y la conducta antisemita, en particular con respecto al sionismo , Israel y Palestina. Su creación fue motivada por el deseo de confrontar el antisemitismo y por las objeciones a la Definición de Antisemitismo de la IHRA , que, según los críticos, reprime las críticas legítimas al gobierno israelí y restringe la libertad de expresión] La redacción de la declaración se inició en junio de 2020 bajo los auspicios del Instituto Van Leer en Jerusalén por ocho coordinadores, la mayoría de los cuales eran profesores universitarios. Una vez finalizada, la declaración fue firmada por unos 200 académicos de diversos campos y publicada en marzo de 2021.

Siendo la Argentina el país de América Latina con la más grande comunidad judía, no es extraño el especial interés de Israel en este país. Lo que, claro, no justifica nada y mucho menos la preferencia de políticos argentinos en sus métodos represivos y, en general, las políticas de un estado claramente violatorias de todo principio reconocido por la humanidad.

La historia sigue con la adquisición por argentina del programa informático Pegasus, de la inteligencia israelí, creado para el espionaje de todo tipo por medio de los artefactos electrónicos de uso masivo hoy en día.

En el gobierno de Alberto Fernández y de la mano de su ministro del Interior Wado De Pedro, se firmó un convenio con la firma israelí Mekorot. De esta forma, hasta ahora, las provincias que han firmado convenios con Mekorot para la gestión del agua son: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa y Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. Estos acuerdos se han establecido para la elaboración de planes maestros hídricos y la implementación de asesoramiento técnico en la gestión del agua. Nada menos. Y con seguridad será una de las empresas que participe de las privatizaciones, por ejemplo, de Aysa

En los viajes de Milei a Israel se vino consolidando y ampliando estas “relaciones carnales” con el estado genocida. En su ultima visita firmó un memorándum de acuerdo. En un hecho que el gobierno caracterizó en su página web como: “histórico sin precedentes, Javier Milei, y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmaron en Jerusalén, el Memorándum “En Defensa de la Libertad y la Democracia Contra el Terrorismo y el Antisemitismo”, donde “se comprometen a afianzar los lazos en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo, impulsando la defensa de las libertades y la democracia”. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, “el Memorándum implica una cooperación sin precedente en contra del terrorismo, investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros “fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná”.

Paralelamente y por denuncia del periodista de derecha Alconada Mon, el diario La Nación publica el «Plan de Inteligencia Nacional» de la SIDE, señalando que podría permitir el espionaje interno, incluyendo a periodistas, economistas y cualquier persona que critique al gobierno de Milei. Además, ha revelado haber recibido amenazas tras exponer este plan. La Comisión Bicameral del Congreso también ha expresado preocupaciones sobre la ambigüedad y los riesgos que plantea el plan. En notas posteriores, el cronista del diario La Nación agregó dos elementos significativos. Por un lado, en enero de 2025 el Director General de Operaciones de la casa de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva, también secreta, en la que ordenó “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”.

Posteriormente la revista Crisis amplia la información y consigna, con facsímiles del documento:

Dice Crisis: El tercer Lineamiento Estratégico lleva por nombre “Poder integral de la Nación” y se refiere a las “amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicana, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes”. La primera observación tiene que ver con el término “factores de poder” de la Nación, que se repite varias veces sin que haya especificación alguna sobre a qué actores apunta.

Y mucho, mucho más que apunta claramente a la inteligencia interna.

Casi simultáneamente y al retornar Milei de Israel, firma un decreto dirigido a habilitar a la Policía Federal a más espionaje e incluso habilitar detenciones sin orden de juez. Patrullaje en redes sociales sin orden judicial: La PFA podrá realizar tareas de «prevención del delito» en espacios digitales públicos, como redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de autorización previa de un juez.

Detenciones sin autorización judicial: La reforma permite a la PFA detener a personas por hasta 10 horas si no pueden acreditar su identidad y existen «circunstancias debidamente fundadas» que hagan presumir que han cometido o podrían cometer un delito. Estas detenciones deberán notificarse a un juez, y los detenidos tendrán derecho a comunicarse con un familiar o persona de confianza. Sin embargo, especialistas han criticado la vaguedad de los criterios, señalando que podría habilitar detenciones arbitrarias basadas en sesgos policiales, una práctica que ha sido condenada en el pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI): Inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil, el DFI se enfocará en delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas. Este departamento contará con subáreas especializadas, como Agencias Federales de Investigación y una unidad dedicada al combate del narcotráfico.

