Imputaron por enriquecimiento a Gloria Ruiz y ampliaron la acusación a su hermano

Imputaron por enriquecimiento a Gloria Ruiz y ampliaron la acusación a su hermano

 

La ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, fue imputada formalmente por enriquecimiento ilícito durante su desempeño en el cargo desde el 10 de diciembre de 2023 hasta que fue removida por la Legislatura. Además, se amplió la acusación sobre  su hermano Pablo -a cargo de la Casa de las Leyes- e  imputó a otras dos exfuncionarias de la Legislatura provincial.

Hasta el momento, la investigación alcanza a cuatro personas, a las que durante la audiencia realizada hoy ante el juez de garantías Lucas Yancarelli, se le atribuyeron distintos delitos y participaciones: la ex vicegobernadora, su hermano y ex coordinador de Casa de las Leyes, Pablo Ruiz; la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, Isabel Richini; y la ex prosecretaria administrativa de la Legislatura, Élida Noemí Sánchez.

El juez tuvo por formulados los cargos y rechazó un pedido de la fiscalía para declarar el caso como complejo, por lo que fijó el plazo para la investigación en 4 meses.

Enriquecimiento ilícito

En una primera etapa de la audiencia, el fiscal del caso Juan Narvaez formuló cargos a Gloria Argentina Ruiz por haber incrementado su patrimonio, sin poder acreditar el origen de ese incremento, luego de su asunción como vicegobernadora. En concreto, se refirió a la compra de una camioneta marca Toyota, modelo SW4, con un valor de $76.837.220, en junio de 2024, cuando el único ingreso declarado fue el salario que percibía por el cargo que ocupaba, siendo el primero, en enero de 2024, de $2.000.000; y el último, en noviembre, de casi $5.000.000.

“El MPF solicitó que justifique el origen de los fondos”, recordó el fiscal del caso, y aclaró que las explicaciones, que incluyen ventas de vehículos, préstamos y pagos con tarjeta de crédito, “no fueron suficientes”. “Ese aumento es de gran magnitud, ya que no guarda correspondencia con los ingresos por su cargo ni por otra actividad”, sostuvo el fiscal del caso, y encuadró la imputación en el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autora, (artículos 268 y 45 del Código Penal).

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Luego, Narvaez señaló que la investigación determinó un segundo hecho, mediante la contratación “ilegítima, celebrada por fuera de los supuestos del excepcionalidad previstos en el artículo 64, inciso 2 y apartado “h” de la Ley 2141 (de Administración Financiera)”, con la empresa Big Sur Marketing para la realización de servicios de piezas publicitarias.

Así, el fiscal del caso acusó a Gloria Ruiz, en carácter de autora, y a las dos funcionarias de la gestión como partícipes necesarias: la secretaria de Cámara, Isabel Richini; y la prosecretaria Administrativa,  Elida Noemí Sánchez. En estos casos, las imputaciones fueron por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración Pública.

Precisó que Gloria Ruiz  “aprovechó que esas piezas publicitarias fueron pagadas con fondos de la Legislatura y utilizó algunas de ellas de forma personal, publicándolas en sus redes sociales”. “Ello implicó una franca violación a la ley provincial 3.017 de despersonalización de los actos de gobierno”, agregó.

Respecto del modo de contratación, que se realizó por vía de excepción y no cumplió con las pautas de la Ley 2141, fue a instancias de Ruiz, con “la indispensable colaboración de Sánchez y Richini”, y “le ocasionó un perjuicio económico a la administración Pública Provincial de $45.012.000”.

La participación se Richini y de Sánchez es en función de los cargos que ocupaban al momento del hecho: mientras que la primera autorizaba y aprobaba las contrataciones, la segunda perfeccionaba los pagos.

Casa de las Leyes

Finalmente, el fiscal del caso se refirió a un tercer hecho, en este caso respecto de Pablo Ruiz, hermano de la ex vicegobernadora y, entre el 22 de diciembre de 2023 y el 25 de noviembre de 2024, Coordinador General de Casa de las Leyes.

Le atribuyó la contratación como proveedor de Pedro Ariel Sauer y, con ese acto, haber de defraudado al Estado por $45.482.688, en connivencia con Isabel Richini y con la indispensable colaboración de Elida Noemí Sánchez.

