El nacimiento de Jesús de Nazaret es uno de los hechos fundacionales de la cultura occidental, pero también uno de los más problemáticos desde el punto de vista histórico. Aunque el calendario actual se organiza en torno a ese acontecimiento, ni los evangelios ni las fuentes contemporáneas permiten fijar una fecha exacta. A lo largo de los siglos, distintos calendarios, cálculos teológicos y estudios históricos fueron construyendo una cronología que hoy es puesta en revisión.
Por Alcides Blanco para NLI
Los calendarios de occidente antes de Cristo
Durante la Antigüedad no existía un sistema universal para contar los años. En el mundo romano, los acontecimientos se fechaban según los nombres de los cónsules en funciones, por el año de reinado de un emperador o desde la supuesta fundación de Roma (Ab Urbe Condita) [1]. Esta diversidad hacía muy difícil establecer una cronología uniforme y comparar hechos ocurridos en distintos territorios del Imperio.
Los primeros cristianos tampoco utilizaron una “era cristiana”. Durante siglos continuaron fechando documentos según los calendarios romanos vigentes, sin otorgar una centralidad cronológica al nacimiento de Jesús. La preocupación por fijar un año preciso aparecería recién cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse y a organizar su liturgia.
El cálculo cristiano del tiempo y el error original
Recién en el siglo VI, el monje Dionisio el Exiguo propuso un nuevo sistema de cómputo de los años basado en el nacimiento de Jesús [2]. Su objetivo era reemplazar la era de Diocleciano —asociada a persecuciones contra los cristianos— por una cronología cristiana. Así nació la era Anno Domini, que con el tiempo se impondría en Europa.
Dionisio intentó reconstruir el año del nacimiento de Jesús a partir de datos bíblicos, en particular el Evangelio de Lucas, que señala que Jesús tenía “alrededor de treinta años” al comenzar su predicación, durante el reinado de Tiberio [3]. A partir de ese cálculo, fijó el nacimiento en el año que luego sería conocido como 1 después de Cristo.
El problema es que ese cálculo se realizó sin un conocimiento preciso de la cronología política romana ni de los reinados locales en Judea. Además, el sistema carece de año cero: el año 1 d.C. sigue directamente al 1 a.C., lo que introduce errores adicionales al reconstruir fechas hacia atrás.
Lo que dicen la historia y los estudios modernos
Los evangelios de Mateo y Lucas coinciden en ubicar el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande. La historiografía romana y judía permite establecer con bastante certeza que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo [4]. Si este dato es correcto, Jesús debió haber nacido necesariamente antes de esa fecha.
A partir de este cruce de fuentes, la mayoría de los historiadores contemporáneos sitúa el nacimiento de Jesús entre los años 7 y 4 antes de Cristo [5]. Algunos estudios proponen incluso fechas levemente posteriores, basándose en interpretaciones alternativas de censos romanos y fenómenos astronómicos mencionados en la tradición cristiana.
En cualquier caso, existe un consenso amplio en que Jesús no nació en el año 1 de nuestra era y que el calendario occidental se apoya en un error de cálculo arrastrado durante más de quince siglos.
Una convención más que una certeza
El 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad, tampoco tiene sustento histórico. Fue establecida varios siglos después, probablemente para superponerse con festividades solares paganas del Imperio Romano tardío y facilitar la expansión del cristianismo [6].
Así, tanto el año como el día del nacimiento de Jesús responden más a decisiones teológicas, políticas y culturales que a certezas históricas. El calendario que estructura nuestra vida cotidiana es, en ese sentido, una construcción simbólica poderosa, pero no una cronología exacta de los hechos.
Lejos de restarle importancia, esta constatación revela hasta qué punto la historia, la fe y el poder se entrelazaron para organizar el tiempo mismo en Occidente.
Notas al pie
En la Roma antigua era habitual fechar los años por el nombre de los cónsules o desde la fundación mítica de la ciudad, sin un sistema numérico continuo.
Dionisio el Exiguo elaboró la era Anno Domini en el año 525, al confeccionar tablas para el cálculo de la Pascua.
El Evangelio de Lucas sitúa el inicio de la vida pública de Jesús en el año quince del reinado de Tiberio.
La muerte de Herodes el Grande es fechada por la mayoría de los historiadores en el año 4 a.C., a partir de fuentes romanas y judías.
