PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina recuerda que se encuentra en plena vigencia en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334 del Presidente Alberto Fernández.
Asimismo se recalca que ni el Gobierno Provincial y el Estado Municipal en este caso tienen la facultad de flexibilizar ningún punto de su articulado.
Numerosos intendentes de la provincia de Buenos Aires acusan un panorama de rojo financiero que genera serias complicaciones para el pago del aguinaldo, al punto que el escenario incierto ya empieza a disparar protestas.
Frente a eso, hay quienes ya tienen decidido redirigir fondos afectados y otros intentan gestionar la llegada de fondos de la Provincia a último momento.
La situación es transversal y golpea aún más en las comunas que se hacen cargo del sistema sanitario través de centros de salud municipales.
Un caso paradigmático en ese sentido es San Pedro, donde el peronista Cecilio Salazar enfrenta desde la medianoche de este viernes un paro total de los médicos del hospital municipal.
«Estamos haciendo todo lo posible para ver cómo convencemos al gobierno de la provincia para que nos dé una ayuda por lo menos para pagar los aguinaldos. El año pasado nos ayudaron con un anticipo de coparticipación», dijo Salazar días atrás a una radio local para admitir las complicaciones financieras de su municipio.
Intendente alerta «asfixia» financiera y quiere vender una deuda de Techint por 5.000 millones
La medida de fuerza encarada por el gremio Cicop en San Pedro es por tiempo indeterminado hasta tanto se abonen las guardias y el aguinaldo.
Esta semana, Cicop también expuso una situación conflictiva en Bahía Blanca, donde médicos del hospital municipal hicieron una medida de fuerza por reclamos salariales, frente a la cual el intendente peronista Federico Susbielles decidió descontarles los días de paro.
Esa reacción del intendente tensionó aún más el panorama y los médicos, además de recordar su determinante rol en los temporales que devastaron la ciudad, salieron a exponer en redes sus salarios.
En enero existían 102 municipios con superávit corriente y 33 con déficit. En junio, los municipios en rojo pasaron a ser 80. Aunque aún restan conocerse los datos anuales, hay intendentes que no dudan que, a diciembre, la situación se agravó
«Trabajo 30 horas semanales. Sin descuentos, el valor de mi hora es de $5.633», dijo una médica en una carta abierta a Susbielles que se viralizó en la ciudad y donde le reclamó «condiciones dignas, diálogo real y reconocimiento».
Otro distrito complicado que cuenta con hospital municipal es Arrecifes. Ahi, fuentes cercanas a la gestión de Fernando Bouvier (PRO) señalaron a LPO que llegan a fin de año con «un déficit importante» y que la comuna cubrirá los aguinaldos reasignando fondos afectados a otras áreas.
En el caso de los radicales, esta semana representantes del Foro de Intendentes UCR estuvieron en el Ministerio de Economía bonaerense para gestionar la llegada de recursos desde la Provincia antes de fin de año, para poder capear los compromisos salariales.
Intendentes radicales advirtieron a Kicillof que están complicados para pagar aguinaldos
El reclamo general de los radicales es por deudas de Ioma y otros organismos, pero hay un especial interés por la cancelación de la cuota pendiente de descentralización, demorada a partir del atraso del último vencimiento de la cuota del Impuesto Inmobiliario.
«Eso es significativo para nosotros», dijo un intendente radical a LPO, que detalló que se está tramitando con el gobierno de Kicillof la distribución de una parte de esos recursos antes de que termine el año, posiblemente el lunes 29.
Algunos municipios dependen de la llegada de esos recursos para poder cumplir con los aguinaldos e, incluso, algunos admiten que con eso aún no llegan. Es ahí donde también aparece la posibilidad de recurrir a fondos afectados.
Frente un panorama de caída en la cobrabilidad de tasas y derrumbe de la coparticipación a raíz de la baja recaudación por impuestos nacionales como el IVA, los intendentes advierten que el peso de hacerse cargo de los hospitales municipales «es el gran problema».
Buena parte de los municipios del interior tienen a cargo el sistema de salud público, que registró una suba exponencial en la demanda a partir del crecimiento del desempleo y, por ende, el derrumbe en la cobertura de obras sociales.
Frente un panorama de caída en la cobrabilidad de tasas y derrumbe de la coparticipación a raíz de la baja recaudación por impuestos nacionales como el IVA, los intendentes advierten que el peso de hacerse cargo de los hospitales municipales «es el gran problema».
