La biblioteca al aire libre en la Isla 58 ha tenido una gran recepción por parte de quienes se acercan al balneario municipal a disfrutar de un entorno natural único. Este espacio brinda la posibilidad de sumergirse en el placer de la lectura pero además ofrece distintas propuestas para toda la familia.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que durante jueves y viernes de esta semana, en forma excepcional, la biblioteca estará abierta en el horario de 8 a 14.
Mientras tanto, a partir de este domingo 24, y todos los domingos, funcionará de 16 a 22 horas. De martes a viernes el horario es de 14 a 20 horas.
El 1º de abril se celebra en nuestro país el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, y también el 16º Aniversario de la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI. El Registro Nacional de CPH posibilitó que 919 pacientes que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedan…
Hugo Passalacqua y Carlos Rovira escaló hasta el punto de no retorno. Tras quedarse con gran parte de su aparato político, el gobernador de Misiones empezó a atacar el poder económico del otrora hombre fuerte de la provincia y cortó un contrato millonario que beneficiaba directamente al dueño de los streaming Blender y Carajo, Augusto Marini.
Se trata del contrato con la aplicación de telemedicina Alegramed que es parte de CaleGroup, el
holding de empresas del libertario Marini. La app Alegramed fue puesta en marcha durante la pandemia y a través de ella los misioneros podían sacar turnos en el sistema de salud público.
En Misiones dicen que Alegramed es la principal fuente de financiamiento de Marini y creen que con ella sostiene los streaming porteños, que como quedó claro en la crisis de Blender le dan pérdida.
El gobierno misionero le pagaba a Alegramed alrededor de 9 dólares mensuales por cada uno de los 350 mil usuarios que tenía. Un negocio fenomenal que algunos creen era del propio Rovira, el padrino de Marini.
Ahora, el gobierno de Passalacqua está desarrollando su propia aplicación y los misioneros empezaron a ser avisados que Alegramed será dada de baja a fin de mes. La versión en la provincia es que ya se cortaron los pagos a la empresa de Marini, que ahora depende de los contratos ferroviarios que le empezó a dar el gobierno nacional.
El fin del contrato con Alegramed es parte de un avance de Passalacqua sobre las cajas de Rovira, en una confirmación de que la guerra política entre los caudillos misioneros no tiene retorno.
Días atrás, Passalacqua le sacó a Rovira el control de dos de las principales cajas económicas de la provincia: la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y Energía de Misiones SA (EMSA), la distribuidora de energía. Ambas estaban en manos de alfiles del exgobernador, que fueron desplazados al igual que todas las segundas líneas.
Passalacqua también había cortado la concesión de un hotel del Instituto de Previsión Social en Posadas, que manejaba un grupo empresario al que también ligan a Rovira. Otras proveedoras del Estado provincial tendrían el mismo destino que la app de Marini.
Carlos Rovira
La disputa entre Rovira y Passalacqua comenzó cuando el gobernador anunció su intención de buscar un nuevo mandato
en 2027, contra los deseos del caudillo provincial que quería mantener la potestad de elegir al candidato del oficialismo.
La histórica estrategia de Rovira -que dejó la gobernación en 2007 pero controlaba políticamente la provincia desde la Legislatura- fue darles un mandato a los elegidos para impedir un crecimiento que amenace su poder. Por eso su plan era imponer en 2027 al vicegobernador Lucas Romero Spinelli.
Pero Passalacqua se retobó y consiguió el apoyo de casi 70 intendentes que antes respondían a Rovira. El caudillo entonces avisó que ponía fin al sello Frente Renovador de la Concordia y lanzó Encuentro Misionero. Desde el sector gobernador se dieron por fuera del espacio y avanzaron con un armado propio.
LPO reveló días atrás que dirigentes importantes del oficialismo misionero estaban intentando un acercamiento entre Passalacqua y Rovira, que habría dado algunas señales de que aceptaría un nuevo mandato del actual gobernador. Pero la mediación por ahora no avanzó y Passalacqua decidió ir a fondo contra el poder económico del rovirismo.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que las charlas de educación vial continuarán la semana que viene en el centro comunitario de barrio Villa Antártida destinadas a los vecinos de ese sector de la ciudad, 25 de Mayo y Pretto. Las mismas se desarrollarán durante el jueves…
“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.
En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares.
Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.
A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.
¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.
En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.
La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.
Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua.
El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.
La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre.
En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.
Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.
Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.
El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.
