Durante viernes y sábado, la ciudad disfrutó de un evento único: ‘Tinta Urbana’, un espacio que concentró en el polideportivo Cumelen muestra de tatuadores, tatuajes en vivo, baile, batallas de rap, hip-hop, 3×3 básquet, skate, bmx y paseo gastronómico.
Alrededor de 1000 personas recorrieron durante las dos jornadas los distintos espacios. Por un lado, uno de los gimnasios concentró a tatuadores de diferentes puntos de la región que mostraron sus trabajos y, además, tatuaron en vivo.
Por otro lado, en el playón se había dispuesto del escenario donde se pudo disfrutar de espectáculos urbanos; el espacio deportivo donde el básquet 3×3 y el skate fueron protagonistas; además del paseo gastronómico donde se pudo saborear la comida y bebida local.
Las Direcciones de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa Regina agradecen a quienes se sumaron a la propuesta y a quienes asistieron y la disfrutaron.
Los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron su rechazo por «insuficiente» a la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof y acordaron un paro de actividades con gremios estatales.
Es una decisión importante, toda vez que los judiciales de la provincia están alineados con el líder del Suteba, Roberto Baradel, y forman parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Este lunes se desarrollaron las asambleas en las 20 departamentales, con el objetivo de tratar la ratificación o no del rechazo a la última propuesta salarial realizada por el gobierno, el viernes.
Esas asambleas ratificaron por unanimidad el rechazo a la última oferta salarial, consistente en un 3% de aumento para febrero, «por considerarla insuficiente para superar la inflación en curso de 2026 y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2025».
Luego «se resolvió mandatar a la Comisión Directiva Provincial la realización de un paro total de actividades, reclamando al Poder Ejecutivo una propuesta superadora que contemple la equiparación y la superación de la inflación acumulada.
En el mandato se explicita, además, que dicha medida de fuerza sea evaluada para llevarse adelante conjuntamente con otros gremios del Estado bonaerense y durante la semana próxima».
LPO contó que Baradel no logra contener a las bases docentes luego de que les ofrecieran un aumento en línea con la inflación dibujada de Luis «Toto» Caputo.
Los docentes ya venían acumulando bronca tanto con el gobernador como con la conducción gremial, que aceptó un aumento en 2025 de apenas 25,9% pese a que la inflación oficial fue de 31,5%.
El jueves pasado, el gobierno bonaerense les ofreció a los gremios un aumento del 2% para febrero, pese a que la inflación dibujada de Caputo había dado 2,9%.
Ese índice se publicó en medio de la escandalosa salida de Marco Lavagna, que renunció al Indec porque no lo dejaron publicar el índice con la nueva medición que se estimaba en alrededor del 3,4%.
En tanto, los trabajadores estatales de ATE le pidieron a Kicillof una convocatoria urgente para retomar la negociación salarial tras la última oferta de un 3% rechazada por todos los gremios.
Apremiado por el descontento de las bases, los líderes de ATE debieron endurecer su postura frente a Kicillof y salieron a reclamar un acuerdo que permita recuperar lo perdido durante los últimos meses de 2025.
A través de una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, el gremio que conduce Claudio Arévalo pidió reabrir la discusión salarial e «iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo».
La Municipalidad de Villa Regina recuerda que está en vigencia la Ordenanza Nº 95/2020 que declara a la ciudad como territorio libre de pirotecnia. De esta manera, está prohibida la fabricación, tenencia, guarda, comercialización mayorista y/o minorista en comercios y puestos ambulantes, manipulación, depósito y uso de elementos de pirotecnia. Además prohíbe el uso doméstico…
El Gobierno de Milei autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle de la U.S. Navy a operar en aguas del Atlántico Sur para “relevar datos estratégicos”. La decisión abre un debate intenso sobre soberanía, geopolítica y alineamientos externos, con efectos potenciales en sectores vulnerables como jubilados, PAMI y el sistema sanitario nacional.
Por la Redacción de NLI
Un giro geopolítico con impacto político
El pasado 23 de febrero de 2026, el Gobierno argentino autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle, propiedad de la U.S. Navy, a ingresar y relevar información en aguas bajo jurisdicción nacional en el Atlántico Sur, bajo el argumentado propósito de una campaña científica internacional. Esta autorización, publicada por En Orsai, no sólo tuvo implicancias técnicas, sino que desató un debate político profundo en torno a la soberanía nacional y el alineamiento estratégico con Estados Unidos.
Según el artículo de En Orsai, la decisión fue tramitada a través de la Cancillería y aprobada por el Consejo Federal Pesquero, con condiciones mínimas de supervisión argentina y obligación de compartir datos antes de su publicación.
Ciencia o geopolítica disfrazada
El Gobierno presentó la autorización como un ejercicio de cooperación científica —con estudios sobre clima y monitoreo oceánico— pero la propia plataforma, diseñada para campañas de larga duración y equipada con tecnología avanzada de hidroacústica, tiene aplicaciones duales, incluso en operaciones antisubmarinas y geoestratégicas.
Este contexto no es ajeno a otros despliegues internacionales en aguas regionales: ejercicios conjuntos como UNITAS y otras maniobras navales en el Atlántico Sur han reforzado la presencia militar extranjera en la región, con participación de fuerzas estadounidenses y de otros países aliados.
