El ‘Mes de la Niñez’ se festejará en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de que niños y niñas puedan disfrutar de una jornada con juegos y refrigerio, cerca de sus domicilios y así evitar traslados y aglomeraciones.
Con este objetivo, distintas áreas de la Municipalidad de Villa Regina organizaron los festejos que comenzarán este sábado 7 de agosto entre las 15 y 17 horas con actividades deportivas, artísticas y recreativas en los siguientes sectores:
*Melipal, Nuevo, Aldrighetti y Cipolletti: Plaza de barrio Melipal
*El Frutillar y El Sauce: Plaza de barrio El Sauce
*La Graava, Toma 1 y Toma 2: Cancha de La Graava
*La Unión: Plaza-iglesia
*Villa Alberdi-Ledda: Plaza de los Dinosaurios
Semanalmente se irá comunicando los festejos previstos para el resto de los sábados. De la organización también participan los concejales del bloque Juntos Somos Río Negro Edgardo Vega, Claudia Maidana y Silvio Rodríguez y la legisladora Marcela Ávila.
Las actividades se realizarán al aire libre, respetando las disposiciones sanitarias vigentes.
Economía dispuso una intervención urgente de la licitación de GNL que había anunciado apenas hace 48 horas, ante la posibilidad que un nuevo escándalo de presunta corrupción sacuda al Gobierno.
La licitación de la compra de gas licuado para el invierno dirigida por el secretario a cargo del área de Energía, Daniel González, prometía escándalo porque se habían acordado precios siderales, que duplicaban los del año pasado, por un monto total superior a los USD 1.200 millones.
El Ministerio de Economía tuvo que intervenir para forzar una baja de ofertas. Todo ocurre mientras avanza una causa judicial que ya tiene al propio González imputado, en otra operación muy sospechosa, revelada por LPO, de compra de energía a Uruguay, que no produce, triangula.
Después de que LPO revelara el costo fiscal producto de la decisión de Daniel González de «privatizar» la importación de GNL para el invierno, se encendieron las alarmas en el Palacio de Hacienda. El lunes 13 de abril se conocieron las ofertas de las multinacionales Trafigura y Naturgy, para hacer la operación de importación. Las empresas ofrecieron 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU. Es más del doble del costo que pagaba la estatal Enarsa por el mismo concepto. Impactó la suba del gas por la guerra de Irán, pero aún así los números eran desmesurados. «Hubo joda», afirmó a LPO un empresario del sector.
El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. En el sector hablan de un movimiento desesperado. Un escándalo silencioso.
La reacción fue inmediata. El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. El resultado de esa presión fue parcial. Naturgy quedó mejor posicionada con una oferta de 4,50 dólares por millón de BTU. Trafigura, que había arrancado con el precio más bajo, corrigió a 4,57 dólares.
Pero los valores continúan siendo altísimos. En Economía la preocupación por el costo fiscal y el escándalo asociado fue tan grande que se evaluó declarar desierta la licitación. Pero se decidió pedir mejora en el precio, un recurso previsto en los pliegos cuando las ofertas son similares. En otras palabras, ganar tiempo.
El problema es que el reloj corre. Tal como reveló el sitio especializado El Post Energético, por su imprevisión el Gobierno tuvo que salir de urgencia a licitar la compra de dos barcos de gas licuado para que arriben el primero de mayo. A través de Enarsa recibió propuestas de BB Energy, Glencore, BP Gas, Total, Petrochina, Naturgy y Vitol. Un menú amplio, pero condicionado por el mismo problema de fondo: precios elevados y disponibilidad limitada, por el impacto de la guerra que redujo drásticamente los envíos de gas del Golfo.
El Gobierno ahora enfrenta una decisión incómoda. O convalida estos precios, con impacto directo en tarifas y subsidios, o le ordena a Enarsa relanzar la licitación. Eso implicaría postergar la «privatización» del negocio de GNL que ensayó González.
Todo este desaguisado ocurre mientras la Justicia se mueve rápido. Este martes la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas de prueba contra Daniel González, en la causa que investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por la compra de energía a Uruguay.
Entre las medidas de prueba se ordenó a Cammesa que detalle si se importó energía eléctrica desde Uruguay los días 1 y 2 de abril de 2026, junto con los registros correspondientes, tal como reveló este medio. También se solicitó información a otros juzgados federales y a la Cámara Federal de Paraná para detectar si existen otras causas sobre los mismos hechos.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cree haber encontrado una palanca para condicionar al juez federal Arierl Lijo, que concentra las causas de corrupción que tienen en alarma total a Manuel Adorni y los hermanos Milei.
Se trata del pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora, que el ministro tiene en un cajón y no integró el lote de los 77 pliegos enviados al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponce, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.
Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi.
En los tribunales federales, comentan con asombro que Mahiques le habría dicho directamente a Lijo que no pensaba enviar el pliego de Ponte al Senado. «¿Van a mandar el pliego de Ponte?», le habría preguntado Lijo. «No», habría sido la repuesta del ministro.
No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total.
«No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total», dijo a LPO un experimentado operador que conoce a todos los involucrados en la negociación del pliego.
El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.
El juez federal Ariel Lijo.
Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno. El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.
Excepto, que el plan no estaría funcionando. La causa $Libra la tiene Mrtínez de Giorgi, muy cercano al ex candidato a integrar la Corte Suprema y la causa Andis la tiene el propio Lijo.
La desesperación de Mahiques de mostrarle resultados a Karina Milei lo estaría llevando a cometer algunos errores. Dos importantes funcionarios judiciales confirmaron a LPO que la semana pasada Manuel Adorni caminólas pocas cuadras que separan la Casa Rosada del Ministerio de Justicia, para pedirle ayuda a Mahiques en la investigación por enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Canchero, Mahiques habría llamado al fiscal con Adorni al lado. «Estoy acá con Adorni, que necesita que le demos una mano, lo tengo acá, te lo paso», habrían sido palabras más, palabras menos, las frases del ministro. Pero para su sorpresa, Pollicita respondió tajante: «No, no me lo pases, no voy a hablar con él», dijo y cortó la comunicación.
No es usual que un fiscal federal curtido en el trato con el poder como Pollicita responda así al ministro de Justicia, de cualquier gobierno. La respuesta revela la agudización de la pelea que tiene Comodoro Py con la Casa Rosada, luego que Karina Milei volteara la posibilidad que Guillermo Montenegro asumiera la cartera de Justicia.
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Un impresionante despliegue policial con decenas de efectivos y más de 20 móviles rodeó el departamento no declarado de Manuel Adorni en Caballito, en simultáneo con el anuncio de una protesta inédita: docentes universitarios que decidieron llevar el aula a la calle para denunciar el ajuste. La escena expone una postal brutal de prioridades del gobierno.
Un operativo que generó más preguntas que respuestas
Según distintas crónicas y registros que circularon durante la jornada, el gobierno montó un fuerte operativo policial con más de 20 móviles y una presencia masiva de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del edificio. La magnitud del despliegue no pasó desapercibida: vecinos, estudiantes y docentes lo interpretaron como un intento de blindar políticamente a un funcionario en medio de un escándalo patrimonial.
Así cuida la Policía Federal a Manuel Adorni de una clase pública pacífica que haremos los estudiantes y docentes universitarios. Sin la guita del Estado son muy cagones. pic.twitter.com/71A20Wtn0i
El dato no es menor. El departamento en cuestión había salido a la luz recientemente, en medio de cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. El propio Adorni reconoció la propiedad en una conferencia, luego de que trascendiera su existencia.
Clases públicas frente al poder
En paralelo, docentes y estudiantes universitarios llevarán adelante una medida tan simbólica como contundente: clases públicas frente al domicilio del funcionario. La iniciativa fue impulsada como forma de visibilizar el impacto del ajuste sobre la educación superior.
La protesta no surgió de la nada. Según datos difundidos por organizaciones docentes, el sector perdió cerca de un 36% del poder adquisitivo, en un contexto de congelamiento salarial y crisis presupuestaria.
La consigna fue clara: exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el vaciamiento del sistema. En ese marco, la elección del lugar —la casa de uno de los principales voceros del gobierno— no fue casual.
La postal del ajuste
La escena que se vive en Caballito sintetiza una tensión que atraviesa toda la coyuntura: recursos estatales destinados a la seguridad de funcionarios, mientras la educación pública se moviliza para sobrevivir.
Parece un operativo para atrapar al narcotraficante más buscado del mundo. Pero no, es un operativo de seguridad personal con más de 20 CAMIONETAS de la Policía Federal en la casa de ADORNI para que los estudiantes de Filosofía y Letras no lo molesten. La casta tiene miedo pic.twitter.com/5LPgrydDQp
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 30, 2026
Mientras los docentes daban clases abiertas —en muchos casos con contenidos sobre economía, política y derechos sociales—, detrás se desplegaba un cordón policial que recordaba más a un operativo de alto riesgo que a una manifestación pacífica.
Un conflicto que escala
La protesta frente al domicilio de Adorni no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio de conflictividad en el ámbito universitario, que incluye paros, movilizaciones y renuncias masivas en distintas instituciones.
En ese contexto, la decisión de responder con un operativo de gran escala agrega un nuevo elemento: la securitización del conflicto social, incluso cuando se trata de manifestaciones docentes.
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