Luego de un 2024 complejo, la agudización de la recesión en 2025 expuso un deterioro sin precedentes de las finanzas municipales.
De acuerdo a informes que maneja la Provincia, en enero existían 102 municipios con superávit corriente y 33 con déficit. En junio, los municipios en rojo pasaron a ser 80. Aunque aún restan conocerse los datos anuales, hay intendentes que no dudan que la situación se agravó y ese número de municipios deficitarios creció.
Martín Llaryora ordenó a los diputados cordobeses que voten contra todo el capítulo XI de la ley de Presupuesto, si el gobierno no acepta el tratamiento por separado del artículo 75, cuya letra plantea la derogación de la ley de aumento del presupuesto universitario y la emergencia en discapacidad. «Hicimos los números y a esa planilla no le damos bola», habría dicho Llaryora a uno de sus legisladores.
La bronca del gobernador cordobés, anticipada por LPO, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.
Al mismo tiempo, ese conato se extiende al bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. El tucumano mandó a sus tres legisladores a garantizar el financiamiento a las universidades y la Andis, aunque al cierre de esta nota cerca suyo comentaban que ignoraban cómo harían sus diputados para sortear la trampa de Martín Menem y Gabriel Bornoroni, que habían impuesto la votación capítulo por capítulo para que nadie pudiera votar contra el 75 sin rechazar otros artículos, como los de subsidios para zonas frías, emergencia sanitaria por el Garrahan y aumento para las prestaciones por discapacidad.
Si los legisladores de Jaldo se plegaran a Unidos, ya serían 25 para subirse a la oposición de los 90 de Fuerza Patria, que tenía varios ausentes este miércoles, y los cuatro del Frente de Izquierda.
A esos 119 podrían agregarse los siete de Innovación Federal, integrado por cuatro misioneros y tres salteños que habrían decidido defender las universidades nacionales de sus provincias. Esa aritmética los situaría alrededor de los 126 votos contra el capítulo entero.
La bronca del gobernador cordobés, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.
La UCR, por su parte, emitió un comunicado exigiendo a sus diputados que voten «un presupuesto con financiamiento universitario y fondos para discapacidad». En el bloque del partido centenario quedaron seis legisladores, liderados por la mendocina Pamela Verasay. Ella y Lisandro Nieri, que también se desempeña como docente universitario, no sabían qué hacer al momento de la votación o mantenían su definición oculta con cuidadoso hermetismo.
La suerte del artículo 75 y, por ende, la del capítulo XI dependía en consecuencia de ese grupo de radicales, animado también por los chaqueños Gerardo Cipolini y Martín Agüero, el correntino Diógenes González y el entrerriano Darío Schneider.
Los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone en la sesión de este miércoles.
Para colmo, Oscar Zago y Eduardo Falcone estaban dispuestos a abstenerse, al igual que el larretista Álvaro González. Esos tres diputados habían apoyado la moción de Bornoroni para que se vote la ley capítulo por capítulo, dándole una victoria al oficialismo por 131 votos contra 112 negativos y la abstención de Karina Banfi.
Sin aquellos tres para respaldar el capítulo XI, los libertarios caerían a 128 voluntades y la oposición orillaría las 126. Menem se asomaría entonces a una pelea cabeza a cabeza, que por ahora figura tan solo como una posibilidad pero tal vez amenace incluso la media sanción en general, si se contagia la rebelión de Unidos.
#Comunicado | #Presupuesto2026 con financiamiento universitario, fondos para la Discapacidad y Emergencia pediátrica. pic.twitter.com/wHMUFclaCX
— Unión Cívica Radical (@UCRNacional) December 17, 2025
El Digesto web del Municipio no funciona desde hace más de un año. El 3 de enero del 2020 mediante nota, el director del área de prensa del municipio Marcel Rhomeck cedió la responsabilidad de la actualización del digesto municipal a la presidencia del CD, en todo el 2020 el digesto estuvo caído, no existe….
