Durante viernes y sábado, la ciudad disfrutó de un evento único: ‘Tinta Urbana’, un espacio que concentró en el polideportivo Cumelen muestra de tatuadores, tatuajes en vivo, baile, batallas de rap, hip-hop, 3×3 básquet, skate, bmx y paseo gastronómico.
Alrededor de 1000 personas recorrieron durante las dos jornadas los distintos espacios. Por un lado, uno de los gimnasios concentró a tatuadores de diferentes puntos de la región que mostraron sus trabajos y, además, tatuaron en vivo.
Por otro lado, en el playón se había dispuesto del escenario donde se pudo disfrutar de espectáculos urbanos; el espacio deportivo donde el básquet 3×3 y el skate fueron protagonistas; además del paseo gastronómico donde se pudo saborear la comida y bebida local.
Las Direcciones de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa Regina agradecen a quienes se sumaron a la propuesta y a quienes asistieron y la disfrutaron.
Hay un desaparecido de la basura. Diego Duarte tenía 15 años cuando lo tapó el contenido de un camión de residuos en un relleno sanitario. Fue sobre el Camino del Buen Ayre, en José León Suárez, el 15 de marzo de 2004. Federico, su hermano mellizo, vio la escena y logró huir. Habían estado buscando metales para vender y los hostigaba la policía. Federico sobrevivió. De Diego no se supo nada más. Por él, el 15 de marzo se estableció el Día del Cartonero. Difícil no encontrar analogías en otras injusticias de la historia, que no se repite, se espirala: en el basural de esa localidad bonaerense, el 9 de junio de 1956, fueron fusilados siete militantes peronistas, el derrotero que Rodolfo Walsh narra en su Operación masacre.
A Diego Duarte le debe su nombre el Centro Verde de Avenida de los Constituyentes 6259, cerca de la General Paz. Ahí funciona El Álamo, una de las tres cooperativas de recuperadores urbanos que trabajan en el cálculo de reducción de huella de carbono: Buenos Aires es la primera ciudad del mundo en la que los recicladores hacen este aporte.
Según datos oficiales del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la Ciudad gestiona 5.705 toneladas diarias de residuos. Hay más de 6.500 recuperadores urbanos organizados en 12 cooperativas, 16 Centros Verdes y el Centro de Reciclaje de la Ciudad (CRC). Cada día recuperan 3.450 toneladas: para tener una idea, es aproximadamente el peso de 47 aviones comerciales
Según cálculos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), hay aparte 11.000 los cartoneros por fuera del sistema.
¿Qué pasó con la ley 1854 de Basura 0, que establecía la reducción progresiva de residuos y su correcto procesamiento y que este año cumple 20 desde su sanción? ¿Y la 992 de 2002, que establece pautas claras para el trabajo de los recuperadores urbanos? ¿Por qué recrudeció la persecución del gobierno? Para escuchar las distintas voces, recorro cooperativas, hablo con las responsables técnicas del proyecto de reducción de la huella de carbono generada por Fundación Avina y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), me comunico con el ministerio de Espacio Público. Quiero entender.
Un mundo interior
La cita en El Álamo es un viernes de agosto, a las 10 de la mañana. Una encargada de seguridad nos pide los datos al fotógrafo y a mí. Entramos en un cubículo diminuto y la empleada anota. Tengo una cita con Alicia Montoya, del equipo técnico de la cooperativa y de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR). Mientras esperamos, veo: en una fila de sillas contra la pared del pasillo de ingreso al gran galpón de reciclaje hay varias personas sentadas. Algunas, sabré luego, están en tiempo de descanso entre dos turnos. Dos de ellos cumplen con su horario pero solo pueden ejercer sus funciones parcialmente por falta de insumos en el predio. Eso me contará Alicia en una sala donde, en un rincón, se arrumba un maniquí desmembrado. Mientras ella habla, se cuelan voces y risas que vienen del galpón donde trabajan los recuperadores con distintas funciones.
Afuera: recolectar, trasladar.
Adentro: descargar, separar, colocar en la tolva, seleccionar en la cinta clasificadora, retirar los bolsones, prensar, enfardar, levantar, acomodar, esperar.
–Hacemos la medición de la huella de carbono desde el año 22 –dice Alicia.
Y esto es algo que los distingue de los demás recicladores del mundo:
–Fundación Avina y la Universidad de San Martín (UNSAM) crearon una herramienta para medir las emisiones –explica Alicia–. Los resultados muestran una relación favorable de 1 a 37: es decir, por cada tonelada de carbono emitida por la actividad, evitamos que se generen otras 37 toneladas que sumarían su carga al calentamiento global y el cambio climático. Tengo que empezar de cero, porque necesito entender: ¿qué es la huella de carbono?
Leeré en el informe Huella de Carbono de Centros de Reciclaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (2024): “La huella de carbono (HC) es un indicador ambiental que cuantifica todas las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI) de una organización o producto. Estos gases de origen natural y antropogénico absorben y emiten radiación y son cruciales para regular la temperatura terrestre, particularmente el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). No obstante, las actividades humanas han intensificado este efecto, contribuyendo al cambio climático y sus impactos globales en el ambiente y la sociedad.”
Empiezo a pensar en las contradicciones del mundo del reciclado. O debería decir: en las contradicciones de nosotros, humanos.
Como aprendí que preguntar lo obvio nunca está de más, le digo a Alicia que no entiendo del todo cómo es, en la práctica, ese aporte ecológico de las cooperativas. Me lo explica en un recorrido por la sala, que se convierte en un aula donde soy estudiante privilegiada. Alicia es docente jubilada y eso se nota. Aprendo.
–Vos colectás materiales puerta a puerta. Nuestra recolección se hace con triciclos, no se usa combustible fósil. Aunque el transporte posterior sí lo utiliza, el material recuperado evita el uso de materia prima virgen. Se mide todo eso, más el consumo eléctrico, que también contamina. Todas esas toneladas que yo recuperé evitaron utilizar material virgen. Lo que te estoy diciendo es una grosería científica, es una reducción.
