La CIDH responsabilizó a la Corte Suprema de violar los derechos humanos de Moliné O’Connor
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a la Argentina responsable por la violación a los derechos humanos de Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, en el marco del juicio político que terminó con su destitución como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2003.
El tribunal constató que «distintas decisiones emitidas durante el trámite del juicio político carecieron de la motivación necesaria, aunado a que las autoridades que conocieron los recursos judiciales que la víctima instó para impugnar lo resuelto por el Congreso de la Nación no proveyeron una respuesta que atendiera los agravios denunciados por aquella». «También señaló que la revocación de la pensión vitalicia dispuesta en razón de la destitución arbitraria de la que fue objeto el señor Moliné O’Connor conculcó sus derechos, y que el proceso judicial que la víctima instó para cuestionar tal decisión se prolongó injustificadamente por más de una década», dice el comunicado.
Para la CIDH, «Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento; asimismo, vulneró los derechos políticos y los derechos a la propiedad privada, al trabajo y la seguridad social». Además, apuntó que «el Estado es responsable por la afectación al proyecto de vida de la víctima».
Por otro lado, el tribunal ordenó al Estado «regularizar el régimen de la pensión que correspondía al señor Moliné O’Connor; publicar y difundir la sentencia y su resumen oficial y pagar las sumas determinadas en la sentencia por conceptos de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, costas y gastos».
La composición de la Corte para resolver incluyó a Rodrigo Mudrovitsch, Presidente (Brasil); Patricia Pérez Goldberg, Vicepresidenta (Chile); Ricardo C. Pérez Manrique, Juez (Uruguay); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Alberto Borea Odría, Juez (Perú), y Diego Moreno Rodríguez, Juez (Paraguay). La Jueza Verónica Gómez, de nacionalidad argentina, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de la sentencia.