En el subsuelo del hotel Alvear Icon en Puerto Madero la Argentina se ve desde la cima. Y desde esta cima subterránea el país es otro. Ochocientos ejecutivos de las empresas de energía más importantes del mundo hormiguean trajeados y sonrientes entre los salones y el auditorio de conferencias. Se chocan o se buscan, ni uno con cara de preocupado. Se abrazan, se reencuentran. Hablan del futuro con alegría. Aquí abajo -aquí arriba- todo es optimismo e ilusión. Lo vienen repitiendo: la energía que moverá el mundo en los próximos años saldrá de Argentina. En este sur se instalarán los data centers que ya no caben en Estados Unidos. De esta tierra saldrá el gas, el litio y el petróleo que alimentarán a los que crean en la transición energética y a los que no. Para todos hay mercado.
Daniel González – el secretario Coordinación de Energía y Minería de Milei– trae el dato del Instituto Argentino de Petróleo y Gas: en Vaca Muerta hay treinta mil millones de barriles, prácticamente el doble de la última estimación. Esto, dice, permitirá exportar petróleo por 250 años. Lo que no se sabe, advierte, es cuánto tiempo durará la demanda, y eso lo saben todos. Por eso hay que sacar el recurso lo más rápido posible. Aprovechar la ventana de oportunidad, se dice en el lenguaje de los negocios. La ventana es enorme y está abierta de par en par. Aquí todo es excitación y vértigo feliz. La Argentina de la semana pasada y sus mil quinientos heridos en las veredas alrededor del Congreso parece un mal sueño que ya se olvidó, que pocos registraron o ven como parte del folclore de un país que avanza a toda velocidad. Y lo que queda atrás no importa, porque la dirección es clara y el destino es luminoso. Los que no lo entienden ya lo van a entender.
De lo que sí hablan en el escenario es de lo que pasó puertas adentro del Congreso. Una y otra vez elogian la reforma regulatoria de Milei y la previsibilidad que ganó hoy el país para los negocios. El público aplaude varias veces. En las poco más de cuatro horas que dura el evento hablan once CEOS, tres gobernadores, dos banqueros, un intendente, un senador, tres secretarios de gobierno. Antes de todos ellos, el embajador de Estados Unidos:
—Hoy veo que todo es posible en Argentina— dice Peter Lamelas en un español tropezado pero clarísimo — La energía es fundamental para todos los aspectos de nuestra vida. Y es la base del desarrollo económico y de la seguridad nacional. Pero faltan ciertas condiciones claras. Estas condiciones son posibles gracias a reformas del presidente Javier Milei. Una visión compartida plenamente por el presidente y mi amigo Donald Trump: menos burocracia, más libertad, liderazgo del sector privado, crecimiento impulsado por el mercado.
Un segundo antes de que se le corte el micrófono por un desperfecto técnico, el embajador vuelve a halagar reformas de Milei y remarca su éxito:
—El RIGI recibió cuarenta proyectos por cien mil millones de dólares y la mitad de ellos ya están aprobados.
Ahora balbucea y gesticula mientras la voz se le pisa y se pierde en el enorme salón, así que toma aire y advierte que va a gritar. Habla más fuerte y más rápido. Habla seis minutos sin micrófono y dice que hay que avanzar con las reformas y las inversiones van a llegar. Así es el entusiasmo. Y dice una frase bien argentina: cocodrilo que se duerme es cartera. El público ríe hasta que el embajador empieza a hablar de China. Y entonces la voz de Lamelas brota otra vez poderosa por los parlantes. Alguien arregló el problema con los cables:
—Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina. Pero quieren garantías de que sus datos son protegidos y están en redes de confianza— dice el embajador — China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a sus redes de tecnología y a sus datos que pasan por sus redes de IA. ¡Entiendan! — se lleva el índice a la sien— Cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA, todo controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale.
Dos días antes, durante una audiencia en la legislatura de Neuquén, la Cámara de Servicios Públicos y Comunitarios de esa provincia -la mayor cooperativa proveedora de energía eléctrica de la Patagonia- denunció que la embajada de Estados Unidos amenazó con restringirles visas si avanzaban en un proyecto con la empresa china Huawei.
—No hay duda de que las empresas de Estados Unidos son líderes de seguridad y transparencia —dice Lamelas ahora en el escenario— Y esas empresas de los Estados Unidos no usan tecnología crítica de China. ¡Entonces ya saben!