Lo que decía: un montón de contradicciones. Contamino y no contamino todo junto y al mismo tiempo.
Un cálculo científico para poner en valor el trabajo
Para entender mejor hablo por zoom con Romina Malagamba, investigadora y docente de la UNSAM y responsable de la Unidad de Ciencia de Datos de la Fundación Avina. Me explica que allí, por primera vez, compensaron sus emisiones de 2022, 2023 y 2024 con el trabajo de tres organizaciones de recicladores: además de El Álamo, lo hicieron con RUO y Las Madreselvas. Estas cooperativas aplicaron una calculadora de emisiones evitadas diseñada para poner en cifras su aporte ambiental.
–Estaba claro el impacto social y económico de las cooperativas. La gran pregunta era si el modelo de reciclaje inclusivo tiene un impacto positivo en términos climáticos–, dice Malagamba. Hace un paréntesis y aclara que hay que hablar de cálculo y no de medición, y luego sigue:
–La herramienta compara dos escenarios: qué pasaría si esos residuos fueran a rellenos o incineradoras (en Buenos Aires, al CEAMSE), con lo que implica la quema de residuos a nivel ambiental, y cuánto costaría producir el mismo material desde materias primas vírgenes. Según estándares del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), materiales como el aluminio, que es altamente contaminante y tarda mucho tiempo en degradarse, reducen drásticamente las emisiones cuando se reciclan.
En 2023, un piloto con nueve organizaciones de siete países mostró resultados contundentes: todas tenían un efecto positivo en evitar emisiones.
El proyecto introduce el concepto de tonelada justa, inspirado en el comercio justo: un reciclaje que no solo mitigue el cambio climático, sino que garantice derechos laborales y equidad económica. Hoy, gran parte del negocio de la basura —que en algunos municipios representa entre el 20% y el 40% del presupuesto— se sostiene sobre la precarización:
–Y ahí hablamos de toneladas de sangre, como en diamantes de sangre -señala Malagamba- hay trabajadores que cobran incentivos, no sueldos, y son el primer eslabón de una cadena de valor millonaria.
En Buenos Aires, la situación refleja estas desigualdades. Las organizaciones recuperan la mayor parte de la fracción seca, mientras enfrentan condiciones laborales riesgosas: tracción a sangre, exposición a residuos contaminantes y pagos en especie. El conflicto reciente con el gobierno porteño a partir de recortes de subsidios y de multas aplicadas a quienes “revuelvan la basura” llevó a Avina a presentar informes técnicos:
–Si se dice que estos tipos no aportan, ahora tenemos números y metodologías para demostrar lo contrario – advierte Malagamba.
La investigadora resume así su filosofía:
–Historias sin datos son historias emotivas; datos sin historias automatizan la desigualdad.
Casos como el de Soledad Mella, que comenzó juntando desechos en la calle y llegó a ser presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores Chile, referente a nivel regional, revelan el valor simbólico de las métricas: “Hasta este momento, cuando decía ‘¿Cuál es mi aporte?’, eran 40 años en la calle. Ahora puedo ponerle un número”. Mella se propone como vocera de los 20 millones de recicladores que se calculan en el mundo. Llegó a ser candidata presidencial en Chile por la Lista del Pueblo en 2021, el mismo año que en la Argentina Natalia Zaracho se convertiría en la primera diputada nacional cartonera.
El proyecto consiguió que Brasil incorporara la calculadora a políticas públicas para que el Estado se haga cargo del servicio ambiental urbano de los recicladores, quienes allí recuperan el 90% de los materiales reciclables. En América Latina, el promedio supera el 50%. La meta es expandir la herramienta a África y Asia y consolidar una metodología de tonelada justa avalada por universidades, que sirva para canalizar fondos climáticos directamente a las organizaciones.
Pero ahora estoy en un centro verde de la Ciudad de Buenos Aires, con Alicia, que habla visiblemente enojada:
–Hoy es un día nublado y adentro estamos casi a oscuras. Faltan lámparas y el autoelevador que deberían mandar para cambiarlas nunca llegó. Los dos trabajadores que viste sentados en el pasillo no tienen la culpa. La empresa cobra millones por mantenimiento, pero no manda ni las herramientas. Así trabajamos.
Un negocio golpeado
Al centro verde llegan los bolsones identificados de unos 60 cartoneros que recorren los barrios de Villa Pueyrredón, Agronomía, Parque Chas, Villa del Parque, Villa Ortuzar, Villa Devoto y Villa Santa Rita. Cada trabajador recibe un subsidio estatal de 390.000 pesos y el valor del material vendido sin intermediarios. En total, son 200 los trabajadores de El Álamo. Los empleados de planta cobran 680.000 pesos, pero Alicia subraya un incumplimiento histórico:
–Desde 2008 el gobierno se comprometió a pagar el monotributo social. Nunca lo hizo. Hay compañeros que están por jubilarse sin aportes. A eso se suman los retrasos en los pagos, que hacen que no accedan a la obra social.
Cuando días más tarde me comunique con el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad, la respuesta en relación a los reclamos, se limitará a cinco palabras: “No respondemos a acusaciones falsas”.
Sin embargo, no dejo de oír capas de dificultades. El negocio del reciclaje también está golpeado.
–El cartón, que en diciembre de 2023 valía 300 pesos el kilo, hoy apenas llega a 150 – dice Alicia-. La apertura de importaciones y el derrumbe del consumo afectaron a toda la cadena: se verifica en la domiciliaria y en los programas de grandes generadores. Nosotros gestionamos todos los centros comerciales del grupo IRSA y ahí también se ve una caída en el consumo. Como resultado de esta política, las pymes cierran, el consumo se desploma y los ingresos de los cartoneros también.
