El gobierno cree que en noviembre cierra el acuerdo con Pullaro

El gobierno cree que en noviembre cierra el acuerdo con Pullaro

 En La Libertad Avanza de Santa Fe creen que en noviembre se podría cerrar el acuerdo con Maximiliano Pullaro. Los diálogos están avanzados, afirmó a LPO un importante dirigente libertario. El acuerdo es el conocido: La Libertad Avanza se comprometen a competir con un candidato de baja intensidad que no le complique la reelección al gobernador, a cambio de que los legisladores santafesinos voten la suspensión de las PASO.

Pullaro repitió en varias oportunidades que acompañaba la eliminación de las primarias abiertas en la elección nacional, aunque de manera un poco confusa las defiende a nivel local. Como reveló LPO, el argumento es que eliminar las PASO para presidente le sirve a Pullaro para aleja la discusión presidencial del calendario local. 

Pullaro encabeza una alianza con radicales y socialistas que en buena medida no comparten el rumbo de MIlei, pro eso desacoplar ambas discusiones le resulta funcional a su reelección. En el equipo del gobernador sostienen que la eliminación de las PASO reduce considerablemente la influencia de la disputa nacional en la campaña de Santa Fe.

Como sea, el acuerdo no implicaría que La Libertad Avanza se retire de la elección santafesina, los libertarios presentarían candidatos a gobernador, legisladores e intendentes, porque sobre todo los Menem buscan sumar cargos legislativos.

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A cambio, lo que ofrecen en el oficialismo nacional es una competencia de baja intensidad por la gobernación, que les permita sostener candidatos propios pero sin desplegar una ofensiva que le complique la reelección a Pullaro.

Si hay acuerdo, además de acompañar la suspensión de las PASO, Pullaro evitaría confrontar con Milei en la política nacional y solo se reservaría reclamos por la ausencia de la obra pública y la demora en eliminar las retenciones al campo.

En el entorno del gobernador explicaron a LPO que Pullaro evitaría a cambio confrontar con Milei en la política nacional y solo se reservaría los reclamos por la ausencia de obra pública, sobre todo en rutas y por la eliminación de las retenciones. 

Algo de esto se vio esta semana cuando Pullaro se enredó para decir algo tan sencillo como que respaldaba la reelección de Lula, porque eso lo ponía en contradicción total con la Casa Rosada, que facilitó la fuga de Flavio Bolsonaro.

El gobierno cree que en noviembre cierra el acuerdo con Pullaro

Los libertarios Romina Diez y Alejandro Bongiovanni.

A cambio, los libertarios no avanzarían en críticas implacables en contra de la administración provincial y concentrarían la campaña en los municipios y en la candidatura a senadora nacional de Romina Diez, mano derecha de Karina Milei en Santa Fe.

Pullaro y la resistencia emocional al kirchnerismo

Un funcionario de la Casa Rosada que sigue el tema de la suspensión de las PASO, confirmó a LPO que el gobernador radical podría aportar en el Senado dos votos fundamentales: Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos responden al operador radical Julián Galdeano, hoy alineado con Pullaro, al punto que se menciona la senadora para encabezar la lista de diputados provinciales.

Ahora, el acuerdo con Pullaro debe sortear los inconvenientes que está enfrentando la eliminación de las PASO en el Senado, por la resistencia de Patricia Bullrich, como se anticipó en Bastardos, el podcast de LPO.

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    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

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