EXCLUSIVO La Mano de Washington en la Salud Argentina: cómo se construyó el camino que pavimentó el negocio farmacéutico para Estados Unidos
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EXCLUSIVO La Mano de Washington en la Salud Argentina: cómo se construyó el camino que pavimentó el negocio farmacéutico para Estados Unidos

 

Una secuencia de terror.

Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

En menos de un año, el gobierno de Milei desmanteló controles históricos, aceptó subordinación regulatoria a la FDA, reabrió el festival de patentes extranjeras y avanzó con un acuerdo comercial que, por primera vez, relega a la ANMAT a un rol secundario. El caso del fentanilo contaminado —la peor tragedia sanitaria de la historia reciente— expone que lo presentado como “desburocratización” no es otra cosa que un plan diseñado en Washington para abrir el mercado argentino a laboratorios extranjeros, aun a costa de la salud pública.

Un rompecabezas que encaja demasiado bien

Cuando Milei anunció el acuerdo con Estados Unidos, el punto que pasó casi inadvertido fue el más determinante: Argentina aceptará certificados de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, y dejará de exigir revisiones completas de la ANMAT para esos productos. Dicho de otro modo: la autoridad sanitaria local deja de ser autoridad.

Pero esa pieza solo encaja cuando se observa el cuadro completo: el vaciamiento material de la ANMAT, la desregulación de controles, la flexibilización del régimen de importaciones, la reactivación del modelo de los años 90 y el alineamiento del régimen de patentes con los pedidos del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.

Nada de eso fue improvisado.


La primera estocada: eliminar las inspecciones in situ (derogación de la Resolución 2123/2005)

En los últimos 20 años, la resolución 2123/2005 dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, exigía que inspectores de ANMAT verificaran físicamente las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las plantas que producían medicamentos destinados a Argentina. Esa norma surgió tras varios escándalos de adulteración y era considerada un pilar de la trazabilidad sanitaria.

El gobierno de Milei la desactivó sin reemplazo equivalente.

Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la normativa que elimina la obligación de inspecciones presenciales, permitiendo confiar exclusivamente en certificados emitidos por agencias extranjeras, entre ellas la FDA.

El argumento oficial fue lineal: “menos burocracia, más acceso”.
El trasfondo, bastante menos inocente: alinear la regulación local con lo solicitado por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, incluso antes de firmarlo.


ANMAT debilitada: menos personal, menos presupuesto y más presión política

En paralelo a estos cambios, la ANMAT no solo perdió herramientas: perdió capacidad operativa real.

  • Congelamiento de vacantes.
  • No renovación de contratos técnicos.
  • Reducción de misiones de inspección.
  • Recortes presupuestarios registrados en las planillas del Presupuesto 2024 y el proyectado 2025.
  • Presión para acelerar liberaciones sanitarias.

En ese contexto, la eliminación de inspecciones externas equivale a bajar la guardia en medio de una tormenta.

Y la tormenta llegó.


El caso del fentanilo: la evidencia de por qué existen los controles

La causa judicial por el fentanilo contaminado de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo dejó al descubierto un entramado escalofriante: adulteración de controles, planillas falsificadas, reactivos vencidos escondidos bajo la lluvia, trabajadores sin formación empujados a mentir y documentación “dibujada” para simular condiciones inexistentes.

Las testimoniales ante el juez Ernesto Kreplak son devastadoras:

  • Me hacían mentir básicamente”, relató la técnica Bárbara Pennisi.
  • Envases con partículas o pelos igual se mandaban al rotulado”, declaró Lucía Abeijón.
  • Los frascos manchados iban igual”.
  • Cambiaron pisos y pintaron todo para la ANMAT, pero nunca vinieron”.

Las conclusiones del Instituto Malbrán confirmaron lo que ya era evidente: los lotes 31202 y 31244 presentaban riesgos significativos, deficiencias graves e inconsistencia en la fabricación.

El resultado: mas de 120 muertes confirmadas y un ministro de salud que se niega a dar la cara.

En ese contexto, reducir la capacidad fiscalizadora del único organismo que puede prevenir estas catástrofes solo puede definirse como temerario.

O como parte de una estrategia.


La pieza que faltaba: el nuevo acuerdo con Estados Unidos

En el día de ayer, la Casa Blanca anunció los lineamientos del marco bilateral. Allí se explicitó lo que desde hacía meses se insinuaba:

Argentina aceptará “los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.

Es decir:
si la FDA lo aprueba, entra automáticamente al mercado argentino.

Además, el acuerdo agrega un segundo componente estratégico:

  • Acceso preferencial a productos estadounidenses, entre ellos “ciertos medicamentos, dispositivos médicos y productos químicos”.
  • Reforma del sistema de patentes, adecuándolo a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301, documento en el que Estados Unidos ya había criticado a la Argentina por otorgar demasiadas patentes locales y permitir competencia de genéricos.

Nada es casual: Estados Unidos tiene uno de los lobbies farmacéuticos más poderosos del planeta, y este acuerdo es su puerta de entrada directa.


Patentes: el capítulo oculto que definirá el precio de los medicamentos

El acuerdo bilateral obliga a Argentina a:

  • “Revisar criterios restrictivos de patentabilidad”.
  • “Reducir atrasos en el otorgamiento de patentes”.
  • “Alinear la propiedad intelectual a estándares globales más elevados”.

En lenguaje llano:
menos genéricos nacionales, más patentes extranjeras, precios más altos.

