La nueva orden del gobierno de Trump que genera polémica: EE.UU. podrá negar visas por obesidad

La nueva orden del gobierno de Trump que genera polémica: EE.UU. podrá negar visas por obesidad

 

Una nueva directiva del Gobierno de Donald Trump considera como inelegibles a ciertos solicitantes de visas cuando presenten condiciones médicas que puedan derivar en costos públicos a largo plazo, entre las que se destaca la obesidad.

En especial, cuando esta afección que portan más de mil millones de personas en todo el mundo está asociada a complicaciones como asma, apnea del sueño, hipertensión o diabetes, según indicó la agencia EFE.

Si bien la orden instruída a los funcionarios de embajadas y consulados no impone un límite de peso o un índice de masa corporal determinado, apunta a evaluar si el estado de salud del solicitante podría requerir tratamientos continuos, medicación de por vida o intervenciones futuras.

En las compañías aéreas, a veces, se presentan casos de pasajeros que sacan ticket y no caben en un asiento, ante lo que algunas, como Southwest Airlines, requieren comprar una segunda plaza, mientras que otras priorizan la seguridad y la comodidad, sugiriendo reservar un asiento extra si no es posible bajar el reposabrazos

Las hay también que pueden pesar a los pasajeros de forma opcional para calcular el peso total del avión, según explica la finlandesa Finnair. 

Criterios discrecionales

Es lo que se temía que suceda con migraciones, llegado el caso, siendo que la medida autoriza a los funcionarios a “desarrollar sus propios criterios” sobre riesgos de futuras emergencias médicas o gastos futuros, lo cual expertos consideran preocupante, debido a que la mayoría de los agentes consulares no cuentan con formación médica especializada.

Podría ocurrir que un pasajero arribado al aeropuerto presente la documentación en orden, pero el guarda, si ve que no encuadra en la disposición sanitaria, lo derive a un chequeo en la oficina interior a la garita.

Quienes hayan llegado a los aeropuertos de EEUU de mayor movimiento conocen la existencia de un “cuartito” dependissente de Migraciones, al que algunas veces son remitidos pasajeros que despiertan dudas, a fin de ser interrogados. Una de las posibles consecuencias sería que los deporten al país de origen.s

Trámite de visas

Sin embargo, el abogado principal de Catholic Legal Immigration Network, Charles Wheeler, aclaró que la medida aplicará para la mayoría de quienes tramiten visas, especialmente para quienes buscan residencia permanente. 

A la hora de evaluar cada caso, los funcionarios consulares deberán considerar los exámenes médicos oficiales, la historia clínica y la capacidad económica del solicitante para costear su tratamiento a largo plazo.

La guía indica evaluar si la persona puede cubrir los costos de su atención “durante toda su vida esperada” sin tener que recurrir a servicios médicos públicos o asistencia financiera estatal.

El formulario al tramitar el permiso para ingresar incluye la pregunta clave: “¿Tiene el solicitante recursos suficientes para cubrir estos costos sin recurrir a asistencia pública en efectivo o institucionalización a largo plazo?”. 

La nueva orden también amplía los criterios para evaluar la edad de los solicitantes y la salud de familiares directos, como hijos o padres mayores, bajo el argumento de anticipar posibles futuras necesidades de asistencia social. Esto podría afectar especialmente a familias multigeneracionales o a solicitantes de edad avanzada.

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  • Nueva Jornada Nacional de Lucha de organizaciones sociales por el trabajo y el salario

     

    Foto: archivo Fede Imas / @ojoobrerofotografia

    Sin precisar horarios ni lugares, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones en 17 provincias. Puntualmente, reclaman por aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil; ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares. También, señalan que «migrar no es delito» y reclaman «basta de persecución a los que luchan». «A casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones. El trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía», denuncian. Por ANRed.


    Sin precisar horarios ni lugares, para mantener el factor sorpresa dado la agudización de las políticas represivas del gobierno nacional, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones conjuntas en 17 provincias.

    Los reclamos principales de la jornada de lucha serán:

    ✅Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.

