La salud en terapia intensiva: la crisis sanitaria en argentina

La salud en terapia intensiva: la crisis sanitaria en argentina

 

La crisis sanitaria en Argentina ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un problema estructural de magnitud nacional. Las señales de alarma son múltiples: desde la precarización laboral del personal de salud, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, hasta episodios escandalosos como la distribución de fentanilo contaminado, que ha puesto en peligro la vida de decenas de pacientes. No se trata de emergencias aisladas, sino de los síntomas de un sistema en colapso. Por Lucio Le Moal, periodista y trabajador de la salud en HIGA San Martín de La Plata.


Este panorama no es reciente ni accidental. Es el resultado de décadas de desfinanciamiento, fragmentación, decisiones erráticas y, sobre todo, de una ausencia sostenida de políticas de salud pública de largo plazo. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud son solo la punta del iceberg. A esto se suman la crisis de abastecimiento de medicamentos, las demoras crónicas en la atención y la saturación de servicios clave, como ocurre hoy en el Hospital Garrahan, ícono de la medicina pediátrica argentina.

Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que subyace es un debate profundamente ideológico: ¿la salud debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano, o gestionada por el mercado como un bien de consumo? Dos modelos están en pugna: el modelo estatal/nacional y el modelo liberal-mercantil.

El modelo estatal/nacional: salud como derecho y deber indelegable del Estado

Esta visión tiene raíces profundas en la historia sanitaria argentina. Su mayor exponente fue el Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación, quien sostenía: «Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente al dolor que causa la injusticia social, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas.»

Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención sanitaria. La planificación estratégica, la producción estatal de medicamentos, la inversión en infraestructura y la dignificación del trabajo profesional son pilares irrenunciables. Para este modelo, la salud no es un gasto, sino una inversión social.

El caso del fentanilo contaminado —que provocó graves infecciones e incluso muertes— expone las consecuencias de tercerizar controles y compras de insumos vitales bajo la lógica del ajuste. Las fallas en los procesos de esterilización, almacenamiento y distribución no solo revelan negligencia, sino que cuestionan la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos cuando delega su rol rector en el mercado.

En este marco, la situación crítica del Hospital Garrahan —con renuncias masivas, falta de insumos, demoras en turnos y deterioro edilicio— es la expresión más visible de un modelo en crisis, pero también de lo que ocurre cuando se debilita la responsabilidad estatal.

Como afirmaba Carrillo: «El Estado no puede mirar para otro lado cuando la enfermedad afecta al pueblo. La medicina social no es una opción, es una obligación.»

El modelo liberal-mercantil: la salud como responsabilidad individual

En la vereda opuesta, el pensamiento libertario plantea que el Estado debe reducir su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

Se proponen medidas como sistemas de vouchers sanitarios, seguros médicos privados de libre elección, desregulación de laboratorios y privatización progresiva de hospitales.

El caso del fentanilo contaminado, desde esta óptica, demuestra —según sus defensores— que el Estado es ineficiente y que los controles funcionarían mejor bajo lógicas empresariales.

Sin embargo, esta visión ignora un dato clave: el mercado excluye. Y lo hace sistemáticamente. Cuando la atención sanitaria se rige por la rentabilidad, los más pobres quedan afuera. Como decía Carrillo: “No puede haber política sanitaria sin justicia social.”

¿Un punto medio posible?

En un país donde todo debate se polariza, es necesario explorar modelos mixtos o híbridos, como los aplicados en los países nórdicos o en Holanda. Sistemas con financiamiento público, fuerte regulación estatal, pero también con capacidad de gestión eficiente y mecanismos de control social y transparencia.

El desafío argentino es construir un modelo de salud que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica no solo mayor inversión, sino planificación estratégica, control efectivo de insumos, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento institucional.

Conclusión: la salud no es una mercancía. La salud no puede ser un campo de batalla ideológica. Pero sí debe ser una política de Estado. La vida de millones de argentinos depende de decisiones políticas que no pueden postergarse. El acceso a un sistema de salud seguro, humano y justo no debe depender del azar, del lugar donde se nace ni del ingreso que se percibe.

