Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

 

Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

 

 

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    Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.


    El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

    A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

    Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

    El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

    La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

    A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

    Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

     

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  • El changuito más caro está en el sur: ¿Qué explica los precios en Neuquén y la Patagonia?

     

    Un reciente informe de la consultora Analytica ubicó a Neuquén entre las provincias con el changuito del supermercado más caro del país, apenas por debajo de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Completa el top 5 Tierra del Fuego, lo que posiciona a la Patagonia como la región más cara del país.

    El relevamiento, correspondiente a septiembre de 2025, revela que llenar el carrito en Neuquén cuesta en promedio $777.616, una cifra que la posiciona entre los distritos con mayor presión sobre el gasto familiar en alimentos y bebidas.

    La Patagonia vuelve a concentrar los precios más altos: Santa Cruz lidera el ranking con $800.594, seguida por Chubut ($790.224), Río Negro ($782.517), Neuquén ($777.616) y Tierra del Fuego ($776.522).

    En el otro extremo, el Noreste argentino (NEA) muestra los valores más bajos: Corrientes ($737.440), Formosa ($735.817) y Misiones ($732.793). La diferencia entre ambos extremos del mapa supera los $70.000 por mes.

    En la comparación mensual, Neuquén registró una suba del 2,96%, solo superada por Río Negro (+3,30%) y Corrientes (+2,94%). En términos absolutos, el aumento fue de $27.602 respecto al cierre de agosto, uno de los mayores ajustes del país.

    Sin embargo, el informe también introduce una lectura más compleja: los precios altos no siempre implican mayor dificultad económica. En el caso de Santa Cruz, donde el changuito es el más caro, los salarios privados registrados son los segundos más altos del país, solo por detrás de Neuquén.

    De ese modo, el peso de la canasta sobre los ingresos familiares resulta relativamente menor, ya que representa el 15,5% del ingreso combinado de dos salarios promedio.

    En contraste, en el NEA, el costo del changuito representa el 29,6% de dos salarios promedio, casi el doble que en la región patagónica. Es decir, allí donde la canasta es más barata, pesa mucho más en los bolsillos.

    El estudio también señala diferencias estructurales entre provincias, especialmente en materia impositiva. “La diferencia en las alícuotas de ingresos brutos incide en el precio final: la venta minorista de supermercados en Corrientes tributa una tasa del 2,9%, mientras que en Chaco rige el 3,2%”, explica el documento.

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  • Triple crimen: una red de al menos 15 implicados en Florencio Varela

     

    La causa por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15, tiene aún tres sospechosos prófugos y se estima que en los asesinatos participaron de manera directa o indirecta al menos 15 personas.

    Así lo afirmaron fuentes judiciales y policiales a la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que también indicaron que Matías Ozorio «ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas».

    «Falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf», señalaron los voceros.

    El acompañante del vehículo de menor porte fue señalado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego, aunque en la investigación no dieron mayores detalles sobre esa persona, pero también la vinculan con un entramado narco.

    Asimismo, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J» se trasladó  «en otro vehículo» y pudo haber estado en la vivienda de Florencia Varela, donde se produjo el triple crimen. 

    «Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas», detalló la fuente consultada por NA, por lo que faltarían arrestar a seis sujetos más.

    En relación a la hipótesis del triple crimen, ratificó la de una «venganza narco», pero aclaró que la involucrada de manera directa no sería Lara sino otra de las víctimas.

    «Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda ´mexicaneó´al grupo de Valverde Victoriano», señaló el vocero.

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  • Milei no busca expandirse

     

    El objetivo del Gobierno Nacional de cara a las elecciones es asegurar el “tercio legislativo” que permita resistir vetos y sostener la gobernabilidad.

    El Gobierno de Javier Milei encara el cierre de la campaña electoral centrado en asegurar un “tercio” legislativo que le permita sostener la gobernabilidad y defender los vetos presidenciales. En reuniones con funcionarios estadounidenses, incluido un enviado de Donald Trump, la Casa Rosada garantizó que ese bloque propio y aliado sería su principal carta de estabilidad política.

    A una semana de las elecciones, Milei apuesta a resistir en el Congreso más que a expandirse territorialmente, con encuestas que muestran un escenario muy parejo. La Libertad Avanza confía en alcanzar unos 90 diputados junto al PRO, aunque persisten tensiones con Mauricio Macri, quien se mantiene distante y advierte sobre la falta de diálogo político.

    El oficialismo, sin chances de quórum propio, enfrenta un panorama adverso en el Senado y se aferra a la boleta única como una posible ventaja visual. En la Provincia de Buenos Aires, la interna libertaria complica la campaña de Diego Santilli, mientras que en el Congreso ya se discute la continuidad de Martín Menem como titular de Diputados en caso de derrota.