Alineamiento político y riesgos para la soberanía
La decisión del Gobierno se enmarca en una política exterior definida por una orientación marcadamente pro-estadounidense, con giros significativos respecto a la defensa de la soberanía marítima en áreas tradicionalmente disputadas, como el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.
Críticos de la medida señalan que, más allá de la ciencia, los datos recolectados por instrumentos de alta precisión pueden alimentar capacidades de inteligencia estratégica que exceden los supuestos fines cooperativos, y que el marco legal argentino carece de mecanismos robustos de control de contrainteligencia para proteger información sensible generada en estas campañas.
El acceso a la vivienda es un derecho y como tal, debe respetarse y cumplirse. Nuestros representantes deben trabajar en pos de un desarrollo integral y una organización comunitaria de los sectores más humildes y necesitados de la ciudad. La casa propia con servicios básicos es la base de una vida digna y saludable. #Elecciones #DéficitHabitacional #LoteoSocial #VidaDigna#VillaRegina #LaTapa #PeriodismoAlternativo #Multimedia Difunde…
El Gobierno confirmó que insistirá en modificar el régimen de licencias por enfermedad durante las sesiones ordinarias. Qué busca cambiar, qué impacto tendría sobre los trabajadores y por qué el tema vuelve a tensar la relación con la CGT y la oposición.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El oficialismo confirmó que volverá a impulsar cambios en el régimen de licencias por enfermedad durante las próximas sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Tras haber retirado el polémico artículo 44 de la reforma laboral ante la presión política y sindical, ahora el espacio de La Libertad Avanza anticipa que no abandona el objetivo de modificar el esquema vigente.
La señal la dio el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien sostuvo que el tema deberá debatirse en una ley específica. En otras palabras: el Gobierno perdió esa batalla en Diputados, pero no la guerra legislativa.
Qué quiere cambiar el oficialismo en las licencias médicas
El artículo eliminado planteaba una reducción en el salario durante el período de licencia por enfermedad o accidente. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza que el trabajador cobre el 100% de su remuneración durante el período establecido por antigüedad.
Desde el entorno de Milei argumentan que el sistema actual genera “abusos”, fomenta certificados médicos irregulares y aumenta el costo laboral para las empresas. Bajo ese diagnóstico, el oficialismo busca introducir un esquema que —según su visión— “corrija distorsiones”.
Pero el punto central es otro: no se trata solo de combatir fraudes, sino de redefinir el equilibrio entre protección del trabajador y reducción de costos empresariales. Y ahí es donde aparece la tensión estructural.
Para el Gobierno, modificar las licencias médicas es parte de su programa de “modernización laboral”. Para amplios sectores sindicales, es un intento de recortar derechos históricos en nombre del ajuste fiscal y la competitividad.
El conflicto político que se abre en sesiones ordinarias
La eliminación del artículo 44 no fue técnica: fue política. La presión de bloques opositores y la advertencia de la Confederación General del Trabajo obligaron a retroceder. Reabrir el debate implica volver a encender ese conflicto.
El oficialismo apuesta a que, con el clima legislativo más ordenado en sesiones ordinarias, pueda construir mayorías parciales o negociar una redacción menos frontal. Sin embargo, el costo político no es menor: tocar las licencias por enfermedad impacta directamente en el bolsillo y la seguridad económica de millones de trabajadores formales.
Además, en un contexto de caída del consumo, salarios deteriorados y ajuste en el sector público, cualquier iniciativa que afecte ingresos durante períodos de enfermedad puede leerse como un nuevo endurecimiento del programa económico.
No es casual que el Gobierno haya optado por fragmentar el debate. Al retirar el artículo de la reforma laboral general, evita que el rechazo a las licencias contamine otras reformas. Pero al anunciar que insistirá, deja claro que forma parte de su núcleo ideológico.
Qué está realmente en juego
Más allá del tecnicismo legislativo, la discusión es profunda. Se debate:
El rol del Estado en la protección ante la enfermedad.
El equilibrio entre productividad y derechos laborales.
El modelo de relaciones laborales que quiere consolidarse en Argentina.
Si prosperara una modificación que reduzca ingresos durante licencias médicas, el impacto no sería homogéneo. Golpearía con más fuerza a trabajadores con enfermedades crónicas, patologías prolongadas o menor estabilidad laboral.
Para el oficialismo, el argumento es fiscal y empresarial. Para los sindicatos y la oposición, el eje es social y constitucional. La disputa no es administrativa: es sobre el modelo de país.
Las sesiones ordinarias del Congreso serán el escenario donde esta tensión vuelva a expresarse. Y el resultado marcará hasta dónde puede avanzar el Gobierno en su agenda laboral sin romper equilibrios políticos más amplios.
Jessica Hughes es la Jefa del servicio de Salud Mental comunitaria del Hospital Área Programa Villa Regina que cuenta con un equipo de profesionales que está compuesto por psicólogos, psiquiatras y operadores en salud mental. En estos tiempos de pandemia se ha incrementado la vulnerabilidad de muchos de los usuarios que el equipo de Salud…
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