Como nos enseñó Carrillo, «Los problemas de la medicina como rama del Estado no se pueden resolver si no hay una política social orientada al bien común.» Hoy más que nunca, debemos retomar ese legado.

Porque en definitiva, la salud de una nación dice mucho más sobre su dignidad que cualquier indicador económico.

 

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  • Las atrajo con un falso programa de becas y las filmó en el baño: está preso

     

    Un joven de 19 años fue imputado de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil, y detenido preventivamente por haber creado un falso organismo y un programa de becas con Inteligencia Artificial para hacer viajar a sus víctimas desde Santa Fe hasta Jujuy y así grabarlos en situaciones privadas.

    El detenido, especialista en redes sociales, fue capturado en la capital jujeña el 23 de septiembre pasado, acusado de haber filmado en un baño y con una cámara espía a tres estudiantes -dos de ellas menores de edad-, a las que llevó engañadas desde la provincia de Santa Fe y alojó en un departamento para que participen en un evento estudiantil.

    El imputado, que tenía 15 videos y 68 fotos de las damnificadas en sus dispositivos, hizo viajar a las víctimas hasta San Salvador, luego las trasladó y alojó en un departamento que alquiló en la capital, donde una de las estudiantes descubrió la cámara oculta en un reloj.

    La adolescente notó que el artefacto no funcionaba, se trataba de un cronómetro colocado en un esquinero, en el sector de la ducha y, al manipularlo para ponerlo en hora, se percató que, en realidad, ocultaba una filmadora espía. Dado que el dispositivo también tenía registro de audio, las jóvenes alarmadas lo dejaron en el balcón y alertaron al imputado.

    Según informó el sitio Fiscales.gob, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, hizo lugar a la imputación contra G.F.F. (19) y, a pedido de la fiscalía, también dictó su prisión preventiva, en el marco de la audiencia de formalización realizada el pasado 28 de octubre.

    La investigación está a cargo del titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Federico Zurueta, y la auxiliar fiscal Romina Verdur.

    La denuncia que dio lugar a la investigación fue formulada por tres jóvenes que habían llegado desde la provincia de Santa Fe, con el fin de participar de la Fiesta Nacional del Estudiante, que se celebró en la “Ciudad Cultural”, en San Salvador de Jujuy.

    Explicaron que, tanto el acusado como las víctimas -de entre 17 y 21 años-, arribaron en un micro de larga distancia de una localidad del interior de esa provincia y se alojaron en un departamento alquilado por el acusado en el barrio Alto Padilla.

    Según lo expuesto en la audiencia por la fiscalía, todo era una pantalla creada por el propio imputado, quien tiene un amplio conocimiento informático como “community manager” ya que trabaja como encargado de las redes sociales del centro de estudiantes de un colegio secundario y, además, es empleado municipal, en una localidad santafesina.

    Con sus conocimientos y el uso de la aplicación de Inteligencia Artificial Chat GPT, el imputado creó en la web toda la estructura necesaria para darle credibilidad al organismo mencionado, como así también al programa de becas educativas que, en realidad, era el anzuelo para captar a sus víctimas.

    Para darle credibilidad a su ardid, colocó como domicilio la dirección de la Casa de Gobierno de Jujuy, creó un flyer, otros links de respaldo y los documentos del supuesto programa de becas, el que ofreció a una compañera de trabajo -la víctima de 21 años-, y a adolescentes del centro estudiantil, dos de las cuales -de 17 años– aceptaron.

    La simulación fue tan creíble que ni las víctimas, ni sus padres advirtieron algún elemento que los hiciera sospechar, por lo que llenaron los papeles y firmaron luego los permisos de viajes y estadía necesarios para un evento en Jujuy, el que supuestamente era parte del programa de becas.

    Tras haber encontrado el reloj y comunicarse con el imputado, él mismo les informó que supuestamente se había comunicado con los responsables del organismo, los que habían instruido que debía salir del departamento y dirigirse a la “Ciudad Cultural”.

