La defensa de Salmain apuesta al peronismo para salvarlo de la destitución

La defensa de Salmain apuesta al peronismo para salvarlo de la destitución

Sectores del Poder Judicial de la Nación, de la Justicia Federal de Rosario y del Consejo de la Magistratura que hablaron con LPO empiezan a digerir la posibilidad de que Gastón Salmain mantenga su cargo de juez federal en Rosario, vale decir, que el tribunal de enjuiciamiento que analiza su destitución por mal desempeño se pronuncie de manera dividida, sin obtener el pedido de destitución formulado por los acusadores.

Para que eso ocurra deberían votar en contra de su remoción tres de los siete miembros del tribunal del jury que comenzó hace quince días. El cuerpo que debe definir el veredicto está conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca (LLA) y María Florencia López (Unión por la Patria), los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA) y Christian Alejandro Zulli (UP) y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Diversos sectores que esperan que el juez federal civil y comercial 1 de Rosario sea desplazado por mal desempeño creen que en el jury se demostró de forma contundente que eso debe pasar. Pero estiman que Salmain puede alcanzar su permanencia con un fallo dividido en el que tres jurados lo favorezcan con su voto. Aluden a los de la senadora López, el diputado Zulli y la abogada Fernández.

Pidieron la destitución del juez Salmain: «nos tomó el pelo, nos mintió en la cara»

La conexión que hacen, por sí sola, resulta superficial. Y es que uno de los defensores de Salmain, José Manuel Ubeira, lo es también de Cristina Kirchner. Y aluden a que los legisladores que vienen del kirchnerismo podrían no mostrarse convencidos de las causales de destitución esgrimidas por los consejeros Diego Barroetaveña, Luis Juez y Jimena de la Torre, que oficiaron como acusadores en el jury.

Esos mismos sectores recuerdan que dos miembros del Consejo de la Magistratura que son diputados por Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, en momentos en que se consideró abrir el juicio político contra Salmain votaron en desacuerdo con una de las causales, que es el hecho de que el magistrado cuestionado omitió consignar durante su concurso que había sido echado del Poder Judicial de la Nación cuando era empleado, en el año 2002, por haber ofrecido sobornos para direccionar causas hacia el juzgado donde se desempeñaba. Aunque ambos consejeros votaron por mandar al juez al jury por otra de las causales. 

La defensa de Salmain apuesta al peronismo para salvarlo de la destitución

Salmain y su abogado Ubeira

Frente a la opción de que los jurados del peronismo acudan en salvataje a Salmain aparece un interrogante obvio: ¿para obtener qué tipo de beneficio? ¿solo por la convicción de que no alcanzan los motivos esgrimidos por los acusadores? ¿No implica a esta altura un juez muy cuestionado en los breves tres años que lleva en su cargo, con dos juicios penales en marcha por corrupción, un peso muerto para cualquier estructura política?

En Rosario hay cabildeos constantes dentro de la Justicia Federal, y también en los ámbitos de la política, frente a una posibilidad que parece desconcertante pero no es en absoluto remota. Y es que un juez federal que puede ser condenado en dos causas penales pueda seguir en su rol de impartir justicia. Si Salmain logra sortear el jury en su contra va a ser repuesto en su cargo y sus fueros impedirán cualquier medida de coerción contra él. Podría tener una sentencia en contra, no ir a la cárcel y seguir en su rol de juez civil y comercial, donde fue cuestionado por hechos muy extraños. Pero también, eventualmente, haciendo subrogancias en juzgados penales.

Salmain puede alcanzar su permanencia con un fallo dividido en el que tres jurados lo favorezcan con su voto y buscaría la ayuda de dos legisladores kirchneristas. Uno de los defensores de Salmain, José Manuel Ubeira, lo es también de Cristina Kirchner. Dos consejeros kirchneristas ya se opusieron a los causales de enjuiciamiento

El juicio político a Salmain considera dos causales. La primera es haber favorecido a particulares para que pudieran comprar 10 millones de dólares a precio oficial durante la vigencia del cepo ante la oposición manifiesta del BCRA a cambio de un retorno. El otra es haber omitido durante el concurso que ofreció sobornos a una empleada para destinar casos a su juzgado.

Por el primer hecho, el caso de los 10 millones de dólares, Salmain está con procesamiento confirmado. A esto se le sumó la semana pasada un caso en el que efectivamente afrontará un juicio oral y público. En este caso, según la acusación, el 21 de octubre de 2025 Salmain utilizó su investidura como juez para librar dos oficios dirigidos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con el objetivo de conocer el estado de la mencionada causa, lo que se supone un abuso de autoridad.

Empezó el jury por coimas contra el juez federal Salmain, que dijo que es víctima de una persecución

En el primer hecho está imputado por los delitos de asociación ilícita, prevaricato, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le dictaron un embargo, le prohibieron salir del país y le dictaron prisión preventiva que no puede hacerse efectiva por su inmunidad como magistrado.

En el segundo caso, que va a juicio, Salmain pidió con una nota membretada de su juzgado y su firma una cantidad muy específica de precisiones sobre el mismo acto donde él estaba bajo investigación ante la sospecha de estar cometiendo un delito. Quiso saber cómo se enteraron, cuando lo allanaron, de que él estaba en Buenos Aires, nombre y cargo de quien recibió la orden de requisarlo, y también de quien emitió la orden. El caso por el que se pidió la medida era la orden que que dio para que el BCRA le vendiera los 10 millones de dólares a un financista cuando regía el cepo cambiario.

Luis Juez

La semana pasada, los acusadores en el jury pidieron la destitución de Salmain. Señalaron que es muy grave que haya omitido que lo echaron por ofrecer coimas en 2002 como empleado judicial, algo que el ahora juez dijo no recordar cuando le preguntaron en el trámite por ese hecho. «Se lo acusa de haber callado ante los que debíamos evaluar su idoneidad. De conocerse este antecedente, ¿el Senado le habría dado acuerdo? Parece que no. El postulante tiene la obligación de decir la verdad. Y cuando eso no pasa se rompe la confianza y eso rompe sus condiciones de idoneidad para seguir siendo juez», dijo la consejera acusadora De la Torre.

A Ubeira le tocó una muy brava en el momento de ejercer la defensa del juez acusado, quien se dice víctima de una persecución carente de pruebas. Y fue porque le tocó hablar luego de que el acusador Luis Juez leyera partes del sumario por ofrecer sobornos por el cual la Corte Suprema por unanimidad lo dejó cesante. Ubeira contratacó con un posicionamiento político y con oficio.

Sostuvo Ubeira que no existió mala fe en su defendido al no haber dado cuenta del antecedente de su cesantía. Señaló que cumplidos diez años la ley ampara que de una persona sancionada se borre el registro de sus sanciones por un principio de rehabilitación. ¿Y saben por qué?, preguntó Ubeira. «Para la redención, para la rehabilitación, para no tener que cargar sobre las espaldas eternamente con algo que a lo mejor hicimos en nuestra juventud, mal guiados o por situaciones que por ahí a lo mejor nos excedieron».

«Lo que noto en los acusadores es una absoluta falta de caridad», siguió Ubeira. Que aludió expresamente al caso de Lago Escondido donde jueces implicados en un caso de dádivas lograron escapar a la persecución penal. Para pedir que se desestime la acusación, el abogado citó un pasaje de Mateo en el Nuevo Testamento cuando a Jesús le preguntan si debe perdonar a una mujer adúltera, y responde que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. «Y yo me pregunto, ¿cuántos, no solo los que están acá, sino los que integran el Poder Judicial, están en condiciones de agarrar la piedra y lanzarla». 

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    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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