Investigar los agrotóxicos y terminar bajo sumario: el caso de Virginia Aparicio y el Proyecto SPRINT
Virginia Aparicio lleva más de dos décadas trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del CONICET. Durante años estudió la presencia y los efectos de los plaguicidas en el ambiente y en los sistemas productivos. En 2020 pasó a coordinar en la Argentina el Proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada por la Unión Europea que buscaba medir la exposición a plaguicidas en seres humanos, animales, plantas, suelos y agua. Tres años después, la difusión de los resultados fue frenada por el propio INTA y el organismo terminó retirando a la Argentina del proyecto. Ahora, Aparicio enfrenta un sumario administrativo que podría terminar en su exoneración, en una causa que organizaciones científicas, ambientales y de derechos humanos vinculan con su participación en aquella investigación.
Por Amparo Lestienne para NLI
Un proyecto que el propio INTA había impulsado
SPRINT comenzó a gestarse en 2018 a partir de contactos entre científicos del INTA y la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. La propuesta fue aprobada en el marco del programa europeo Horizonte 2020 y comenzó formalmente en septiembre de 2020. Su objetivo era desarrollar una evaluación integral de los riesgos derivados de los plaguicidas y estudiar alternativas para avanzar hacia sistemas de protección vegetal más sostenibles. Argentina fue el único país del continente americano incorporado al consorcio internacional.
El propio INTA difundió públicamente el proyecto y presentó a Virginia Aparicio como líder del sitio de estudio argentino. Los documentos institucionales describían un trabajo que incluía productores, vecinos y consumidores, además de muestras de plantas, agua, suelo, animales y otros componentes ambientales. Las muestras obtenidas en Argentina fueron enviadas a laboratorios europeos participantes del consorcio bajo los protocolos correspondientes al proyecto.
Durante 2021 se realizó además un amplio muestreo biológico humano. Más de 70 voluntarios de zonas rurales y urbanas aportaron sangre, orina, materia fecal y otras muestras, mientras que también se utilizaron pulseras capaces de registrar la exposición ambiental durante varios días. Un documento presentado ante la Cámara de Diputados detalló que el estudio contemplaba el análisis de distintas matrices humanas y ambientales para comparar la situación argentina con la de los demás países participantes.
Los resultados que no llegaron a presentarse oficialmente
El conflicto comenzó a hacerse público en junio de 2023. Estaba prevista una reunión virtual para presentar los resultados generales obtenidos en la Argentina, pero la actividad fue suspendida por decisión de las autoridades del INTA. Un proyecto presentado posteriormente en la Cámara de Diputados pidió explicaciones al entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, sobre la decisión de suspender la publicación y sobre el futuro de las actividades argentinas dentro de SPRINT.
Parte de los resultados fue presentada posteriormente en el marco de una conferencia científica vinculada a la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con la documentación difundida sobre el estudio, los participantes argentinos presentaron rastros de distintos plaguicidas en las muestras analizadas. En sangre se registraron entre 2 y 10 sustancias, en orina entre 6 y 13 y en materia fecal entre 0 y 18. Las pulseras utilizadas para medir exposición ambiental también detectaron múltiples sustancias.
El dato debe ser leído con precisión científica: detectar la presencia de un plaguicida no equivale por sí mismo a demostrar que una determinada sustancia haya causado una enfermedad o un daño individual. El objetivo inicial de SPRINT era precisamente mapear la presencia y las combinaciones de sustancias para avanzar posteriormente en la evaluación de riesgos. Los documentos del proyecto explicaban que las consecuencias de las distintas concentraciones y mezclas debían ser objeto de estudios posteriores.
Pero el relevamiento dejó un problema que excedía la discusión académica: existía evidencia concreta de exposición a múltiples plaguicidas en las muestras argentinas y el organismo que había participado de la investigación decidió interrumpir su continuidad.
El retiro de Argentina y el expediente contra Aparicio
El 7 de diciembre de 2023, tres días antes de la asunción presidencial de Javier Milei, el entonces presidente del INTA firmó la Resolución 1081/2023, mediante la cual se puso fin a la participación argentina en SPRINT, según la reconstrucción publicada por distintos medios. La decisión había sido precedida por la suspensión de la difusión de los resultados.
Sobre los motivos de aquella decisión existen versiones contrapuestas. Una investigación periodística de Tiempo Argentino atribuyó a una fuente del Consejo Directivo del organismo la afirmación de que hubo presión de entidades de la Mesa de Enlace. Esa interpretación también fue recogida por organizaciones que actualmente reclaman que se preserve el trabajo de Aparicio. No obstante, esa versión corresponde a una fuente reservada y no debe confundirse con una explicación oficial comprobada del INTA.
El capítulo siguiente fue el sumario contra Aparicio. Según las reconstrucciones periodísticas y las organizaciones que siguen el caso, las autoridades del INTA le comunicaron en 2025 la apertura de un expediente administrativo con diversas imputaciones relacionadas con su actuación dentro del proyecto. Entre los cuestionamientos señalados por su defensa aparecen el supuesto ocultamiento de información a superiores y un presunto perjuicio económico o material al Estado, acusaciones que Aparicio y su abogado rechazan.
La situación adquirió una nueva dimensión en septiembre de 2026. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó su preocupación por una eventual exoneración o cesantía y sostuvo que el INTA había impedido la difusión de los resultados y posteriormente abierto un sumario contra la investigadora. La Red de Acción en Plaguicidas también reclamó que no se avance con la exoneración.
Según declaraciones atribuidas a Aparicio por La Vaca, el Consejo Directivo del INTA habría tratado su expediente y ratificado la exoneración, aunque al momento de esas declaraciones ella aguardaba la notificación formal. Por eso, la situación administrativa debe describirse como un proceso cuya sanción final requiere confirmación oficial, más allá de las denuncias y versiones difundidas públicamente.
El caso ya llegó al Congreso. El 17 de septiembre de 2026, el diputado Esteban Paulón presentó el expediente 4834-D-2026, que propone expresar preocupación por la persecución denunciada por la Asociación del Personal del INTA contra Aparicio. El proyecto fue girado a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Agricultura y Ganadería.
La controversia, entonces, no se reduce al destino laboral de una investigadora. También pone sobre la mesa una pregunta de mayor alcance: qué sucede cuando una investigación producida dentro de un organismo científico estatal genera resultados ambientalmente sensibles y esos resultados entran en conflicto con intereses vinculados al modelo productivo. SPRINT fue presentado por el propio INTA como una investigación destinada a comprender los riesgos de los plaguicidas y a desarrollar herramientas para reducirlos. Aparicio fue designada como responsable argentina y trabajó dentro de ese esquema institucional. El posterior retiro del organismo, la interrupción de la comunicación pública de los resultados y el sumario abierto contra quien coordinó la investigación constituyen una secuencia que ahora reclama explicaciones documentadas.
Mientras el expediente administrativo continúa y el Congreso comienza a abordar el caso, queda planteada una discusión que excede a Virginia Aparicio: la posibilidad de investigar, medir y comunicar evidencia sobre contaminación por plaguicidas sin que el resultado de la investigación quede condicionado por intereses productivos o por las autoridades políticas de turno. En el caso SPRINT, esa discusión dejó de ser abstracta y pasó a tener nombre y apellido.