Cada yo es un universo particular por donde transcurren historias, sensaciones, pensamientos, modos de afrontar a la realidad, intereses, gustos y disgustos, traumas, ocupaciones y preocupaciones, geografías, alimentos y excrementos, roles, miedos y orgullos, logros y fracasos, escuelas y calles, sillas y medios de transporte, lógicas instaladas y absurdos del aquí y ahora, redes sociales…
En menos de 48 horas, el Boletín Oficial nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires publicaron resoluciones que, leídas en conjunto, revelan un cambio estructural en la cobertura de riesgos laborales del Estado. Bajo el rótulo técnico del “autoseguro público”, se consolida un esquema que transfiere miles de millones de pesos a un mismo grupo empresario, reduce derechos laborales y anticipa una ola de litigios que pagará, otra vez, el erario público.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Ayer, 15 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicó la Resolución 58/2025, mediante la cual autorizó al Gobierno de la Provincia del Chubut a incorporarse al régimen de Autoseguro Público Provincial previsto en la Ley 27.348. Formalmente, el argumento es la “gestión más eficiente” de los riesgos del trabajo. En la práctica, se trata de romper el esquema tradicional de ART integrales.
Hasta ahora, una ART debía cubrir tres pilares:
Con el nuevo modelo, el Estado sólo contrata servicios médicos, dejando fuera las prestaciones dinerarias. Esto no elimina el riesgo: lo traslada. Los salarios caídos y las indemnizaciones pasan a depender de partidas presupuestarias futuras o, directamente, de los tribunales laborales.
El resultado es previsible: menos cobertura real para el trabajador y más juicios contra el propio Estado.
En Chubut, el discurso oficial de Nacho Torres habló de terminar con “el curro de los seguros” y anunció un ahorro superior a los mil millones de pesos. Sin embargo, fuentes del sector asegurador advierten que la atención médica contratada bajo el nuevo esquema es incluso más cara que la que brindaban las ART integrales.
La diferencia es otra:
La provincia dejó afuera a Prevención ART, del Grupo Sancor, que llevaba más de una década brindando el servicio, aun cuando había presentado una de las ofertas más económicas. En su lugar, se impuso Colonia Suiza ART, una firma vinculada al Grupo Varadero.
Chubut no es una excepción: es el ensayo general.
Un día después, el Gobierno porteño de Jorge Macri, en un hermetismo total, amplía la jugada. Mediante la Resolución 5322/MHFGC/25, el Ministerio de Hacienda y Finanzas preseleccionó a Río Varadero S.A. para una licitación multimillonaria: $36.000 millones destinados a la “cobertura de prestaciones en especie” bajo el régimen de autoseguro.
El proceso eliminó a cuatro competidores —incluidas Provincia ART, OMINT ART y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos— por supuestas falencias contables. El único oferente que quedó en pie fue Río Varadero S.A.
La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede fallar toda la competencia en requisitos básicos y sobrevivir sólo una empresa?
Detrás de Río Varadero aparece un nombre conocido en los pasillos del poder: Marcos Podestá. Médico de formación, construyó un holding que combina droguerías, prestadores médicos, ART, servicios financieros y empresas vinculadas a la energía y los residuos industriales.
El Grupo Varadero creció de la mano del Estado, especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones del PRO. Droguería Varadero, Instituto Biológico Contemporáneo, Gemepe y ahora Río Varadero S.A. aparecen reiteradamente como proveedoras públicas.
No es un actor aislado: es un engranaje estable del poder.
La trama se vuelve más oscura cuando se revisan antecedentes patrimoniales. En 2015, el actual ministro del Interior de Milei, Diego Santilli, declaró una deuda hipotecaria de 550.000 dólares con Marcos Podestá. Un año después, la deuda desapareció sin explicación económica plausible, mientras el entonces vicejefe porteño mantenía un salario de funcionario público.
El vínculo empresarial tampoco es menor. Río Varadero S.A. fue constituida junto a Juan Carlos Loureiro, un nombre mencionado en el expediente del triple crimen de General Rodríguez. Loureiro figuró como presidente de la sociedad, con Podestá como director suplente.
Nada de esto impidió que la empresa creciera como proveedora estatal.
El esquema se repite con Edgardo Cenzón, el recaudador histórico del macrismo. Tras su salida de la función pública, apareció presidiendo empresas vinculadas al Grupo Varadero en Vaca Muerta, como Treater, denunciada por Greenpeace por malas prácticas ambientales.
Los enroques societarios, las licitaciones estatales, los negocios cruzados entre salud, seguros, finanzas y residuos peligrosos muestran un patrón: privatizar ganancias, estatizar riesgos.
El autoseguro no elimina costos: los esconde.
Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores estatales de Chubut y la Ciudad de Buenos Aires quedan con una cobertura fragmentada y una incertidumbre jurídica total.
El negocio ya está en marcha. La factura, como siempre, llegará después.