Después nadie más habla de China. Salvo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek. Dice que las rutas de su provincia, por donde entran y salen el 97 por ciento de los camiones y los veinte mil trabajadores que van a Vaca Muerta, tiene las rutas destruídas y abandonadas por el gobierno nacional. Que hay accidentes y hay muertes y que hay cosas que no entiende. Por un momento, parece desentonar, pero no. Rápidamente agrega que no hay nadie en la oposición argentina que pueda ganarle la próxima elección a Milei. Y está seguro de algo más el gobernador Weretilnek:
—Hay ciertas cosas que planteó Milei que ya no tienen cambio: ningún presidente o candidato a presidente puede poner en duda nunca más la alineación con Occidente y fundamentalmente con los Estados Unidos. Ya no tienen ni matices. Podés hacer negocios con China, sí, podés. Lo que no podés es ir a embanderarte con Venezuela o con Irán.
Muy sereno, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, dice que hay que desdramatizar la cuestión electoral, sostener acuerdos básicos y garantizar la paz social. Y también habla de los data centers que pueden empezar a instalarse en la Patagonia:
—Es una industria electrointensiva que crece exponencialmente la demanda de energía y tenemos la responsabilidad de aggiornarnos. Entender que tenemos que agilizar cualquier proceso burocrático para ser punta en la posibilidad de tener inversiones muy importantes, que generan incertidumbre porque muchos no entienden.
Más tarde, la que explica algo más es Marcela Romero, CEO de la francesa Schneider Electric:
—Los data centers hoy representan casi el 13 por ciento del consumo energético global, y a partir del 2030 van a consumir más del 35 por ciento de la generación de energía— y remarca luego un dato aún más impactante—El 60 por ciento de lo que se genere de energía nueva de acá a 2030 va a ser usado por la inteligencia artificial, entonces si Argentina quiere realmente tomar esa oportunidad tiene que estar lista.
Casi nada se dice del impacto ambiental de los data centers. Tienen mala prensa, advierte el empresario Jorge Brito, uno de los últimos en hablar. Pero destaca que serían muy importantes si se los pudiera sostener con energía renovable. El hombre fuerte del Banco Macro es también presidente de Genneia, empresa líder en energías renovables, con ocho parques eólicos, seis solares y una amplia cartera de clientes. En los últimos días fue muy agitado como posible candidato a Presidente. Lo propuso con énfasis en declaraciones televisivas Daniel Hadad. Y Brito dice en el escenario algo que nadie ha dicho hasta aquí:
—El sector energético junto con el sector minero y el petrolero son sectores ganadores pero todavía hay muchos otros sectores que no están en una situación acorde. Y creo que vamos a poder empezar a pensar a largo plazo el día que se estabilice y los sectores perdedores hayan tenido la oportunidad de compartir.
No queda claro compartir qué cosa. Rápidamente cambian de tema. Sí queda claro que los sectores perdedores están lejísimos del subsuelo del Alvear Icon. En el escenario alguien insinúa que el sector energético, que es el que infla los números del crecimiento argentino, no genera tanto empleo como los sectores que están perdiendo. Lo dejan pasar y la conversación sigue optimista. Los que están afuera, en los dos salones donde se cruzan y conversan y se reencuentran, hablan de los números que se disparan, de la ventana de oportunidad, se intercambian tarjetas, se presentan unos a otros, se sonríen con dientes perfectos.
En el cierre del evento, el CEO de Amcham, Alejandro Díaz, dice que lo más importante es que Argentina hoy tiene previsibilidad, algo que hace cinco años no tenía. Y habla, al final, de movilidad social:
—La movilidad social va a cambiar, hay que repensar que lo que fue el movimiento industrial de los ‘40, ‘50 y ‘60, donde se generaron los suburbios en las grandes ciudades de la Argentina, tendrá que moverse a los lugares de desarrollo. Hay sociedades que van a tener que ir… grupos familiares a contextos relevantes, van a tener que moverse a los lugares de desarrollo donde la empleabilidad va a surgir. Y probablemente no sea más en la industria del conurbano bonaerense.
Así dicho, la Argentina del futuro parece estar lejos. Al menos para los que viven en la Argentina del presente, lejos de Puerto Madero. Las familias endeudadas y los morosos récord. Quizás estén aquí mismo algunos de sus padres o sus hijos, muy disimulados en sus pulcros uniformes sirviendo el café y las frutas elegantemente cortaditas y las masas finas, o limpiando los baños perfumadísimos y silenciosos. Pero no importa. Quizás esos hombres y mujeres a los que sirven los arrastren pronto con ellos a ese futuro luminoso y energizado que ya se puede tocar con la punta de los dedos. Quizás el destino sea otro. Lo dijo el embajador: hoy todo es posible en la Argentina.
Fotos: Colectivo Tríada: Juan Valeiro, Lucía Prieto y Tadeo Bourbon.