En este caso, el representante del MPF precisó que la contratación se realizó por fuera de las previsiones de la Ley 2141, y tenía el objetivo realizar piezas publicitarias, banners e impresiones. Indicó que los procesos administrativos se realizaron siempre luego de que el proveedor llevara adelante las tareas encomendadas y que la participación de Richini y Sánchez posibilitó que las contrataciones -un total de 16- se concretaran y pagaran.

Imputaciones de Pablo Ruiz, Richini y Sánchez

A partir de las contrataciones en Casa de las Leyes, Pablo Ruiz fue imputado por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautor, (artículos 173, inciso 7; 174, inciso 4; y 45 del Código penal) en concurso real con el delito de peculado por el que la fiscalía le formuló cargos en marzo.

Isabel Richini fue acusada como coautora por el mismo delito y, en su caso, el concurso real fue con el hecho en el que fue imputada junto con Gloria Ruiz.

Por su parte, por los hechos de Casa de Las Leyes, Sánchez  fue acusada como partícipe necesaria, y en su caso, en concurso real con su participación en las contrataciones de la empresa Big Sur.

Inhibición general de bienes

Luego de formular cargos, el fiscal del caso solicitó la inhibición general de bienes por 10 meses de Gloria Ruiz, Richini y Sánchez, una medida cautelar que ya rige respecto de Pablo Ruiz desde marzo pasado. Lo hizo por $246 millones y argumentó que la medida tiene el objetivo de resguardar el patrimonio de las personas acusadas de cara a eventuales decomisos que impliquen reparaciones en caso de una condena.

El juez Yancarelli tuvo por formulados los cargos cerca del mediodía y, tras un cuarto intermedio, dispuso la medida cautelar solicitada.

Además del fiscal Narvaez, por el Ministerio Público Fiscal intervinieron la asistente letrada Tanya Cid y el asistente letrado Facundo Bernat. El representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, adhirió a todas las imputaciones.

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    El doble femicidio de Luna Giardina (26 años) y su madre, Mariel Zamudio (54), ocurrido en Córdoba, ha desnudado una vez más las grietas en el sistema judicial y policial que debería proteger a las víctimas de violencia de género. La brutalidad del crimen, cuyo principal sospechoso es Pablo Laurta, un hombre con antecedentes de violencia familiar y ligado a movimientos anti-derechos, resalta una preocupante falta de respuestas eficaces ante las denuncias previas de las víctimas.

    Luna, estudiante de Agronomía, había huido de Uruguay tres años antes tras sufrir un intento de estrangulamiento a manos de Laurta. A pesar de haber denunciado su agresor y las restricciones judiciales impuestas, el sistema falló: Laurta logró burlarlas, cruzando la frontera ilegalmente y asesinando a madre e hija en su hogar. Las denuncias de Luna sobre el acoso constante fueron ignoradas, a pesar de que en varias ocasiones había pedido auxilio a las autoridades, y su madre, Mariel, incluso la escoltaba cada vez que llegaba al colectivo, temiendo por su seguridad.

    En una entrevista por AM Cumbre 1400, en el programa Cumbre a la Carta, Soledad Ceballos, especialista en comunicación feminista, denunció la ineficiencia de los mecanismos judiciales y policiales que “no deben fallar y volvieron a hacerlo”. La falta de acción de la policía y la justicia frente a Laurta, a pesar de contar con medidas de restricción y una orden de colocación de tobillera electrónica, dejó en evidencia una vez más la insuficiencia del sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia.

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    Ceballos también señaló el vínculo de Laurta con grupos anti-derechos, como «Varones Unidos», que promueven discursos de odio y control sobre las mujeres. «Este tipo de grupos perpetúan patrones estructurales de desigualdad que fomentan la violencia machista», alertó la especialista.

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    El doble femicidio en Córdoba también deja en evidencia la normalización de la violencia simbólica en nuestra sociedad. Desde los medios hasta las conversaciones cotidianas, hay una desensibilización ante la violencia de género que permite que estos crímenes se repitan una y otra vez. «Si no logramos socialmente unir la violencia simbólica con el femicidio, seguimos estando en problemas», afirmó Ceballos.