    ✅ Ampliación del programa.

    ✅ Continuidad del Monotributo Social.

    ✅ Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

    ✅ Migrar no es delito.

    ✅ Basta de persecusión a los que luchan.

    También, reclamarán, una vez más, a las centrales sindicales «una huelga general que una todas las luchas qué se están llevando a cabo contra el ajuste de Milei y la represión de Patricia Bullrrich».

    En un comunicado conjunto, expresaron: «los trabajadores no aguantamos más las políticas de hambre, falta de trabajo, salarios y jubilaciones de miseria, represión, criminalización y persecución política La situación no puede ser peor en los barrios populares: a casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones», señalan.

    En la misma línea, agregan: «el trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía. Necesitamos una gran acción unitaria de los trabajadores para frenar a Milei y su política criminal», finaliza el comunicado.

     

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  • Alarma en Roca: crecen las denuncias por animales que caen al Canal Grande

     

    Distintos grupos proteccionistas —entre ellos la agrupación Ranhu— advirtieron sobre el riesgo que representa el Canal Principal de Riego para los animales que circulan por la ciudad, especialmente perros, y denunciaron la falta de medidas de seguridad básicas para prevenir nuevas caídas. Las organizaciones señalaron que, a pesar de los reiterados reclamos y reuniones previas con autoridades municipales y del Consorcio de Riego, las respuestas han sido insuficientes y los incidentes continúan en aumento.

    La problemática se agravó durante las últimas semanas de noviembre en General Roca, cuando la llegada anticipada del calor y el incremento del caudal por la temporada de riego coincidieron con una seguidilla de animales que cayeron al Canal Grande sin poder salir por sus propios medios.

    Rescates improvisados y pocas respuestas

    Según los registros de Ranhu, más de 23 perros terminaron dentro del cauce desde que comenzó la temporada —10 de ellos fallecidos por ahogamiento—, en sectores donde no se colocaron cercos, escaleras, carteles de advertencia ni dispositivos de sujeción. En ese contexto, los rescates dependen de la intervención espontánea de vecinos, mientras que los cambios en la conducción del Consorcio de Riego y la falta de continuidad en las acciones oficiales dificultan avanzar en soluciones efectivas.

    En un comunicado difundido en redes sociales, Ranhu recordó que solo mantuvieron dos reuniones con las autoridades, una en 2023 y otra en 2024, y señalaron que, a pesar de las promesas, las medidas mínimas acordadas no se cumplieron.

    “Nunca tuvimos respuesta ni siquiera a lo mínimo que habíamos logrado, y era poner más elementos de sujeción dentro del canal. Olvídense del cercado y escaleritas porque parece ser un trabajo muy costoso”, expresaron.

    Sin embargo, la agrupación reconoció que alcanzaron a ver “alguna rampa nueva cerca de la Mendoza”, pero remarcaron que esto es insuficiente frente al número creciente de incidentes.

    Falta de cartelería y sanciones

    En ese mismo sentido, denunciaron que no se colocaron más carteles visibles que alerten sobre el peligro ni se emitieron las multas correspondientes, algo que – aseguran – ayudaría a generar mayor conciencia.

    La organización también indicó que, al intentar retomar el diálogo en los últimos meses, se encontraron con que la conducción del Consorcio de Riego había cambiado. “Volvimos a insistir hace meses y nos enteramos que la comisión del Consorcio había cambiado, y su presidente estaría en Cipolletti”, señalaron, cuestionando la falta de continuidad y seguimiento sobre un tema que afecta tanto a animales como a personas que transitan cerca del canal.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • En casa de Obrero: un centro clandestino de detención en pleno barrio de Almagro

     

    En una investigación especial de El Grito del Sur, develamos la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura en el pasaje Obrero Roberto Núñez, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Por Yair Cybel (El Grito del Sur).


