Horarios de la biblioteca al aire libre en la Isla 58

 

Patricia Bullrich comprobó este viernes, tras una reunión por zoom con los senadores aliados, que sigue sin contar con los votos necesarios para aprobar la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, por el rechazo al capítulo de la venta de tierras. «Así como está, no la votamos», dijo a LPO un senador que integra el pelotón de los que conversa con la jefa del bloque libertario.

La pelea es porque las bancadas que colaboran con la Casa Rosada pretenden «un tope» al porcentaje de tierras habilitado para su venta a personas o empresas extranjeras en cada provincia, cuando el dictamen impulsado por Federico Sturzenegger deja librado casi totalmente el territorio a la enajenación. En la actualidad, solo se admite que pueda entregarse hasta el 15 por ciento del territorio a extranjeros y los senadores que responden a gobernadores cercanos al gobierno aspiran a fijar un límite en 20 o 30 por ciento, según fuentes al tanto de la negociación.

Por lo demás, la resistencia de los aliados no es tan firme como la tozudez del gobierno frente a las modificaciones que reclaman los legisladores de la Cámara Alta. El tratamiento de la ley ya fracasó en tres ocasiones y el próximo 6 de agosto podría volver a frustrarse, advierten miembros de la bancada de LLA, si Sturzenegger no se allana a los pedidos del Senado.

En efecto, los senadores que discutieron este viernes con Bullrich bajo modalidad telemática para no interrumpir sus vacaciones esperan una respuesta del ministro de Desregulación para el próximo lunes. «Veremos qué mandan», contestaron desde el entorno de una legisladora que no firmó el dictamen de mayoría pero participa de las deliberaciones con el oficialismo.

Un senador libertario admitió ante LPO que «el problema principal es el capítulo de tierras». «Si no estuviera eso, la ley ya se habría aprobado», reconoció.

Juez, Zimmerman y Camau Espínola

Para colmo, ya se perdió la cuenta sobre el número de la versión que acredita el proyecto sometido a negociación. Mientras que un aliado deslizó que ya van por la vigésima reescritura del capítulo de tierras, algo que ocurre por fuera del trabajo en comisiones y se corrige bajo la coordinación del ex senador radical Víctor Zimmermann, un miembro del bloque oficialista confesó: «dejamos de ponerle números para no estigmatizar las versiones».

A esta altura, el proyecto de Sturzenegger funciona casi como un elemento de martirio de la Casa Rosada contra Bullrich, como si el gobierno le exigiera a la senadora que consiga un objetivo casi imposible. Algo similar ocurre con la intención de eliminar las PASO; encargo que no pesa solo sobre los hombros de la ex ministra, que avisó incansablemente en las reuniones de mesa política que no prosperaría, sino que ahora también recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

De hecho, el ministro coordinador imitó a Bullrich en la sobreactuación de karinismo cuando cargó en las últimas 48 horas contra Victoria Villarruel, pidiéndole que renuncie. La jefa de bloque libertario, que también tuvo sus horas de furia contra la Vicepresidenta cuando ventiló en el grupo de WhatsApp del oficialismo las discusiones que mantuvieron en privado ambas mujeres, había intentado desescalar el conflicto en una reunión a solas.

Fuentes del Senado comentaron que, en ese encuentro, Bullrich habría asumido que había quedado en un lugar «incómodo», algo que Villarruel disfruta en medio del congelamiento que Karina Milei le aplica a ella.

Como sea, no sería una casualidad la coincidencia de Santilli y Bullrich, dos conversos provenientes de Juntos por el Cambio, contra la Vicepresidenta en la previa del cuarto intento por aprobar la ley de tierras. En el Senado se especula con que Villarruel podría desempatar contra el gobierno si los votos se empardan en el recinto.

Por el momento, el interbloque de José Mayans y el de Carolina Moisés juntan 28 senadores en el rechazo pero a ese grupo se sumarían, si no se modifica el capítulo de tierras como pretenden, tres radicales, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. Un piso de 33 legisladores en contra, con los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce en duda y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano más allá de los cálculos, dejaría a los libertarios al borde de un nuevo fracaso. 

 

En los próximos días, la Municipalidad de Villa Regina recibirá la totalidad del equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en los basurales y el equipamiento para potenciar la clasificación y separación de los mismos, además de dotar de infraestructura necesaria para la mejora de las condiciones laborales de los recicladores urbanos….

 

Luis Caputo abrió una nueva fuente potencial de financiamiento para el Tesoro. Esta vez, con el fondo creado para afrontar las indemnizaciones de los trabajadores. 

La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía definió este miércoles dónde podrán colocarse los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y dejó una particularidad difícil de pasar por alto: puso límites para casi todos los activos, menos para la deuda del Estado nacional. 

El FAL es una de las piezas centrales de la reforma laboral aprobada este año. Fue creado por la Ley 27.802 para que las empresas acumulen recursos destinados a afrontar indemnizaciones por despidos y otras formas de extinción del contrato laboral. No reemplazan formalmente la indemnización ni liberan al empleador si el dinero acumulado resulta insuficiente. Funcionan como una reserva financiera para ayudar a pagarla.