Además, se prevé un aumento en el despliegue de agentes en provincias, especialmente en ciudades con alta incidencia delictiva como Rosario, para fortalecer la presencia federal.

Nada de esto es casual. Aun cuando lo dispuesto es relacionado por la prensa con el FBI, se trata exactamente de la forma de operar del Mossad y las fuerzas de seguridad israelíes.

No queremos ignorar las múltiples denuncias de la llamativa presencia permanente de soldados israelíes en el sur con el justificativo de “vacaciones”. Un verdadero lujo para simples soldados.

Fuente: https://noticiasancap.org/2025/06/20/la-larga-historia-del-mossad-en-argentina-las-instrucciones-para-la-side-la-pf-y-los-viajes-de-milei/

 

 

La senadora electa Julieta Corroza analizó el resultado de las elecciones legislativas 2025 en Neuquén, donde La Neuquinidad alcanzó más del 30% de los votos. La funcionaria habló sobre la nacionalización del voto, los desafíos federales y la necesidad de defender los intereses neuquinos en el Congreso.

La Neuquinidad consiguió una banca en el Senado y otra en Diputados, consolidando presencia en el Congreso Nacional pese a la ola libertaria. “Hicimos una muy buena elección, sacando más de 30 puntos”, destacó Corroza, subrayando que el espacio provincial “por primera vez tiene representación en el Congreso de la Nación”.

“Una elección nacionalizada debilitó a las fuerzas provinciales”

En diálogo con AM 1400, Corroza analizó los resultados en un contexto que describió como de “nacionalización electoral”. Según la senadora electa, la polarización entre Milei y el kirchnerismo concentró el voto en fuerzas nacionales, afectando el rendimiento de los partidos locales. “Quedó claro que a lo largo de todo el país las fuerzas provinciales quedaron sumamente debilitadas”, explicó.

Corroza señaló que las grandes ciudades como Neuquén capital fueron determinantes en ese proceso. “Nos costó un poco más en las ciudades grandes, donde la grieta estaba más instalada”, reconoció. En cambio, el interior neuquino y las zonas rurales mostraron un fuerte apoyo: “En el norte duplicamos los votos de La Libertad Avanza”, afirmó, destacando que allí se valora el contacto directo con intendentes y concejales.

La actual ministra atribuyó parte de la dificultad a la confusión entre gestiones nacionales y provinciales: “La gente no pregunta si esto me lo manda el Gobierno Nacional o el Provincial. Pero cuando el Estado neuquino cubre vacíos —como en medicamentos o infraestructura— eso debería verse reflejado”.

El voto urbano y el peso de la macroeconomía

Para Corroza, el voto en las grandes ciudades refleja preocupaciones económicas nacionales más que realidades locales. “Los vecinos de Neuquén capital tienen intereses más ligados a Buenos Aires y a la macroeconomía”, explicó, marcando distancia con el electorado rural, que valora la gestión concreta de servicios.

Citó como ejemplo el barrio Confluencia, donde el gobierno provincial financió obras de luz, agua, gas, cloacas, asfalto y una cancha de hockey, sin apoyo nacional. “¿Sabés cuánto aportó el Gobierno Nacional? Cero, cero, cero”, ironizó Corroza.

En su evaluación, las elecciones legislativas intermedias siempre fueron un “talón de Aquiles” para los partidos provinciales, ya que no funcionan como un plebiscito directo sobre el gobierno provincial, sino como un reflejo del clima político nacional.

Emoción y despedida: una campaña con sabor agridulce

Julieta Corroza vivió el resultado con una mezcla de orgullo y tristeza personal. En el plano político, celebró la consolidación del espacio; en el personal, lamentó no compartir banca con su compañero de fórmula Pepé Ousset, con quien trabaja desde hace más de dos décadas.