    Un pasaje en Almagro Hollywood

    El pasaje es cortito, apenas una cuadra. Puede pasar desapercibido incluso para los vecinos del barrio. Durante varios años fue una de las calles más oscuras de la zona hasta que hace un tiempo, en una de sus esquinas, se instaló un cafecito de especialidad, de esos que ofrecen machiatto y roll de canela. La palermización es inevitable: bienvenidos a Almagro Hollywood. 

    En el cartel de una de las esquinas se consigna el nombre de pila. En la otra solo dice Obrero Núñez. La denominación llama la atención. En la ciudad de las avenidas Bullrich, Pueyrredón y Lugones, suena extraño el prefijo que subraya la condición de clase del tal Núñez. Huelga decirlo: es más fácil tener calle propia cuando se nace en cuna de oro.

    El garaje no llama la atención. Es una puerta alta, una más, de galpón, de unos cinco metros de alto y pintada de color marrón. Enfrente, la escuela República de Jujuy, casi la única excusa por la que alguna gente transita la cortada.

    En la década de 1970 era una cuadra parecida: empedrada, con pocos árboles y tal vez menos iluminada, pero apenas un callejón oscuro en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Que no llamaría la atención de ningún cronista. A no ser que en ese lugar hubiese funcionado un centro clandestino de detención.

    Roberto Nuñez, obrero de prensa

    El 12 de abril de 1951, Juan Domingo Perón expropió el diario oligárquico La Prensa. Una definición osada y de fondo en favor del sindicato de canillitas, que desde hacía meses sostenía una protesta exigiendo la participación en las ganancias de los avisos clasificados.

    El periódico había sido fundado en 1869 por un tal José C. Paz (la C es por Clemente) y desde su origen adoptó la vocería de las clases dominantes del país. Consecuentemente, fue una ferviente tribuna de oposición al gobierno de Perón: se opuso al pago del aguinaldo y apoyó públicamente la llegada del embajador estadounidense Sprille Braden.

    En enero de 1951, el sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines elevó una solicitada donde exigía que el 20 por ciento de las ganancias de los avisos clasificados se destinaran a la obra social de los trabajadores. Días después, una patota sin identificación atacó a balazos la redacción de Azopardo y Chile asesinando a Roberto Núñez, un obrero gráfico y padre de familia de apenas 36 años que trabajaba en el área de expedición del diario y que desde 1960 le da su glorioso nombre al pasaje en cuestión.

    Nadie investiga solo

    La investigación -como toda actividad humana- es un laburo colectivo. Un oficio que requiere de paciencia, de constancia, de cierta obstinación. De recuperar relatos orales, leer comentarios entre líneas y descubrir indicios. De charlar con el portero y rebotar, con el carnicero y rebotar, y de finalmente encontrar una pista, un pequeño hilo del que tirar.

    En la última dictadura cívico-militar en Argentina, funcionaron unos 800 centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país: apenas unas decenas fueron recuperados como espacios de Memoria y, del resto, solo un puñado más está señalizado. De centenares de ellos no tenemos casi información. Apenas un testimonio en un juicio, un comentario al pasar, el recuerdo de una conversación.

    Uno piensa donde los pies pisan. Desde hace un tiempo, con El Grito del Sur empezamos a investigar estos espacios en nuestro territorio: la Ciudad de Buenos Aires. La redacción de nuestra cooperativa funcionaba (hasta su reciente desalojo) en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Cevallos. Ante la amenaza de su cierre, decidimos contraatacar y salir a recorrer los inmuebles que aún no están señalizados: la casona de Franklin en Caballito, la mansión de la calle Bacacay en Floresta o la maternidad del Hospital Naval, frente al Parque Centenario. De todos ellos hay testimonios, alguna voz, unas pocas notas periodísticas. De la casa de Obrero Roberto Núñez no había nada. Hasta ahora.

    La casa de Obrero

    Primero fue el testimonio oral de una militante de Derechos Humanos. Después, los aportes dispersos de un abogado dedicado a la temática. Más tarde nos escribieron un comentario en el Instagram, reforzando estas versiones. Luego, los vecinos del barrio, los comerciantes y hasta los ex alumnos de la escuela República de Jujuy -ubicada en este pasaje porteño y frente a la casa en cuestión- nos confirmaron la información. Y sumaron precisiones.

