La Municipalidad de Villa Regina informa que se pueden adquirir las entradas para disfrutar de los espectáculos en el Anfiteatro Cono Randazzo que se desarrollarán los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de noviembre.
Los puntos de venta son:
*Oficina de Informes Turísticos en el horario de 7 a 19,30 horas.
*Cultura: en el horario de 7 a 21 horas.
*Deportes (polideportivo Cumelen): en el horario de 7,30 a 14 horas.
Los abogados de la provincia de Buenos Aires presentaron una serie de amparos para dejar sin efecto una ley aprobada en la Legislatura que limita los viáticos de la caja previsional y redujo la sobretasa de Justicia, un porcentaje de la tasa de Justicia que pagan los contribuyentes y que va a parar a la Caja de Abogados.
El gobierno de Axel Kicillof promulgó esa ley en diciembre y de inmediato los abogados avanzaron con amparos.
El presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia, Fabián Gerardo Portillo, presentó un amparo para seguir cobrando los viáticos y reponer la sobretasa. Ese amparo fue desestimado. Sin embargo, horas después fue la Asociación de Abogados Jubilados quien presentó otro amparo, que recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial 8 de La Plata, a cargo de Leonardo Villegas.
El proyecto de ley fue impulsado en la Legislatura por Facundo Tignanelli, un diputado cercano a Máximo Kirchner. La iniciativa redujo la sobretasa de Justicia del 10% al 5%, y se le dio un fin específico a ese 5%.
La tasa de Justicia supone el 2,2% que pagan los bonaerenses cuando requieren un servicio de Justicia. El 10% de esa tasa se giraba directo a la Caja de Abogados. Ahora pasó a ser el 5%. Esa tasa no la pagan los abogados, la pagan los bonaerenses que necesitan acceder al servicio de Justicia, incluso los sectores más humildes.
Pero además, la ley derogó el sistema de viáticos que gastaban más de 2.000 millones al año en viáticos y refrigerios para los 40 directores de la caja. En 2025 esos directores tuvieron a disposición 756 millones para viáticos que les permiten hacer distintos gastos al momento de viajar a La Plata a sesionar.
Pero además, cuentan con 78 millones de pesos para traslados, 72 millones para alojamiento y 42 millones para gastos de relaciones públicas.
Facundo Tignanelli.
Cuando el proyecto se trató en Diputados, Tignanelli citó un informe de la subgerencia financiera de la caja donde da cuenta de las inversiones de la entidad. Según el detalle, los abogados de la provincia tienen el 51% de las inversiones en títulos de Estados Unidos; el 40% en títulos nacionales en dólares y el 8% en títulos provinciales en dólares. El resto son distintas inversiones en pesos. Sólo por los servicios para administrar la inversión en el exterior la caja gasta en comisiones 1.400 millones de pesos.
«Se acabó el champagne y las cenas para los directores que pagan todos los bonaerenses», dijo Tignanelli en noviembre de 2024 cuando se aprobó el proyecto en la Cámara Baja.
El proyecto se aprobó en el Senado en los primeros días de diciembre en una sesión maratónica en la que se aprobaron los proyectos de endeudamiento y reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia. El proyecto del oficialismo consiguió más de dos tercios de los votos, es decir que contó con el aval de la oposición.
Siguiendo con el plan de recambio de luminarias, iniciado el 7 de diciembre por la Dirección de Obras Públicas, esta vez fue el turno de la Calle Pioneros desde Avenida Cipolletti hasta la Ruta 22, y sobre la Calle Florencio Sánchez desde la Avenida Cipolletti hasta Pioneros. En total se hizo un recambio de 35…
Mientras el cambio de titularidad todavía no fue aprobado en forma definitiva, el Ministerio de Economía autorizó un régimen excepcional para que los compradores privados de las principales represas del país ya operen, despachen energía y cobren en el Mercado Eléctrico Mayorista. Una decisión que consolida la privatización por la vía de los hechos.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno volvió a dejar en claro cuál es su prioridad: garantizar el negocio privado, aun cuando eso implique forzar los marcos regulatorios vigentes. A través de la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, se habilitó a los nuevos compradores de las represas del Comahue a operar, facturar y cobrar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) desde la toma de posesión, aunque el cambio de titularidad todavía no esté formalmente aprobado.
La medida alcanza a los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, activos estratégicos para el sistema eléctrico nacional, cuyo control vuelve a quedar en manos privadas mediante un proceso acelerado y con mínimos resguardos regulatorios.
Un régimen “excepcional” hecho a medida del negocio
La resolución crea un régimen definido como excepcional, transitorio e instrumental, que en los hechos funciona como un atajo administrativo. Bajo el argumento de evitar “interrupciones operativas”, el Gobierno permite que las empresas adjudicatarias actúen como agentes plenos del MEM, con acceso al despacho, a la liquidación de energía y al cobro de ingresos, sin haber completado todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.
