Fuerte accidente en el auto neuquino: investigan cómo una camioneta chocó contra un camión

 

Comenzó la construcción de un nuevo acueducto que garantizará el acceso a agua potable para barrios ubicados entre la ciudad de Neuquén y Centenario que hoy no cuentan con redes formales. La obra, impulsada por el gobierno provincial a través del EPAS, busca dar respuesta a una demanda histórica en la zona norte del aglomerado urbano, según se informó.

Los trabajos se iniciaron desde la planta potabilizadora de Mari Menuco y se extenderán por más de 9 kilómetros a lo largo de la meseta. Este nuevo acueducto incluirá 31 puntos públicos de distribución, lo que permitirá que cientos de familias puedan acceder al suministro de agua.

La obra, que tendrá un plazo de ejecución de 210 días y demandará una inversión superior a los 1.600 millones de pesos, también dejará la infraestructura preparada para futuras conexiones domiciliarias a medida que se regularicen los barrios. Además, se construirá una nueva estación de bombeo sobre la actual cisterna de la planta Mari Menuco, junto a un acueducto de impulsión.

Actualmente, los barrios El Mirador, El Jarillal, El Choconcito, San Antonio I y II, y El Trébol II son asistidos con camiones cisterna. “Estamos llegando con servicios esenciales para vecinos que estaban postergados, con una demanda histórica de necesidades primarias. Una vez más el Gobierno de Neuquén está presente donde debe estar, garantizando igualdad a todos los vecinos de la provincia”. destacó Gustavo Hernández, presidente del EPAS, al señalar la importancia de garantizar igualdad en el acceso a recursos básicos.

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Tras un empate de 22 votos a favor y 22 en contra (con una abstención), con el desempate de la titular del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó anoche un proyecto que habilita la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. Los intendentes quedaron excluidos. La polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y de los «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del peronismo hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense. Por ANRed.

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Finalmente, anoche el Senado bonaerense votó la ley de reelecciones indefinidas de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares (con la exclusión de los intendentes). El resultado fue un empate en 22 votos a favor y 22 en contra, con una abstención.

En ese marco, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, desempató a favor de la iniciativa y así se sancionó la ley: «a diferencia de lo que pasó hace largos años en la Argentina, mi voto es positivo”, dijo Magario, comparando el momento con el recordado «voto no positivo» de Julio Cobos en el Senado nacional en 2008, durante el conflicto entre el kirchnerismo y sectores del campo por las retenciones.

Los alineamientos reflejaron la fragmentación interna: la polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura.

Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del bloque de Unión por la Patria hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador.

«Hoy la legislatura bonaerense va a tratar la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares: NO CUENTEN CONMIGO. Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto. No es un tema de principismo sino de prioridades. Nuestras prioridades son otras y no estuvieron contempladas: la ley para garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo; la ley de protección de los territorios periurbanos productivos de alimentos; la ley que crea el régimen de protección integral para repartidores y choferes de moto asociados a plataformas digitales; la ley de marco normativo para los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria; la ley de protección de la fauna autóctona; y la ley de centros socioeducativos Entre otras. No se pueden discutir reelecciones políticas sin antes discutir realizaciones sociales. Siempre vamos a estar del mismo lado: trabajando donde más se nos necesita, con convicción y con amor por nuestro pueblo», había anticipado en su cuenta de X Fagioli.

Por su parte, Vannelli, a pesar de que rechazó la votación, dio quórum para que la sesión se llevara a cabo. Ese gesto fue celebrado por referentes de su espacio, el massista Frente Renovador. Así, la ajustadísima votación reflejó la falta de cohesión dentro del oficialismo, que sufrió una ausencia clave y un voto negativo.

En tanto, Malena Galmarini, figura del massismo y referente de la renovación política, lanzó una crítica irónica contra quienes promueven la reelección indefinida: «atornillados a sus sillas, discuten sobre lo que les importa y cada tanto miran por la cerradura a ver si llueve del lado de afuera», ironizó, con una metáfora climática muy oportuna para el inicio del invierno.

Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense.

 

 

 

Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).

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No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

(Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

CALPU

 

 

 

 

Más de 50 millones de dólares del crédito internacional gestionado por la provincia de Neuquén fueron destinados a mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento en distintas localidades. Los fondos provienen de un préstamo de 100 millones acordado con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aprobado hace un año.

