La mano derecha de Kicillof destacó el equilibrio de las cuentas públicas de Milei
El ministro de Producción bonaerense sorprendió al destacar dos puntos de la política económica de Javier Milei. Augusto Costa, uno de los funcionarios más cercanos a Axel Kicillof en temas técnicos, dijo que en un eventual gobierno peronista dejaría la estabilidad en las cuentas públicas y la lucha contra la inflación.
«Cuando digo estabilidad me refiero a la sustentabilidad de las cuentas públicas. Que el esquema de recaudación y de gasto sea sustentable en las condiciones de financiamiento», explicó Costa en lo que se leyó como un gesto al mercado de cara a la candidatura presidencial del gobernador. Además, el funcionario agregó que «hoy no hay margen para emitir como si en otros contextos».
Costa planteó que hay contextos donde la falta de financiamiento sumado a la utilización del financiamiento monetario «genera impacto macroeconómico». Fue una autocrítica a la política económica de los últimos gobiernos peronistas.
También remarcó la política de Milei contra la inflación a la que definió como «un fenómeno estructural que tiene décadas de existencia en Argentina». Costa explicó además que la inflación está conformada por un conjunto de variables y que la política monetaria es solo una de ellas en la dinámica de los precios.
En la misma línea, tras una apelación del gobierno de Kicillof, la Justicia revocó una cautelar que había frenado los aumentos en las tarifas de luz y ahora las compañías tienen vía libre para aplicar las nuevas subas.
Tras las reuniones en Estados Unidos, Kicillof suspendió el viaje a China
El último aumento de las tarifas eléctricas aprobado por Kicillof había sido judicializado por el Defensor del Pueblo y hace poco más de un mes había quedado en suspenso por una medida cautelar.
Sin embargo, el gobierno de Kicillof apeló esa decisión y ahora la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata decidió rechazar los cuestionamientos al ajuste y suspendió la decisión que frenaba la suba de tarifas dispuesta por la Provincia a partir del 1 de agosto.
A partir de esta decisión de un tribunal de alzada, se restituye el incremento de entre el 1,5% y el 3,5% aplicado a través de la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y que afectará a alrededor de 1.400.000 usuarios.
El conflicto comenzó con una presentación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires contra las cuatro distribuidoras y el Estado provincial. La demanda cuestionó la Resolución N° 585/2026 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que había aprobado un nuevo esquema de tarifas.