Estudios históricos y astronómicos modernos coinciden en ubicar el nacimiento de Jesús entre los años 7 y 4 a.C., aunque no existe unanimidad absoluta.
La fijación del 25 de diciembre como fecha litúrgica se documenta por primera vez en el siglo IV.
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Con el proyecto de reforma laboral del Gobierno quedan atrás los palabrerios cargados de incertezas: qué tan vetusto es el modelo actual, cuáles son los vectores de la adaptación al nuevo orden tecnológico y comercial global, y si este modelo —erigido a mediados del siglo XX y tantas veces reformado— debe ser definitivamente desarticulado, reconstruido o actualizado. Es una afirmación incómoda: para el gobierno libertario —y para todos los gobiernos neoliberales antes que él— las reformas laborales son un elemento central del programa económico.
Desde la oposición, el planteo respecto al mundo del trabajo es que el principal problema está en otra parte: las leyes laborales no crean empleo. Una verdad incontrastable, pero tal vez insuficiente. Entonces, ¿hace falta una reforma laboral? ¿La política del trabajo y sus regulaciones son tan centrales para el peronismo como lo son para los libertarios? ¿Qué lugar ocupa una reforma laboral en un programa inclusivo de crecimiento y desarrollo?
Una reforma perfecta
El proyecto de Ley de Modernización Laboral es la reforma de un modelo que apunta a transformar de raíz la estructura productiva y a promover lo que Schumpeter llamó una “destrucción creativa”: una destrucción de buena parte del tejido productivo –industrial–, como supuesta condición para el fortalecimiento de otros sectores, como el complejo energético y la minería.
Para dinamizar este proceso, promueve la rotación laboral y abarata los despidos mediante la creación del Fondo de Asistencia Laboral y a través del financiamiento estatal. Equivale a resignar 2.500 millones de dólares anuales del sistema previsional en concepto de contribuciones patronales. Si se aprueba esta norma, el modelo no permitirá ningún tipo de reconversión productiva que habilite la supervivencia de las empresas. El único camino será la mera destrucción —creativa, pero destrucción al fin— de un sinnúmero de empresas y un tendal de desocupados y puestos precarios.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Es la reforma laboral de un esquema macroeconómico cuya política antiinflacionaria tiene entre sus anclas principales la contención de los salarios. Con ese objetivo, institucionaliza la autoridad del Estado para fijar un techo a las paritarias.
El proyecto busca consolidar un modelo que no se apalanca sobre el mercado interno. Por ello, no precisa garantizar pisos salariales ni de derechos que fortalezcan el consumo local. Por eso descentraliza la negociación colectiva y permite que los acuerdos a nivel de empresa contengan peores condiciones que los que se negocian a nivel sectorial. Y también legaliza el fraude laboral promoviendo la contratación de trabajadores a través del monotributo.
La reforma laboral de Milei se integra a un modelo que abre indiscriminadamente las importaciones, y que a las empresas más afectadas les deja como única alternativa la subsistencia en base al pago de bajos salarios. Para eso también sirve la descentralización de la negociación colectiva y la institucionalización del techo a las paritarias.
Los sindicatos, para este esquema, son un claro obstáculo, porque pueden retrasar la “destrucción creativa” que afecta a los sectores intensivos en mano de obra, y pueden resistir el avance de una economía en base a salarios bajos y ausencia de derechos laborales. Por eso, el proyecto de ley busca ahogar financieramente a las organizaciones de los trabajadores, comprometer su sustentabilidad económica y limitar severamente la acción gremial.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Según este modelo de país, el bienestar de los trabajadores nunca —en ninguna circunstancia, ni territorio, ni tiempo— puede estar por sobre la rentabilidad de las empresas. Para eso la reforma laboral impulsa el banco de horas y otras formas de flexibilización de la jornada que desorganizan la vida de los trabajadores, elimina o debilita regímenes de protección a colectivos específicos (ley de teletrabajo, estatuto del periodista, entre otras) y convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
Esta es la reforma, en definitiva, de quienes creen que los sindicatos, las leyes laborales y la negociación colectiva —instituciones que la Argentina se dio a sí misma después de 1983— son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca. El gobierno nacional está construyendo un modelo de país. Esta es la reforma laboral que necesita para eso. Una que desarticule instituciones construidas en democracia.