Los pibes entran rotos
Omar Rodríguez acaba de volver del recorrido en su triciclo para recolectar material. No sé leer ni escribir, dice. Me gusta River, el Ford Falcon y los Rolling Stones. Me gusta Kiss, agrega. Omar vive en José León Suárez y se levanta todos los días a las 3 de la mañana para llegar a horario. Trabaja en la calle, pero hoy trajo el material para clasificar después de dos días de lluvia en los que no pudo hacer nada. Omar enumera: –Papel blanco y color, el cartón, el diario, la revista, el blanco. soplado, tetra, film… laburo con todo, menos con lo húmedo.
Para los recuperadores urbanos, lo húmedo es basura. Salvo en los contados casos en los que las personas compostan. En la Ciudad de Buenos Aires todo lo que no se recicla alimenta el extenso relleno sanitario del CEAMSE (acrónimo de Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), allí donde Diego Duarte desapareció bajo un montón de basura.
Omar llegó al barrio de Villa Pueyrredón a cartonear con la crisis de 2001:
–Vine con un objetivo: hacer mi casa para mis hijos. Aprendí cosas que nunca imaginé y las transmito a los compañeros: son 25 años de lucha. Me considero fundador de esta cooperativa porque la vine a hacer crecer. Peleé contra vecinos, policía, lluvia, viento. En 2003 nos desalojaron porque tomamos un predio judicializado. Peleé con la policía y el gobierno para recuperar nuestro material. Nos acusaban de robos; estábamos en contra del trabajo infantil. Nos rompíamos el lomo vendiendo barato hasta que conseguimos tierra propia. Ahí echamos al galponero al que le vendíamos: estábamos organizados.
La vida de Omar cambió radicalmente desde que se profesionalizó. Y se convirtió en un referente nacional, enviado a participar en encuentros y convenciones:
–Anduve por Chile, Bahía Blanca, Ushuaia, Calafate. Conocí historias buenas y malas. Tengo tres hijos; Gabriel es hemofílico. Lo ayudé a hacer un curso de barbería y hoy vive de eso.
Le pregunto cómo empezó, quiero saber más de su historia anterior:
–Empecé juntando huesos con mi madre en el campo. Vendí querosén, ajo, morrón, fruta. Después fui ayudante de albañil, hasta el derrumbe de 2001. Este laburo me salvó: podía haber terminado muerto o preso. Antes tirábamos de un carro, hoy tenemos triciclos. Me levanto a las 3, entro a las 6 de la mañana, salgo a la 1. Es mi vida.
Omar, que fue adicto, ahora hace docencia entre los más jóvenes:
–Los pibes entran rotos. Hablo todos los días del consumo, el alcohol, la droga. Antes me drogaba mucho. Después fui a la iglesia. Cambió mi vida. Hoy disfruto con mis hijos, mi nieto, mi casa y este trabajo.
No automatizar la desigualdad
El cuerpo de Omar es como un álbum familiar y el comienzo de una historia:
–Tengo tatuado en la espalda a mis tres hijos y mi nieto. También los nombres de mi madre y hermanas. De mi padre, nada: fue verdugo de mi familia. A los 9 años vivía en la calle. A los 10 conocí un instituto de menores. A los 16 me escapé de los maltratos. Tengo 18 hermanos, todos desperdigados. Me hice solo en la calle.
La frase de Romina Malagamba resuena en mi cabeza. Me gusta esa frase: “Historias sin datos son historias emotivas; datos sin historias automatizan la desigualdad”.
Pienso en Omar, necesito repasar algunos datos.
En junio de 2025, Fundación Avina compensó 555,18 toneladas de CO2 correspondientes a su huella de carbono 2024 mediante la compra de créditos generados por el trabajo de reciclaje en tres cooperativas de Argentina y una de Ecuador. Cada cooperativa compensó 138,8 tCO2 y recibió USD 4.164 (a razón de USD 30 por tonelada), mediante pago directo contra recibo fiscal.
Me entero que hay un montón de empresas detrás. Grandes. Vuelvo a pensar en las contradicciones. O, también, pienso, el costo del plástico reciclado es inferior. El combo costo-beneficio en pleno funcionamiento.
El Proyecto de Reciclaje Inclusivo en Argentina se enmarca en el Programa de Reciclaje Recuperadores, del cual forman parte Danone/Ecosysteme, Villavicencio y la Fundación Interamericana en articulación con la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y otras organizaciones de base y; por otro lado, de la Plataforma Regional Latitud R, integrada por CocaCola, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID-LAB, Dow, Nestlé, PepsiCo y la Red Latinoamérica de Recicladores (Red Lacre).
Las otras dos cooperativas con las que trabaja Fundación Avina son Las Madreselvas y Recuperadores Urbanos del Oeste (RUO).
Recolecto, recupero, reciclo información.
Suman 860 los trabajadores de RUO, que cubre los barrios de Caballito, Flores, Once, Paternal, Villa Luro y Chacarita. La Cooperativa Las Madreselvas cuenta con 591 asociados, 325 recuperadores ambientales; el Centro Verde se ubica en General Paz 98, la zona de trabajo abarca los barrios de Núñez, Belgrano y Coghlan. El cálculo mensual de toneladas recuperadas es de 550.
En otro zoom hablaré con Giselle Baiguera, coordinadora programática en economía circular inclusiva de Fundación Avina. Necesito tener el panorama general. Giselle me da conceptos clave. Los recuperadores urbanos son actores fundamentales en la reducción de la huella de carbono, ya que su trabajo evita que materiales reciclables terminen en rellenos sanitarios, donde generarían gas metano (un potente gas de efecto invernadero). Evitan más de lo que generan. Entonces, por eso se puede compensar, me explica.
