Julieta Corroza: «Neuquén necesita un senador que cuide sus recursos»

Julieta Corroza: «Neuquén necesita un senador que cuide sus recursos»

 

Con las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre a la vuelta de la esquina, Julieta Corroza, candidata a senadora por la Neuquinidad, reafirmó su compromiso con el modelo de gobernanza provincial en una entrevista de AM Cumbre 1400. A lo largo de la charla, Corroza no solo destacó su labor en el gobierno provincial, sino que también expuso sus principales propuestas para el futuro de Neuquén en el Congreso de la Nación.

Un año marcado por crisis y trabajo incansable

El año electoral comenzó con un desafío inesperado: los devastadores incendios en la Cordillera. Corroza recordó el esfuerzo conjunto de su equipo para enfrentar la emergencia, sin desatender el trabajo político y la planificación de las elecciones. “Fue un año de una tras otra”, señaló, destacando cómo la gestión provincial no se detuvo ante las adversidades.

Su rol, como responsable del área de gobiernos locales, ha sido clave. Corroza describe su trabajo como “24-7”, siempre en contacto con la ciudadanía. Desde reuniones con trabajadores del transporte público a las 5 de la mañana, hasta visitas constantes a las localidades más alejadas de la provincia, su cercanía con los ciudadanos refleja su dedicación a los problemas cotidianos de la gente.

Defensa del trabajo genuino y políticas públicas en tiempos de transformación

Uno de los pilares de la campaña de Corroza es la defensa del trabajo genuino y la necesidad de preparar a Neuquén para los nuevos desafíos, especialmente en el marco del desarrollo de Vaca Muerta. Corroza subrayó la importancia de que los neuquinos se adapten a las transformaciones laborales, un desafío urgente en un mercado de trabajo en constante cambio.

También destacó la labor de su gestión en la lucha contra la violencia de género, mencionando la consolidación del Ministerio de las Mujeres en la provincia, que se mantuvo y reforzó pese a la eliminación de esta cartera a nivel nacional. En ese sentido, mencionó el caso de Azul, la mujer trans asesinada, y cómo la justicia actuó con perspectiva de género para calificar el crimen como un transfemicidio.

La inequidad en la coparticipación: un desafío clave para Neuquén

Otro de los ejes de su propuesta es la lucha por una distribución más justa de los recursos. Corroza criticó la actual coparticipación federal, destacando que, por cada 100 pesos que Neuquén aporta al Estado Nacional, solo recibe 51. Esta disparidad, según la candidata, limita el desarrollo provincial y obstaculiza la ejecución de obras fundamentales. “Si se nos devolviera lo que nos corresponde, podríamos duplicar las obras y mejorar la calidad de vida de los neuquinos”, aseguró Corroza.

Inversiones claves: obras e infraestructura para el futuro de Neuquén

A pesar de los desafíos económicos nacionales, la gestión de Neuquinidad ha logrado avanzar en infraestructura clave. Corroza resaltó que, en los últimos dos años, se han ejecutado 600 kilómetros de rutas y más de 60.000 metros cuadrados de escuelas técnicas, lo que permitirá a los jóvenes de la provincia estar mejor preparados para el futuro productivo que se avecina con el auge de Vaca Muerta.

El modelo austero de la gestión también ha permitido el financiamiento de proyectos como la reconstrucción de una escuela en Caviahue, con una inversión de 500 millones de pesos. Corroza destacó que estas inversiones fueron posibles gracias a una gestión eficiente, que eliminó privilegios como las jubilaciones de privilegio y redujo las plantas políticas en un 84%.

La importancia de la participación electoral: “Defendamos la Neuquinidad”

De cara al 26 de octubre, Corroza hizo un llamado a la participación electoral, destacando que la elección no solo definirá quiénes representarán a Neuquén en el Congreso, sino también qué modelo de gobierno se consolidará a nivel nacional. “Es fundamental que la gente vaya a votar, porque se juega el futuro de los recursos de todos los neuquinos”, concluyó la candidata.

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  • La Segunda guerra civil en Estados Unidos

     

     

    Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).


     

    No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

    En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

    En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

    En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

    En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

    Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

    A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

    Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

    Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

    Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

    (Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

    CALPU

     

     

     

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  • Violencia escolar en Roca: un menor atacó a compañero y se aplicó protocolo educativo

     

    En Roca, la denuncia de un incidente de violencia entre dos alumnos de una escuela privada llevó a la activación del protocolo de intervención escolar del Ministerio de Educación de Río Negro. La directora de Educación Privada, Paula Sarramone, confirmó que el dispositivo se encuentra en marcha y explicó que, por la particularidad del hecho, no fue necesario suspender las clases.

