PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina recuerda que se encuentra en plena vigencia en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334 del Presidente Alberto Fernández.
Asimismo se recalca que ni el Gobierno Provincial y el Estado Municipal en este caso tienen la facultad de flexibilizar ningún punto de su articulado.
El Intendente Marcelo Orazi recibió el viernes al equipo ‘La Perla del Valle’ que fue subcampeón del Segundo Torneo Deportivo de Inclusión del Comahue de Goalball que se disputó el 5 y 6 de noviembre en el polideportivo Cumelen de nuestra ciudad. En la oportunidad el Intendente los felicitó por el puesto logrado y por…
El Estado se corre de la educación
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Con el Decreto 787/2025, Milei eliminó el sistema de control que limitaba los aumentos y obligaba a los colegios privados subvencionados a rendir cuentas ante el Estado. Desde hoy, las instituciones podrán fijar libremente sus cuotas y matrículas, incluso en medio de la inflación más alta en décadas. En nombre de la “libertad de mercado”, el Gobierno deja a las familias a merced de precios sin techo.
El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial deroga el Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años reguló la fijación de aranceles y garantizaba cierta previsibilidad para las familias con hijos en escuelas privadas con aportes estatales. El nuevo texto, firmado por Milei, Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo, sostiene que los controles estatales “distorsionan el mercado” y “restringen el derecho de propiedad” de las instituciones educativas.
En la práctica, esto significa que los colegios podrán aumentar las cuotas cuando y como quieran, sin pedir autorización ni informar previamente al Estado. Tampoco estarán obligados a transparentar el uso de los subsidios públicos que continúan recibiendo. En nombre de la “libertad de contratación”, Milei deja sin resguardo el bolsillo de miles de familias que mes a mes hacen malabares para sostener la educación de sus hijos.
Hasta ahora, los colegios incorporados a la enseñanza oficial estaban alcanzados por el régimen creado por el Decreto 2542/1991, que establecía la obligatoriedad de informar aranceles, topes y estructuras de costos, con supervisión estatal. Esa norma fue complementada por el Decreto 2417/1993, que ordenaba la comunicación de cuotas y matrículas antes del inicio de cada ciclo lectivo para evitar aumentos arbitrarios.
Con el nuevo Decreto 787/2025, todo ese esquema desaparece. Desde hoy, los valores podrán modificarse según las “fluctuaciones del mercado”. En un contexto de inflación incontrolada, esto equivale a permitir incrementos mensuales sin intervención ni límite alguno. Los colegios, en lugar de prever sus costos anuales, podrán ajustar sus precios cada vez que lo consideren necesario, trasladando todos los aumentos directamente a las familias.
El propio texto del decreto justifica la medida afirmando que la obligación de informar las cuotas con anticipación “genera incertidumbre” en los establecimientos y los lleva a fijar valores más altos de lo necesario. Lo que no menciona es que ese mismo mecanismo protegía a las familias frente a subas desmedidas y garantizaba un mínimo control sobre la utilización de fondos públicos.
A partir de hoy, el Gobierno se desentiende completamente. Los colegios quedan habilitados para cobrar lo que quieran, mientras los padres deberán asumir el riesgo de una educación que puede volverse inaccesible de un mes a otro. La medida no mejora la calidad educativa: apenas asegura que los dueños de los colegios puedan trasladar todos los costos —y sus ganancias— sin rendir cuentas.
El Decreto 787/2025 encaja perfectamente en la lógica de desregulación general del gobierno de Milei, que en las últimas semanas avanzó con medidas como el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad o la supresión de la Secretaría de Comunicación. En todos los casos, el patrón es el mismo: desarmar estructuras de control y achicar la capacidad del Estado de regular la vida económica y social.
En el caso educativo, el impacto será directo: las instituciones privadas —muchas de ellas confesionales— podrán mantener subsidios estatales, pero ahora sin obligación alguna de justificar sus aumentos o la distribución de esos fondos. Es decir, dinero público en manos privadas sin transparencia ni control.
El decreto instruye además al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 y elevar una propuesta de modificación. Esa revisión podría implicar un cambio de fondo: alterar o incluso eliminar el sistema de subsidios a la educación privada, o transformarlo en un esquema sin supervisión estatal.
Cualquiera de las dos opciones consolida el mismo rumbo: la educación entendida como un negocio, no como un derecho. En nombre de la libertad de mercado, el Estado abandona su responsabilidad de garantizar igualdad de acceso y control sobre los fondos públicos.