El reciclaje no es siempre un negocio autofinanciable, necesita apoyo del Estado o las empresas, a través de subsidios y normativas como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que aún no está vigente en Argentina (y esto debería escribirlo entre un montón de signos de admiración y de pregunta). Esta ley hace que las empresas sean responsables por los envases que ponen en el mercado. Así como un estribillo, escucho que la viabilidad del reciclaje en Argentina se ve afectada por factores como la falta de control y fiscalización, la caída del precio de los materiales y la ausencia de políticas públicas que faciliten la separación de residuos.
Baiguera, sin embargo, es optimista:
–A pesar de estos desafíos, el país ha logrado avances en la organización y formalización de los recuperadores, siendo un modelo a seguir en la región.
La Santa de los cartoneros
Hay una Santa Recuperadora. Le dicen, también, la Virgen Cartonera. Fue bendecida por el Papa Francisco y está hecha de papel maché reciclado. Su santuario es un Centro Verde.
Cortejarena 3153, Parque Patricios. Entramos en el gran galpón de reciclado. Pienso en los recuperadores como artistas del residuo: esos fardos apilados, prolijos, compactados, coloridos, cuentan historias de consumo doméstico, industrial, urbano. Me siento pequeña y en peligro cuando pasa zumbando el autoelevador sin retrovisores: acá cada movimiento es cronometrado, veloz.
La escena es una cadena de montaje fordista en versión devaluada: arriba, hombres y mujeres tiran botellas blancas, verdes, papeles; abajo, otros prensan y atan fardos con precisión.
En este Centro Verde de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros trabajan 1.500 personas en cuatro turnos: clasifican, prensan, embolsan. Los camiones —los “cola de pato”— llegan con material recolectado por mil cartoneros de calle, que pesan sus bolsones en la balanza y cobran por transferencia cada quincena.
La cooperativa, nacida en 2001, cuenta con 4500 trabajadores y administra tres centros verdes en la Ciudad. Además de Cortejarena, están Saavedra y Barracas, que quedó reducido a cenizas tras un incendio en 2023.
Subo una escalera con Paula, coordinadora de la cinta de clasificación. Me muestra el proceso de separación. Como la cinta corre, lo que no se arroja en los grandes huecos para su posterior compactación, queda en el suelo. Camino entre las mujeres que separan los materiales y los arrojan en unos grandes huecos cuadrados, se acumulan en bolsones que otros compañeros van retirando. Plástico blanco y de colores, cartón, papel. El vidrio se rompe al caer y se levanta con una pala. Veo una ojota de plástico en buen estado.
–Si encuentran algo que les sirve -dice Paula- y no sirve para reciclar, se lo llevan.
A veces encuentran, literalmente, oro: alguna cadenita, o incluso dólares. Son contadas esas veces, milagros.
Voy por el borde y piso el descarte del descarte. Me pregunto si el fuerte olor solo lo siento yo, si los trabajadores del lugar ya se acostumbraron, como la gente que vive junto a las vías del tren se acostumbra tanto al ruido que ya no lo escucha.
Debajo, tres mujeres se ocupan de compactar los materiales ya separados en una prensa. Junto a la máquina, sobre una mesita, un equipo de música que destella luces azules.
–¿Qué es? –pregunto.
Mientras ceba mate, una de ellas comenta:
–Yo digo cartonera cuando estaba en la calle con el carrito. Ahora soy recicladora. En 2000 nos ayudó a sobrevivir.
Otra recuerda que sus padres no sabían leer ni escribir:
–Este trabajo fue nuestra escuela. Yo empecé a los 11 años con mis hermanos, cartoneando en un carro con caballos. Antes era cartonera, ahora soy recuperadora. Somos privilegiadas.
Pienso en el valor de las palabras: no se dice cartonero, se dice recuperador; no se dice basura, se dice material. Se dice RSU (Residuos Sólidos Urbanos). Se dice seco (versus mojado). Se dice recurso.
También Pochi, como muchos aquí, empezó de chico con un carro con caballos.
–Yo con mis hermanos necesitábamos juntar para vivir. Y nos corría la Policía. Solo mi papá trabajaba. Tiraba folletos con un carro. Viajábamos colgados en los camiones para venir. Primero estuve en Barracas. Cuando se incendió vine acá.
Pochi es de River y de Fiorito, como Daniel, alias Pola. Me pregunto si hay ahí una contradicción, tan asociado tenemos a Maradona con el barrio que lo vio nacer. Dice que la pelota en el barrio es todo y que juega en el equipo que armaron en la cooperativa: Los pibes de Corte (por Cortejarena). Daniel tiene ojos claros y dice como era muy rubio le pusieron Pola, de polaco. Empezó a cartonear a los 16.
–Hombreaba bolsones de 200 kilos (300 cuando se mojaban con la lluvia, aclara), antes de trabajar bajo techo. Estoy agradecido de tener este trabajo. Si le dieran la importancia que tiene, sería un re trabajo. A mí me salvó –agrega antes de posar para la foto con otros compañeros, con su camiseta blanca con la franja roja.
Subo por una escalera hasta una pequeña oficina donde trabajan las promotoras. Sobre una mesa se desparraman cartulinas y letras de colores. Están preparando afiches para llevar a las escuelas, donde enseñan a reciclar. Una de ellas, María, advierte:
–Cartoneros hay por todos lados, aunque la Ciudad ponga tachos para que no los haya.
Pese a sostener comedores, redes de solidaridad y campañas ambientales, la relación con el Gobierno porteño es áspera: pagos demorados, falta de aportes y ausencia de ART, dicen.
–Sin nosotros, los rellenos estarían colapsados. Pero nos dicen negros de mierda –, se queja Morena
Soledad agrega:
–El cartón está congelado en 45 pesos el kilo, un precio que cayó a la mitad en pocos meses.
Las variaciones en los precios, sabré, se dan por el tipo de cartón pero también varía según las zonas. Aquí estamos en el sur de la ciudad.