El propio texto oficial reconoce que no se trata de una aprobación definitiva del cambio de titularidad, pero aun así ordena que el sistema funcione como si esa aprobación ya existiera. Primero se garantiza la caja; después, si queda tiempo, se terminan los papeles.
Los beneficiarios de la habilitación exprés
Las empresas favorecidas por la medida son:
Edison Inversiones S.A.U., adjudicataria de Alicurá y Cerros Colorados
BML Inversora S.A.U., adjudicataria de El Chocón
Central Puerto S.A., adjudicataria de Piedra del Águila
Desde la fecha de toma de posesión, estas compañías pasan a operar comercialmente centrales estratégicas, aun cuando el cambio de titularidad siga siendo, en términos legales, un trámite inconcluso.
CAMMESA, alineada para garantizar la continuidad del negocio
La resolución instruye de manera explícita a CAMMESA para que realice todas las adecuaciones necesarias en materia de registros, representación comercial, despacho, garantías y liquidación de transacciones. En la práctica, se le ordena adaptar el sistema eléctrico a la privatización, en lugar de exigir que la privatización se ajuste plenamente a las reglas del sistema.
De este modo, CAMMESA vuelve a quedar reducida a un rol administrativo, destinada a sostener la operatoria privada incluso cuando los procesos regulatorios no están completos.
Privatizar primero, legalizar después
Este tipo de decisiones genera hechos consumados. Una vez que las empresas ya operan, cobran y administran centrales estratégicas, cualquier intento posterior de revisión implica conflictos operativos, reclamos judiciales y eventuales litigios internacionales. Es una estrategia conocida: cuando se quiera discutir la legalidad o la conveniencia de la privatización, ya será tarde.
Las represas del Comahue no son simples activos comerciales. Cumplen un rol clave en la generación eléctrica, la regulación de caudales, el desarrollo regional y la planificación energética de largo plazo. Sin embargo, el Gobierno decidió tratarlas como un negocio financiero más, priorizando la señal al mercado y la urgencia fiscal por sobre el interés público.
Un modelo energético sin Estado
La Resolución 7/2026 expone con claridad el rumbo del modelo energético que impulsa Milei y el Ministerio de Economía: menos control, más excepciones y máxima seguridad jurídica para los compradores privados, mientras el Estado se corre de su función de regulación y planificación.
La privatización ya no se discute en el Congreso ni se debate públicamente. Se ejecuta por resoluciones administrativas, bajo la lógica del hecho consumado. Primero se entrega, después se explica. Y, si hace falta, después se regulariza.
El peronismo santafesino empezó a discutir 2027 mucho antes de tiempo, pero no por exceso de planificación sino por déficit de conducción. Desde Rosario y el sur de la provincia empezó a tomar forma una idea: forzar una interna con un candidato propio para enfrentar a Omar Perotti que amaga con volver a pelear la gobernación como anticipó LPO. Por ahora, nadie arriesga nombres ni programas porque lo que está en juego es algo más básico: quién maneja la lapicera y con qué reglas.
La discusión no está atravesada por diferencias ideológicas ni por disputas de modelo. Tampoco por estrategias electorales sofisticadas. El conflicto es más rudimentario y, por eso mismo, más difícil de administrar.
Después de un cierre de listas traumático en las últimas legislativas nacionales, el peronismo quedó atrapado en una interna donde pesan más las desconfianzas personales y los pases de factura que los desacuerdos políticos. El debate por 2027 funciona, en ese sentido, como excusa para reordenar cuentas pendientes.
En encuentros partidarios formales y conversaciones informales, distintos sectores del peronismo rosarino y del sur provincial coinciden en que ese territorio tiene que generar un candidato que haga contrapeso al ex gobernador. No se trata de romper ni de armar una alternativa por fuera del PJ, sino de obligar a una competencia que limite los acuerdos cerrados y las definiciones entre pocos.
Es que la idea de un candidato del sur no aparece como una reivindicación territorial clásica, sino como un límite político. Rosario y su área metropolitana concentran volumen electoral, estructura y visibilidad, pero arrastran una dificultad histórica en el peronismo para traducir ese peso en conducción provincial. Esa debilidad es, al mismo tiempo, el argumento para empujar ahora una disputa que evite que la próxima interna se ordene por inercia.
Rosario y su área metropolitana concentran volumen electoral, estructura y visibilidad, pero arrastran una dificultad histórica en el peronismo para traducir ese peso en conducción provincial.
