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Horarios de la biblioteca al aire libre en la Isla 58

La biblioteca al aire libre en la Isla 58 ha tenido una gran recepción por parte de quienes se acercan al balneario municipal a disfrutar de un entorno natural único. Este espacio brinda la posibilidad de sumergirse en el placer de la lectura pero además ofrece distintas propuestas para toda la familia.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que durante jueves y viernes de esta semana, en forma excepcional, la biblioteca estará abierta en el horario de 8 a 14.

Mientras tanto, a partir de este domingo 24, y todos los domingos, funcionará de 16 a 22 horas. De martes a viernes el horario es de 14 a 20 horas.

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    Nación analiza terminar la obra del FFCC Belgrano Sur para que llegue hasta la estación Constitución. El proyecto fue interrumpido por Milei en 2024.

    El viaducto cuenta con créditos de la CAF y de FONPLATA y tenía un avance de obra cercano al 68% cuando Nación decidió frenarla: solo continuaron los proyectos que tenían más del 80% de ejecución.

    Se trata de una obra clave para los 65 mil pasajeros diarios que transporta el Belgrano Sur, que llega desde Merlo y atraviesa La Matanza hasta la terminal Sáenz en Pompeya. 

    El tren corre elevado en su tramo final y el proyecto de ampliación contemplaba hacer un viaducto de 4 kilómetros para la conexión con el Roca en Constitución. Si se concreta, la obra permitirá eliminar 8 pasos a nivel y abrir 15 calles que se interrumpen por las vías.

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    El viaducto avanzó, pero se interrumpió en la calle Brandsen y dejó una estructura inutilizable que molesta a los vecinos del barrio. En Twitter lo llaman el «Elefante Blanco del Belgrano Sur».

    A pesar de la parálisis, el gobierno nacional nunca rescindió el contrato con la empresa DYCASA, que en los últimos meses pasó a manos de IEB Construcciones.

    Además, a principios de 2026, Transporte adjudicó a la empresa PKF Audisur una auditoría externa del ejercicio 2024 del proyecto para unir Sáenz con Constitución, según informó En el Subte. La auditoría es parte del convenio del gobierno con la CAF y FONPLATA.

     El viaducto quedó interrumpido a menos de un kilómetro de Constitución y para terminarlo harían falta 50 millones de dólares.

    «En Nación están analizando retomar el proyecto, pero hay algunas complejidades que resolver. De todas formas las urgencias de los trenes están en otro lado», confió a LPO un especialista en transporte. 

    Mientras tanto, el gobierno avanza con la privatización de los trenes de carga, aunque hasta ahora no logró resolver los planteos de las empresas interesadas.

     

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  • Bronca en la Rosada con Sturzenegger porque complicó la reforma laboral con el recorte a licencias por enfermedad

     

    En la Casa Rosada crece la bronca con Federico Sturzenegger porque complicó los complejos acuerdos políticos para sacar la reforma laboral, con los artículos que introdujo para que las licencias por enfermedad se paguen a la mitad y los sueldos puedan liquidarse vía Mercado Pago, en lo que todo indica fue un pedido directo de Marcos Galperin.

    «El artículo de las licencias lo metió Sturzenegger, pero nadie se anima a decirlo en voz alta por su relación con Milei», afirmó a LPO un senador libertario.  

    El ministro Derregulador, definido por Milei como «El Coloso», es una máquina de sumar escándalos y polémicas que ya no resultan divertidas en la Mesa Política del gobierno libertario. «Además de complicar las leyes con artículos de último minuto, ahora no para de hundirnos con escándalos de presunta corrupción como el de su esposa o el de su segundo Lucas Llach», reconoció a LPO un funcionario del ala política.

    Llach fue procesado y embargado por el mega desfalco del crédito Vicentín que dejó al Banco Nación una deuda incobrable de 250 millones de dólares. Ese escándalo que viene de la gestión macrista le impidió a este economista asumir un cargo formal en el equipo de Sturzeneggr, pero en todas las reunione se presenta y funciona como se segundo, comentó a LPO un funcionario que interactúa con él. «Sturzenegger incluso quiso volver a meterlo en el Banco Nación», agregó otro de los funcionarios consultados.

    Quirno le dio un contrato de 115 millones sin licitación a la esposa de Sturzenegger 

    La fijación de Sturzenegger con algunos negocios también empezó a despertar suspicacias en la Casa Rosada. A su persistente lobby en favor del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín y el dueño de Uala, Pierpaolo Barbieri, se suma la pelea por la vacuna de aftosa, que monopoliza Hugo Sigman.

    Además de complicar las leyes con artículos de último minuto, ahora no para de hundirnos con escándalos de presunta corrupción como el de su esposa o el de su segundo Lucas Llach.

    Detrás de su relato desrregulador, Sturzenegger viene presionando fuerte para el gobierno permita el ingreso de la vacuna contra la aftosa del laboratorio brasileño Tecnovax. Una fijación notable del ministro que lo llevó a dar una durísima batalla contra el Senasa, que bloqueó cuatro veces su ingreso. Se trata de una pelea d epesos pesados. Sigman y su socio Sielecki fueron los principales aportantes de la campaña presdiencial de Milei.

