¡Festejamos el ‘Mes de la Niñez’!

A partir de este miércoles 3 se podrá visitar en el Galpón de las Artes la muestra ‘Improntas reginenses’ de María Cristina Bay. La apertura de la misma será a las 20 horas. Con su impronta  Bay muestra  un variado universo de sutiles y exultantes colores, colmados de riqueza visual y expresiva revalorizando y exhibiendo…

Con la mirada puesta en la crisis de empleo -según datos oficiales, Córdoba perdió más de 10.000 puestos formales privados desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025, lo que equivale a una caída de alrededor del 1,9 %-, Martín Llaryora se subió al escenario de la fábrica de camiones Iveco para defender la industria nacional e intentar asumir la vocería de la defensa del trabajo argentino.

Mientras Javier Milei volvió a cargar contra los industriales y los acusó de «delincuentes» por reclamar protección frente a la apertura importadora, Llaryora se rodeó de operarios de la automotriz y dijo que «la industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo».

Sin mencionar al Presidente, el cordobés insistió en que la competitividad «no puede ser solo para algunos» y advirtió que no se puede construir un esquema donde sea más conveniente traer un producto terminado del exterior que fabricarlo en el país. «No queremos ninguna ventaja. Sabemos que tenemos que competir. Pero ésta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país», repitió.

El mensaje no fue inocente. En el Panal admiten que la situación industrial es crítica. Los números del propio Gobierno provincial indican que la pérdida de empleos privados formales habría llegado a 13 mil en los dos años de Milei en la Rosada, con una aceleración de 3.000 en el último trimestre de 2025, que se suman a los 10.000 registrados hasta octubre. El corazón manufacturero del Gran Córdoba, que incluye autopartistas, metalmecánicas y pymes vinculadas a la cadena automotriz, es uno de los sectores más golpeados.

Córdoba perdió 11 mil empleos privados en dos años y se resiente la matriz productiva

Llaryora tiene de primera mano distintos informes de economistas que advierten que la crisis del empleo se profundizará, y que una derrota de Donald Trump en noviembre podría complejizar la coyuntura económica. Por ahora, Llaryora juega al filo: aunque defiende a la industria, mandó a sus legisladores a votar la reforma laboral resistida por los gremios.

La complejidad de la relación Panal-Rosada incluye una disputa por los fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones y la caída de subsidios al transporte que asfixiaron a Daniel Passerini, el principal socio de Llaryora, en la gestión municipal.

La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo

En el contexto de crisis de empleo, Llaryora busca aggiornar la máxima del peronismo cordobés «gobernar es generar trabajo»: deslizó que lo central hoy es conservar los puestos existentes. «Cada vez es más difícil construir un puesto de trabajo con los desafíos de la tecnología 4.0 y la IA. Por eso, cada puesto que se sostiene es central», afirmó.

Así, el lanzamiento del camión pesado S-Way funcionó como una puesta en escena política. En un contexto de caída del consumo, avance del comercio electrónico y cierre de pymes, el gobernador cordobés buscó mostrarse como garante del empleo industrial y socio confiable de las multinacionales. «Hay que trabajar en conjunto para pelear por la competitividad y la igualdad de condiciones», insistió.

En su discurso pro industria nacional, Llaryora encontró el eco empresarial: «No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico», afirmó Marcio Querichelli, presidente de Iveco para América Latina, quien también reclamó «condiciones de competitividad y previsibilidad».

La escena contrastó con la relación tirante que mantiene Milei con parte del establishment industrial. Días atrás, el Presidente arremetió contra grupos como Techint y Aluar por cuestionar el impacto de la apertura. En Córdoba, donde la industria automotriz es una marca de identidad, esas declaraciones cayeron mal incluso entre sectores que apoyan el ordenamiento macroeconómico libertario.

El mensaje de Llaryora fue una síntesis de su estrategia: reconocer la necesidad de competir en un mundo abierto, pero reclamar reglas que no castiguen la producción local. En el corazón fabril de Córdoba, Llaryora volvió a pararse en la vereda desarrollista del peronismo provincial, aun cuando en el Congreso sus diputados levanten la mano junto al oficialismo libertario. La tensión entre discurso y práctica, por ahora, es el precio de ese equilibrio que, justifica el llaryorismo, es producto de la «responsabilidad institucional» de darle a Milei herramientas para su plan económico.

El juez federal de Rosario Gastón Salmain está procesado por delitos de corrupción considerados de extrema gravedad institucional. Tiene prohibida la salida del país y el único motivo por el que no está preso es porque sus fueros como magistrado lo protegen. Pese a eso la Cámara Federal de Rosario le acaba de asignar un juzgado en la ciudad de Santa Fe, que se añade al tribunal de Rosario en el que sigue en funciones.

