PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina recuerda que se encuentra en plena vigencia en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334 del Presidente Alberto Fernández.
Asimismo se recalca que ni el Gobierno Provincial y el Estado Municipal en este caso tienen la facultad de flexibilizar ningún punto de su articulado.
No sé si notaron que la gran mayoría de les que ocupan el papel de comisario en las series actuales son mujeres. investigo un poco y resulta lo que sospechaba: eso no es cierto si se coteja con las estadísticas. ¿Que la ficción mainstream sea así de políticamente correcta es un triunfo del discurso feminista? ¿O el asunto debería indicarnos algo más?
El gobierno de Javier Milei se aseguró el apoyo a la reforma laboral en el Senado luego de que Toto Caputo cediera y aceptara retirar el capítulo de Ganancias, como pedían los gobernadores.
La posición de las provincias se terminó de aceptar esta mañana durante una reunión de la mesa política en la que entre otros participaron el ministro de Economía y los encargados de negociar la ley, Diego Santilli y Patricia Bullrich. Por la tarde, la jefa del bloque de La Libertad Avanza el acuerdo con los dialoguistas en una conferencia junto a los aliados del Senado.
El ministro del Interior y la senadora terminaron siendo internamente los ganadores, aunque a nivel general se impuso la postura de los gobernadores que no aceptaban el capítulo de Ganancias. La decisión de retirarlo confirma que el oficialismo no tenía los votos para sacar la ley sin cambios, a pesar que filtraban que estaban «sobrados» de votos.
Bullrich convocó a una reunión de urgencia para sacar el capítulo de Ganancias de la reforma laboral
LPO había adelantado el lunes que Patricia convocó a una reunión de urgencia a los jefes de bloques aliados para sacar la baja de Ganancias de la reforma laboral, en alerta porque LLA no tenía asegurado los votos para la sesión del miércoles.
Meter la baja de ganancias en la reforma laboral fue idea de Toto y ahora le cuesta aceptar la derrota.
La reunión duró casi cuatro horas y los aliados se fueron con la idea de que el Gobierno sacaría el capítulo de Ganancias, pero faltaba el aval final de Toto Caputo que se había negado sistemáticamente a ceder, pese a los insistentes pedidos de Bullrich y Diego Santilli, a cargo de conseguir los votos para la reforma.
«Meter la baja de ganancias en la reforma laboral fue idea de Toto y ahora le cuesta aceptar la derrota», afirmó a LPO un senador al tanto de las negociaciones.
Como contó este medio, la dureza del ministro se aflojó con el dato de la recaudación de enero, que cayó 7 puntos en términos real y marcó su sexta baja consecutiva. En un sector del gobierno empezaron a preocuparse y entendieron que no es momento de seguir resignando recursos.
Para los gobernadores, que viven la misma caída de la recaudación que Nación, no había manera de resignar cuatro puntos de ganancias. El primero en alertar sobre el impacto de esta reforma en las cajas provinciales fue el diputado Guillermo Michel en una columna exclusiva para LPO.
En un principio, Caputo había barajado la alternativa de que la baja de ganancias a las empresas recién se active cuando la economía crezca al 4 por ciento, como una especie de cláusula gatillo. Luego, sugirió que se podría patear para 2028 como una forma de mantener el relato de la baja de impuestos.
Otro dato de último momento en las negociaciones es que también se caería el traspaso del fuero laboral a la Ciudad. En el oficialismo dicen que Victoria Villarruel habría sido clave en evita el traspaso, en un abierto desafío a Milei. Pero no está claro como haría la vice para bloquear un artículo que está en la ley que votarán senadores que no le responden.
El gobierno de Milei puso en marcha la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo estatal destinado a “desmentir mentiras”, “exponer operaciones” y señalar a medios y dirigentes políticos. Presentada como una defensa de la libertad de expresión, la iniciativa ya despertó críticas por su evidente sesgo propagandístico y por el riesgo de que el poder político se arrogue la facultad de definir qué es verdad y qué no.
Por Roque Pérez para NLI
A través de un extenso hilo publicado en la red social X, el oficialismo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un espacio que —según su propia definición— no solo informará, sino que se dedicará activamente a desmentir lo que considere falsedades y operaciones mediáticas.
El texto inaugural sostiene que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y plantea que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola. En la práctica, el Gobierno decidió sumar una voz oficial permanente para intervenir en el debate público, marcar errores, señalar responsables y fijar una versión autorizada de los hechos desde el Estado.
La paradoja es evidente: en nombre de la libertad de expresión, el Ejecutivo crea un organismo específico para corregir discursos ajenos.
La Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que ya administra las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente. Al frente de ese esquema se encuentra Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un militante libertario digital con llegada directa al núcleo duro del poder y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.
No se trata de un organismo técnico ni autónomo, sino de una estructura política de comunicación centralizada, con lógica de confrontación permanente y fuerte impronta ideológica. Desde allí se decidirá qué publicación es una “operación”, qué dato es “mentira” y qué medio merece ser desmentido públicamente por el Estado.
El debut práctico de la Oficina no tardó en llegar y tuvo como protagonista al Grupo Clarín. En su primera intervención pública, el organismo acusó al diario de publicar información falsa sobre el programa Volver al Trabajo y celebró que el medio hubiera “borrado” una nota tras la respuesta oficial.
Lo cierto es que Clarín no eliminó el artículo, sino que modificó su título, algo habitual en portales digitales. Sin embargo, la Oficina utilizó el episodio para exhibirse como árbitro de la verdad y para marcar territorio frente a uno de los actores centrales del sistema mediático argentino.
El mensaje fue claro: a partir de ahora, el Gobierno no solo responderá políticamente, sino que dictará correcciones públicas desde una cuenta estatal.
Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se advirtió que el Estado no debe fabricar la verdad, ni convertirse en juez de lo que puede o no circular en el debate público. La comparación con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 no es exagerada: un poder central que corrige relatos, señala desvíos y reescribe versiones en tiempo real.
Resulta llamativo que un gobierno que se autodefine como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal haya creado un organismo específico para intervenir en el mercado de ideas. La libertad de expresión, bajo este esquema, deja de ser un derecho amplio y pasa a estar condicionada por la respuesta oficial.
Lejos de limitarse a ofrecer datos verificables, la Oficina nace con una misión explícitamente política: exponer enemigos, desacreditar voces críticas y consolidar un relato oficial. No se trata de un área de prensa tradicional, sino de un dispositivo de combate comunicacional permanente.
En la Argentina de Milei, la verdad ya no se discute únicamente entre periodistas, fuentes y ciudadanos. Ahora también se administra desde una cuenta verificada del Estado, con tono doctrinario y vocación de disciplinamiento simbólico.
Como en toda distopía moderna, la consigna es simple: la mentira no será lo que falte a la verdad, sino todo aquello que no coincida con la versión oficial. Y si queda alguna duda, siempre habrá una Oficina dispuesta a aclararla.
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