La captura de Nicolás Maduro abre enormes interrogantes alrededor del futuro de Venezuela y una posible transición dentro del propio régimen. La líder opositora María Corina Machado, pareció intentar abordar esa posibilidad y este mediodía publicó una carta en donde presionó directamente a la Casa Blanca para que ubique a Edmundo González como presidente de Venezuela.
«Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder», lanzó la líder de la oposición en las redes sociales. «Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país», añadió.
Machado insistió con que González Urrutia debe asumir de inmediato el mandato y ser reconocido como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhortando a todos los oficiales y soldados a acatar esta nueva dirección, algo que es muy difícil de confirmar porque del chavismo sigue contando con el control del país, sus recursos y el poder militar.
Por eso, las miradas se posan sobre a vicepresidenta, Delcy Rodriguez, que fue la primera en confirmar la detención de Maduro en una entrevista telefónica con la televisión estatal venezolana y es la primera apuntada ante los rumores de un cambio interno.
En este contexto, circularon rumores que Delcy estaba en Rusia pero fuentes del entrono de la vicepresidenta lo desmintieron y confirmaron a LPO que se encuentra en Caracas. En la misma línea informó el New York Times.
Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder.
En un reportaje con la cadena Fox News, Donald Trump, confirmó que Delcy fue parte de la negociación con Nicolás Maduro para una transición ordenada pero el líder republicano lo terminó descartando. En esa entrevista, el presidente de EEUU dio los primeros detalles de la operación pero no precisó a quien quiere la Casa Blanca en el poder. «No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más dirija Venezuela y simplemente se haga cargo de lo que él dejó. Así que estamos tomando esa decisión ahora», aseguró.
Incluso, sugirió que podría ser Delcy al ser la vice y pareció fijar las condiciones al advertir a los funcionarios del régimen que la iban a psar muy mal sino se alineaban con la Casa Blanca. Esto abre un interrogante sobre el futuro de María Corina Machado y la oposición que, como adelantó en exclusivo LPO, no cuenta con la confianza del líder republicano.
Delcy Rodriguez.
En efecto, lo que está en debate por estas horas en la Casa Blanca es quien conduce Venezuela, como reveló LPO. En paralelo, otro de las figuras importante del régimen es el ministro del Interior y hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, apareció en las calles de Caracas luego del bombardeo de Estados Unidos a instalaciones militares en Venezuela, buscando desmentir las versiones que había sido asesinado.
Diosdado controla las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y la relación con el Poder Judicial y la Corte Suprema, además de todo el aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, un poder enorme en la estructura del chavismo.
Diosdado controla las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y la relación con el Poder Judicial y la Corte Suprema, además de todo el aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, un poder enorme en la estructura del chavismo.
El funcionario, que algunas agencias internacionales lo dijeron por muerto tras los ataques de EEUU, grabó un video con casco y chaleco antibalas en las calles de Caracas para denunciar la intervención militar norteamericana y arengó: «Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer».
Sin embargo, Diosdado y dijo que «el país está en completa calma. Confíen en el liderazgo político. Que nadie caiga en el desespero y facilite las cosas al enemigo» y exigió un pronunciamiento inmediato de los organismos internacionales ante lo que describió como un «ataque cobarde» y una «masacre».
«Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque contra civiles. Hemos sobrevivido a todas estas circunstancias. Los cobardes quedaron en el pasado», cerró el funcionario.
Cabello no es un hombre más dentro de la estructura que lidera Nicolás Maduro. En tiempos de Hugo Chávez disputó la sucesión con Nicolás Maduro y tras la muerte del líder bolivariano y el desembarco de su competidor interno al poder quedó relegado.
El país está en completa calma. Confíen en el liderazgo político. Que nadie caiga en el desespero y facilite las cosas al enemigo
Pasó de ser presidente de la Asamblea Nacional a jefe del bloque del chavismo y Maduro lo fue relegando del primer círculo de poder en favor de Jorge y Delcy Rodriguez. Sin embargo, en la previa de las elecciones del 28 de julio el vínculo se reconfiguró y el ahora depuesto presidente le devolvió el poder con un súper ministerio.
La tercera figura es la de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa que controla las Fuerzas Armadas Boliviarianas y aparentemente se encuentra refugiado en un búnker militar. La falta de respuesta militar a los ataques de Estados Unidos ha causado sorpresa y alimentan las especulaciones de un acuerdo interno.
Lo cierto es que la línea sucesoria en Venezuela ante la ausencia del presidente no sigue con el vice sino con el presidente de la Asamblea Nacional que en este caso es Jorge Rodríguez, quien tampoco se ha expresado públicamente.
