Escándalo en San Lorenzo: Marcelo Moretti quiere volver a la presidencia

Escándalo en San Lorenzo: Marcelo Moretti quiere volver a la presidencia

 

Dos semanas después de que San Lorenzo entre en estado de acefalía, se volvió a reflotar la idea del presidente Marcelo Moretti de volver al cargo. El mandatario esperará resultados de la indagatoria que lo mantiene como acusado de recibir coimas y, en caso de ser absuelto por la Justicia, buscará la forma de declinar la acefalía. Caso contrario, analiza irse del país.

En los últimos meses, son pocas las semanas de paz dirigencial en San Lorenzo. Desde que se destapó la olla en el caso de las coimas recibidas por el presidente Marcelo Moretti por parte de la madre de un jugador del fútbol juvenil, incluso con videos del mismo recibiendo fajos de billetes, el mandatario ha buscado, por todos los medios posibles, volver al poder.

Habiendo anunciado hace algunas semanas que culminaba su licencia, una comisión directiva que ya estaba bastante diezmada, consiguió la cantidad de renuncias necesarias para declarar la acefalía en el “Ciclón” en pocas horas.

Uno de los pocos dirigentes que no intentó dejar el cargo fue el exjugador Néstor Ortigoza, que ejercía de vocal primero y se mantuvo leal a Moretti, incluso si eso echaba por tierra su prestigio en la institución, siendo pieza fundamental de la Copa Libertadores 2014 obtenida por el “Cuervo”.

A pesar de la desventajosa situación, Marcelo Moretti confirmó en su círculo íntimo su deseo de volver a la presidencia, aunque no lo tendrá fácil. Sin el apoyo del hincha de San Lorenzo, que se encarga de insultarlo ante cada oportunidad en los partidos de local, y con una comisión directiva que le soltó la mano, Moretti deberá esperar, antes que nada, que la indagatoria no lo encuentre culpable.

La realidad es que la misma no ha avanzado mucho en las últimas semanas, aunque esto no favorecería al abogado que ganó las elecciones del club en 2023, ya que la fiscal a cargo, Mónica Cuñarro, lo acusó de “obstruir la investigación” al presentar un tercer pedido de anulación de la indagatoria, en el que afirma que “la indagatoria viola sus derechos”, la cual tiene pruebas suficientes para sostener la imputación que cae sobre él.

Entre estas pruebas, además del conocido video que salió al aire en canal 9 del mandatario recibiendo el dinero, se incluyen también documentos de contadores, auditores y fiscalizadores, que demostrarían la administración fraudulenta de la institución de Boedo en el ciclo Moretti.

Incapaz de revocar la realización de la auditoría, aunque con el aval y respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Marcelo Moretti deberá esperar que la resolución no lo procese, para retomar su vuelta a San Lorenzo. De lo contrario, salir del país es una opción que empieza a tomar fuerza.

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  • Deportivo Madryn, a un paso de la gloria: todo confirmado para la final de la Primera Nacional

     

    La definición por el primer ascenso a la Liga Profesional ya tiene todo confirmado para el encuentro entre Deportivo Madryn Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que será este sábado a partir de las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López, el hogar de Platense. El Aurinegro y el equipo mendocino se enfrentarán en la final de la Primera Nacional que otorgará el primer boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.

    La confirmación llegó este lunes tras una reunión se resolvieron los últimos detalles de la organización. Participaron del encuentro el presidente Claudio Tapia; el titular de la APREVIDE, Guillermo Cimadevilla; el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy; el presidente de la Primera Nacional, Marcelo Achile; además de los mandatarios de ambos clubes, Fernando Porreta (Gimnasia de Mendoza) y Ricardo Sastre (Deportivo Madryn).

    Como sucedió en las últimas definiciones de la categoría, el partido contará con la asistencia del VAR, con el objetivo de garantizar la máxima transparencia en una instancia de tanta trascendencia.

    Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro, acompañado por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes, mientras que Felipe Viola oficiará de cuarto árbitro. En el videoarbitraje estarán Héctor Paletta (VAR) y Gastón Suárez (AVAR).