En un rincón de la pequeña oficina, hay una figura imponente del Papa Francisco que, una semana después, saldrá a las calles a presidir la marcha de recuperadores urbanos que reclaman al gobierno porteño por la quita de los transportes que trasladaban trabajadores desde el Gran Buenos Aires a la ciudad. Lo anunciaron el 1 de agosto y hay 3.500 familias afectadas. La figura del Papa saldrá junto a la gran Santa confeccionada en el taller de Barracas de papel maché reciclado y restaurada para recuperar los colores originales, símbolo del reciclado, con una inscripción en la espalda: Santa recuperadora. Tierra y trabajo.
La marcha será liderada por Sergio Sánchez, referente histórico del movimiento de cartoneros y presidente de la FACCyR.
Unos días después de mi visita a la planta en Parque Patricios, el lunes 25 de agosto, iniciará una huelga de hambre y se encadenará, con otros compañeros, en Parque Lezama, como forma de protesta, previo a la marcha cartonera del 29 de agosto.
Cuando haga mi consulta a las autoridades del Gobierno de la Ciudad, el argumento oficial será: “Respecto al financiamiento del traslado de recuperadores, la Ciudad lo revisó para adecuarlo al marco vigente y garantizar equidad, ya que antes solo beneficiaba a 4 de las 12 cooperativas”.
En tiempos de campaña no puedo evitar una lectura política de esta decisión del gobierno de Jorge Macri, que en su comunicado oficial direccionó explícitamente el recorte contra organizaciones ligadas a Juan Grabois, y que afecta a trabajadores que migran diariamente del conurbano bonaerense, jurisdicción del gobernador Axel Kicillof, a la Capital.
El 3 de septiembre, luego de la marcha cartonera, La justicia porteña le ordenó al GCBA echarse atrás con la medida. A través de su cuenta en X Jorge Macri advirtió: “La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños. Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más.”
En 2013, el Papa Francisco había enviado un fuerte mensaje ecológico a los cartoneros: “Cuando ustedes reciclan, hacen dos cosas: un trabajo ecológico necesario y por otro lado, una producción que fraterniza y da dignidad a este trabajo. Ustedes son creativos en la producción, y también son creativos en el cuidado de la tierra con esta visión ecológica”.
La resistencia de los caídos
Las cooperativas ponen en el centro de la escena al principal actor, el recuperador urbano, como trabajador. Alguien con un oficio, como un plomero, un electricista o, incluso, un periodista o un escritor (¿si no estudiaste en una institución no sos?), y que además, se agrupa en un colectivo. En todo caso, la gran diferencia anidaría en que la base laboral de este colectivo es la de personas desocupadas, marginadas y arrojadas fuera del sistema. Personas que encuentran una forma precarizada de insertarse, y esa inserción es relativa. Sumado esto a la estigmatización y a la persecución de la cual son víctimas por trabajar con productos de descarte.
Aquí, también, habría que agregar las confusiones sobre “revolver la basura” para comer, cartoneros que “se roban la basura” asociados a la delincuencia (Mauricio Macri dixit), una apuesta que el gobierno porteño dobla hoy en palabras de su vocera Laura Alonso en el posteo amenazador en X que se viralizó a principios de agosto: “Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien. La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro”. Declaraciones en tándem con el nuevo cierre de los contenedores urbanos que impide “meterse adentro”.
En la voz oficial: “La Ciudad cuenta con más de 4.500 contenedores verdes, 21 Puntos Verdes fijos y 5 móviles para la disposición de reciclables. Los contenedores antivandálicos con tapa tipo buzón buscan mejorar la higiene.”
Los cartoneros quedan asociados con lo sucio y lo mojado que impregna el cuerpo y la ropa, mientras contribuyen con la limpieza de la ciudad y en la lucha contra el calentamiento global. En un marco de claro recrudecimiento de medidas que persiguen a los caídos del sistema, un trabajo de fiscales muestra un crecimiento de acciones del Estado tendientes a criminalizar a personas en situación de calle y no a protegerlas.
Entonces me quedo pensando en la palabra “higiene” del Ministerio a cargo, en el énfasis en la idea de ciudad limpia, en limpiar las calles de feos, pobres, sucios: ese antiguo concepto higienista del Estado. Entonces me pregunto: ¿Qué es estar dentro del sistema? ¿Y afuera? ¿De qué sistema hablamos? ¿De qué basura cero?
Carla M. no supo que la muerte de su padre estaba siendo investigada en una causa federal hasta ocuparse ella misma de averiguarlo. Cuando la médica de guardia del Hospital Italiano de Rosario le comunicó que su papá estaba a punto de morir, ella y su hermano le pidieron una explicación. Los últimos tres días lo habían visto mejor. Lo habían operado el 27 de marzo en una cirugía programada y el 31 una complicación derivó en otra cirugía, sedación farmacológica e intubación. Ahí entró en contacto con el fentanilo.
En esa sala de espera Carla conoció a Vanesa V. Primero se vieron de lejos y memorizaron sin querer sus apellidos (prefieren que no figuren completos en los medios). Los escuchaban cada vez que los médicos y médicas salían a dar el parte de los pacientes en terapia intensiva. Después empezaron a charlar y a darse fuerzas. Las dos tienen 39 años y tenían a sus papás internados. El de Carla de 68, el de Vanesa de 74.
Los dos hombres eran jubilados y habían entrado al sanatorio rosarino por una cirugía programada. Tuvieron una complicación y los operaron de nuevo. Y los dos pasaron a estar graves. Les subió la fiebre, desarrollaron una neumonía, no respondían a los antibióticos y los intubaron. Los médicos detectaron que tenían una bacteria. Durante semanas sus hijos los vieron mejorar y empeorar.
El papá de Carla murió el 17 de abril después de 20 días internado.