    Según fuentes extraoficiales, uno de los menores habría atacado al otro con un tenedor en la Escuela del Valle. Ante esta situación, se convocó un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales para abordar el conflicto y garantizar la contención de los alumnos y sus familias.

    Cómo funciona el protocolo

    Sarramone detalló que la intervención inicia con la comunicación inmediata a los padres de los menores involucrados, seguida de reuniones para mediar en el conflicto. Dependiendo de la gravedad del hecho, se pueden implementar estrategias a mediano y largo plazo, e incluso suspender las clases si fuera necesario.

    La funcionaria destacó que estos protocolos no dependen de la situación social general, sino que son parte de un mecanismo permanente para manejar conflictos escolares: “El protocolo está porque los conflictos sociales existen desde que existen las relaciones sociales”, afirmó.

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  • Debuta la Sub 20 en el Mundial que se juega en Chile: hora, TV y formaciones

     

    La Selección argentina debutará este domingo en el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile, cuando se enfrente con su par de Cuba en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

    El cruce está programado para las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que tiene capacidad para 21.100 espectadores, y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el malasio Nazmi Nasaruddin.

    La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, consiguió la clasificación al Mundial gracias a la gran participación en el Sudamericano Sub 20, en el que terminaron en la segunda posición y protagonizaron momentos muy destacados como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfazo 4-3 sobre Uruguay.

    La “Albiceleste” buscará volver a ser protagonista en esta competición, donde es la máxima ganadora con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró ser competitiva y solo se pueden destacar los cuartos de final alcanzados en 2011 y los octavos en 2019 y 2023.

    Los otros dos equipos del Grupo D son Italia y Australia, que se enfrentarán este domingo a las 17.

    Este domingo se llevarán a cabo otros dos partidos, ya que a las 17 Marruecos se enfrentará con España, mientras que a las 20 Brasil tendrá un interesante cruce con México a las 20. Ambos partidos corresponden a la primera fecha del Grupo C.

    Las probables formaciones y otros detalles del encuentro

    • Mundial Sub 20
    • Grupo D – fecha 1
    • Argentina – Cuba
    • Estadio: Elías Figueroa Brander
    • Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Mal)
    • Horario: 20. TV: Telefe y DSports

    Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

    Cuba: el técnico aún no dio detalles sobre la posible formación. DT: Pedro Pablo Pereira.

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  • El Estado y una práctica recurrente: espiar a las organizaciones sociales

     

    Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.


    Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

    Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

    Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

    Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

    La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

    Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

     

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  • Pepé Ousset afirmó que “Neuquén debe defender su modelo de gestión”

     

    El candidato a senador Juan Luis “Pepé” Ousset subrayó que “confiamos en nuestro modelo de gestión” al referirse al camino político que impulsa La Neuquinidad. Durante su intervención, aseguró que la propuesta se apoya en un sistema de valores propio del modelo neuquino, en contraste con quienes reciben directivas desde el ámbito nacional.

    Ousset hizo referencia al déficit de infraestructura heredado, que comenzó a revertirse con la decisión del gobernador Rolando Figueroa de invertir en obras postergadas durante décadas. Según indicó, esta política busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia a través de un plan sostenido de desarrollo.

    El dirigente sostuvo que Neuquén no es una provincia rica, pero sí una provincia con potencialidades. En este sentido, aseguró que el desafío es transformar esas oportunidades en realidades concretas, lo que requiere defender los recursos provinciales y garantizar que su aprovechamiento se traduzca en beneficios para la comunidad.

    Al describir el modelo neuquino, Ousset enumeró ejes como el ordenamiento del Estado, la asignación de recursos prioritarios, el fortalecimiento de las empresas públicas, la preservación de la caja jubilatoria provincial, la inversión histórica en educación con el programa de becas Gregorio Álvarez y la lucha contra el narcomenudeo.

    De cara a las elecciones, remarcó que la provincia necesita legisladores que representen fielmente los intereses de Neuquén en el Congreso. En ese marco, mencionó a los candidatos de La Neuquinidad: Julieta Corroza y él mismo para senadores, junto a Karina Maureira y Joaquín Perren para diputados. “Lo que queremos es defender nuestro desarrollo y futuro con voces propias”, concluyó Pepé Ousset.

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  • Solicitan elevar a juicio la causa de la mujer trans que murió por no recibir atención médica en la cárcel

     

    Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.


    El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

    A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

    Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

    El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

    La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

    A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

    Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

     

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