    De esta forma, Deportivo Madryn, que viene de una gran temporada donde sumó 60 puntos, buscará hacer historia con su primer ascenso a la élite del fútbol argentino y convertirse en el sexto equipo patagónico en lograr subir a la máxima categoría. Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza intentará coronar el trabajo de los últimos años y lograr el ascenso a la Liga Profesional.

    El conjunto “Aurinegro” ya dio a conocer los detalles para la venta de entradas. A través de sus redes sociales, informó que los tickets estarán disponibles en su sede social, ubicada en Julio A. Roca 516. La venta comenzará este miércoles, de 8 a 20, y continuará el jueves de 8 a 12:30. En cuanto a los valores, las entradas populares tendrán un costo de 20.000 pesos, mientras que las plateas se venderán a 35.000.

    Hasta el momento, Gimnasia y Esgrima de Mendoza no comunicó oficialmente cómo será la venta de localidades para su parcialidad. Se espera que en las próximas horas el club mendocino informe el esquema de venta y la distribución de su sector en el estadio.

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  • Más contención a las familias petroleras: de qué se trata el nuevo seguro de vida

     

    Un nuevo paso en materia de seguridad y contención para las familias petroleras se llevó a cabo este miércoles en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Se trata de un acuerdo histórico con las cámaras empresarias de Operaciones y Servicios Especiales que amplía la protección de los trabajadores ante accidentes fatales.

    El entendimiento incorpora el Artículo 24 bis al Convenio Colectivo de Trabajo 644/12, bajo el título “Contención familia petrolera”.

    La norma establece la creación de un seguro de vida colectivo obligatorio para todos los trabajadores comprendidos en el convenio, que cubrirá casos de muerte o incapacidad total y permanente, tanto durante el trabajo como en el trayecto entre el domicilio y el lugar de tareas, conforme a la Ley 24.557.

    “Nuestra única intención fue garantizar que, si un compañero sufre un accidente grave o pierde la vida, su familia siga cobrando durante cinco años. Ojalá no tengamos que usarlo nunca, pero nos ha pasado ver familias totalmente desamparadas. Este acuerdo tiene un valor incalculable: es proteger a los nuestros en una actividad de riesgo”, expresó el líder sindical Marcelo Rucci durante el acto.

    El dirigente gremial destacó que el proyecto demandó un largo proceso técnico y legal, con diálogo permanente entre el sindicato, las empresas y las cámaras del sector.

    “Lo importante es que lo logramos con diálogo, entendiendo que la responsabilidad es de todos”, señaló Rucci.

    Detalles del nuevo seguro

    De acuerdo con el convenio, la cobertura consistirá en una asignación mensual equivalente al último salario bruto del trabajador, o al promedio de los últimos seis meses si resultara más beneficioso.

    El beneficio se mantendrá durante cinco años desde el fallecimiento o la declaración de incapacidad total y permanente.

    La prima será íntegramente asumida por el empleador y el beneficio será independiente de cualquier otra prestación vigente o futura.

    “Parece que se ha perdido esto de poner en valor al trabajador. Para mí, lo más importante es la gente, estar cerca, entender sus necesidades. Por eso invertimos en ambulancias, clínicas y ahora en este seguro: todo lo que hacemos es para cuidar a la familia petrolera”, agregó el dirigente.

    Seguridad y compromiso

    Rucci subrayó que esta iniciativa forma parte de un proceso integral de mejora en la seguridad laboral del sector.

    “Venimos bajando los índices de accidentes y trabajando muy bien en seguridad. Este es un paso más. Nos obliga a todos —trabajadores, empresas y dirigencia— a seguir mejorando, escuchándonos y buscando juntos la mejor manera de cuidar la vida”, concluyó.

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  • Está en marcha la Expo de Junín de los Andes: estuvo Figueroa

     

    La 15° Exposición de Bovinos y el Remate Anual de Reproductores que se realiza en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén, en Junín de los Andes, ya está en marcha y recibió la visita del gobernador Rolando Figueroa.

    El evento se desarrollará hasta este viernes 24 de octubre, donde se realizan diversas exposiciones y darán capacitaciones, además del remate de animales. Figueroa destacó que la Provincia y los productores “debemos seguir generando las condiciones para que continúe creciendo, fortaleciendo día a día este trabajo con la participación y el compromiso de todos los sectores”.