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  • Triple crimen en Florencio Varela: la Justicia lo investiga como femicidio y cambia de fiscal

     

    La Justicia bonaerense dio un giro en la investigación del triple crimen de Florencio Varela, ocurrido días atrás y vinculado a una trama narco. La Fiscalía General de La Matanza, encabezada por Patricia Ochoa, dispuso que el expediente, hasta ahora en manos del fiscal Gastón Dupláa, sea trasladado a la UFI de Homicidios, actualmente a cargo del fiscal Adrián Arribas.

    La decisión se tomó tras la negativa de los cuatro detenidos a declarar y responde a cuestiones de competencia. La causa fue recaratulada como homicidio agravado, con la consideración judicial de que se trata de un femicidio.

    Nuevo rumbo en la investigación

    El fiscal Arribas ya solicitó el expediente completo a su colega Dupláa y citó al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, para analizar los avances de las tareas de campo. Con el traspaso, se espera una nueva batería de medidas que permitan esclarecer los hechos en medio de los velatorios de Brenda, Morena y Lara, las tres víctimas del crimen.

    La UFI de Homicidios de La Matanza, integrada además por los fiscales Claudio Fornaro y Diego Rulli, tiene antecedentes de importantes avances en causas complejas, lo que le da al caso una nueva expectativa de resolución.

    La imputación a los detenidos

    Uno de los principales acusados es Miguel Ángel Villanueva, de nacionalidad peruana y sin documentación en Argentina. Fue imputado por su pareja bajo la figura de homicidio calificado, con agravantes por haber actuado con el concurso premeditado de varias personas, con ensañamiento y alevosía, y por tratarse de un crimen cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género.

    De esta manera, la Justicia considera oficialmente los asesinatos como femicidios.

    En cuanto a los otros dos detenidos, que habrían intervenido en la limpieza de la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado. Todos permanecen bajo detención tras los pedidos realizados por el fiscal Dupláa antes del traspaso de la causa.

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  • Karina Maureira destacó su compromiso con Neuquén y propuso un proyecto sobre discapacidad

     

    Durante el multitudinario acto de La Neuquinidad en Zapala, la candidata a diputada nacional Karina Maureira reafirmó la necesidad de un Estado presente y eficiente. “El Estado somos todos y no debe malgastar recursos”, sostuvo la periodista, quien encabeza la lista de candidatos a la Cámara baja por el espacio que lidera el gobernador Rolando Figueroa.

    En su discurso, Maureira cuestionó al gobierno nacional por alejarse de la gente y señaló que la discapacidad no debe considerarse un gasto innecesario. “Estamos trabajando con muchos sectores de Neuquén para armar un gran proyecto sobre discapacidad que será un ejemplo”, anticipó la candidata.

    La dirigente subrayó sus expectativas de llegar al Congreso de la Nación, destacando que siempre existieron representantes neuquinos, aunque no todos lograron cumplir los objetivos. “Esta vez, si a Neuquén le va bien, al país le va bien”, expresó, ratificando su intención de priorizar los intereses provinciales.

    Asimismo, Maureira resaltó la importancia del contacto directo con la ciudadanía. “Queremos que nos cuenten lo que les pasa porque nos ayuda a crecer y a hacer la provincia más grande. Mi único compromiso es con Neuquén”, afirmó.

    La lista de La Neuquinidad para diputados nacionales está encabezada por Maureira y secundada por Joaquín Perren, mientras que para el Senado los primeros lugares son ocupados por Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset. Desde el espacio remarcaron que el objetivo es defender a la provincia y consolidar el modelo neuquino de gestión que prioriza educación, salud y seguridad.

    En declaraciones previas, Maureira había insistido en que “nadie se debe meter con nuestros recursos” y propuso avanzar en un bloque federal. La candidata consideró necesario ampliar el abanico político más allá de la grieta nacional, y planteó la posibilidad de un interbloque con fuerzas provinciales para fortalecer la representación de Neuquén en el Congreso.

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  • Investigan un principio de incendio en la Comisaría 52 de Centenario

     

    Los primeros minutos del lunes 13 de octubre estuvieron marcados por un incidente eléctrico en la nueva Comisaría N°52 de Centenario, cuando los policías que se encontraban de guardia detectaron humo en uno de los sectores del edificio.