Desde entonces, el gobierno neuquino, a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), avanzó con todos los proyectos vinculados a este financiamiento. El plan contempla una serie de obras distribuidas en distintas zonas de la provincia, con el objetivo de garantizar servicios básicos y acompañar el crecimiento poblacional.

Entre las obras más relevantes se encuentra la ampliación de la planta potabilizadora Mari Menuco, con un presupuesto que supera los 44 millones de dólares. Ya se realizó la primera etapa del proceso licitatorio, donde se presentaron nueve empresas  y ahora se espera la evaluación de las propuestas económicas.

Otra obra en marcha es la del sistema de agua en Chos Malal, contratada a la empresa CODAM por 6,5 millones de dólares. También se proyecta la construcción de una planta para camiones atmosféricos en Villa La Angostura, con un presupuesto de 2,15 millones. Por su parte, el nuevo sistema de agua para Auquinco tiene prevista una inversión de 1,2 millones y será licitado próximamente.

A estos recursos se suman 23,8 millones de dólares provenientes del presupuesto provincial, lo que permitirá asegurar la finalización de todas las obras. Desde el gobierno aseguran que se trata de intervenciones prioritarias para reducir desigualdades en el acceso al agua y promover una infraestructura equitativa en todo el territorio.

Además, destacaron el rol del EPAS, el ente encargado de supervisar y planificar los aspectos técnicos de estas obras. Si bien no está presente en todas las localidades, cumple una función clave para mejorar la calidad de los servicios y atender las demandas de una provincia con importantes desafíos en materia de infraestructura.

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El gobernador neuquino Rolando Figueroa encabezó este sábado los actos por el 112° aniversario de Zapala, donde firmó una serie de convenios para avanzar en obras clave de infraestructura educativa, energética y sanitaria. Durante el acto, destacó la importancia de la obra pública como motor de desarrollo y la necesidad de un Estado presente.

Las actividades comenzaron con la entrega de tres créditos por un total de 18 millones de pesos destinados a productores de agricultura familiar. Luego se concretó la firma de acuerdos para la licitación de un nuevo transformador para la estación transformadora Zapala, ampliaciones en dos escuelas primarias y la ejecución de un nuevo sistema de tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad.

“Para poder construir nuestra propia forma de vida tenemos que tener autodeterminación. Y para eso, necesitamos ser buenos administradores de nuestros presupuestos”, expresó Figueroa en su discurso. Además, explicó que uno de los ejes de su gestión es el orden fiscal para poder redistribuir los recursos con equidad, en conjunto con los gobiernos locales.

En materia educativa, el mandatario provincial confirmó que se realizarán más obras en la ciudad y adelantó que ya se encuentra en la etapa final de adjudicación la ampliación de la EPET N°15. También mencionó el fortalecimiento del programa de becas Gregorio Álvarez como parte de una política para garantizar el acceso a la educación.

“Nos gusta hacer escuelas, hospitales, centros de detención y comisarías. Lo debemos hacer porque la presencia del Estado, y especialmente en la obra pública, es fundamental”, afirmó.

Otro de los ejes del discurso fue la inversión en infraestructura vial. Figueroa puso en valor el trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad y anunció que en los próximos días comenzará la repavimentación de la Ruta Provincial 46. También mencionó los avances en la Ruta 23 hacia Villa Pehuenia y anticipó que, una vez finalizada la veda climática, se retomarán los trabajos en la Cuesta del Rahue para llegar con asfalto a Aluminé.

Por último, el gobernador destacó el saneamiento de la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y reiteró que el gobierno nacional mantiene deudas con la provincia a través del ANSES. “Vivir en neuquinidad es respetar nuestra caja de jubilaciones y nuestra obra social. Nos costó mucho equilibrarla y no la vamos a entregar”, sostuvo.

El acto contó con la presencia del intendente Carlos Koopmann; la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina; el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; la ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza; y autoridades regionales, municipales y vecinos de la localidad.

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El Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad presentó un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas. «La reciente visita del presidente Milei al Estado genocida de Israel es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel», denuncian. Asimismo, señalan: «Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional». Por ANRed.

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Con el N°3230-D-2025, las y los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, Vanina Biasi, Vilma Ripoll, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, presentaron un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas con el régimen liderado por Benjamín Netanyahu.