    El último día, en el contexto del inicio de la temporada de incendios, se realizará una demostración práctica en la Pista Central del predio, bajo el lema “El campo neuquino se prepara”. En tanto que la Fundación Tierras Patagónicas, brindará una comparación y análisis de distintos equipos de ataque rápido al fuego; herramientas y elementos que no pueden faltar; entre otros aspectos.

    Tras realizarse las premiaciones, este viernes cierra el evento. Foto: Prensa Provincia

    El cierre de la Exposición será a las 15 con el remate de reproductores de exposición, generales e invernada; y el remate de borregas y terneras del concurso Tromen.

    Cabe destacar que el Gobierno provincial acompaña al sector en un contexto climático adversó, ante las sequías extremas que atraviesa el territorio. Se trabaja en la optimización de la utilización del agua, como también en diversas herramientas financieras a través del Banco Provincia del Neuquén, para asistir a los productores.

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  • Perdió el control, volcó en la Ruta 7 y todos los ocupantes fueron hospitalizados

     

    Un grave siniestro vial se registró este miércoles después de las 18 horas en la Ruta 7, a la altura del cruce con Calle N°8, en la ciudad de Centenario. Por causas que aún se investigan, un auto Renault Clio perdió el control, se despistó y terminó volcado sobre el asfalto, provocando gran preocupación entre los automovilistas que transitaban por el sector.

    La conductora del vehículo, una mujer que viajaba junto a tres jóvenes, circulaba en sentido norte cuando, en un tramo recto de la traza, salió de la calzada hacia la banquina derecha. Tras el despiste, el vehículo dio al menos un vuelco completo antes de quedar invertido sobre su techo al costado de la ruta.

    Intervención de Bomberos y personal de salud

    De inmediato, personal de Bomberos Voluntarios de Centenario y del Sistema de Salud Pública se trasladaron al lugar del siniestro. Los rescatistas asistieron a los ocupantes y coordinaron su traslado al hospital Natalio Burd, donde quedaron en observación por heridas de distinta gravedad.

    “Los cuatro ocupantes fueron hospitalizados para una evaluación completa. Afortunadamente, todos estaban conscientes al momento del rescate”, informaron fuentes policiales.

    Debido a la urgencia de la atención médica, las autoridades no lograron realizar el test de alcoholemia a la conductora en el sitio del accidente. La prueba se realizará una vez que su estado de salud lo permita.

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  • Ruta 7: cuál es la solución para el conflicto del tránsito entre Neuquén y Centenario

     

    El tramo de 15 kilómetros entre Centenario y Neuquén capital, uno de los más transitados de la Ruta 7, continúa siendo una zona crítica sin control de velocidad con sanciones. Aunque existen dos cámaras —una en el expeaje y otra en el primer puente de la avenida Raúl Alfonsín—, aún no están habilitadas para labrar multas.

    Miles de trabajadores, vecinos y transportistas circulan a diario por este sector, donde se registran embotellamientos y frecuentes choques en cadena, sobre todo en horas pico. Tras los accidentes fatales ocurridos en el corredor petrolero, crece la expectativa sobre si el plan provincial de nuevos radares incluirá finalmente este tramo urbano.

    El director de Seguridad Vial, Diego Alfonso, informó que la Provincia instalará radares fijos y móviles a lo largo de toda la traza, orientados principalmente al corredor de Vaca Muerta. “Queremos fiscalizar toda la ruta, no solo un kilómetro puntual. La idea es que los conductores sepan que pueden ser controlados en cualquier tramo”, explicó.

    Los radares comenzarán a operar en los próximos días, y una vez habilitados, quienes excedan los límites recibirán infracciones automáticas. Aún no está confirmado si el segmento entre Centenario y Neuquén formará parte de ese esquema.

    Actualmente, la Provincia mantiene un tráiler de control permanente entre San Patricio del Chañar y Añelo, operativo las 24 horas, junto con cuatro Unidades de Respuesta Inmediata (URI) que actúan en horarios críticos para prevenir siniestros.

    La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, señaló que la prioridad es reducir la siniestralidad y mejorar la conducta vial: “Los accidentes más graves fueron choques frontales por maniobras de sobrepaso. Queremos que los conductores respeten las velocidades y circulen con precaución”.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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