Qué reforma necesita Argentina
Un modelo de desarrollo con inclusión necesita esencialmente una reforma laboral que integre ese programa. Las reformas laborales no resuelven los problemas que el desarrollo —o, mejor dicho, la falta de desarrollo— deja tendidos. Pero son componentes clave de los modelos económicos y productivos que tienen entre sus principales prioridades la generación de trabajo de calidad. Por eso es importante definir cómo se articula la regulación del trabajo con ellos.
Los modelos de desarrollo que encuentran en el mercado interno un factor de dinamismo precisan reformas laborales que fortalezcan la demanda y, en particular, los niveles de consumo de los trabajadores. Para eso, incorporan esquemas de negociación colectiva que no profundizan las asimetrías naturales entre capital y trabajo, sino que las moderan. También priorizan la recuperación del salario mínimo, vital y móvil para incentivar el crecimiento de los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial, e incluyen mecanismos de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, de modo que los frutos de las mejoras en la productividad sean compartidos.
Esta es la reforma de quienes creen que las leyes laborales y la negociación colectiva son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca.
Los modelos de desarrollo que priorizan el fortalecimiento del mercado interno encuentran en los sindicatos un actor fundamental para consolidar la demanda e impulsar el consumo de quienes trabajan. Por eso, precisan asociaciones gremiales que participen activamente en la puja distributiva, promoviendo mayor equidad en la distribución de la riqueza. En consecuencia, otorgan un marco de garantías a la acción gremial y fortalecen los recursos de las organizaciones sindicales.
Los modelos de desarrollo cuyas políticas antiinflacionarias no se basan en la contracción salarial necesitan reformas laborales que impulsen mecanismos suprasectoriales de coordinación salarial, para promover el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos en una evolución acompasada de salarios, precios, tarifas y otros indicadores clave de la economía.
Los modelos de desarrollo centrados en la innovación, la incorporación de tecnologías, la generación de valor agregado y que apuntan a mejorar la competitividad por la vía alta —en base a la mejora de procesos y productos—, necesitan estrategias de incremento de la productividad de las empresas que no se basen en la intensificación y la híper explotación del trabajo. Por el contrario, necesitan trabajadores formados, comprometidos con sus empresas, que sean una fuente de innovación y pongan sus conocimientos al servicio de la mejora de la producción. Que sean reconocidos y bien remunerados por ese aporte. Para eso, las reformas laborales inclusivas incorporan mecanismos de participación de los trabajadores en la organización del trabajo, de reconocimiento de los saberes que esos trabajadores ponen a disposición de la producción y de distribución de la rentabilidad que surge como consecuencia del incremento de la productividad. Y con ese objetivo, las leyes fijan estándares laborales que incentiven a mejorar la competitividad de las empresas para alcanzarlos. Porque, a contramano del sentido común más ortodoxo, el debilitamiento de los derechos laborales no mejora la competitividad sino todo lo contrario, desincentiva la innovación porque habilita estrategias de negocios basadas en salarios bajos e incumplimiento de derechos.
Los modelos de desarrollo que buscan fortalecer la competitividad de las PyMES pero, a la vez, pretenden no dinamitar los ingresos del Estado, precisan reformas laborales y tributarias que incluyan esquemas progresivos de contribuciones patronales, que reduzcan al mínimo la carga de las empresas más chicas y compensen con las que tienen más margen para aportar.
Esos modelos de desarrollo precisan relaciones laborales a largo plazo, que puedan sostenerse incluso en contextos de crisis. Para eso necesitan reformas laborales que desincentiven la rotación laboral y políticas de estabilización del empleo que ayuden a las empresas a no tener que echar trabajadores en circunstancias de dificultades económicas porque, sobre todo para las PyMES, después es muy difícil volver a formarlos.
Los modelos de desarrollo que buscan un equilibrio entre la necesidad de rentabilidad de los empresarios y el bienestar de los trabajadores precisan reformas laborales que armonicen esos dos elementos. Esto implica definir condiciones laborales que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos; establecer estándares que protejan la salud y seguridad laboral; diseñar formas de organización del tiempo de trabajo y de las vacaciones que respondan tanto a las necesidades operativas de las empresas como a las preferencias y expectativas de los trabajadores, entre otros conceptos.
Esa sería una reforma laboral que, en democracia y con el reconocimiento del protagonismo de los actores sociales, puede señalar un horizonte posible y deseable de producción y trabajo.