El de Vanesa el 28, tras casi dos meses.
Las dos se quedaron con la misma sensación: no entendían qué había pasado. Cuando vieron en los medios que al menos nueve personas habían muerto en el Hospital Italiano de La Plata por un lote de fentanilo contaminado tuvieron la certeza de que a sus papás les había pasado lo mismo.
Carla fue la primera en confirmarlo. Y apenas lo supo pensó en los apellidos.
***
Los de Carla y Vanesa son dos de los apellidos que figuran en la causa que investiga el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por la muerte de al menos 96 personas por fentanilo contaminado con dos bacterias. En el expediente hay 24 sospechosos por algún grado de participación en la producción y venta del fármaco fabricado por el Laboratorio HLB Pharma de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
El fentanilo es un opioide fuerte que se usa como anestésico en cirugías. Las víctimas se extienden por todo el país como se extendieron las 154 mil dosis del lote 31202 fabricado el 18 de diciembre de 2024 y distribuido el 13 de febrero. Los peritos detectaron las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii tanto en las personas que murieron como en los frascos que contenían el fentanilo. Fueron dos lotes pero solo uno se aplicó.
Las ciudades con más personas fallecidas son La Plata, Rosario y Córdoba pero los casos siguen llegando al Juzgado desde distintas provincias y el número de víctimas está en construcción. En Rosario fueron al menos 26 entre febrero y mayo.
En terapia intensiva el padre de Carla empezó a empeorar. Los cultivos le dieron positivo de la bacteria klebsiella pneumoniae y no respondía a los antibióticos. Cada vez que le sacaban el respirador mejoraba, dejaba de tener fiebre y los análisis mostraban buenos indicadores. Lo volvían a sedar y de nuevo tenía una recaída. El 17 de abril fue la última. Y la médica les dijo lo único que no podían escuchar: no tenía una explicación.
–Ahí empezamos a buscar respuestas.
Carla es odontóloga y lo primero que hizo fue pedir la historia clínica. Unos días después se enteró de los casos de La Plata y pensó que a su papá le había pasado lo mismo. En la historia clínica figuraba la bacteria y el fentanilo. Y los datos coincidían: empeoraba cuando se lo administraban. Después, vio al médico de su papá en otra noticia diciendo que en el Hospital Italiano de Rosario había dos casos. No se olvida más de la fecha: 4 de julio, el día de su aniversario de casada. Lo llamó y el médico la citó en el sanatorio. En la reunión le confirmó que la historia clínica de su papá era parte del expediente de la causa en La Plata.
–Una parte de mí ya lo sabía. Explicaba lo que le había pasado a mi papá de una manera lógica, aunque injusta.
Lo que vino después fue una pregunta.
–¿Cuántas familias más no sabían y estaban en la misma? A nosotros no nos llamaron del sanatorio, nos enteramos porque indagamos. Ahí fue que empezamos a buscar los apellidos que recordábamos de esos partes eternos.
La primera a la que contactó fue Vanesa. Juntas empezaron a buscar más familiares. Armaron una cuenta de Instagram con información clave para saber si un caso es sospechoso y empezaron a salir en los medios. Carla se encontró leyendo historias clínicas de otras víctimas y dándoles la noticia a los familiares. Escuchó el llanto del otro lado del teléfono.
–No es fácil que te digan que tu viejo, tu marido, tu hijo falleció en una cama de un hospital porque le pusieron algo que no estaba en las condiciones. Cuando lees la historia clínica rememorás minuto a minuto el otro lado, el de la sala de espera. Es desgastante pero es lo que me salió hacer.
***
La madrugada del 27 de junio de 2016 una explosión destruyó una manzana entera del barrio Tablada, en el sur de Rosario. El laboratorio Apolo, que elaboraba sueros y era investigado por contrabando, quedó completamente destruído.
Uno de los dueños de la fábrica era Ariel García Furfaro. Después de la explosión, se mudó al Parque Industrial de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Ahí inauguró Laboratorios Ramallo, el mismo que clausuró la Anmat en mayo junto a HLB Pharma Group SA, la firma que fabricó el lote de fentanilo contaminado.
Furfaro es dueño de las dos fábricas de medicamentos y uno de los 24 sospechosos en la causa. Su apellido fue asociado a distintos vínculos políticos, sobre todo con el peronismo bonaerense, y a varios antecedentes penales, algunos más verídicos, otros más fantasiosos. Uno de los más graves es de 2002, cuando fue condenado a 7 años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de un restaurante del que era dueño, a quien roció con alcohol y prendió fuego. En la cárcel se recibió de abogado y cuando salió se metió en la industria farmacéutica. En 2020, durante la pandemia, estuvo en un vuelo oficial a Rusia para traer la vacuna Sputnik.
En Apolo era socio de otro empresario, Jorge Salinas. Los dos fueron investigados por la explosión y absueltos en 2019. Otros dos directivos obtuvieron una probation que consistía en limpiar el Museo Justicialista de la ciudad de San Nicolás. El lugar era gestionado por Andrés Quinteros, el ex diputado provincial y actual concejal del peronismo que tenía vínculos con Apolo y que fue CEO de Laboratorios Ramallo los primeros años. Hacia él apuntó Furfaro. En varias entrevistas verborrágicas en los medios dijo que la contaminación del fentanilo fue intencional y acusó a Quinteros de estar detrás de un sabotaje armado. En esas mismas declaraciones mencionó a Esteban Alvarado y Mario Segovia y alcanzó para que varios titulares lo asociaran a los dos narcotraficantes como su abogado.
Furfaro también fue vinculado al empresario Víctor Santa María, dueño de varios medios de comunicación y titular del Sindicato de Porteros (SUTERH). El laboratorio HLB es proveedor de la obra social del gremio y Santa María le vendió el Canal IP.