    Pero necesitábamos algo más: una declaración oficial, un documento, un relato en boca de alguien que hubiera pasado por allí. Finalmente, tras una búsqueda colectiva, dos testimonios judiciales de ex servicios de Inteligencia terminaron de cerrar la historia.

    En Obrero Roberto Nuñez al 4330, funcionó un centro de detención clandestino. Existen barcos, maternidades, hospitales, talleres mecánicos, mansiones y casonas que oficiaron como reclusorios ilegales. Pero el de Obrero Roberto Núñez es particular: consiste en la combinación de dos inmuebles, el galpón del mentado pasaje y la propiedad contigua que se encuentra en Palestina al 638.

    La casa de Núñez fue el galpón de atrás de una sede del Batallón de Inteligencia 601, una suerte de espacio donde se hacía lo que no podría hacerse en público. Grupos de tareas que operaban de civil entraban por Palestina y salían por Núñez. Operativos a plena luz del día, una presencia silenciosa de los militares en la cuadra y los testimonios de quienes recuerdan algunos gritos.

    “Almagro, lugar de idilio y de poesía”, cantaba Gardel. Nada más lejano.

    El 601

    En ese entonces, la calle Estado de Palestina se llamaba Rawson. A la vuelta de Obrero Núñez, en una casa colonial blanca, de ventanas altas y puertas de madera, funcionaba una Sede del Batallón de Inteligencia 601. Era un centro de operaciones, un bunker en el cual hacían base los comandos civiles-militares que -entre otras cosas- infiltraban organizaciones, secuestraban, torturaban y desaparecían personas.

    De la puerta para afuera simulaba ser una vivienda más. De la puerta para adentro era la División Inteligencia del 601, que funcionó entre el 76 y el 78 a cargo de Luis Ángel Firpo. Según los testimonios judiciales de los propios militares, se encargaba únicamente de prestar custodia a PMI (Personas Muy Importantes, como se los conoce en la jerga): ex militares y militares en servicio con altas responsabilidades políticas. De Lanusse a Viola.Sin embargo, allí se realizaban pagos, se coordinaban operaciones y se prestaban servicios para la Contrainteligencia. En su interior operaban agentes encubiertos vestidos de civil que colaboraban en la lucha contra las organizaciones revolucionarias.

    Según los testimonios recabados, en el comedor de la casa de Rawson había un armario grande que ocultaba una puerta que daba a un garaje, donde habría funcionado el centro de detención clandestino. Es el portón de Núñez. Los vecinos más viejos cuentan que durante los setenta, allí se veían movimientos extraños, entradas y salidas apresuradas. Los testimonios de ex alumnos del colegio señalan que las veces que las pelotas de fútbol se iban para el lado de la propiedad, los chicos eran amedrentados. Acá no hay nada que mirar.

    Testimonios que hablan

    «Había un lugar en la calle Rawson -hoy Palestina-, entre Corrientes y Sarmiento, en la que los vecinos veíamos situaciones que hacían pensar que era un lugar de detención», nos escribieron en nuestra cuenta de Instagram. «Tengo entendido que frente a la escuela Provincia de Jujuy, (donde fui de pequeña) había un portón de garaje que funcionó como centro clandestino… Las veces que pagamos pelotas ahí…. No sé si está señalizado. En la cortada Roberto Núñez». Los testimonios coinciden.

    El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) es una organización de inspiración cristiano-ecuménica que vela por los Derechos Humanos y la Justicia. Un militante del espacio (del cual formó parte, entre otros, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel), aportó otros testimonios sobre Obrero Núñez. De la misma manera lo hizo Alba Pereyra Lanzilloto, quien declaró que en la parte del frente funcionaba un comercio minorista de productos agropecuarios como fachada del centro clandestino.