En ese esquema, Rosario vuelve a ocupar un lugar central. La posibilidad de una interna local entre Marcelo Lewandowski y Juan Monteverde, una hipótesis que empezó a circular con fuerza y que ya adelantó LPO, no sólo ordenaría la disputa en la ciudad, sino que tendría impacto directo en el armado provincial. En el entorno del ex senador admiten que analiza volver a competir por la intendencia, una jugada que le permitiría revalidar volumen político en su principal bastión.
Esa movida es leída por algunos sectores como funcional a la estrategia de Perotti, que vería con mejores ojos apoyar en una interna a Lewandowski antes que a Monteverde. Rosario, en ese sentido, deja de ser un escenario local para convertirse en una pieza clave del rompecabezas 2027: cómo se ordene allí puede facilitar o bloquear el armado provincial del peronismo.
Más allá de las especulaciones, los distintos espacios empezaron a explicitar qué esquema imaginan para la próxima elección. La discusión por los nombres queda, por ahora, en segundo plano. El foco está puesto en las reglas.
Agustín Rossi y Germán Martínez
Desde el perottismo, el planteo es directo. Juan Manuel Pusineri, referente de la agrupación Hacemos Futuro y representante partidario en el PJ, sostuvo que sin cambios en la metodología de toma de decisiones cualquier apelación a la unidad es vacía.
El delegado del ex gobernador cuestionó que «no hay participación de afiliados ni mecanismos participativos» y advirtió que las decisiones «no se pueden seguir tomando entre cuatro personas que definan candidaturas».
El espacio insiste en internas partidarias o abiertas, con participación de afiliados y ciudadanos, y recuerda que durante el gobierno de Perotti el partido se ordenó institucional y financieramente, aunque las estrategias electorales se definían fuera de la provincia.
En La Cámpora evitan, por ahora, discutir nombres propios. Fuentes de la agrupación señalaron a LPO que todavía es temprano para definir candidaturas, pero pusieron el acento en la necesidad de revisar el mecanismo de toma de decisiones partidarias.
El reclamo en el que coinciden muchos sectores apunta a abrir la discusión sobre apoderados y órganos de decisión del PJ, con representación de todos los sectores, para evitar que el partido vuelva a quedar capturado por dos espacios (la del senador Traferri y el de Agustín Rossi) que terminan cerrando listas sin consenso. «No se trata de cuestionar la conducción, sino de abrirla», resumen.
El Movimiento Evita adopta una posición similar, aunque con un tono más frontal. Eduardo Toniolli sostuvo en on que no puede repetirse el esquema del año pasado y que, si finalmente se eliminan las PASO, no puede haber definiciones entre dos o tres dirigentes.
Pablo Corsalini
El Evita fue uno de los sectores que quedó afuera de la lista de diputados y Toniolli no pudo renovar su banca. Desde ese espacio reclaman reglas claras como condición para sostener la unidad y anticipan una estrategia de recorrida territorial para instalar esa discusión de cara a 2027.
En el rossismo buscan bajar la intensidad del debate interno y correr la discusión hacia el frente electoral. Desde ese espacio, en off, plantean que la prioridad es construir una unidad amplia y un armado competitivo.
Relativizan la polémica que se desató por los apoderados que ya consideran una discusión cerrada (uno responde a Traferri y el otro a Rossi) y ponen el foco en las variables que siguen abiertas: Tenemos que cuidar la unidad del partido e impulsar un Frente electoral lo más amplio posible, no puede quedar nadie afuera. Además, en el rossismo cuestionan las críticas del cierre último: «Las listas no son buenas si estoy y malas si no estoy», dijeron.
Tenemos que cuidar la unidad del partido e impulsar un Frente electoral lo más amplio posible, no puede quedar nadie afuera
Los intendentes y jefes comunales también mueven fichas. Pablo Corsalini, intendente de Pérez y referente del espacio Vamos, que nuclea a más de medio centenar de jefes territoriales, sintetiza el debate en dos palabras: unidad y renovación. Advirtió que en 2027 se pone en juego la grilla completa y que a ninguna tribu del PJ le sobran candidatos competitivos. Por eso impulsa la conformación de una mesa de estrategia política amplia, donde cada sector diga qué quiere y hasta dónde está dispuesto a ceder.
El peronismo santafesino empezó a discutir 2027 empujado por la falta de liderazgos claros y por el recuerdo fresco de un cierre que dejó heridas abiertas. La incógnita es el escenario que depende del proyecto que Pullaro eleve a la Legislatura sobre la ley electoral que debe adecuarse a la nueva Constitución provincial.
Preocupa en la Mesa de Enlace la situación financiera de algunas de sus entidades y, a la par, la baja participación que se viene registrando por parte de sociedades rurales locales y productores, dato que temen que sea un síntoma de «descreimiento» hacia las entidades.