    Al llegar, las jóvenes le contaron lo sucedido a policías que poseen un puesto en ese lugar. Cuando los efectivos comenzaron a intervenir, el imputado se mostró nervioso y sostuvo que la cámara había quedado en el departamento, por lo que la mayor de las mujeres se dirigió a buscarla junto a un grupo de policías.

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    Los efectivos recuperaron el artefacto tecnológico, el acusado quedó detenido y las tres mujeres fueron puestas a resguardo, mientras se secuestraron los correspondientes elementos electrónicos, como celulares, pendrives, discos externos de memoria, una computadora y una tablet.

    Los elementos contaban con un total de 15 videos y 68 fotos de la filmación de las tres víctimas, según revelaron los representantes de la fiscalía sobre un peritaje preliminar, así como apuntaron sobre el material fílmico de otras víctimas y material de abuso sexual infantil.

    Este hallazgo agravó la imputación y llevó a la solicitud de peritajes complementarios, a fin de establecer si se trata de la tenencia de ese tipo de contenidos, o bien, es material pornográfico infantil producido por el propio imputado.

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  • «Los derechos humanos no se degradan por decreto»: caminata por la Memoria, la Verdad y la Justicia

     

    Imagen: @ate.justiciayddhh

    La Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nucleada en ATE Capital, convoca este viernes 30 de mayo a las 17 horas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Avenida Del Libertador 8151 (CABA), para realizar una «caminata en defensa de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos», contra los despidos y el vaciamiento de los Espacios de Memoria. El gobierno nacional anunció ayer que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA», en el marco del «mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes», indicó el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido por el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por ANRed.


    Así convocaron desde las redes sociales los/as delegados/as de ATE Capital de la Secretaría de Derechos Humanos: «ante los avances del gobierno contra la Secretaría de Derechos Humanos, nos convocamos este viernes 30 de mayo a las 17 horas para defender las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos en la ex ESMA (Av. Del Libertador 8151). ¡Lxs esperamos!».

    En ese marco, convocan también a adherir de manera online a la convocatoria.

    En declaraciones a Entre Líneas PQV (FM 105.9), Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos humanos amplió: «la última semana, el Ministerio y el Gobierno Nacional definieron degradar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una subsecretaría. También se definió que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria pasen a hacer oficinas dentro de otra dependencia, que es el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, con lo cual está degradando la institucionalidad y el rango que tienen todas estas dependencias. Cuando hablamos del Archivo Nacional de Memoria, estamos hablando de una institución de jerarquía internacional que es consultada por investigadores de todo el mundo. Hoy realmente vienen y nos llaman permanentemente de todo el mundo, desde Francia, de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Vienen investigadores de todo el mundo a consultar nuestro acervo».

    Imagen: @ate.justiciayddhh

    En la misma línea, agregó: «lo que nosotros venimos denunciando es el desmantelamiento. Porque claramente a ellos no les interesa las políticas de derechos humanos. El anuncio fue que iban a hacer una reducción del 40% en la estructura organizativa y de un 30% de los trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta esto: ya la Secretaría de Derechos Humanos vio reducida su planta total en más de la mitad durante un año y medio».

    Como parte de esta avanzada gubernamental, el gobierno de Javier Milei anunció este miércoles 28 de mayo, a través del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA».

    «Este inmueble, anteriormente destinado a programas ideológicos y actividades político partidarias, será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad. Nuestra decisión se enmarca en el mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos. Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes», finaliza el comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

    El pasado viernes 23 de mayo, Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado una nueva escalada en las políticas de vaciamiento de las políticas de Memoria y Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que las primeras medidas de esta nueva avanzada del gobierno nacional eran el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

    «La medida vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. En todos los casos, los organismos verán reducida su planta jerárquica y de trabajadores, generando, como viene sucediendo, la ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período», remarcaron desde Abuelas.

     

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  • El Poder Judicial dispuso la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

     

    Foto: Damián Dopacio, Noticias Argentinas.

    El juez Jorge Gorini notificó este martes por la tarde que la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir su condena por la causa armada denominada “Vialidad” en su domicilio de Constitución. El magistrado le impuso la utilización de tobillera electrónica y la presentación de una lista de personas que podrán ingresar al departamento de la calle San José 1111. Por Indymedia Argentina.


