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Con la Legislatura cordobesa convertida en un hervidero a raíz de las denuncias por violencia de género y abuso sexual de algunos asesores y empleados, tanto del peronismo como de la UCR, la senadora nacional Alejandra Vigo salió a pedir la cabeza de la radical Alejandra Ferrero. Dentro de cuya oficina trabajaba Omar Ludueña, el radical de la capital cordobesa que militaba para el deloredismo y que se encuentra detenido desde el viernes pasado en una compleja causa por abuso sexual intrafamiliar.

«Ferrero debe renunciar», lanzó Vigo este lunes a La Voz del Interior, para fijar una coherencia en su conducta con respecto al pedido que había hecho sobre Ramón Flores, el legislador del peronismo que tenía entre sus asesores a José Villarreal, el hombre detenido por grooming y abuso sexual a menores en el norte de la provincia.

«Tengo la misma convicción que expresé firmemente en la oportunidad anterior. La nueva denuncia por abuso sexual contra un empleado de la Legislatura que cumple funciones en el despacho de Alejandra Ferrero (UCR) exige una respuesta contundente», dijo Vigo este lunes.

Presión que, puertas adentro de la Legislatura vuelve a ocasionar un ruido como en aquel momento, también dentro del oficialismo. «No hay que revolear pedidos así. No es la forma. Ella tiene que estar por encima de esto», dijo a LPO un llaryorista puro sobre el nuevo pedido de Vigo, ahora para una legisladora del radicalismo.

Y la exigencia de Vigo se conoció este lunes por la tarde, cuando también salió a la luz otra denuncia en contra de otro funcionario del peronismo: Pablo Ortíz, funcionario de Cormecor, el ente intergubernamental que gestiona los residuos de Córdoba y el Gran Córdoba. Hombre que, además, responde a Facundo Torres, el jefe del bloque del oficialismo en la Unicameral que esta mañana salió a acusar al radicalismo de «mear agua bendita cuando tenían a un abusador trabajando para el bloque».

Frase que desató la furia de un sector de la oposición y que dejó con la guardia alta a los 70 parlamentarios de la Unicameral.

Rodrigo de Loredo

Sobre el pedido de Vigo, en torno a la renuncia de Ferrero, otro peronista admitió que «no hay un orden, ni una estrategia», acerca de pedir la dimisión de la legisladora que es parte del deloredismo. «No tenemos una coordinación con el tema. Entonces, salen y piden esto, ahora saltan algunos casos cercanos a Facundo y no podemos caer en un pedido de renuncias constante», agregó la fuente del peronismo.

Torres, además, es el presidente del PJ cordobés y uno de los que se convirtió en el vocero de la acusación en contra del radicalismo desde el pasado jueves cuando estalló el caso Ludueña, el hombre que militaba para el deloredismo y antes lo había hecho para Oscar Aguad. 

A pesar de los intentos de Luis Juez y Gabriel Bornoroni por correrlo del centro de las sospechas, cada vez más comprometida es la situación judicial de Marcos Carasso en la causa que investiga una sobrefacturación por hasta 1.400 millones en perjuicio del Pami Río Cuarto.

Imputado por tráfico de influencias, el ex compañero de fórmula de Juez es investigado a partir de llamados que pueden llegar a sugerir un rol de intermediario entre la empresa prestadora de servicios que infló los números y un tercer actor en el Estado aún no identificado.

Según detalló el portal Jornada Política, registros de comunicaciones telefónicas demostrarían que Carasso atendió y canalizó pedidos de los empresarios procesados en la causa, Pablo Adzich y Gonzalo Lima.

Juez dijo que su testimonial sería «absolutamente esclarecedora». Sin embargo, en la Justicia relativizaron su incidencia y ven a Carasso cada vez más complicado

Concretamente, la causa investiga sobrefacturaciones de la firma Ethical Salud, prestadora de servicios de rehabilitación, desde mediados de 2024 a septiembre de 2025.

Lo curioso es que, mientras la Justicia Federal avanza con la investigación, la delegación de Pami Río Cuarto que controla el hombre de Karina Milei en Córdoba, el diputado nacional Gabriel Bornoroni, no se presentó como querellante, a pesar de ser damnificada directa.

El Pami Río Cuarto que controla Bornoroni no se presentó como querellante a pesar de ser la principal damnificada.

En paralelo, días atrás Luis Juez se presentó como testigo en la causa buscando correrlo de escena a su ex compañero de fórmula. «Carasso es un tipo honorable, decente», sostuvo el senador nacional, que dijo que su testimonial sería «absolutamente esclarecedora».

Sin embargo, en los pasillos judiciales minimizaron al extremo la incidencia de la declaración de Juez sobre el futuro de la causa en la que están imputados por asociación ilícita y defraudación al Estado Pablo Adzich, presidente de la Cámara de Internación Domiciliaria de Córdoba; Gonzalo Lima, gerente de Ethical Salud y Lucas Kurilkowich, responsable de rehabilitación de Ethical en Río Cuarto.

Imputan al vice de Juez por sobrefacturar 1400 millones en el Pami 

Fuentes judiciales señalaron que, a futuro, la investigación buscará dilucidar el rol que tuvo Carasso y si tuvo una participación activa en el fraude. En ese punto, hay quienes no descartan que aparezcan nuevos elementos en su contra.