    El hecho ocurrió en las instalaciones ubicadas en la intersección de Avenida Traful y Santa Teresa de Jesús, y aunque en un principio se sospechó de una falla en el termotanque, finalmente se confirmó que el foco de humo se originó por un cortocircuito.

    La rápida intervención de Bomberos y EPEN

    El subcomandante de Bomberos Voluntarios, Patricio Álvarez, detalló en declaraciones a FM Red Social 97.9 que el operativo duró cerca de 40 minutos, durante los cuales trabajaron junto a personal del EPEN para revisar la instalación eléctrica y controlar el lugar.

    “Se procedió a levantar las térmicas y uno de los sectores presentaba un cortocircuito, por eso quedó fuera de servicio. Se hizo ventilación y se verificó el techo. Sabemos que es una obra nueva y encontramos una pequeña pérdida de agua que afecta el funcionamiento de la bomba jockey, la encargada de mantener presurizada la línea de red contra incendios”, explicó Álvarez.

    Sin heridos y con recomendaciones técnicas

    Afortunadamente, ninguno de los efectivos resultó afectado. Según los bomberos, el sistema de detección no emitió alerta porque los sensores de humo estaban cubiertos detrás de un gabinete, aunque estaban programados para ser probados este mismo lunes.

    “Por suerte no sucedió nada grave. En el edificio también funciona el Centro de Monitoreo, por lo que tuvimos que cortar la energía y luego se restableció. La empresa a cargo de la obra revisará la instalación”, señaló el jefe bomberil.

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  • Solicitan elevar a juicio la causa de la mujer trans que murió por no recibir atención médica en la cárcel

     

    Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.


    El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

    A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

    Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

    El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

    La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

    A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

    Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

     

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  • Un joven nequino busca a su tío desaparecido hace décadas para que su abuela vuelva a sonreír

     

    Mateo Sánchez Zapata tiene 16 años y una determinación que sorprende. Este joven neuquino, que se define como genealogista, decidió encabezar una búsqueda conmovedora que contó en AM Cumbre 1400: encontrar a su tío abuelo, Luciano Hernán “Chamaco” Ortiz, desaparecido del radar familiar desde la década del 80.

    “Busco cumplirle este sueño a mi abuela”, contó Mateo en diálogo con el programa «La Sana Costumbre». “Ella es la mayor de 13 hermanos y hoy está muy enferma. Siempre me habló de su hermano, de lo que lo extrañaba, de las lágrimas por no saber dónde está. Yo no quiero que ese deseo se apague”.

    Según el relato, Chamaco nació el 6 de enero de 1950 en Aluminé. “Él creció en el campo, entre Aguada del Chacay y Quilca. De joven decidió irse de su casa por una situación de violencia y nunca más tomó contacto con la familia”, explicó Mateo. “Lo último que supimos es que vivió en Zapala y después en Cipolletti, en unas chacras atrás del casino del río”.

    El adolescente guarda un documento clave: la ficha de enrolamiento de su tío. “Ahí figura algo muy curioso; su domicilio sigue siendo el Club Don Bosco de Zapala. Nunca lo modificó, aunque vivió en otros lugares. Para mí es inédito, porque en el sistema del Renaper él sigue apareciendo como vivo. No hay acta de defunción”.

    La ficha de enrolamiento de su tío.

    Con esos datos, Mateo recorre radios, redes sociales y registros. “La radio es fundamental, muchos adultos siguen escuchándola. Tengo esperanza de que alguien lo haya conocido o pueda darnos un dato”, afirmó.

    El joven no solo busca a su tío, también a posibles primos: “Sabemos que Chamaco estuvo en pareja con una mujer chilena llamada Orfelina. Podría tener dos hijas, hoy de entre 40 y 55 años”.

    La historia se vuelve más conmovedora cuando Mateo habla de su abuela: “Imaginá lo que es criar a tus hermanos y un día no volver a ver nunca más a uno de ellos. Ella siempre lo lloró. Yo quiero que, aunque sea una vez, pueda reencontrarse o saber qué pasó”.

    Mientras sigue tras las pistas, Mateo mantiene la fe: “Si Dios quiere, en este 2025 tan moderno, con las redes y la tecnología, los hermanos se van a volver a encontrar”.

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