El sistema alcanzará a los empleadores privados y comenzará a funcionar el 1 de noviembre. Cada empresa tendrá una cuenta individual dentro de un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Ese patrimonio será separado, inembargable y de afectación específica. La administración quedará en manos de entidades habilitadas por la CNV. 

La plata tampoco sale directamente del bolsillo del trabajador. La ley estableció una contribución mensual equivalente al 1% de la masa salarial imponible para las grandes empresas y al 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con las condiciones previstas por la propia norma. Los pagos serán canalizados mensualmente a través de ARCA.

Son recursos que hasta ahora tenían destino previsional y financiaban el sistema de seguridad social. La reforma reduce contribuciones patronales y redirecciona una parte de ese flujo hacia las cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones.

Cómo funciona el FAL que habilita una caja millonaria para bancos y sociedades de bolsa

Hasta ahí, la arquitectura laboral. La resolución de Caputo incorpora ahora la pata financiera y transforma ese flujo en una nueva masa de ahorro institucional que saldrá todos los meses al mercado a buscar activos. 

Economía autorizó que los fondos compren títulos públicos nacionales a tasa fija, ajustados por CER, vinculados a la TAMAR, dólar linked y bonos duales. También podrán colocar dinero en deuda provincial, obligaciones negociables de empresas privadas y depósitos bancarios. Todos los instrumentos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos. 

Pero la diversificación tiene una curiosidad. La deuda provincial no podrá representar más del 15% de la cartera. Las obligaciones negociables privadas tendrán un límite del 20%. Los depósitos en una misma entidad financiera tampoco podrán superar el 15%. Para los títulos dólar linked habrá además un máximo agregado del 10%. Para la deuda del Tesoro Nacional, en cambio, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente. 

En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos. 

Para la deuda del Tesoro Nacional, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente. En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos

La reglamentación que todavía debe dictar la CNV podrá agregar restricciones adicionales, pero en la resolución publicada por Caputo no aparece un techo específico para la exposición del FAL a deuda soberana nacional. 

El detalle cobra mayor importancia por otra disposición. Los fondos deberán mantener como mínimo un 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez para responder a los pagos de indemnizaciones. 

Entre los instrumentos que Economía considera aptos para cumplir esa exigencia incluyó expresamente Letras del Tesoro en pesos, a tasa fija o ajustables por CER, con hasta 90 días de plazo remanente. 

Es decir, hasta el colchón de liquidez que debe estar disponible para pagar un despido podrá utilizarse para financiar al Tesoro. 

Federico Sturzenegger, el ideólogo del plan para las indemnizaciones

El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro. 

El tamaño potencial del nuevo jugador tampoco es menor. Según los últimos datos disponibles del SIPA, en abril había 6,13 millones de asalariados privados registrados. El RIPTE de mayo, que sirve sólo como referencia y no coincide exactamente con la base imponible del FAL, alcanzó los 1.849.728 de pesos mensuales. 

El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro

Un cálculo mecánico permite dimensionar el volumen, aunque no proyectar todavía con precisión cuánto dinero efectivamente ingresará al sistema. Si todos esos trabajadores tributaran sobre una remuneración equivalente al RIPTE, una contribución del 1% representaría alrededor de 113.000 millones de pesos mensuales, unos 1,36 billones por año. Con una alícuota del 2,5%, el flujo treparía a unos 283.000 millones de pesos mensuales, cerca de 3,4 billones anuales. 

El monto real estará en algún punto que no puede determinarse todavía con esos datos, porque depende de la masa salarial efectivamente alcanzada, de la distribución de trabajadores entre grandes empresas y MiPyMEs y de la remuneración imponible de cada uno. 

Pero la cuenta sirve para mostrar la escala: el Gobierno acaba de crear un inversor institucional capaz de administrar varios billones de pesos y habilitó al Tesoro para disputar una porción importante de ese ahorro. 

La CNV tendrá ahora que completar el tablero. El decreto reglamentario le encomendó dictar las normas necesarias para poner en funcionamiento los vehículos de inversión y establecer sus requisitos. 

Hasta entonces, el diseño que dejó Caputo tiene una particularidad política y financiera difícil de disimular. La reforma laboral creó un fondo para garantizar que haya plata cuando llegue el momento de pagar una indemnización. Economía acaba de decidir que, mientras ese momento no llegue, una parte potencialmente muy importante de esa plata podrá descansar en títulos emitidos por el propio Estado. El fondo de los despidos entra así al mercado de pesos. Y el Tesoro queda primero en la fila. 

La operación tiene entonces dos movimientos. Primero, una porción de los recursos que ingresaban al sistema previsional deja de hacerlo y pasa a alimentar los Fondos de Asistencia Laboral. Después, mientras esos pesos no sean necesarios para pagar indemnizaciones, las administradoras podrán invertirlos en los activos habilitados por Economía.