    Alejandro es el verdulero de la esquina de Obrero Núñez y Palestina. Su familia llegó acá en 1970 cuando se construyó el edificio que todavía habitan. Él nació en el año 1963 y recuerda que cuando era pibe, los oficiales que usaban el inmueble le avisaron que se venía un enfrentamiento entre las fuerzas, que bajaran las persianas y se tiraran al piso. Fue un día de terror, donde pensaron que la muerte podría golpear a la puerta. Finalmente, el tiroteo no se sucedió, aunque toda la jornada se registraron movimientos extraños, cuenta en diálogo con este cronista. Fuera de ese detalle, los militares siempre fueron muy corteses, destaca.

    Se le suma a esto un quinto testimonio, esta vez del hijo de un detenido oriundo de Mar del Plata. Como tantos otros, había ido a la escuela República de Jujuy y contó que, al momento de subirse al techo del colegio, veían movimientos extraños en la casa de enfrente. Recordó que una vez los iluminaron desde el lugar y les pidieron que dejaran de mirar. De hecho, la Dirección Nacional del ex Programa Verdad y Justicia informó en 2020 que durante la dictadura hubo militares apostados en el techo de la escuela.

    Obrero Núñez, dijo el teniente

    Hasta ahí una serie de testimonios de vecinos, de militantes de Derechos Humanos, de investigadores. Pero el gran hallazgo reside aquí: el 3 de septiembre de 2020, en el marco del juicio Contraofensiva, declaró el ex personal Civil de Inteligencia Eduardo Donato Caporaso. El espía señaló que prestó servicio entre 1976 y 1980 en la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, bajo el nombre Daniel Camaño. Y destacó haber cumplido tareas en una «casona» de la calle Rawson.Caporaso describió un inmueble con una o dos habitaciones grandes al frente, alguna oficina, pasillo, cocina y un patio. Y se encargó de señalar que el lugar se conectaba con otro inmueble, el de Obrero Núñez. Por si fuera poco, especificó que los espías se movilizaban en un Ford Falcon, siempre vestidos de civil.

    “Los vehículos sólo eran para trasladarse al lugar donde tenían que ir a cubrir la seguridad. Iban dos personas. Uno manejaba (…) Los autos eran Ford Falcon. Había uno celestito y uno blanco. Y también había un Dodge 1500 de color verde”, reseña la cobertura del juicio que hizo la periodista Martina Noailles para otro medio popular, La Retaguardia.

    El testimonio de Caporaso coincide con el del oficial de inteligencia José Ramón Pereiro, que en el marco de otra causa (de expediente N° 16307/06 de la Secretaría N° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, caratulado «Guerrieri Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad personal») señaló que en el año 1980 fue trasladado a trabajar en la casona de Obrero Nuñez.

    Por si hacían falta otras voces oficiales que confirmaran el uso del lugar, se suma una de jerarquía: en el mismo juicio Contraofensiva, el teniente coronel retirado Luis Ángel Firpo admitió que en esta casa había funcionado bajo su mando la División Seguridad del 601. Cartón lleno.

    Eduardo Donato Caporaso en el juicio Contraofensiva. Fuente: La Retaguardia

    Los 90s

    Durante los años 90, esa casa de la calle Obrero Nuñez fue utilizada por la empresa Azúcar Méndez. Anteriormente, vivió allí una familia que alquilaba la propiedad.

    En Palestina al 638 se instaló el Centro de Salud Mental Malvinas Argentinasbajo la órbita del Ejército Argentino. De hecho, en 2013 se anunció la licitación para la realización de una obra en el sitio con la carátula de “Remodelación del anexo al Casino de Suboficiales en calle Palestina 638”, dependiente del Ejército Argentino.

    Actualmente, en el galpón de obrero Núñez funciona la empresa ARTEC Ingeniería. Y en el inmueble de Palestina una «residencia para militares». Así lo confirmó un hombre de unos 40 años, pelo al ras y cigarrillo en mano, que salió del lugar a tomar un poco de aire.

    Lo que falta por encontrar

    La casa de Obrero Roberto Nuñez sigue sin señalizar e incluso sin notas periodísticas al respecto. Lo mismo sucede con centenares de inmuebles que funcionaron como centro clandestino, base operativa o aguantadero de los grupos parapoliciales que sembraron el terror en nuestro país y dejaron un saldo de 30 mil detenidos desaparecidos y cientos de bebés robados que aún desconocen su identidad.

