A cinco años de la muerte de Miguel Lifschitz, el socialismo santafesino realizó un multitudinario homenaje en el Polo Tecnológico Rosario, uno de los espacios emblemáticos impulsados por el ex gobernador durante su gestión. El acto reunió a más de 300 dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas, referentes sociales y funcionarios de distintos sectores.
La actividad estuvo encabezada por la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin. También participaron los hijos del ex mandatario, Federico y Yasmín Lifschitz, además de dirigentes socialistas, radicales y referentes de Unidos.
Durante el homenaje, García recordó a Lifschitz como «un líder necesario» y destacó su visión estratégica para impulsar proyectos vinculados a la infraestructura, la innovación y el desarrollo urbano. «Fue un hombre anticipado a su época», afirmó la dirigente socialista.
Por su parte, Pullaro sostuvo que Lifschitz «trascendió al Partido Socialista y al Frente Progresista para convertirse en una figura de toda la sociedad santafesina». Además, recordó que el ex gobernador «le dedicaba todo el día a la gestión pública con una pasión inmensa».
Pullaro sostuvo que Lifschitz «trascendió al Partido Socialista y al Frente Progresista para convertirse en una figura de toda la sociedad santafesina». Además, recordó que el ex gobernador «le dedicaba todo el día a la gestión pública con una pasión inmensa
El secretario general del Partido Socialista de Santa Fe, Joaquín Blanco, remarcó que Lifschitz «construía con los diferentes» y valoró su capacidad para recorrer toda la provincia y mantener contacto con distintos sectores sociales.
En tanto, Federico Lifschitz aseguró que el legado de su padre «no está en las obras ni en las placas, sino en el recuerdo y el cariño de la gente que vio mejorar su vida a partir de alguna acción de gobierno».
El homenaje se realizó en el Polo Tecnológico Rosario – Zona i, un espacio que Lifschitz acompañó desde sus orígenes y que hoy el socialismo reivindica como una muestra de articulación entre el sector público y privado.
La responsable del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina Fabiola Parra participó de la reunión con referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género para la implementación del programa Consolidarnos. De esta manera el gobierno provincial inició el proceso de financiamiento que contempla ese plan para,…
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
Culminó el 37° Campeonato Patagónico de Karting con una última fecha de puntaje doble, que tuvo la definición de los nuevos campeones en 3 de las 4 categorías con la bandera a cuadros de la final. Esta 10° fecha desarrollada en el Kartódromo del Moto Club Reginense tuvo a Nicolás Zottele consagrándose campeón en primer…
El Código Civil del Buen Delincuente se propone como un eslabón imprescindible para una pacífica convivencia social. Veremos algunos extractos para una mejor comprensión. El artículo 22 del Código Civil del Buen Delicuente refiere que: • Todo aquel individuo que realice una actividad delictiva, deberá vestir prolijamente para la ocasión, atarse los cordones para evitar…
El propietario de la finca que Manuel Adorni utilizó en el exclusivo barrio Indio Cuá declaró ante la justicia que el funcionario pagó la totalidad del alquiler en billetes estadounidenses y sin rastro bancario. Un nuevo capítulo en la causa por enriquecimiento ilícito que acorrala al vocero convertido en Jefe de Gabinete.
Por Tomás Palazzo para NLI
Mientras el discurso oficial predica la austeridad y el «no hay plata», la realidad en los tribunales de Comodoro Py describe un escenario de billetes termo-sellados y transacciones a la sombra. José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que Manuel Adorni alquiló en el country Indio Cuá, declaró bajo juramento ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el actual Jefe de Gabinete abonó la suma de 15.400 dólares en efectivo.
Contratos de palabra y «verdes» sobre la mesa
La declaración testimonial de Rodríguez se suma a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según detalló el testigo, el contrato original se firmó por un año con un valor de 13.000 dólares, abonados íntegramente en «cash». Al finalizar dicho periodo, y debido a que las fastuosas reformas en la nueva propiedad de Adorni no habían concluido, se pactó una prórroga de tres meses mediante un «acuerdo de palabra» por otros 2.400 dólares (800 dólares mensuales), también entregados en mano.
Este movimiento de divisas se dio en paralelo a la remodelación que el contratista Matías Tabar realizó en la casa propia del funcionario dentro del mismo barrio, obra que —según declaró el propio Tabar— tuvo un costo de 245.000 dólares, también pagados en billetes y sin facturación alguna.