«Derógase el Convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Seguridad Social (Ley 27.641), suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017, por constituir un compromiso de asistencia previsional a ciudadanos de un estado genocida que viene desenvolviendo una limpieza étnica en la franja de Gaza, masacrando a más de 55.000 gazatíes en su mayoría niños, mujeres y ancianos y que persiste mediante el uso del hambre como arma de guerra para forzar a la población a abandonar sus territorios», señala el artículo 1° del proyecto.

En tanto, en su artículo 2° dispone: «el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina procederá a romper relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel, cuyo presidente Benjamin Netanyahu es un prófugo de la Justicia Internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad, como forma de manifestar su solidaridad con el pueblo palestino por su horroroso sufrimiento y su oposición a la política de apartheid, racista, xenófoba y belicista que agrede militarmente a todos los pueblos de la región y transformó Gaza en un campo de concentración durante años para terminar convirtiéndola en cementerio«.

En tanto, en sus fundamentos, el proyecto del FIT remarca: «la reciente visita del presidente Javier Milei al estado genocida de Israel, que hemos denunciado en nuestro Proyecto de Resolución Expte 3149-D-2025, es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel«.

En la misma línea las y los legisladores de izquierda agregan: «efectivamente, el mandatario argentino se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional debido a crímenes de lesa humanidad, y suscribió un memorándum de entendimiento que profundiza las relaciones con el Estado sionista, a contramano del creciente repudio popular global al plan de anexión de la franja de Gaza, la intensificación de los bombardeos y un bloqueo draconiano que sumió nuevamente a la población en la hambruna. Así lo vienen denunciando el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, y el Jefe de Operaciones humanitarias de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. (sitio de Naciones Unidas, 20/5)».

«Como ya anunciara el presidente estadounidense, Donald Trump, el plan en marcha consiste en “limpiar” Gaza, expulsando a su población para un desarrollo turístico-inmobiliario de alta gama – suma el proyecto en sus fundamentos – Desde que el sionismo rompió el acuerdo de cese al fuego alcanzado a fines de enero, que establecía, entre otros puntos, el intercambio de rehenes por prisioneros políticos palestinos, alrededor de 2.500 gazatíes fueron asesinados, elevando la cifra total a cerca de 55 mil. A su vez, a comienzos de marzo, el ejército israelí reimpuso un bloqueo casi total al ingreso de alimentos, agua, combustibles y medicinas que colocó nuevamente al enclave al borde de la hambruna y el colapso de la atención sanitaria«.

En cuanto al denominado «Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo«, firmado por Milei, el FIT recuerda que «no sólo apunta a traducir en hechos concretos este alineamiento incondicional con el Estado sionista, sino que va mucho más allá«. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, el Memorándum implica una cooperación sin precedente supuestamente “en contra del terrorismo”, que implica investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná».

«Se trata de fortalecer los negociados, como el de la empresa estatal israelí de aguas Mekorot, denunciada por los relatores de Naciones Unidas en Palestina por utilizar el agua como arma de guerra, que viene firmando sucesivos acuerdos de manejo del agua con las provincias argentinas – denuncia el FIT – También ‘apuntará a elevar los grados de cooperación militar y de seguridad mayor a los que ya hay secretos entre los israelíes y libertarios’. Una pieza de estos acuerdos sigilosos es Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), quien comanda un imperio empresario dedicado a la venta de materiales y servicios de seguridad cuyas empresas de vigilancia están enlazadas con firmas del complejo de seguridad israelí y cuentan con numerosos convenios con Estados provinciales argentinos. (Clarín, 27/5)», detalla el proyecto del FIT.

Asimismo, el proyecto señala: «la Fundación que condecoró al presidente argentino con el premio Génesis, “el Nobel israelí”, con el otorgamiento de un millón de dólares que Milei utilizará para propagandizar en América Latina la “causa” sionista, valora tanto las medidas en respaldo a Israel (votaciones argentinas en organismos internacionales, declaración de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, etc.), así como su orientación económica, incluyendo el ajuste fiscal. Aun así Milei no pudo evitar ser abucheado por una multitud en la Universidad Hebrea por su apoyo al genocidio».

Finalmente, con respecto al acuerdo de pensiones y jubilaciones con Israel, remarcan: «es en este contexto que Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional».