EXCLUSIVO La Mano de Washington en la Salud Argentina: cómo se construyó el camino que pavimentó el negocio farmacéutico para Estados Unidos
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EXCLUSIVO La Mano de Washington en la Salud Argentina: cómo se construyó el camino que pavimentó el negocio farmacéutico para Estados Unidos

 

Una secuencia de terror.

Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

En menos de un año, el gobierno de Milei desmanteló controles históricos, aceptó subordinación regulatoria a la FDA, reabrió el festival de patentes extranjeras y avanzó con un acuerdo comercial que, por primera vez, relega a la ANMAT a un rol secundario. El caso del fentanilo contaminado —la peor tragedia sanitaria de la historia reciente— expone que lo presentado como “desburocratización” no es otra cosa que un plan diseñado en Washington para abrir el mercado argentino a laboratorios extranjeros, aun a costa de la salud pública.

Un rompecabezas que encaja demasiado bien

Cuando Milei anunció el acuerdo con Estados Unidos, el punto que pasó casi inadvertido fue el más determinante: Argentina aceptará certificados de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, y dejará de exigir revisiones completas de la ANMAT para esos productos. Dicho de otro modo: la autoridad sanitaria local deja de ser autoridad.

Pero esa pieza solo encaja cuando se observa el cuadro completo: el vaciamiento material de la ANMAT, la desregulación de controles, la flexibilización del régimen de importaciones, la reactivación del modelo de los años 90 y el alineamiento del régimen de patentes con los pedidos del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.

Nada de eso fue improvisado.


La primera estocada: eliminar las inspecciones in situ (derogación de la Resolución 2123/2005)

En los últimos 20 años, la resolución 2123/2005 dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, exigía que inspectores de ANMAT verificaran físicamente las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las plantas que producían medicamentos destinados a Argentina. Esa norma surgió tras varios escándalos de adulteración y era considerada un pilar de la trazabilidad sanitaria.

El gobierno de Milei la desactivó sin reemplazo equivalente.

Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la normativa que elimina la obligación de inspecciones presenciales, permitiendo confiar exclusivamente en certificados emitidos por agencias extranjeras, entre ellas la FDA.

El argumento oficial fue lineal: “menos burocracia, más acceso”.
El trasfondo, bastante menos inocente: alinear la regulación local con lo solicitado por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, incluso antes de firmarlo.


ANMAT debilitada: menos personal, menos presupuesto y más presión política

En paralelo a estos cambios, la ANMAT no solo perdió herramientas: perdió capacidad operativa real.

  • Congelamiento de vacantes.
  • No renovación de contratos técnicos.
  • Reducción de misiones de inspección.
  • Recortes presupuestarios registrados en las planillas del Presupuesto 2024 y el proyectado 2025.
  • Presión para acelerar liberaciones sanitarias.

En ese contexto, la eliminación de inspecciones externas equivale a bajar la guardia en medio de una tormenta.

Y la tormenta llegó.


El caso del fentanilo: la evidencia de por qué existen los controles

La causa judicial por el fentanilo contaminado de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo dejó al descubierto un entramado escalofriante: adulteración de controles, planillas falsificadas, reactivos vencidos escondidos bajo la lluvia, trabajadores sin formación empujados a mentir y documentación “dibujada” para simular condiciones inexistentes.

Las testimoniales ante el juez Ernesto Kreplak son devastadoras:

  • Me hacían mentir básicamente”, relató la técnica Bárbara Pennisi.
  • Envases con partículas o pelos igual se mandaban al rotulado”, declaró Lucía Abeijón.
  • Los frascos manchados iban igual”.
  • Cambiaron pisos y pintaron todo para la ANMAT, pero nunca vinieron”.

Las conclusiones del Instituto Malbrán confirmaron lo que ya era evidente: los lotes 31202 y 31244 presentaban riesgos significativos, deficiencias graves e inconsistencia en la fabricación.

El resultado: mas de 120 muertes confirmadas y un ministro de salud que se niega a dar la cara.

En ese contexto, reducir la capacidad fiscalizadora del único organismo que puede prevenir estas catástrofes solo puede definirse como temerario.

O como parte de una estrategia.


La pieza que faltaba: el nuevo acuerdo con Estados Unidos

En el día de ayer, la Casa Blanca anunció los lineamientos del marco bilateral. Allí se explicitó lo que desde hacía meses se insinuaba:

Argentina aceptará “los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.

Es decir:
si la FDA lo aprueba, entra automáticamente al mercado argentino.

Además, el acuerdo agrega un segundo componente estratégico:

  • Acceso preferencial a productos estadounidenses, entre ellos “ciertos medicamentos, dispositivos médicos y productos químicos”.
  • Reforma del sistema de patentes, adecuándolo a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301, documento en el que Estados Unidos ya había criticado a la Argentina por otorgar demasiadas patentes locales y permitir competencia de genéricos.

Nada es casual: Estados Unidos tiene uno de los lobbies farmacéuticos más poderosos del planeta, y este acuerdo es su puerta de entrada directa.


Patentes: el capítulo oculto que definirá el precio de los medicamentos

El acuerdo bilateral obliga a Argentina a:

  • “Revisar criterios restrictivos de patentabilidad”.
  • “Reducir atrasos en el otorgamiento de patentes”.
  • “Alinear la propiedad intelectual a estándares globales más elevados”.

En lenguaje llano:
menos genéricos nacionales, más patentes extranjeras, precios más altos.

Las cámaras locales ya anticiparon el riesgo. CILFA advirtió que solo podrá evaluar el impacto cuando conozca el texto final, pero la advertencia es obvia: si la Argentina copia el estándar estadounidense, el costo de los tratamientos crónicos y de alta complejidad se disparará.

CAEME —que agrupa a los laboratorios extranjeros— celebró el pacto sin matices.


Un mercado abierto en bandeja: cómo encaja todo en el plan estadounidense

Tomados por separado, los hechos parecen decisiones aisladas. Observados en secuencia, conforman un patrón claro:

  1. Vaciamiento de la ANMAT.
  2. Eliminación de inspecciones presenciales.
  3. Aceptación automática de certificados de la FDA.
  4. Facilitación de importaciones sin controles equivalentes.
  5. Cambios en el régimen de patentes en favor de laboratorios extranjeros.
  6. Acuerdo comercial redactado en términos estadounidenses.

El caso del fentanilo, lejos de ser una anomalía, se convierte en un ejemplo:
si el Estado renuncia a controlar, lo que aparece no es libertad; es riesgo, adulteración y muerte.


Todo esto, ¿a quién beneficia?

No a los pacientes.
No a la industria nacional.
No a las provincias ni al sistema sanitario.

Beneficia a:

  • Laboratorios extranjeros, que ya no necesitarán adaptarse al marco argentino.
  • Multinacionales bajo regulación FDA, con ingreso directo al mercado de 47 millones de habitantes.
  • Empresas protegidas por un nuevo régimen de patentes, capaz de bloquear genéricos durante años.
  • Fondos de inversión norteamericanos, que presionan por “proteger propiedad intelectual” en todos los tratados internacionales.

Argentina, mientras tanto, pierde capacidad de fijar reglas en su propio territorio.


Conclusión: un país que renuncia a su soberanía sanitaria

La tragedia del fentanilo demostró qué ocurre cuando los controles se relajan. En vez de reforzar al organismo, el gobierno avanzó hacia su desmantelamiento en nombre de la “innovación” y la “desregulación”.

Hoy, con la subordinación explícita a la FDA, la Argentina cede no ya la fiscalización, sino el criterio sanitario mismo: lo que Estados Unidos considere seguro, deberá considerarse seguro aquí, sin verificación propia.

Es el triunfo perfecto del lobby farmacéutico norteamericano.

Y el riesgo perfecto para millones de argentinos. Cuando esto se implemente no habrá brindis por «salud» que alcance a fin de año.

 

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    El encuentro, realizado en la Sala 1 del Anexo A de Diputados, contó con la presencia de jefes comunales de distintas provincias y representaciones políticas. Estuvieron presentes intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto, entre varios otros representantes locales.

    En el cierre de la jornada, los intendentes firmaron un documento conjunto dirigido formalmente a los Diputados y Diputadas de la Nación, en el cual solicitaron que la reducción del IVA sea incorporada expresamente al proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas. Allí se detalla que mientras el sector privado puede descontar el IVA como crédito fiscal, los municipios no tienen forma de recuperar ese tributo, lo que encarece automáticamente cada licitación, compra de insumos o contratación de servicios.

    Brügge fue categórico al señalar que la situación se volvió insostenible para cientos de administraciones locales que hoy deben sostener demandas crecientes en materia social, obras públicas, salud, seguridad y servicios básicos, con menos transferencias nacionales y presupuestos cada vez más ajustados. «El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos», expresó el diputado durante la reunión.

    La propuesta de bajar el IVA al 10% tiene como objetivo liberar recursos para inversión directa en obras, servicios esenciales y asistencia a la población, o bien facilitar la reducción de tasas municipales, algo que los intendentes aseguran que podría brindar un alivio inmediato a las actividades económicas locales. El documento firmado señala que la medida permitiría «modificar una situación distorsiva que agrava la asimetría entre municipios y sector privado, afectando el desarrollo económico de las comunidades».

    Los intendentes también remarcaron que este debate se complementa con otros reclamos que ya venían planteando, como la redistribución del impuesto a los combustibles, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha reducido drásticamente la asignación de presupuesto y dejó de realizar obras que están siendo absorbidas por los gobiernos locales.

    El volumen en juego es significativo. Brügge recordó que en 2024 el total recaudado por IVA ascendió a 43 billones de pesos, y señaló que permitir que una parte de esos recursos quede en los gobiernos locales «podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes».

    Entre los asistentes hubo coincidencia en que la propuesta no solo tiene impacto fiscal inmediato, sino que también podría convertirse en un incentivo para reactivar economías regionales, al reducir costos de funcionamiento y mejorar la capacidad de inversión municipal. En ese sentido, se mencionó el caso reciente de Córdoba, donde el gobierno de Martín Llaryora aplicó una baja impositiva con un impacto presupuestario de 900 mil millones de pesos, apostando a la competitividad provincial.

    El documento firmado esta tarde fue elaborado tras el intercambio con los diputados presentes, quienes escucharon el diagnóstico y se comprometieron a seguir evaluando la iniciativa durante el tratamiento parlamentario de la reforma tributaria. Para los intendentes, el momento es decisivo: la reducción del IVA podría convertirse en una herramienta fiscal concreta para sostener el funcionamiento de los municipios en un escenario de obras paralizadas, menor recaudación y un crecimiento sostenido de las demandas sociales.

    Al finalizar el encuentro, Brügge destacó que la Comisión seguirá convocando actores territoriales para que la reforma fiscal contemple la realidad que viven los gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Los intendentes, por su parte, se retiraron con una señal política clara: el reclamo ya está documentado, consensuado y formalmente presentado en el Congreso, listo para ser discutido en las próximas semanas.

     

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