Las cámaras locales ya anticiparon el riesgo. CILFA advirtió que solo podrá evaluar el impacto cuando conozca el texto final, pero la advertencia es obvia: si la Argentina copia el estándar estadounidense, el costo de los tratamientos crónicos y de alta complejidad se disparará.

CAEME —que agrupa a los laboratorios extranjeros— celebró el pacto sin matices.


Un mercado abierto en bandeja: cómo encaja todo en el plan estadounidense

Tomados por separado, los hechos parecen decisiones aisladas. Observados en secuencia, conforman un patrón claro:

  1. Vaciamiento de la ANMAT.
  2. Eliminación de inspecciones presenciales.
  3. Aceptación automática de certificados de la FDA.
  4. Facilitación de importaciones sin controles equivalentes.
  5. Cambios en el régimen de patentes en favor de laboratorios extranjeros.
  6. Acuerdo comercial redactado en términos estadounidenses.

El caso del fentanilo, lejos de ser una anomalía, se convierte en un ejemplo:
si el Estado renuncia a controlar, lo que aparece no es libertad; es riesgo, adulteración y muerte.


Todo esto, ¿a quién beneficia?

No a los pacientes.
No a la industria nacional.
No a las provincias ni al sistema sanitario.

Beneficia a:

  • Laboratorios extranjeros, que ya no necesitarán adaptarse al marco argentino.
  • Multinacionales bajo regulación FDA, con ingreso directo al mercado de 47 millones de habitantes.
  • Empresas protegidas por un nuevo régimen de patentes, capaz de bloquear genéricos durante años.
  • Fondos de inversión norteamericanos, que presionan por “proteger propiedad intelectual” en todos los tratados internacionales.

Argentina, mientras tanto, pierde capacidad de fijar reglas en su propio territorio.


Conclusión: un país que renuncia a su soberanía sanitaria

La tragedia del fentanilo demostró qué ocurre cuando los controles se relajan. En vez de reforzar al organismo, el gobierno avanzó hacia su desmantelamiento en nombre de la “innovación” y la “desregulación”.

Hoy, con la subordinación explícita a la FDA, la Argentina cede no ya la fiscalización, sino el criterio sanitario mismo: lo que Estados Unidos considere seguro, deberá considerarse seguro aquí, sin verificación propia.

Es el triunfo perfecto del lobby farmacéutico norteamericano.

Y el riesgo perfecto para millones de argentinos. Cuando esto se implemente no habrá brindis por «salud» que alcance a fin de año.

 

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    Busaniche, el carismático rugbier de 120 kilos que puede hundir a Lorenzetti

    La investigación que lo conecta a Busaniche, un hombre ligado a la política y a funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación, es la que tiene en prisión domiciliaria al ex juez federal 4 de Rosario Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei, e implicado también al ex director regional de la ex AFIP Carlos Vaudagna. Los dos últimos aceptaron actuar como arrepentidos en este trámite, lo que implica admitir su culpa y proporcionar información a cambio de una reducción de pena.

    Lo que se investiga es cómo los tres mencionados armaron en 2019 una causa penal por lavado de activos contra Claudio Iglesias que es un agente de Bolsa de Rosario que competía en esa época para ser presidente de la Compañía de Seguros San Cristóbal, una de las mayores en su rubro. Iglesias reveló en el juicio que para desvincularlo de la investigación le solicitaron 200 mil dólares de los cuales pagó 160 mil.

    La pesquisa deja en claro que Busaniche le dio recomendaciones a Vaudagna sobre el tipo de informe que debería confeccionarse en la ex AFIP para que en 2021, luego de que a Iglesias lo imputaran y empezara a pagar, lo desvincularan de la causa penal. Las instrucciones también según los investigadores las recibía Bailaque que era parte de la trama extorsiva.

    La empresa rosarina Edeca fue allanada como una derivación en esta causa que instruye el fiscal Juan Argibay Molina de Procelac. Fuentes del caso revelaron a LPO que se sospecha que los directivos de la constructora hicieron gestiones para que el juez federal Bailaque planchara una causa penal en contra de la firma por delitos tributarios. A cambio, según la pesquisa, la compañía le habría entregado al juez un departamento que estaría inscripto a nombre de un familiar directo del magistrado.

    Busaniche es señalado como un hombre vital en las designaciones de la Justicia Federal en CABA, Santa Fe y Rosario y en el tráfico de favores internos. Viene de Santa Fe pero se catapultó hacia la zona sensible de decisiones a partir de Héctor Daniel Marchi, un ex concejal de Rafaela vinculado a Lorenzetti, que llegó a ser administrador general de la Corte Suprema. Busaniche y Marchi fueron presentados a su vez por el abogado rafaelino Guillermo Zenklusen que está imputado en la causa junto a Bailaque.

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    En Rosario le adjudican a Busaniche una estrecha relación con el polémico juez federal Gastón Salmain que afronta una investigación disciplinaria en el Consejo de la Magistratura. Busaniche ahondó su poder inorgánico en el Poder Judicial porque su capacidad de moverse fue transversal a la política. Se hizo lugar con otros operadores del macrismo como Daniel Angelici y César Martucci.

    Busaniche está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche. Su esposa es escribana en Santa Fe. Para los allanamientos a sus oficinas la Justicia Federal informó previamente al Colegio de Escribanos de Santa Fe. 

     

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