Con esta medida, Milei consagra la libertad del más fuerte: los colegios podrán decidir cuánto cobrar, sin límite ni rendición. Las familias quedarán expuestas a aumentos permanentes, y el Estado renuncia a su rol de árbitro y garante del derecho a la educación.
El Decreto 787/2025 no es una modernización, como intenta presentarse: es un paso más en la destrucción del sistema público y en la mercantilización del derecho a aprender. Una libertad que, como tantas otras en este gobierno, solo sirve a quienes pueden pagarla.
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Carlos Rovira mandó a los cuatro diputados misioneros a romper el bloque Innovación Federal el jueves pasado, cuando el gobernador Hugo Passalacqua dijo en su provincia que no había sido invitado al encuentro con Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Rolando Figueroa en la Casa de Salta, pese a que sí habrían sido cursadas las coordenadas de la cita a los legisladores mesopotámicos. «Hubo un malentendido, también causó enojo en los misioneros que la reunión no se hiciera en un lugar neutral», dijo un diputado que participó de las conversaciones a LPO.
La confirmación de la ruptura se produjo en las últimas horas después que fracasaran los intentos de los salteños por recomponer el vínculo y conservar la unidad. Este miércoles deberán jurar los nuevos representantes a la Cámara Baja y, por lo pronto, los legisladores de esas dos provincias ya no integrarían el mismo espacio.
El diputado Alberto Arrúa cumplió la orden de Rovira al instante y el mismo jueves de la fallida tertulia en la Casa de Salta le envió a Martín Menem la nota con la inscripción de la bancada Innovación Federal, contemplando solo la membresía de los misioneros. Ante ese gesto, los salteños evalúan conformar su propio bloque de tres, con Pablo Outes, Yolanda Vega y el ingresante Bernardo Biella, quien resultó electo en los últimos comicios y ocupará la banca que deja Pamela Calletti, por mandato cumplido.
Desde el entorno de un diputado misionero dijeron a LPO: «El bloque Innovación Federal queda integrado por cuatro misioneros, no tenemos indicaciones de hacer interbloque por ahora». Las definiciones políticas bajan como decretazos desde Posadas a Buenos Aires, sea para las votaciones o para cualquier movimiento táctico de los representantes de Misiones en el Congreso. «Rovira es un tiburón que nada en la arena, no se mueve de Misiones y, si querés negociar algo, tenés que ir a verlo allá», se quejó un dirigente que ha sufrido esa asimetría en el trato.
Como sea, un legislador salteño reconoció ante LPO que a los misioneros les cayó mal la cercanía de Sáenz con Oscar Zago, Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano. «Andan con megáfono puteando a Menem y ellos tienen buena relación con la Casa Rosada», deslizó en referencia a los altercados de la ex periodista con el riojano o el escándalo de las piñas entre Zago y el correntino Lisandro Almirón.
En rigor, el gobernador salteño trató de constituirse en un peronista catch all con aspiraciones de proyección nacional y, según admite hasta un colaborador cercano, «capaz que se pasó tres pueblos». «Se reunió con Zago y D’Alessandro, que no tienen nada que ver con el espíritu de Innovación Federal, porque quería armar un bloque de 20 diputados, con los de Jaldo y Jalil», comenta.
Sáenz se reunió con Zago y D’Alessandro, que no tienen nada que ver con el espíritu de Innovación Federal, porque quería armar un bloque de 20 diputados, con los de Jaldo y Jalil.
Fruto de ese ímpetu, Rovira habría empezado a desconfiar. Ahora peligra, incluso, la chance de que Calletti, la diputada que integró el gabinete de Sáenz, consiga el respaldo de la Cámara Baja para que la designen auditora en la AGN.
De la ansiedad por conformar un interbloque con misioneros, salteños, tucumanos, catamarqueños y hasta santiagueños, además de los del MID y Pagano, Sáenz pasa a contar solo una formación de tres. «Trataremos de recomponer, de acá al 10 de diciembre, con los misioneros pero tampoco vamos a andar rogando», dijo a LPO uno de los salteños afectados por el desplante misionero.
La bancada de Innovación Federal estuvo originalmente conformada por los tres de Sáenz, los cuatro de Rovira y el rionegrino Agustín Domingo. El neuquino Osvaldo Llancafilo, que respondía a Figueroa, articulaba como interbloque sin fusionarse pero Alberto Weretilneck no logró que un candidato suyo revalidara la banca para Juntos Somos Río Negro y, por el momento, Karina Maureira, la legisladora electa por el sello de La Neuquinidad, permanecería con un monobloque.