La primera denuncia por el fentanilo contaminado fue el 2 de mayo. En el Hospital Italiano de la Plata detectaron un brote de infecciones respiratorias graves que habían provocado quince muertes. Lo informaron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), el Ministerio de Salud de Buenos Aires y el Colegio de Farmacéuticos.
Cinco días después, el 7 de mayo, la Anmat comunicó que no debía usarse el fentanilo de HLB. Cuando llegó la notificación, la provincia de Santa Fe activó a los 5600 contactos de la red de salud y sacó de circulación el medicamento. El 11 de mayo la Anmat lo prohibió y el 13 clausuró el laboratorio.
La periodista Camila Dolabjian, de La Nación, reveló un documento interno de la Anmat donde advirtieron irregularidades críticas en el Laboratorio Ramallo unos días antes de la fabricación del lote. El organismo hizo inspecciones entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 y detectó “deficiencias significativas” en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico. El lote se fabricó el 18 de diciembre.
Antes, a mitad de 2023, un sanatorio de Entre Ríos alertó a la Anmat sobre una contaminación en una droga del mismo laboratorio. El equipo liderado por la infectóloga Florencia Prieto detectó un brote en seis pacientes oncológicas que recibían dexametasona. Dentro de las ampollas cerradas y sin manipular encontraron una bacteria, la Ralstonia mannitolítica, algo que indicaba que la contaminación había sido en la producción. El sanatorio apartó la droga y denunció ante la Anmat. La respuesta no fue la esperada: les mandaron un mail donde decía que el producto era aceptable.
Hasta que explotó el caso, el laboratorio tenía 267 expedientes abiertos por la Anmat por distintas irregularidades. Tuvo una clausura en 2018 y tres años después le prohibieron la venta de un barbijo falsificado. Al menos tres veces entre 2022 y comienzos de 2025 le ordenaron retirar lotes de distintos medicamentos. En marzo le prohibieron comerciar una anestesia y una dopamina porque no tenían etiqueta de trazabilidad y en abril le ordenaron retirar lotes de morfina y diclofenac por contaminación cruzada.
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El día del cumpleaños de su papá Vanesa no pudo llorar. Estuvo todo el día hablando con familiares de víctimas de distintos lugares del país. Con Carla aprendió a leer las historias clínicas para dar la noticia. Es empleada administrativa y tiene una bebé recién nacida.
El papá llegó al Hospital Italiano de Rosario para una cirugía programada de cálculos en la vesícula, un proceso de rutina. A los dos días tuvo que volver porque estaba con fiebre. Le hicieron otra cirugía y lo tuvieron que entubar. Ahí entró en contacto con el fentanilo. Vanesa no lo sabía. Se enteró leyendo la historia clínica. Lo pasaron a sala y volvió a terapia varias veces mientras la infección se agravaba y los antibióticos no le hacían efecto.
–Nosotros nunca entendimos por qué algo tan simple se había complicado tanto. Pedimos la historia clínica sin saber lo del fentanilo. Nos hablaban de cultivos y bacterias.
Vanesa se enteró de los casos de La Plata por la tele. Con sus hermanos pensaron que eso era lo que le había pasado a su papá pero dudaron porque desde el sanatorio nunca los llamaron para decirle. Hasta que un día le llegó el mensaje de Carla. Ahí empezaron las dos a contactar a más familias para que pudieran ser querellantes. Para ella enterarse del brote del fentanilo fue tener una certeza.
–Ahora que sé, puedo pedir justicia por él y por todas las víctimas.
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La Municipalidad de Rosario recibió la primera alerta de Anmat el 7 de mayo y empezó una investigación. El fentanilo en esos lotes se había utilizado exclusivamente en el HECA en terapia intensiva. Fue ahí donde detectaron que en seis pacientes fallecidos entre febrero y marzo coincidían las dos bacterias. A diferencia de lo que pasó en los sanatorios privados, desde el Heca llamaron uno por uno a los familiares para contarles.
El gobierno local había comprado el fentanilo el 13 de febrero a través de una licitación pública. No se compra directo al laboratorio sino a droguerías. Y eligieron la que tenía mejor precio.
–La política de compra es por genérico, no por marca. Uno supone que al estar validado por ANMAT son todos los medicamentos de igual calidad–dice Sebastián Chale, secretario de Gobierno de Rosario.
En la provincia de Santa Fe fueron 23 las clínicas, hospitales y sanatorios que compraron el medicamento infectado. En distintos depósitos se identificaron 17.678 ampollas. Los muertos a nivel provincial ascienden a 60. Las víctimas del HECA fueron las primeras reportadas, casi en paralelo con La Plata. Chale aclara que eran pacientes críticos por lo que determinar la causa de muerte es más difícil. La segunda tanda de casos se reportó en distintos lugares de la provincia en hospitales y sanatorios privados.
La Municipalidad de Rosario, a través del intendente, se presentó como querellante en la causa y el juez lo aceptó.
–Lo hicimos por lo implica para el sistema de salud pública de Rosario un caso así, los antecedentes del Laboratorio Apolo en Rosario y por el vínculo de Furfaro con Segovia y Alvarado.
Para Chale el gobierno nacional hace un uso político del caso y eso es un error.
–Buscan agredir políticamente al kirchnerismo porque el vínculo es público y notorio. El juez tiene que indagar si un grupo que ya tenía irregularidades tuvo amparo político o judicial para operar incluso con laboratorios más grandes.
Pero para él no hay que perder de vista la responsabilidad del gobierno nacional.
–El rol de ANMAT es clave. Por más mínimo que sea un Estado, por más chico que lo conciba un gobierno, el control de los medicamentos, laboratorios y los alimentos es una función esencial que no se puede delegar en el sector privado. ¿Por qué no se clausuró o sancionó al laboratorio? ¿Cómo puede ser que esa partida haya salido al mercado de todas maneras? Meterlo en la grieta es un error.
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El juez federal Ernesto Kreplak prohibió a cada uno de los 24 sospechosos salir del país y les embargó los bienes. Para detectar las causas de muerte y las responsabilidades son necesarios distintos estudios. Uno de esos peritajes lo está haciendo el Instituto Malbrán. Es el batch record de la producción del fentanilo que va a determinar cómo se produjo la contaminación en el proceso de fabricación en el laboratorio.
El otro apunta a la causa de muerte de las víctimas. Lo hizo el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema. El informe analizó un grupo de 20 casos. Dijo que las ampollas no fueron la causa determinante del fallecimiento en ninguno, pero en 12 el fentanilo contaminado fue “un factor desencadenante o agravante significativo” en pacientes con una condición grave. Ocho tenían una infección anterior “con entidad suficiente para causar la muerte”.
La semana pasada Javier Milei cuestionó al juez y dijo que lo iba a recusar. Para el presidente, que Kreplak sea hermano del ministro de Salud de Buenos Aires es suficiente para apartarlo de la causa. El magistrado le recordó su obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, declaró.
–El uso político no me sorprende, más ahora que hay elecciones en la provincia de Buenos Aires –dice Carla–. Pasó con todas las tragedias de este país y después las familias quedamos en el olvido.
Hasta ahora, los familiares se muestran conformes con la actuación del juez. Entienden que las pruebas deben ser contundentes. Adriana Francese es una abogada de La Plata que representa a varias familias. También vivió el brote en primera persona, es familiar de una de las víctimas.
–Ella sería la primera en pedir un cambio de juez en el caso de que vea alguna falencia. Hay una ansiedad y un apuro con tener imputados pero no podemos pisar en falso. Se necesitan las pericias para darle el peso real a la causa. Se va a hacer una cadena de responsabilidades y desde el más pequeño al más poderoso van a tener que responder ante las familias y ante la ley.
Hace unos días la diputada nacional de PRO Silvana Giudici invitó a familiares a la Cámara de Diputados. Carla se negó a ir. No quiere sacarse una foto con ningún partido político. Pretende que la Justicia sea imparcial y condene a quien tenga que condenar.
–Este es un pedido de justicia a lo largo y ancho de toda la Argentina. El fentanilo contaminado fue diseminado por todas partes y le podría haber tocado cualquiera. Fue una bomba biológica. Todos los que debieron haber hecho las pericias, controles y la clausura llegaron a destiempo. Tenemos más de 100 muertos y el número va a crecer. Hay instituciones que todavía no respondieron al oficio del juez para confirmar que hayan tenido este lote.
Carla no habla de su papá en las notas. Tiene el duelo en pausa. Está abocada a buscar más casos y a ayudar a otros. Sólo dice una cosa y es la única vez que su voz flaquea.
–Lo que estoy haciendo no es ni la mitad de lo que hubiese hecho mi papá si quien moría en esa cama era yo. Mi viejo era un guerrero, un león. Se bancó los 18 días en terapia intensiva hasta que no pudo más. Esto empieza en la búsqueda de la verdad por él. Sé que está alentándonos con el resto de los familiares para que sigamos. No se merecen menos de lo que estamos haciendo: buscar que la Justicia sea coherente y honesta.
Vanesa tampoco quiere que las usen políticamente. Recuerda a su papá como un hombre sano y fuerte que hasta unos días antes de la operación jugaba a la pelota todas las semanas. Y sin saberlo contesta lo mismo.
–No me imaginaba estar en un lugar así. Estoy poniendo toda la energía para ayudar a las personas que lo necesitan. Sé que mi papá hubiera hecho lo mismo por mí y por cualquiera.
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, recorrió junto a la jefa comunal, Marisa Fassi, las instalaciones de la Sociedad de Fomento Los Aromos, en el distrito de Cañuelas, donde mantuvo un diálogo abierto con los jubilados presentes.
Allí, Magario criticó al presidente Javier Milei por la baja del poder adquisitivo de las jubilaciones. “No alcanza la jubilación y estoy viendo gente que debe optar por comer o por la medicación. Ese no es el país que nosotros soñamos”, dijo.
En ese marco, la mandataria provincial cargó contra la administración libertaria. “Si hay algo cruel, es no dejarle futuro a nuestros jóvenes y cortarles la dignidad de vivir a nuestros jubilados”.
“Hoy vuelvo a sentir angustia, la misma que cuando veo que le recortan a nuestros jubilados, cuando le cortan los medicamentos, como si no tuvieran derecho a estos mismos”, afirmó Magario.
La Vicegobernadora y candidata a diputada provincial por la Tercera Sección electoral aseguró que “la tristeza que genera Milei se combate con un voto en contra”.
Y agregó: “Tenemos un primer partido este 7 de septiembre y sé que vamos a ganar, porque la gente se cansó de lo que Milei está haciendo, decidió ponerle un freno”.
En esa línea, Magario también cuestionó el plan macroeconómico libertario. “Nosotros no vivimos de la macro; vivimos de la micro, la de todos los días. Y cuando no alcanza todos los días hay que cambiar el rumbo”, afirmó.
En otro tramo de su intervención, Magario sostuvo que en la política las cosas “se hacen mirando de frente a la gente, a nuestros jubilados, discapacitados, y a nuestros docentes”.
“Los únicos que somos capaces de decirles que pare a Milei somos nosotros. Nadie se puede quedar en la casa, todo el mundo tiene que ir a votar. Aquel que no lo haga tal vez no está cuidando el trabajo de su hermano, su amigo, sus padres, la jubilación de sus abuelos o la educación de sus hijos”, cerró la Vicegobernadora bonaerense.
Por último, los jubilados presentes en la Sociedad de Fomento Los Aromos, agradecieron el respaldo otorgado por la municipalidad de Cañuelas, a cargo de la intendenta Marisa Fassi.
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