Sí, hace falta una reforma laboral
No solamente por las urgencias del mundo del trabajo, que son muchas, sino porque es urgente mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de quienes ya están protegidos por derechos laborales. Es urgente ampliar la protección efectiva con derechos laborales a todos los trabajos —asalariados e independientes— que hoy tienen vedado el acceso a la estabilidad, el descanso remunerado y una jubilación digna. La justicia social no puede llegar por vía judicial cuando los daños ya están hechos o cuando la precariedad ya está consagrada.
Una reforma laboral inclusiva es necesaria para atender mucho más que urgencias. No es la última milla del crecimiento y el desarrollo sino su condición. No es la posibilidad del derrame ni del goteo sino un componente esencial del vaso lleno. No es solamente el factor que haría inclusivo a un modelo o que garantizaría una distribución más equitativa del ingreso sino un componente esencial del desarrollo y la estabilidad política. Es un elemento central de un proyecto de país que crezca con inclusión.
El gobierno está en plena celebración de la llegada de los F-16 como uno de los hechos más destacadas de la política de Defensa. Sin embargo, LPO publicó en su momento un lapidario informe de la Fuerza Aérea que dice que «no hay capacidad técnica para mantener pistas y hangares» y hablan de maquinaria obsoleta y equipos en mal estado.
«Si tuviéramos los 24 aviones se los podría hacer volar dos horas a cada uno en el año», afirmó en ese momento a LPO un militar de la fuerza aérea.
El gobierno gastó 301,2 millones de dólares en los aviones a Dinamarca pero recientemente se dio a conoce un artículo del sitio especializado infodefensa publicado el 6 de noviembre en donde cuenta que Países Bajos transfirió a Rumania 18 F-16 al simbólico precio de US$1 sonado a 21 millones de euros para el el pago de IVA, logística y soporte asociado.
En 2023, Colombia también decidió no comprar los F-16 por considerarlos de «segunda mano» y cuestionan «el poco tiempo de vida» de las aeronaves.
Esto abre un enrome signo de interrogación alrededor de lo que pagó el gobierno por aviones que cargan con muchas críticas y que no siquiera serviría para vigilar las Islas Malvinas porque no tiene radares.
En ese sentido, las especulaciones sostiene que el caso de los rumanos son aviones que en forma de respuestos y partes o completos terminarán en Ucrania. Otros dicen que serán para el entrenamiento de los pilotos de la OTAN dado que en Rumania se aloja la Escuela Europea de Formación de Pilotos de F-16.
Un artículo de InfoDefensa plantea que «la cesión se produce en un momento en que la OTAN refuerza su postura en el flanco oriental ante la agresión rusa a Ucrania. Rumania ya participa activamente en operaciones de policía aérea aliada y vigilancia marítima, y ahora amplía su dimensión como plataforma de formación aérea».
«El traspaso recuerda a casos similares en los que aeronaves de combate obsoletas o recientemente sustituidas se transfirieron a aliados por un precio simbólico. Un precedente notable fue la cesión de aviones Mikoyan MiG-29 alemanes a Polonia por 1 euro, y de ahí su entrega a Ucrania», continúa.
Se sospecha que la operación podría ser una triangulación hacia Ucrania, lo cual se confirmará pronto. Es decir, Europa se está deshaciendo de los F-16, lo que plantea dudas sobre para quién se entrenarán pilotos. España y otros países están migrando al F-35
Un militar de la Fuerza Aérea explicó a LPO que «los aviones se ceden y hay que ponerles un valor debido a restricciones sobre donaciones de armas militares y aranceles impositivos en Países Bajos. Existe la posibilidad de que haya una triangulación para que los aviones lleguen a Ucrania como donación».
Oficialmente, apunta, «se dice que los aviones no estarán artillados y se usarán para entrenamiento de pilotos en Rumania. Se comprarán municiones a los americanos por 360 millones, pero ellos las retienen y las entregan a pedido, dependiendo del conflicto».
«Nos darán municiones de corto alcance, pero las de mediano y largo alcance quedarán en Estados Unidos. Se sospecha que la operación podría ser una triangulación hacia Ucrania, lo cual se confirmará pronto. Es decir, Europa se está deshaciendo de los F-16, lo que plantea dudas sobre para quién se entrenarán pilotos. España y otros países están migrando al F-35», concluye.