¿Quién ganó ayer? ¿Qué se ganó? Si el héroe argentino por excelencia es el héroe colectivo, como nos contó Oesterheld en El Eternauta, el movimiento que volteó los capítulos más dañinos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada debería sentirse triunfante. ¿Pero alcanza esa fuerza social que incidió desde las redes primero y en las calles después para hablar de un movimiento? Difícil.
¿Quién fue? ¿Qué cosa fue? ¿Una suerte de envión popular resensibilizado con la deriva del país que logró organizarse contra la avanzada extranjerizante? ¿O es algo más? Sea lo que fuera, el efecto fue potente. ¿Cómo se organiza esa potencia para que siga incidiendo el día después?
Los libertarios -que quieren garantizarle al capital extranjero el acceso a nuestras tierras y a los recursos naturales- dieron media sanción a un proyecto, pero no el que querían. Ganaron, pero se sienten derrotados. Una victoria pírrica. En una disputa abierta, porque el proyecto sigue siendo dañino en materia de desalojos y de las posibilidades que le quita al Estado para accionar sobre el territorio. Pronto se discutirá en Diputados.
Lo que vivimos en las últimas horas en Argentina fue nuevo. Una campaña masiva y transversal – trans-política y trans-ideológica, unida por el lema tan genérico, potente y emocionante de #laPatriaNoSeVende- logró presionar al Congreso. La rosca habilitó el giro de legisladores de Misiones, Tucumán y la Patagonia que torcieron la historia. Antes de la sesión y del desborde callejero, lograron sacar del proyecto el articulado que afectaba la Ley de Tierras. Luego, ya con la gente enfrentando a la policía en las calles, pudieron defender la Ley de Manejo del Fuego. Lo que vivimos ayer también fue nuevo por la modalidad de represión. Y por las preguntas con las que amanecimos hoy. En Anfibia pensamos juntos y anotamos cuatro cosas que aprendimos en estas horas.
Sobre la represión
Plaza del Congreso, 6 de agosto, seis de la tarde, bar esquinero de Mitre y Avenida Callao. Nuestro compañero Marcelo Moretti, cronista anfibio que cubre la movilización, entra corriendo al bar para refugiarse de los gases lacrimógenos. Pronto todos tienen que evacuar: el humo empieza a entrar por debajo de la puerta. Desde los camiones hidrantes, la policía rociaba las ventanas para evitar que los que estaban adentro pudieran filmar. La cacería empezó media hora antes. Marcelo corre de vuelta a la calle, se aleja por Mitre hacia Riobamba, escapa de la policía. En la esquina cruza a un amigo que venía en sentido contrario:
–No sigas para allá, están disparando. Vengo de la boca del lobo.
–No. ¡ Yo vengo de la boca del lobo!
Del otro lado, una barrera de motos lista para salir a cazar y policías con las itacas remontadas. Hay más seguridad que de costumbre, vienen de todos lados. No hay una salida clara, como en otras marchas. Marcelo y su amigo se quedan juntos. Escapan zigzagueando entre la avalancha por las calles laterales mientras los cordones policiales siguen expandiéndose para barrer hacia los márgenes de la Plaza Congreso, escupirlos a hacia Balvanera y Monserrat. La violencia policial de ayer fue diferente, más amplia que otras, más larga. El ritmo fue otro: el ataque persistente y la cacería, por un lado, y la voluntad de los cansados que se quedaron horas avanzando y retrocediendo en masa, por el otro. La gente no se dispersaba a pesar de la amenaza. Resistía. En las redes se viralizaban en tiempo real videos y testimonios desesperados: los gases y los hidrantes, la infantería tomando calle Corrientes, la persecución de las motos en las calles aledañas.
La coreografía de la represión y el aguante se extendió hasta la noche y terminó con 1500 heridos y 29 detenidos: ocho por la policía de la Ciudad y 21 por la federal, a disposición de la justicia de CABA. Victoria Darridou, del equipo de Justicia y Seguridad del CELS, dio un dato escalofriante en Futurock: “Toda la intervención de ayer fue ilegal. Un disparo de bala de goma no puede ir a la cara, un gas no se puede tirar a 10 centímetros de una persona”. Queda la pregunta de cuánto más se puede encender la calle. Porque el gobierno avanzará en su plan. Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras, le dijo anoche a Anfibia después de la votación: “La ciudadanía entera, sin importar la mera política, le mostramos al mundo que tenemos consciencia de lo colectivo, de lo nuestro. Y que defender la patria vale la pena. Nos queda ahora seguir luchando para que no se aprueben los desalojos exprés, expropiaciones y el super RIGI. Nos quieren callados y quietos. No lo van a lograr”.