“Esperaba vivir este desafío junto a Pepé, que es mi gran compañero de trabajo y como un hermano en la vida”, expresó con emoción.

El gobernador Rolando Figueroa felicitó al equipo de campaña en una reunión de gabinete, valorando el desempeño provincial frente al escenario nacional. “Nos felicitó por todo el trabajo, porque comparando con otras provincias hicimos una gran performance”, recordó Corroza.

Desafíos federales y representación neuquina

De cara a su llegada al Senado, Corroza afirmó que su prioridad será defender los intereses de Neuquén ante un Congreso dominado por fuerzas nacionales. “Mi preocupación es que en el Congreso que viene se discutirán temas muy importantes que van a impactar directamente a Neuquén”, advirtió.

Entre ellos mencionó las regalías hidrocarburíferas, las reformas tributarias y el federalismo fiscal, cuestiones que definirán el reparto de recursos para las provincias productoras. “Voy a ser una voz que represente a todos los neuquinos”, afirmó, reafirmando su compromiso con el modelo de desarrollo provincial.

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El gobernador Rolando Figueroa y el presidente de YPF, Horacio Marín, anunciaron que en diciembre se conocerán las ofertas para la segunda etapa del asfalto de la Ruta 7 en el sector Cortaderas.

Este nuevo tramo contempla 35 kilómetros adicionales que se sumarán a los 20 actualmente en ejecución. La obra forma parte de un proyecto mayor que busca completar una traza de 116 kilómetros estratégicos para el norte neuquino.

Figueroa destacó que la continuidad de la obra traerá beneficios directos para la actividad en Vaca Muerta y para toda la ciudadanía neuquina. Subrayó el valor de una mejor conectividad para reducir tiempos de viaje e impulsar el desarrollo regional. Además, agradeció el acompañamiento de YPF y la “celeridad” con la que se está avanzando en un proyecto que la región esperaba hace décadas.

EL ALTO NEUQUÉN CADA VEZ MÁS CERCA

Hoy firmamos en Chos Malal con el presidente de YPF, Horacio Marín, la segunda etapa de la pavimentación en la ruta provincial 7, en el sector Cortaderas, una obra clave para integrar al Alto Neuquén y acompañar el desarrollo de Vaca Muerta.… pic.twitter.com/jQ69cH3PuG

— Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 15, 2025

Por su parte, Marín celebró que los primeros 20 kilómetros ya alcanzaron un 24% de avance y confirmó que las ofertas para la segunda etapa se recibirán a partir del 9 de diciembre. Afirmó que el objetivo es acelerar los plazos para completar cuanto antes esta arteria clave. También participaron del anuncio autoridades provinciales, municipales y representantes de la petrolera estatal.

El proyecto prevé en futuras etapas pavimentar la totalidad de los 116 kilómetros que aún permanecen de tierra, desde Punta Carranza hasta el empalme con la Ruta Nacional 40 en Auquinco. El primer tramo, licitado por YPF y adjudicado a la firma neuquina Servipet, inició este año y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. La obra busca integrar regiones, mejorar la logística productiva, potenciar el turismo y favorecer la eficiencia operativa del desarrollo energético.

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Tras la jornada político cultural que realizaron ayer en la Estación Darío y Maxi, diversas organizaciones realizaron hoy por la tarde un acto central a 23 años de la Masacre de Avellaneda. En un documento unitario, volvieron a señalar que «la masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado», exigieron «cárcel a todos los responsables políticos (Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Vanossi)», y repudiaron «la liberación de los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta». «La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. Hoy, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación, la salud pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora. La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda», denunciaron. Por ANRed.

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Reproducimos completo el documento leído frente a la Estación Darío y Maxi, a 23 años de la Masacre de Avellaneda:

A 23 años de la masacre de Avellaneda

Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

Memoria para resistir, organización para vencer.

No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

¡Justicia por Darío y Maxi!

Hoy se cumplen 23 años de la Masacre de Avellaneda y miles de compañeras y compañeros nos encontramos en lucha y recordando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquel 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Se trató de un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado con carta blanca para matar.

La Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo. El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia.