De acuerdo a lo que se desprende del acta de la reunión de Consejo Directivo de Carbap de diciembre pasado, a la que tuvo acceso LPO, en ese encuentro se expuso la preocupación por el panorama financiero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad madre de Carbap.
Según consta en esa acta, en la charla de ruralistas de Carbap se señaló que «CRA ha estado económicamente a pérdida todos los meses, cerrando el año con ingresos de último momento relacionados con las exposiciones».
Siempre de acuerdo a la transcripción de esa reunión, dirigentes de Carbap señalaron que CRA analiza vender oficinas en desuso. «Muchísimas entidades tienen problemas porque cuesta sostener una entidad en general», dijo a LPO un alto dirigente del campo.
Fuentes cercanas a la cúpula de Carbap consultadas por LPO confirmaron que en la entidad que enrola a las rurales de Buenos Aires y La Pampa evalúan la posibilidad de vender oficinas que no usan y por las que pagan altas expensas. Más allá de eso, buscaron descomprimir la preocupación expuesta en las actas y señalaron que CRA «cerró positivo» el año tras varios meses a pérdida.
Como fuere, la inquietud por el «problema financiero» de CRA fue uno de los temas centrales de la reunión de Carbap. Según consta en las actas, se planteó una reforma del estatuto de CRA que modifique el actual esquema de aportes económicos que, por cuota, hacen cada una de las 16 confederaciones miembro, las que agrupan a cerca de 300 sociedades rurales en todo el país.
En ese punto, dirigentes de Carbap expresaron fastidio, al argumentar que en Buenos Aires y La Pampa pagan de cuota más del doble que la segunda confederada que más aporta, Cartez (Córdoba, La Rioja y Catamarca).
Por esa razón, ruralistas bonaerenses ponen el acento en la distribución de fondos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al advertir que muchas confederadas reciben más dinero del IPCVA de lo que pagan de cuota a CRA.
Fundada en 1943, el crecimiento de CRA se detuvo en los últimos tiempos e incluso su representación territorial está siendo fuertemente desafiada por la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Como contó LPO, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno subyace una disputa territorial en la que dirigentes de CRA denuncian una creciente injerencia de la SRA en sus ateneos y rurales de base, en tiempos donde Nicolás Pino se impone la cucarda de ser el único interlocutor del campo con diálogo directo con el Ejecutivo.
En paralelo, los problemas financieros también se cruzan con fricciones internas. La renovación de autoridades en noviembre pasado, que revalidó la conducción de Castagnini, no fue acompañada por Carbap, que acusó ausencia de discusión previa en torno a la elección de los candidato.
En Carbap reclaman mayor injerencia, no solo por ser la confederación que más aporte económico hace a la actualidad, sino también por su gravitación territorial.
Siempre de acuerdo a lo que se desprende de las actas de Carbap de la reunión de diciembre última, hay dirigentes bonaerenses que exigen un cambio de estatuto que dé cuenta del eso de la confederación de Buenos Aires y La Pampa.
Hoy, las tres confederaciones que controlan CRA son Carsfe (Santa Fe) con Castagnini, Farer (Entre Ríos) con el vice primero José Ignacio Colombatto y Cartez (Córdoba) con el vice segundo Javier Rotondo.
Por otro lado, preocupa en carbap la baja participación de sus rurales. Un estudio encargado a la Facultad de Agronomía de la UBA expuso estadísticas que muestran una tendencia a la baja en la participación presencial de las rurales.
En Carbap, solo el 20% de las rurales tiene una participación superior al 75%. Además, 82 rurales (el 67%) prácticamente no participan de las reuniones de Comisiones.
Aunque la asistencia total (virtual y presencial) se mantiene alrededor de 48 rurales por consejo, pero solo 25 de manera presencial. Así, el 58% de las rurales prácticamente no participa de manera presencial en los consejos, asistiendo menos de una vez cada cinco reuniones en los últimos cinco años.
Al sumar la virtualidad, el 40% de las rurales no se conectó a una de cada cinco reuniones de Consejo y 18 rurales nunca se conectaron. En suma, solo el 20% de las rurales tiene una participación superior al 75%. Además, 82 rurales (el 67%) prácticamente no participan de las reuniones de Comisiones.
Frente a eso, en Carbap ven que las posibles causas de la baja participación incluyen «una dinámica institucional obsoleta, un cambio generacional en el productor, o una falta de compromiso real».
Así, estiman que la baja participación «podría significar un aval silencioso o una señal de desapego y descreimiento hacia la herramienta gremial».
El Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti cuenta con la curiosidad de ser el más antiguo del país. Con su próxima 36° edición en este 2020. Lo sigue el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con 35° Ediciones
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