Sobre el sentimiento nacional
Algo cambió en la calle y en el sentimiento popular. No necesariamente para bien ni políticamente productivo. Crece la resistencia, que no es poco. En las últimas semanas ha tomado voz y cuerpo un nosotros mayor, que se desliza y escapa de la polarización entre libertarios y kirchneristas, manifestándose unido bajo la narrativa común en defensa del territorio nacional frente a la extranjerización. Convergen en esta trama distintos factores que son combustible para la reacción en las redes y en la calle: la bandera malvinera en el mundial, el cansancio de los cuerpos a los que se les agota la narrativa del esfuerzo, el discurso del gobierno que no afloja la crueldad y les soltó abiertamente la mano a las mayorías endeudadas diciendo que son acuerdos entre privados y ahora sí sálvese quién pueda.
La consigna de La Patria No Se Vende es un paraguas lo suficientemente amplio para articular malestares y demandas muy diversas, entre los opositores de siempre, los desilusionados con las promesas de libertad, los apolíticos y los escépticos. Y como ocurre con todas las movilizaciones donde unos ponen el cuerpo y otros miran, los que habitualmente asisten al drama como espectadores empiezan a sintonizar bajo los pesares comunes, a hacerse cargo de su propio hartazgo y formar parte de ese nosotros heterogéneo y agitado. Que se agranda. Y que aunque por ahora sigue huérfano de liderazgo político, es capaz de producir efectos políticos, como la doble amputación de los artículos más dañinos del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Sobre la crisis de representatividad
Frente al malestar generalizado de las calles, en el palacio la oposición política está dramáticamente fragmentada. José Mayans pidió en Gelatina que Axel y Máximo “se dejen de romper las pelotas”. Juliana Di Tullio dijo en El Destape que la discusión la tiene podrida. El peronismo se autofagocita en la interna. En el Congreso nadie parece reunir una representación capaz de expresar la voluntad popular que se agita en la calle.
Si la fuerza del proyecto libertario con sus reformas legislativas salvajes y aparentemente imparables encontró su límite en el sentimiento nacional – algo de lo que el mileísmo no se puede apropiar como bandera, el sentimiento nacional encuentra su límite en la falta de representatividad política. Tarde o temprano lo que se expresa en las redes y en las calles necesita encauzarse en los canales institucionales de representación ciudadana, legislación y gestión y de lo común. Hasta aquí, todo eso aún parece estar lejos.
Sobre la trampa de diciembre
Ante cada marcha que parece más grande o novedosa que la anterior, se dispara un reflejo: la comparación con 2001. Hay una fantasía entre los opositores de siempre acerca de la movilización popular como vía posible para hacer tambalear al gobierno lo suficiente como para que caiga o se debilite hasta que algo mejor lo reemplace. Pero ese horizonte es una trampa. En 2001 la Argentina era otra, el mundo era otro.
En 2001 se movilizaban las nuevas organizaciones sociales, piqueteros y excluidos del mercado de trabajo, víctimas del ajuste menemista, hijos de desaparecidos, la democracia seguía siendo nueva. En 2026 los actores son otros -los endeudados, los desempleados, los pluriempleados, los desclasados- mientras que nuestra democracia tiene ya suficientes años y decepciones acumuladas para los más jóvenes, que no conocen pasados más oscuros.
Y sin embargo, Milei, sus jefes y sus adláteres encuentran ahora un límite. Pero los intereses que los empujan y los personajes que dictan las leyes que intentan hacer pasar, son fuertes. La potencia virtual y callejera que se enfrenta al proyecto libertario para defender la tierra, para evitar que se venda la patria, sigue necesitando una representación política institucional capaz de articular las demandas y un proyecto común que enfrente al proyecto individualista y deshumanizante de los libertarios. Hasta que eso suceda, el loop puede seguir. Y más: se pueden seguir profundizando las desigualdades y la violencia. Más cerca que el 2001 están los otros países latinoamericanos contemporáneos donde las calles revueltas y la inestabilidad política han sido largas y no se han resuelto, atravesados por la melancolía de lo que nunca más volverán a ser. Basta con pensar en Perú, en Ecuador o en el Chile de la última década.
El horizonte es incierto. La pelea será larga. No sabemos cuánto va a durar ni cuánto va a costarnos esa resistencia. Quizás no termine nunca, pero si nos encuentre en tiempos más prósperos y felices. Pero después de esta semana tenemos una buena noticia. Sabemos que, como en El Eternauta, frente a la invasión extranjerizante, la Argentina es su propio héroe colectivo. Y resiste.