La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. La masacre de Avellaneda intentó ser un escarmiento contra el movimiento piquetero y contra este proceso de lucha.

Pero el pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros al día siguiente de la masacre y luego, nuevamente, el 3 de julio del 2002 desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo y una vez más a los pocos días, para exigir justicia. Las movilizaciones por justicia obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno.

Nuestra incansable lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieron penas menores.

Hoy venimos a decir no a la liberación de Fanchiotti y Acosta. Y como cada 26 de junio, exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Nos referimos a Duhalde, Solá, J.J. Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez y Vanossi.

A 23 años de la masacre de Avellaneda, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación y la salud y pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora.

La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda.

Miércoles tras miércoles, los jubilados desafían la represión de Bullrich y Milei denunciando las jubilaciones de miseria, cuya mínima llega apenas a 374.000 pesos.

Han eliminado la asistencia alimentaria a los comedores populares de todas las organizaciones, congelando el monto de los programas sociales y atacando fuertemente a quienes luchamos contra el hambre.

Vienen por la educación y la salud públicas: Como lo mostró la gran lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan, el plan motosierra es incompatible con el sostenimiento elemental de la salud pública. Así como las movilizaciones estudiantiles, de docentes y docentes universitarios denuncian el vaciamiento de la educación y la Universidad públicas.

Este gobierno pretende destruir las conquistas del movimiento de mujeres, lesbianes, travestis, trans, bisexuales, no binaries, que fueron producto de un arduo recorrido de luchas colectivas. Una de las estrategias que han utilizado es el intento de eliminación de algunas de las leyes que buscan garantizar estas conquistas, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Identidad de Género, el vaciamiento de la Ley de Promoción y Protección contra la violencia machista.

La persecución a las disidencias sexuales, y los discursos de odio que propagan por doquier, habilitan crímenes de exterminio, como el Lesbicidio de Barracas, ocurrido hace poco más de un año a cortas distancias de donde hoy nos encontramos.

Vienen también por el derecho a huelga y por las libertades democráticas. Por decreto, pretenden hacer pasar la esencialidad del conjunto de los sectores estratégicos de la economía para seguir golpeando a los trabajadores.

Pretenden sembrar la xenofobia y la discriminación contra los migrantes. Desde esta gran movilización decimos: Migrar no es delito. Abajo los decretos anti migratorios.

Milei viene de alinearse con Netanyahu, firmando acuerdos de solidaridad con Israel en el momento que ejecuta un genocidio contra el pueblo palestino y ataca al pueblo de Irán.

Desde esta movilización defendemos y abrazamos la lucha del Pueblo palestino contra el genocidio y por el derecho al retorno. Y rechazamos las mordazas y la persecución contra quienes denuncian las masacres del estado de israel, como Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

Día tras día, se ejecuta en nuestro país una masacre contra la industria y los puestos de trabajo, la destrucción del estado y las políticas publicas, en lo que va del gobierno de Milei se perdieron mas de 200 mil puestos de trabajo y la desocupación creción a un 7,9 %. Apoyamos las luchas contra los despidos, que recorre el país.

Llamamos a rodear de solidaridad todas estas luchas populares para que triunfen. Reclamamos a la CGT y llamamos a poner en pie un paro nacional y un plan de lucha para derrotar todo el programa anti obrero y anti popular del gobierno nacional.

Para hacer pasar este enorme plan de ajuste, el gobierno recurre a la represión y la criminalización de la protesta.

Tal como lo ejecutó en su momento el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan mediante la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad. Hemos visto detenciones y cazas de manifestantes por decenas, como ocurrió en ocasión de la Ley bases. Por eso modifican el estatuto de la policía federal para permitir detenciones, allanamientos y todo tipo de arbitrariedades sin orden judicial.

Desde esta movilización en Puente Pueyrredón le mandamos toda nuestra solidaridad a Pablo Grillo, baleado por la Gendarmería en la movilización de apoyo a los jubilados y que lucha todavía por su recuperación.

La ofensiva de criminalización y represión se concentra especialmente la persecución del gobierno al movimiento piquetero.