    Con más de ocho testimonios, todos de jerarquía y algunos de los propios responsables del lugar, podemos afirmar que aquí, en pleno barrio de Almagro, funcionó un centro clandestino de detención que respondía al Batallón de Inteligencia 601 y que permanecía totalmente invisibilizado. Hasta hoy.

    Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2025/05/centro-clandestino-de-detencion-obrero-roberto-nunez-almagro/

     

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  • Educatic 2025: fueron premiados 8 proyectos neuquinos

     

    La edición 2025 de Educatic reunió a estudiantes y docentes de toda la provincia de Neuquén en una experiencia que combinó innovación, aprendizaje y comunidad. Ocho proyectos fueron los ganadores, pero la verdadera transformación ocurrió en el intercambio de ideas y en la tecnología aplicada al aula.

    Ya concluida la edición 2025 de Educatic, la exposición provincial que impulsa la innovación pedagógica y tecnológica en las escuelas de Neuquén, ocho proyectos fueron reconocidos entre las treinta y ocho iniciativas finalistas que fueron seleccionadas de distintos puntos de la provincia.

    “Fue una experiencia maravillosa, superó todas las expectativas de docentes, estudiantes y del equipo educativo”, expresó Paz Sarrasqueta, directora de Innovación y Contenidos Digitales, en diálogo con Am Cumbre 1400. Durante tres días, la capital neuquina se convirtió en un espacio de encuentro donde los jóvenes compartieron sus ideas y visiones de futuro.

    Más participación y una nueva modalidad zonal

    La edición 2025 marcó un crecimiento sin precedentes en la participación. Según Sarrasqueta, “en 2024 hubo cien propuestas, pero este año la cifra casi se triplicó”. Este incremento motivó una nueva organización: la realización de instancias zonales que permitieron acercar el evento a más localidades del interior.

    Hubo una decisión política en materia educativa para que Educatic recorriera las zonas de la provincia”, señaló la funcionaria. Además de un jurado especializado, el público pudo votar a través de redes sociales, fortaleciendo el vínculo entre las escuelas y la comunidad.

    Un espacio de aprendizaje compartido

    El cierre provincial se realizó en el Centro de Convenciones de Omuyo, donde los finalistas expusieron sus proyectos en un entorno que combinó tecnología, educación e intercambio. Participaron también la Universidad Tecnológica Nacional y la Facultad de Informática de la Universidad del Comahue, con disertaciones sobre inteligencia artificial aplicada al aula e inclusión digital.

    “Fue algo completamente diferente al año anterior. Crecimos en calidad y profundidad de las temáticas, y los docentes y estudiantes mostraron gran compromiso”, afirmó Sarrasqueta.

    El proyecto ganador: tecnología con impacto social

    El primer premio fue para una escuela de Villa Pehuenia, pero Sarrasqueta remarcó que el propósito de Educatic va más allá del reconocimiento. “La idea es que los ganadores sigan desarrollando sus iniciativas, que el premio sea una herramienta para mejorar y presentar versiones ampliadas en 2026”, explicó.

    Uno de los proyectos más destacados fue el bastón inteligente con sensores para personas con discapacidad visual, diseñado por estudiantes neuquinos. Este dispositivo fue probado junto a la Escuela Especial Nº7, donde los propios usuarios aportaron sugerencias para perfeccionarlo. “Ese intercambio fue hermoso; los chicos aprendieron escuchando a quienes más lo necesitaban”, contó la directora.


    Educación, tecnología e inclusión: un mismo camino

    Para Sarasqueta, uno de los mayores logros de Educatic es que los proyectos trascienden el aula. “No queremos que queden en lo escolar. Buscamos que tengan impacto en la comunidad, en el ambiente y en la inclusión”, destacó.