Salmain es juez civil y comercial en Rosario pero el camarista federal Aníbal Pineda le asignó la subrogancia en el juzgado federal 2 de Santa Fe para cubrir la licencia del juez Aldo Alurralde que está de vacaciones entre el 9 y el 19 de febrero. Anteriormente le habían puesto a cargo también en la misma ciudad del juzgado federal 1. Por lo que manejará tres juzgados.

El 26 de diciembre pasado Salmain fue procesado por el juez federal Carlos Vera Barros por intentar cobrar un soborno tras ordenarle al BCRA la venta de 10 millones de dólares en billetes a un fideicomiso explotado por el financista rosarino Fernando Whpei mientras regía el cepo bancario. El juez le impuso también un embargo de 200 mil dólares sobre sus bienes. Le imputaron los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.

Ahora la Cámara Federal de Rosario, pese a esta situación, coloca a Salmain en un juzgado nuevo, por la cual además cobrará una remuneración adicional, con la función de definir conflictos empresariales y también del fuero contencioso administrativo, que trata los litigios donde participa el Estado. ¿Por qué motivos hace esto con un magistrado que tiene diversos trámites opacos con denuncias en el Consejo de la Magistratura?

Fuentes de tribunales dijeron a LPO que hay razones complejas que llevan a esta decisión. La primera es que la Cámara Federal tiene como tradición que no rompe hace más de 40 años asignar subrogancias al que está en la misma ciudad o en la más próxima y que solamente hay cuatro magistrados, ya cargados de trabajo extra, para cubrir once juzgados. Además el camarista Pineda, que firmó la resolución, tiene que resolver en semanas la apelación al mismo trámite por el cual Salmain está procesado por la coima en el fideicomiso.

«Si saltea el mecanismo usual de subrogancias o directamente no le da una subrogancia con toda seguridad Salmain va a alegar prejuzgamiento y recusar al camarista que debía designarlo y que tiene que resolver el caso de los sobornos. Frente a ese dilema el camarista optó por asignarle la subrogancia y evitar ser apartado. Porque además Salmain de manera sistemática recusa a los jueces de cámara. En general con el argumento de que sufre un complot armado por magistrados y periodistas», le dijo a este medio un funcionario judicial.

Es una situación controvertida porque para evitar ser recusado un camarista habilitó a un magistrado con dos procesamientos y con un historial previo de corrupción a manejar los casos de un nuevo juzgado. ¿No era preferible que lo recusaran a que un juez con esos antecedentes controle un juzgado más? Es la pregunta que palpita en el caso.

A esta situación se llega por la demora del Consejo de la Magistratura de la Nación en tomar medidas rápidas contra un juez que tiene una secuencia de hechos viciados, de gravedad institucional, cuando hace más de ocho meses tiene denuncias diversas, incluso de una diputada provincial de Santa Fe, Lionella Cattalini.

«Si el Consejo lo hubiera suspendido no habría que resolver ninguna subrogancia. Pero se tomaron cuatro años para empezar a actuar con Bailaque. Así que por ahí ocho meses para Salmain a los consejeros hasta les parece lógico», ironizó con bronca un funcionario de otro estamento de la Justicia Federal, en referencia a Marcelo Bailaque, magistrado de Rosario que está con prisión domiciliaria por hechos de extorsión y corrupción, que renunció como juez el año pasado pero fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura en 2020, que durmió los legajos cuatro años.

La estrategia de Salmain es ganar tiempo con argumentos descabellados contra los jueces de cámara. Todo el accionar de la Cámara Federal está orientado a no darle motivos para apartar camaristas a fin de que las causas tengan celeridad»

A fines de diciembre Vera Barros dio por válido el planteo fiscal de que Salmain gestionó un soborno para dictar una cautelar requerida por el financista Whpei, que alegaba tener que afrontar una deuda con una firma de Países Bajos en 2023. Le impuso al BCRA vender 10 millones de dólares en billetes. La sospecha de los fiscales, sustentadas en la declaración del arrepentido, es que era para llevarse 200 mil dólares, producto de la diferencia de cambio entre los billetes tomados a precio oficial y vendidos en el blue.

En 2002 la Corte Suprema de la Nación echó del Poder Judicial a Salmain, que por entonces era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria que manejaba los sorteos de expedientes, a fin de direccionar un caso al tribunal en el que se desempeñaba. Salmain es investigado porque omitió consignar esto en su curriculum al concursar en diversas ocasiones para ser juez, lo que logró en 2023, cuando lo designaron en Rosario y el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti asistió a su jura.