Con cientos de allanamientos, detenciones y represión, se pretende borrar de la calle al gran movimiento de lucha de los barrios, que viene siendo protagonista de todas las luchas populares desde su emergencia en la década del ‘90.

Así como ayer el gobierno de Duhalde montó una cacería asesina contra las organizaciones de desocupados que terminó con el asesinato de Maxí y Darío, hoy, pretenden sacarnos de la calle con persecución, represión y causas amañadas.

La persecución contra el movimiento piquetero no empezó con este gobierno. Las causas y los ataques fueron una constante bajo todos los gobiernos. Pero han pegado un salto bajo el gobierno de Bullrich y Javier Milei.

En lo inmediato, pretenden llevar a juicio a quince militantes y dirigentes del Polo Obrero y dos compañeras de Barrios de Pie, y siguen investigando al FOL en una causa armada que pretende ser testigo para enjuiciar al conjunto de las organizaciones. Desde este puente decimos ¡Abajo el juicio!

Se trata de una causa testigo para avanzar contra todo el movimiento piqueteros. Una causa amañanada por los jueces y fiscales de Comodoro Py, que persiguen a las organizaciones mientras son cómplices de la criptoestafa de Milei, de los curros con la deuda de Sturzenegger y Caputo, o de la estafa de Macri con el correo. Esta justicia pretende además llevar a juicio a compañerxs FOL en el mes de octubre, en Fiske Menuco, y avanza en las causas contra detenidxs por luchar.

Es el mismo poder judicial de clase que persigue a las y los pibes de los barrios y avala el gatillo fácil mientras ampara los negociados del narcotráfico o la trata de personas. Es el poder judicial de Comodoro Py, que proscribe y encarcela a Cristina Fernández mientras garantizó la impunidad de los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.

Pero la represión ha sido incapaz de frenar las grandes movilizaciones en las cuales el pueblo entero salió a la calle contra el gobierno, como lo mostraron las grandes movilizaciones universitarias, de jubilados, de las mujeres, y las Plazas colmadas el 24 de marzo.

El gobierno de Milei cuenta la complicidad de muchos sectores anti patria. Denunciamos los pactos salariales a la baja, la entrega de los convenios colectivos y rechazamos una una nueva reforma laboral. Denunciamos también la complicidad de quienes le dieron los votos de la Ley bases, de la ley de reiterancia y para sostener los vetos a los míseros aumentos jubilatorios ni al aumento del presupuesto universitario.

Han sido cómplices de seguir saqueando al pueblo con nuevos acuerdos con el FMI, que nos endeudan y nos llevan a una crisis sin salida. De la motosierra contra los salarios y jubilaciones, del avance de la precarización laboral y de la persecución y la represión a las luchas.

Solamente la lucha popular, del movimiento obrero, piquetero, los jubilados. los estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios, es capaz de derrotar a este gobierno anti obrero.

Como lo mostraron en su momento las grandes gestas del movimiento obrero, como el Cordobazo, las huelgas de Junio y Julio del ‘75, las grandes puebladas y el Argentinazo, experiencia de nuestro pueblo es que la lucha popular es capaz de derrotar a estos gobiernos.

Ese es el camino: ganar las calles retomando las grandes gestas de lucha de nuestro pueblo. Con las banderas bien altas de nuestros compañeros que fueron asesinados por luchar por los derechos que todavía hoy seguimos defendiendo: Darío y Maxi. Mariano Ferreyra, asesinado en otro crimen de estado, por la burocracia sindical de José Pedraza por luchar contra la precarización laboral. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la gendarmería y prefectura de Patricia Bullrich, todos ellos están presentes en nuestras luchas.

Hoy recordamos además a la compañera Cristina Mena, dirigente del MTR 12 de abril recientemente fallecida, luchadora de toda la vida por los reclamos del movimiento piquetero, participante y organizadora del histórico corte del 26 de junio, y de todas las luchas por justicia por la masacre de Avellaneda.

Compañera Cristina, ¡Presente!

A 23 años de la masacre de Avellaneda

Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

Memoria para resistir, organización para vencer.

No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

¡Justicia por Darío y Maxi!

 

 

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.

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El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

 

El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

«La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

«Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

«Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.