Los números que no cierran
La justicia federal intenta determinar si estos gastos suntuarios y el manejo de grandes sumas de moneda extranjera en efectivo se condicen con los ingresos declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.
Para la fiscalía, el patrón es repetitivo: pagos en dólares, ausencia de transferencias bancarias y acuerdos informales que esquivan cualquier control fiscal. Mientras la sociedad argentina se debate en una recesión histórica, el Jefe de Gabinete parece haber encontrado la fórmula de la abundancia, aunque sus explicaciones ante el fiscal Pollicita sigan siendo, por ahora, tan informales como sus contratos de alquiler.
La industria registró una suba de 5% interanual en marzo y mostró su primera mejora luego de nueve meses consecutivos de caída. Implicó, además, una recuperación respecto de febrero. La serie desestacionalizada avanzó 3,2% mensual y consolidó una secuencia de rebote en varios sectores clave.
El dato fue celebrado por el Gobierno.
El informe del INDEC mostró un escenario más favorable para ramas vinculadas a alimentos, energía, químicos y automotrices. Alimentos y bebidas crecieron 7,9%, refinación de petróleo subió 13,5%, sustancias y productos químicos avanzaron 15,9% y automotores registró una mejora de 7,6%. También hubo subas importantes en madera, papel e impresión, que treparon 12,8%.
Dentro de los sectores con mejor desempeño aparecieron además algunos números que el oficialismo mira con atención. Los productos químicos básicos crecieron 49,1%, las materias primas plásticas y caucho sintético saltaron 69,1% y el gasoil refinado avanzó 16,8%. En paralelo, el cemento mostró una mejora de 13,6%, un indicador que en Economía asocian a cierta recuperación de actividad vinculada a obra y construcción.
El dato fue rápidamente difundido por funcionarios y economistas cercanos al Gobierno. La lectura oficial sostiene que la industria dejó atrás el peor tramo de la recesión y que algunos sectores empiezan a mostrar un comportamiento más estable.
Pero el dato abrió una discusión en redes sociales. Varias cuentas libertarias difundieron gráficos comparando la evolución de la actividad industrial durante la gestión de Sergio Massa y la actual conducción económica de Luis Caputo. Uno de los posteos más compartidos mostró una serie desestacionalizada del IPI y sostuvo que el desempeño actual es mejor que el registrado durante el último tramo del gobierno anterior.
La publicación generó respuestas inmediatas. Algunos usuarios remarcaron que, aun con la mejora reciente, el nivel de actividad industrial todavía se mantiene por debajo de los peores momentos de 2023. El debate expuso la pelea política alrededor de cómo leer los datos: si el foco debe ponerse en el rebote reciente o en el nivel absoluto de actividad que todavía sigue deprimido en varias ramas fabriles.
La lectura oficial sostiene que la industria dejó atrás el peor tramo de la recesión y que algunos sectores empiezan a mostrar un comportamiento más estable
De hecho, el propio informe del INDEC muestra que la recuperación no es homogénea. Textiles cayó 23,3%. Prendas de vestir, cuero y calzado retrocedieron 8,9%. Maquinaria y equipo bajó 11,3%. La siderurgia perdió 14,7% y los equipos electrónicos y componentes cayeron 16,6%.
Ahí aparece una de las principales diferencias dentro del esquema actual. Las ramas ligadas a energía, refinación, alimentos y química pesada muestran recuperación más rápida. En cambio, los sectores más vinculados al consumo masivo y al mercado interno siguen golpeados.
En sectores industriales reconocen que marzo dejó señales mejores que las observadas durante buena parte de 2025. Pero también admiten que todavía no aparece un rebote generalizado. «Hay actividades que reaccionaron rápido y otras donde la demanda sigue muy planchada», explicó a LPO un empresario metalúrgico. En la UIA siguen de cerca especialmente el comportamiento de textiles, metalurgia y maquinaria, tres sectores que funcionan como termómetro del empleo industrial.
Por otro lado, el Indec informó que la construcción subió
en marzo
12,7% interanual y 4,7% respecto de febrero. En el acumulado del primer trimestre, el sector tuvo una mejora del 3,9% respecto al año pasado.