    El Tribunal dispuso esta tarde la prisión domiciliaria para la ex presidenta Cristina Kirchner desde hoy, con lo cual la ex mandataria no deberá presentarse mañana en Comodoro Py.

    En el fallo le imponen “reglas de conducta”, que incluyen el deber de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. El texto parece escrito para contentar a los operadores de ultraderecha como Eduardo Feinmann, Luis Majul y Jonatan Viale, que pasaron los últimos días escupiendo veneno ante la manifestación popular frente al domicilio de la ex mandataria.

    La marcha de la militancia desde la casa de Cristina a Comodoro Py se realizará de todas formas, ya lo habían confirmado los organizadores previamente.

    Noticia en desarrollo.

    Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/17/el-poder-judicial-dispuso-la-prision-domiciliaria-de-cristina-kirchner/

     

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  • Tragedia en el norte neuquino: mataron a un hombre de una puñalada tras una pelea

     

    El hecho ocurrió el domingo por la noche, en la esquina de Gobernador Rodríguez y Cacique Purrán, en el centro de Loncopué. Según los primeros datos de la investigación, la pelea entre dos hombres comenzó por viejas diferencias personales.

    Durante la discusión, Franco Arón Morel recibió una puñalada en la zona de la ingle, herida que resultó mortal. A pesar de los intentos de auxilio, murió poco después.

    Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal del caso, Marcelo Jofré, ordenó realizar una autopsia en el Cuerpo Médico Forense de Neuquén para determinar con precisión las causas y circunstancias de la muerte.

    El presunto autor, internado y bajo custodia policial

    El otro involucrado en la pelea también sufrió heridas cortantes y fue trasladado al hospital de Zapala, donde permanece internado con custodia policial. Para la Fiscalía, se trata del presunto agresor, quien será imputado por homicidio una vez que reciba el alta médica.

    Los investigadores secuestraron el cuchillo utilizado en el crimen y tomaron declaración a un testigo presencial, lo que permitirá esclarecer el desarrollo de los hechos y definir la calificación penal.

    La comunidad de Loncopué amaneció en estado de conmoción tras el asesinato de Morel. El hecho ocurrió justo en la noche de las elecciones legislativas, lo que amplificó el impacto en la pequeña localidad del norte neuquino.

    El intendente Daniel Soto y su equipo expresaron su acompañamiento a la familia de la víctima. En un comunicado, manifestaron: “Acompañamos a toda la familia Zúñiga Morel en este difícil momento. A nuestra compañera municipal, su madre Edith, y a sus amigos, que elevan una oración por el eterno descanso de quien en vida fue Franco ‘Caco’ Morel. Que su luz ilumine eternamente en el corazón de quienes lo conocieron”.

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  • «Como lo hizo el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan con la represión»

     

    Imagen: ANRed.

    Tras la jornada político cultural que realizaron ayer en la Estación Darío y Maxi, diversas organizaciones realizaron hoy por la tarde un acto central a 23 años de la Masacre de Avellaneda. En un documento unitario, volvieron a señalar que «la masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado», exigieron «cárcel a todos los responsables políticos (Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Vanossi)», y repudiaron «la liberación de los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta». «La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. Hoy, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación, la salud pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora. La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda», denunciaron. Por ANRed.


    Reproducimos completo el documento leído frente a la Estación Darío y Maxi, a 23 años de la Masacre de Avellaneda:

    A 23 años de la masacre de Avellaneda

    Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

    Memoria para resistir, organización para vencer.

    No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

    La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

    Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

    Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

    ¡Justicia por Darío y Maxi!

    Hoy se cumplen 23 años de la Masacre de Avellaneda y miles de compañeras y compañeros nos encontramos en lucha y recordando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquel 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Se trató de un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado con carta blanca para matar.

    Imagen: La Izquierda Diario.

    La Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo. El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia.

    La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. La masacre de Avellaneda intentó ser un escarmiento contra el movimiento piquetero y contra este proceso de lucha.

    Pero el pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros al día siguiente de la masacre y luego, nuevamente, el 3 de julio del 2002 desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo y una vez más a los pocos días, para exigir justicia. Las movilizaciones por justicia obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno.