    Detrás de cada propuesta hay un trabajo sostenido. Sarrasqueta explicó que los facilitadores técnicos pedagógicos acompañan a los docentes durante todo el proceso: “No solo los asistimos en lo técnico, sino también en lo pedagógico. No todos son especialistas en informática, pero los ayudamos a animarse”.

    La directora subrayó que no saber no es un obstáculo, sino una oportunidad para aprender. “Es una invitación a formarse, a romper el hielo y dar espacio a los chicos, que muchas veces son autodidactas”, concluyó.

    Educatic: la innovación que nace desde las escuelas patagónicas

    Educatic 2025 dejó una huella visible en la comunidad educativa neuquina. No solo reconoció a ocho proyectos destacados, sino que impulsó una red de aprendizaje y colaboración que crece año a año. En cada aula, en cada escuela del interior o de la capital, la tecnología se convierte en una herramienta para construir un futuro más inclusivo y conectado en la Patagonia.

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  • Allanaron Comarsa: tomaron muestras de los residuos que se trasladarán a Añelo

     

    Fotos: Emiliano Ortiz.

    La fiscalía de Delitos Ambientales realizó un allanamiento en el predio del basurero petrolero Comarsa del Parque Industrial de Neuquén. El traslado de los residuos tóxicos desde allí hacia Añelo, acordado en 2024 entre la empresa y la Secretaría de Ambiente de Neuquén, permite ahora acceder a otras superficies en las que tomar las nuevas muestras. El procedimiento se concretó en el contexto de la causa contra el dueño y dos ejecutivos de la empresa por los delitos de contaminación y administración fraudulenta y tuvo como objetivo tomar esas muestras y secuestrar documentación sobre movimientos de suelos, traslados y disposición de residuos. La gran cantidad de residuos de la explotación de Vaca Muerta sigue siendo un problema irresuelto para la provincia. Por OPSur.


    “Ya en 2023 y 2024 se había allanado a Comarsa con el fin de tomar muestras de suelo en el predio. Pero el alcance fue acotado por la enorme cantidad de residuos en el lugar, lo que imposibilitó el acceso a determinados sectores”, dijo el fiscal de la causa Maximiliano Breide Obeid en relación al motivo de este nuevo ingreso.

    Según el querellante Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, “lejos de ser un asunto resuelto como pretenden las autoridades políticas de Neuquén, este allanamiento refuerza las medidas de investigación”. Colombo explicó que es el quinto allanamiento a la empresa, y que se concreta “junto a muchas otras medidas que ratifican que Comarsa cometió delitos de contaminación, usurpación de tierras públicas y un fraude millonario escandaloso a lo largo de más de 10 años. Todo en el contexto de la gestión de la basura petrolera del fracking de Vaca Muerta”.

    Fotos: Emiliano Ortiz.

    Por fuera de la causa judicial, en octubre de 2024 Comarsa acordó con la Secretaría de Ambiente trasladar los residuos ubicados en Neuquén a la planta de disposición final de Indarsa en Añelo en un plazo de 24 meses. Según el convenio, la empresa no trasladaría los 31.000 m³ de residuos en biopilas pero retiraría los 210.000 m³ acopiados. Con ese objetivo, se pautó la obligación de retirar 17.500 m³ por bimestre. Entre enero y febrero de este año, cuando comenzó a concretarse el convenio, la compañía movió 11.500 m3. Es decir, solo el 65% de lo acordado.

    Al día de hoy, no hay información pública que permita saber si Comarsa cumplió con los volúmenes establecidos para el segundo bimestre. La Secretaría de Ambiente no publicó informes actualizados ni respondió los pedidos de información realizados por la Fiscalía y las querellas sobre las cantidades transportadas y qué tipo de análisis se les realizó. Tampoco se conoce si se iniciaron sanciones por el incumplimiento anterior de la empresa.

    Accedé al informe La basura del fracking en Vaca Muerta sobre el tratamiento de residuos de la empresa Comarsa.

    Fuente: https://opsur.org.ar/2025/06/11/allanaron-comarsa-tomaron-muestras-del-suelo-que-esta-siendo-trasladado-a-anelo/

     

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