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  • Deportivo Madryn, a un paso de la gloria: todo confirmado para la final de la Primera Nacional

     

    La definición por el primer ascenso a la Liga Profesional ya tiene todo confirmado para el encuentro entre Deportivo Madryn Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que será este sábado a partir de las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López, el hogar de Platense. El Aurinegro y el equipo mendocino se enfrentarán en la final de la Primera Nacional que otorgará el primer boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.

    La confirmación llegó este lunes tras una reunión se resolvieron los últimos detalles de la organización. Participaron del encuentro el presidente Claudio Tapia; el titular de la APREVIDE, Guillermo Cimadevilla; el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy; el presidente de la Primera Nacional, Marcelo Achile; además de los mandatarios de ambos clubes, Fernando Porreta (Gimnasia de Mendoza) y Ricardo Sastre (Deportivo Madryn).

    Como sucedió en las últimas definiciones de la categoría, el partido contará con la asistencia del VAR, con el objetivo de garantizar la máxima transparencia en una instancia de tanta trascendencia.

    Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro, acompañado por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes, mientras que Felipe Viola oficiará de cuarto árbitro. En el videoarbitraje estarán Héctor Paletta (VAR) y Gastón Suárez (AVAR).

    De esta forma, Deportivo Madryn, que viene de una gran temporada donde sumó 60 puntos, buscará hacer historia con su primer ascenso a la élite del fútbol argentino y convertirse en el sexto equipo patagónico en lograr subir a la máxima categoría. Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza intentará coronar el trabajo de los últimos años y lograr el ascenso a la Liga Profesional.

    El conjunto “Aurinegro” ya dio a conocer los detalles para la venta de entradas. A través de sus redes sociales, informó que los tickets estarán disponibles en su sede social, ubicada en Julio A. Roca 516. La venta comenzará este miércoles, de 8 a 20, y continuará el jueves de 8 a 12:30. En cuanto a los valores, las entradas populares tendrán un costo de 20.000 pesos, mientras que las plateas se venderán a 35.000.

    Hasta el momento, Gimnasia y Esgrima de Mendoza no comunicó oficialmente cómo será la venta de localidades para su parcialidad. Se espera que en las próximas horas el club mendocino informe el esquema de venta y la distribución de su sector en el estadio.

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  • Más contención a las familias petroleras: de qué se trata el nuevo seguro de vida

     

    Un nuevo paso en materia de seguridad y contención para las familias petroleras se llevó a cabo este miércoles en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Se trata de un acuerdo histórico con las cámaras empresarias de Operaciones y Servicios Especiales que amplía la protección de los trabajadores ante accidentes fatales.

    El entendimiento incorpora el Artículo 24 bis al Convenio Colectivo de Trabajo 644/12, bajo el título “Contención familia petrolera”.

    La norma establece la creación de un seguro de vida colectivo obligatorio para todos los trabajadores comprendidos en el convenio, que cubrirá casos de muerte o incapacidad total y permanente, tanto durante el trabajo como en el trayecto entre el domicilio y el lugar de tareas, conforme a la Ley 24.557.

    “Nuestra única intención fue garantizar que, si un compañero sufre un accidente grave o pierde la vida, su familia siga cobrando durante cinco años. Ojalá no tengamos que usarlo nunca, pero nos ha pasado ver familias totalmente desamparadas. Este acuerdo tiene un valor incalculable: es proteger a los nuestros en una actividad de riesgo”, expresó el líder sindical Marcelo Rucci durante el acto.

    El dirigente gremial destacó que el proyecto demandó un largo proceso técnico y legal, con diálogo permanente entre el sindicato, las empresas y las cámaras del sector.

    “Lo importante es que lo logramos con diálogo, entendiendo que la responsabilidad es de todos”, señaló Rucci.

    Detalles del nuevo seguro

    De acuerdo con el convenio, la cobertura consistirá en una asignación mensual equivalente al último salario bruto del trabajador, o al promedio de los últimos seis meses si resultara más beneficioso.

    El beneficio se mantendrá durante cinco años desde el fallecimiento o la declaración de incapacidad total y permanente.

    La prima será íntegramente asumida por el empleador y el beneficio será independiente de cualquier otra prestación vigente o futura.

    “Parece que se ha perdido esto de poner en valor al trabajador. Para mí, lo más importante es la gente, estar cerca, entender sus necesidades. Por eso invertimos en ambulancias, clínicas y ahora en este seguro: todo lo que hacemos es para cuidar a la familia petrolera”, agregó el dirigente.

    Seguridad y compromiso

    Rucci subrayó que esta iniciativa forma parte de un proceso integral de mejora en la seguridad laboral del sector.

    “Venimos bajando los índices de accidentes y trabajando muy bien en seguridad. Este es un paso más. Nos obliga a todos —trabajadores, empresas y dirigencia— a seguir mejorando, escuchándonos y buscando juntos la mejor manera de cuidar la vida”, concluyó.

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