    Imagen: María Guevara.

    Nuestra incansable lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieron penas menores.

    Hoy venimos a decir no a la liberación de Fanchiotti y Acosta. Y como cada 26 de junio, exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Nos referimos a Duhalde, Solá, J.J. Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez y Vanossi.

    A 23 años de la masacre de Avellaneda, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación y la salud y pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora.

    La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda.

    Miércoles tras miércoles, los jubilados desafían la represión de Bullrich y Milei denunciando las jubilaciones de miseria, cuya mínima llega apenas a 374.000 pesos.

    Han eliminado la asistencia alimentaria a los comedores populares de todas las organizaciones, congelando el monto de los programas sociales y atacando fuertemente a quienes luchamos contra el hambre.

    Imagen: @SantiMayor

    Vienen por la educación y la salud públicas: Como lo mostró la gran lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan, el plan motosierra es incompatible con el sostenimiento elemental de la salud pública. Así como las movilizaciones estudiantiles, de docentes y docentes universitarios denuncian el vaciamiento de la educación y la Universidad públicas.

    Este gobierno pretende destruir las conquistas del movimiento de mujeres, lesbianes, travestis, trans, bisexuales, no binaries, que fueron producto de un arduo recorrido de luchas colectivas. Una de las estrategias que han utilizado es el intento de eliminación de algunas de las leyes que buscan garantizar estas conquistas, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Identidad de Género, el vaciamiento de la Ley de Promoción y Protección contra la violencia machista.

    La persecución a las disidencias sexuales, y los discursos de odio que propagan por doquier, habilitan crímenes de exterminio, como el Lesbicidio de Barracas, ocurrido hace poco más de un año a cortas distancias de donde hoy nos encontramos.

    Vienen también por el derecho a huelga y por las libertades democráticas. Por decreto, pretenden hacer pasar la esencialidad del conjunto de los sectores estratégicos de la economía para seguir golpeando a los trabajadores.

    Imagen: La Izquierda Diario.

    Pretenden sembrar la xenofobia y la discriminación contra los migrantes. Desde esta gran movilización decimos: Migrar no es delito. Abajo los decretos anti migratorios.

    Milei viene de alinearse con Netanyahu, firmando acuerdos de solidaridad con Israel en el momento que ejecuta un genocidio contra el pueblo palestino y ataca al pueblo de Irán.

    Desde esta movilización defendemos y abrazamos la lucha del Pueblo palestino contra el genocidio y por el derecho al retorno. Y rechazamos las mordazas y la persecución contra quienes denuncian las masacres del estado de israel, como Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

    Día tras día, se ejecuta en nuestro país una masacre contra la industria y los puestos de trabajo, la destrucción del estado y las políticas publicas, en lo que va del gobierno de Milei se perdieron mas de 200 mil puestos de trabajo y la desocupación creción a un 7,9 %. Apoyamos las luchas contra los despidos, que recorre el país.

    Llamamos a rodear de solidaridad todas estas luchas populares para que triunfen. Reclamamos a la CGT y llamamos a poner en pie un paro nacional y un plan de lucha para derrotar todo el programa anti obrero y anti popular del gobierno nacional.

    Para hacer pasar este enorme plan de ajuste, el gobierno recurre a la represión y la criminalización de la protesta.

    Tal como lo ejecutó en su momento el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan mediante la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad. Hemos visto detenciones y cazas de manifestantes por decenas, como ocurrió en ocasión de la Ley bases. Por eso modifican el estatuto de la policía federal para permitir detenciones, allanamientos y todo tipo de arbitrariedades sin orden judicial.

    Desde esta movilización en Puente Pueyrredón le mandamos toda nuestra solidaridad a Pablo Grillo, baleado por la Gendarmería en la movilización de apoyo a los jubilados y que lucha todavía por su recuperación.

    La ofensiva de criminalización y represión se concentra especialmente la persecución del gobierno al movimiento piquetero.