    Los integrantes de la Mesa Política, Bullrich, Santilli, Santiago Caputo y Lule Menem.

    La bronca contra el ministro desrregulador escaló en los feriados de carnaval cuando trascendió que el canciller Pablo Quirno contrató de manera directa a su esposa, María Josefin Roulliet, por 115 millones de pesos para que de cursos de inglés al personal diplomático, que se supone debería hablara. la perfección ese idioma.

    Sturzenegger choca con el Banco Central porque habilita a Galperín el pago de sueldos vía Mercado Pago

    Ante el escándalo, Quirno quiso mitigar el daño y agrandó el problema, al postear: «no hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario». Luego de ese desafortunado tuit dispuso que se active «el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN».

    Pero más allá de lo que terminen dictaminando esos organismos colonizados por los libertarios, la contratación de Roulliet golpea al gobierno en el centro de su narrativa contra la casta, aún si no termina siendo objeto de un reproche penal o administrativo.

    Sturzenegger dispuso además que el gobierno le alquile cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio de Diagonal Norte, por un monto total de 720 millones, cuando el gobierno se la pasa cuestionando los gastos inútiles.

    Así las cosas, al desastre de las licencias, que está forzando al gobierno a encarar trabajosas negociaciones contra reloj en Diputados, se suma el artículo Galperín, que habilitaba a las billeteras virtuales a convertirse en proveedoras de cuentas sueldo para el pago de salarios, lo que abrió una pelea con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, porque le quita a los bancos fondos para otorgar créditos, una de las pocas palancas para reactivas.

    Ese fragmento fue barrido del proyecto antes de la media sanción del Senado por orden de Luis «Toto» Caputo, pero le permitió al PRO levantar la bandera del libre mercado en defensa de Galperin y mortificar a Milei. «Sturzenegger nos enquilombó la reforma», se quejan en la Casa Rosada.

     

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    Grabois le respondió a Jorge Macri y expuso el uso político de las acusaciones sin pruebas

     

    El diputado salió al cruce de del Jefe de Gobierno con un artículo contundente en el que no sólo rechazó las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, sino que puso en discusión algo más profundo: el uso deliberado de la calumnia como herramienta política, la liviandad institucional con la que se lanzan imputaciones públicas y la persistente estigmatización de las organizaciones sociales.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Una acusación lanzada al aire

    El punto de partida del conflicto fue una serie de declaraciones de Jorge Macri en las que vinculó a Grabois con supuestas irregularidades en comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sin denuncia judicial previa, sin expediente identificado y sin notificación formal a las organizaciones involucradas, el jefe de Gobierno optó por el camino más corto: la acusación mediática.

    Ese dato no es menor. En su artículo publicado en Infobae, Grabois remarca que ninguna de las estructuras mencionadas depende de él ni de las organizaciones que integra, y que jamás fue informado oficialmente de las supuestas irregularidades. La pregunta que queda flotando es evidente: si existían pruebas, ¿por qué no se presentaron ante la Justicia antes de amplificarlas en los medios?

    El límite entre la gestión y la difamación

    Uno de los ejes más sólidos del planteo de Grabois es la distinción entre crítica política y atribución concreta de delitos. No se trata —plantea— de un debate ideológico ni de diferencias sobre el rol del Estado, sino de imputar hechos penalmente reprochables sin respaldo probatorio.

    Desde ese lugar, el dirigente social señala que acusar públicamente a una persona de corrupción o fraude sin pruebas no es una opinión, sino una conducta tipificada por la ley. Y pone el foco en una práctica cada vez más extendida: funcionarios que reemplazan la denuncia judicial por el golpe mediático, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho aunque luego no puedan sostener lo dicho.

    El trasfondo: disciplinar a las organizaciones

    Más allá del cruce personal, el texto deja entrever una lectura política más amplia. Para Grabois, este tipo de operaciones no buscan transparencia sino disciplinamiento: desacreditar a las organizaciones sociales que denuncian el ajuste, el vaciamiento de políticas alimentarias y el corrimiento del Estado en los barrios populares.

    En ese marco, la ofensiva discursiva del Gobierno porteño aparece menos como una auditoría genuina y más como una estrategia de construcción de enemigos internos, donde los comedores y movimientos sociales vuelven a ser presentados como sospechosos por default, mientras se evita discutir el impacto real de los recortes y la subejecución presupuestaria.

    Una respuesta que incomoda

    Grabois no sólo negó las acusaciones, sino que las devolvió con una advertencia política y jurídica: si se demuestra la falsedad de lo dicho, avanzará en acciones legales y destinará cualquier resarcimiento a fortalecer espacios comunitarios. El gesto no es casual: busca contrastar dos formas de hacer política, una basada en el señalamiento fácil y otra en la rendición de cuentas.

    En el fondo, el episodio deja una postal incómoda para Jorge Macri. Un jefe de Gobierno que acusa sin pruebas queda expuesto no sólo a un conflicto judicial, sino a una pregunta más difícil de esquivar: ¿qué tan responsable puede ser un funcionario que confunde gestión con difamación y comunicación política con imputación penal?

    N. de R.: Estaría bueno que dirigentes que tanto han bregado contra la concentración de medios, a la hora de hacer una nota de opinión, no caigan en la tentación de dársela a los mismos.

     

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