    Con cientos de allanamientos, detenciones y represión, se pretende borrar de la calle al gran movimiento de lucha de los barrios, que viene siendo protagonista de todas las luchas populares desde su emergencia en la década del ‘90.

    Así como ayer el gobierno de Duhalde montó una cacería asesina contra las organizaciones de desocupados que terminó con el asesinato de Maxí y Darío, hoy, pretenden sacarnos de la calle con persecución, represión y causas amañadas.

    La persecución contra el movimiento piquetero no empezó con este gobierno. Las causas y los ataques fueron una constante bajo todos los gobiernos. Pero han pegado un salto bajo el gobierno de Bullrich y Javier Milei.

    En lo inmediato, pretenden llevar a juicio a quince militantes y dirigentes del Polo Obrero y dos compañeras de Barrios de Pie, y siguen investigando al FOL en una causa armada que pretende ser testigo para enjuiciar al conjunto de las organizaciones. Desde este puente decimos ¡Abajo el juicio!

    Se trata de una causa testigo para avanzar contra todo el movimiento piqueteros. Una causa amañanada por los jueces y fiscales de Comodoro Py, que persiguen a las organizaciones mientras son cómplices de la criptoestafa de Milei, de los curros con la deuda de Sturzenegger y Caputo, o de la estafa de Macri con el correo. Esta justicia pretende además llevar a juicio a compañerxs FOL en el mes de octubre, en Fiske Menuco, y avanza en las causas contra detenidxs por luchar.

    Es el mismo poder judicial de clase que persigue a las y los pibes de los barrios y avala el gatillo fácil mientras ampara los negociados del narcotráfico o la trata de personas. Es el poder judicial de Comodoro Py, que proscribe y encarcela a Cristina Fernández mientras garantizó la impunidad de los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.

    Pero la represión ha sido incapaz de frenar las grandes movilizaciones en las cuales el pueblo entero salió a la calle contra el gobierno, como lo mostraron las grandes movilizaciones universitarias, de jubilados, de las mujeres, y las Plazas colmadas el 24 de marzo.

    El gobierno de Milei cuenta la complicidad de muchos sectores anti patria. Denunciamos los pactos salariales a la baja, la entrega de los convenios colectivos y rechazamos una una nueva reforma laboral. Denunciamos también la complicidad de quienes le dieron los votos de la Ley bases, de la ley de reiterancia y para sostener los vetos a los míseros aumentos jubilatorios ni al aumento del presupuesto universitario.

    Han sido cómplices de seguir saqueando al pueblo con nuevos acuerdos con el FMI, que nos endeudan y nos llevan a una crisis sin salida. De la motosierra contra los salarios y jubilaciones, del avance de la precarización laboral y de la persecución y la represión a las luchas.

    Solamente la lucha popular, del movimiento obrero, piquetero, los jubilados. los estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios, es capaz de derrotar a este gobierno anti obrero.

    Como lo mostraron en su momento las grandes gestas del movimiento obrero, como el Cordobazo, las huelgas de Junio y Julio del ‘75, las grandes puebladas y el Argentinazo, experiencia de nuestro pueblo es que la lucha popular es capaz de derrotar a estos gobiernos.

    Ese es el camino: ganar las calles retomando las grandes gestas de lucha de nuestro pueblo. Con las banderas bien altas de nuestros compañeros que fueron asesinados por luchar por los derechos que todavía hoy seguimos defendiendo: Darío y Maxi. Mariano Ferreyra, asesinado en otro crimen de estado, por la burocracia sindical de José Pedraza por luchar contra la precarización laboral. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la gendarmería y prefectura de Patricia Bullrich, todos ellos están presentes en nuestras luchas.

    Hoy recordamos además a la compañera Cristina Mena, dirigente del MTR 12 de abril recientemente fallecida, luchadora de toda la vida por los reclamos del movimiento piquetero, participante y organizadora del histórico corte del 26 de junio, y de todas las luchas por justicia por la masacre de Avellaneda.

    Compañera Cristina, ¡Presente!

    A 23 años de la masacre de Avellaneda

    Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

    Memoria para resistir, organización para vencer.

    No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

    La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

    Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

    Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

    ¡Justicia por Darío y Maxi!

     

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